Raquel Patiño Perez
Expediente 512/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Raquel Patiño Perez
Actuaciones
- Principal
Razón: En once de junio de dos mil diecinueve el licenciado Rafael Tiscareño Mercado, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de junio de dos mil diecinueve Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Raquel Patiño Pérez, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintitrés de mayo del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Raquel Patiño Pérez, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil de esta ciudad y de otra autoridad; fórmese el expediente de amparo respectivo, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 512/2019-IV. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al dispositivo legal en cita, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: a) Del Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, los proveídos de diez de diciembre de dos mil dieciocho, y veintidós de enero del año en curso, dictados en el juicio extraordinario civil hipotecario 19/2017 de su índice; El primero de ellos, que recayó al escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y por el que se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de apelación en contra de la resolución de adjudicación de veintidós de noviembre del año próximo pasado; y el segundo, derivado de la promoción presentada el diecisiete de diciembre del mismo año, y con base en la cual se le tuvo por exhibidas las constancias que integraron el testimonio para substanciar dicho medio de defensa. b) De la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 155/2019, tramitado con motivo del escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, a través de la cual se revocó la interlocutoria de veintidós del mes y año últimamente citados, pronunciada por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad. Precisado lo anterior, cabe destacar que en este momento se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2, el diverso juicio de amparo 318/2019-IV y su acumulado 449/2019-IV del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, promovidos por (i) Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través de su apoderado legal José de Jesús Pacheco Rodríguez (parte actora en el juicio extraordinario civil hipotecario número 19/2017 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad), así como por (ii) Alfonso Guerrero Delgado (postor en la audiencia de remate en primera almoneda de diez de octubre de dos mil dieciocho), respectivamente, quienes reclaman de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del toca 155/2019, a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado. De los anexos que la Sala responsable acompañó a su informe de ley rendido en el aludido controvertido constitucional 318/2019-IV, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio extraordinario civil hipotecario 19/2017, así como el toca de apelación 155/2019, las cuales adquieren valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al numeral 2° del último de los ordenamientos citados, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina Común de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estrado, signado por José de Jesús Pacheco Rodríguez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, demandó en juicio extraordinario civil hipotecario a Raquel Patiño Pérez (fojas 2 a 12 del anexo que obra por separado). 2. Por auto de cinco de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la aludida demanda, ordenándose correr traslado y emplazar a la ahora quejosa (fojas 64 y 65 del anexo). 3. Posteriormente, mediante proveído de trece de septiembre del mismo año, se tuvo a la demandada haciendo valer sus defensas y realizando manifestaciones (fojas 76 y 77 del anexo). 4. Así, previos los trámites legales, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia definitiva respectiva, condenándose a la parte demandada, al pago de la cantidad de $561,265.29 (quinientos sesenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 29/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas (fojas 95 a 107 del anexo). 5. Luego, por auto de quince de marzo del año próximo pasado, se declaró que la sentencia señalada en el inciso que antecede causó ejecutoria, requiriéndose a la demandada aquí quejosa, a efecto de que en el término de cinco días hiciera pago a la parte actora de las prestaciones a que resultó condenada, apercibida que de no hacerlo, se procedería al trance y remate del bien inmueble hipotecado (foja 112 del anexo). 6. Seguidos los trámites legales, el diez de octubre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, a la cual comparecieron entre otros Alfonso Guerrero Delgado, en su carácter de postor (fojas 171 a 176 del anexo que obra por separado). 7. Posteriormente, mediante resolución de veintidós de noviembre del año próximo pasado, se aprobó y declaró fincado el remate en primera almoneda, celebrada el diez de octubre del mismo año, adjudicándose a favor del postor Alfredo Guerrero Delgado, el bien inmueble sacado a venta judicial (fojas 237 a 242 del anexo). 8. Inconforme con dicha resolución, mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a Raquel Patiño Pérez, interponiendo en su contra recurso de apelación -fojas 245 y 246 del anexo- (medio de defensa hecho valer mediante escrito presentado el treinta de noviembre del mismo año -fojas 247 y 248-, en el que se señaló como domicilio para oír notificaciones en segunda instancia los "estrados de la Sala de Apelación"). 9. Así, por auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la demandada acompañando constancias para la integración del testimonio de apelación con el recurso de apelación que interpuso en contra de la interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 256 a 258). 10. De dicho medio de defensa correspondió conocer a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante proveído de veintisiete de febrero del año en curso, admitió el recurso interpuesto y confirmó la calificación de grado hecha por el juez de origen, asimismo, tuvo a la demandada apelante señalando como domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia, el ubicado en los estrados de esa Sala (foja 232 del anexo). 11. Seguidos los trámites respectivos, con fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, se emitió la resolución respectiva a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado (fojas 334 vuelta a 342 del anexo). Precisado lo anterior, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados al Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, consistentes en los proveídos de diez de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero del año en curso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, El artículo y fracción citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Se afirma que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues como se señaló, en el caso la quejosa reclama del Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, los proveídos de diez de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero del año en curso, dictados en el juicio extraordinario civil hipotecario 19/2017 de su índice. El primero de ellos, que recayó al escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y por el que se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de apelación en contra de la resolución de adjudicación de veintidós de noviembre del año próximo pasado; y el segundo, derivado de la promoción presentada el diecisiete de diciembre del mismo año, y con base en la cual se le tuvo por exhibidas las constancias que integraron el testimonio para substanciar dicho medio de defensa. Sin embargo, es de señalarse que mediante resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca 155/2019, la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, decidió el aludido medio de defensa, en el caso, revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado. Por ende, el suscrito estima que respecto de los actos reclamados del Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, consistentes en los proveídos de diez de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero del año en curso, génesis del recurso de apelación 155/2019, se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, en el caso, se originó un cambio de situación jurídica y, por lo tanto, las posibles violaciones cometidas en los proveídos reclamados, deben considerarse consumadas irreparablemente, al no poderse decidir sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad sin afectar la situación jurídica que se generó con motivo de la resolución emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el seis de marzo de dos mil diecinueve, en el toca 155/2019; situación jurídica esta última que cuenta con autonomía e independencia respecto de las determinaciones en cuestión. Luego entonces, es evidente que en el caso, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes citada, lo que determina la improcedencia del presente juicio de amparo por cambio de situación jurídica, por lo que a los reclamados del Juez A quo se refiere. Tiene aplicación en la especie, la Tesis 2a. CXI/96, visible a páginas 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la tesis publicada en la página 145, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII-Septiembre, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En otro contexto, en relación con el acto reclamado de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistente en la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 155/2019, el suscrito considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en los procesos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Tal aspecto es tratado en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, que dispone: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Expuesto lo anterior, y como se evidenció de los antecedentes narrados con antelación, en el caso se reclama la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro de los autos del toca de apelación 155/2019, a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado. Asentado lo anterior, se concluye que la determinación reclamada no constituye la última resolución en que se haya tenido cumplida la sentencia de mérito, puesto que por tal no ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega de los bienes rematados. Antes bien, para que aquello ocurra es necesario que previamente: 1. Se lleve a cabo la almoneda de remate. 2. En la misma se logre la venta judicial del inmueble sacado a remate. 3. Se requiera al adjudicatario respectivo para que dentro del término legal consigne el monto total del precio de la venta. 4. El citado adjudicatario cumpla tal requerimiento mediante la exhibición del billete de depósito en tiempo y forma. 5. Y, en caso de acontecer lo anterior, el juez ordene a la parte demandada otorgue la escritura respectiva en favor del adjudicatario. Por tanto, si el amparo indirecto únicamente procede, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución pronunciada en la etapa de remate, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que no reviste las características propias de ese tipo de determinaciones la resolución reclamada de seis de marzo dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca 155/2019, a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento de ejecución de los fallos una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, pudiéndose reclamar hasta entonces las probables infracciones que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de amparo que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 230 y 231, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que es del texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Asimismo, la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Lo anterior, en virtud de que no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en el juicio del cual deriva su reclamo, sino que por el contrario, la determinación que se pretende controvertir en este juicio constitucional, se emitió en el procedimiento de remate, y derivado de ella, se recabará de nueva cuenta el avalúo del bien inmueble rematado a efecto de fijar el precio de la venta judicial. En cuyo caso se actualiza el criterio que informa a la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 1a./J. 28/2010, en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Así como la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Por tanto, como el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ni afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve. En consecuencia, al actualizarse respecto de los actos reclamados las causales de improcedencia analizadas con antelación, previstas por el artículo 61, fracciones XVII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. No es óbice para considerar manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio de amparo, el hecho de que se hayan admitido a trámite los diversos juicios constitucionales 318/2019-IV y su acumulado 449/2019-IV del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, a que se ha hecho referencia con antelación, promovidos por (i) Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través de su apoderado legal José de Jesús Pacheco Rodríguez (parte actora en el juicio extraordinario civil hipotecario número 19/2017 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad), y (ii) Alfonso Guerrero Delgado (postor en la audiencia de remate en primera almoneda de diez de octubre de dos mil dieciocho), respectivamente, en contra de la aludida resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en los autos del toca 155/2019, a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado. Lo anterior, pues de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 3/2011 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 154/2011, la resolución del recurso de apelación que ordena reponer el procedimiento de remate en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial, constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, pues al constituir dicha adjudicación una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad a favor del adjudicatario, la aludida resolución que ordena la reposición del procedimiento, afecta directamente ese derecho sustantivo. Supuesto en el que se estima también se encuentra la parte actora, pues precisamente con el numerario recabado con motivo de la venta judicial del referido inmueble, se le hará pago de la cantidades a que resultó condenada la demandada, de ahí que dichas hipótesis al constituir actos de imposible reparación por afectar directamente el aludido derecho sustantivo, del adjudicatario y del actor (a diferencia de la parte ejecutada), por lo que aquellos se encuentran en el caso de excepción para la procedencia del juicio constitucional. La jurisprudencia en comento -1a./J. 3/2011 (10a.)- se localiza en la página 166, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y su rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL E INMEDIATA CONTRA LA INTERLOCUTORIA DE APELACIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE REMATE EN EL QUE YA SE HABÍA ADJUDICADO EL BIEN OBJETO DE LA VENTA JUDICIAL, PUES CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", sostuvo que los supuestos de procedencia del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, deben entenderse en correlación con su fracción IV, ya que ésta contiene un supuesto de procedencia más amplio y que, por tanto, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que, siendo definitivos, excepcionalmente admiten la promoción en su contra del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de garantías contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia. En ese sentido, la actuación judicial en la etapa de remate, mediante la cual se adjudica el bien embargado a favor del acreedor o ejecutante, constituye una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad a favor del adjudicatario, dado que importa la incorporación de la cosa embargada a su patrimonio que no fue materia de la sentencia que se pretende ejecutar y, en consecuencia, la interlocutoria que en segunda instancia ordena reponer el procedimiento de remate, en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial, constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, al afectar directamente el derecho sustantivo derivado de la determinación judicial de adjudicación que es ajeno a los que pueden afectarse por la ejecución de la sentencia. Por lo anterior, a tal acto no le es aplicable la regla general que para los remates prevé la citada fracción III, sino la hipótesis de procedencia excepcional e inmediata del juicio de amparo indirecto, en términos de la indicada fracción IV y de la citada tesis de jurisprudencia." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Carlos Julián Cisneros Galarza, toda vez que no se encuentra debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese, y hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Raquel Patiño Pérez, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil de esta ciudad y de otra autoridad; fórmese el expediente de amparo respectivo, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 512/2019-IV. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al dispositivo legal en cita, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: a) Del Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, los proveídos de diez de diciembre de dos mil dieciocho, y veintidós de enero del año en curso, dictados en el juicio extraordinario civil hipotecario 19/2017 de su índice; El primero de ellos, que recayó al escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y por el que se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de apelación en contra de la resolución de adjudicación de veintidós de noviembre del año próximo pasado; y el segundo, derivado de la promoción presentada el diecisiete de diciembre del mismo año, y con base en la cual se le tuvo por exhibidas las constancias que integraron el testimonio para substanciar dicho medio de defensa. b) De la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 155/2019, tramitado con motivo del escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, a través de la cual se revocó la interlocutoria de veintidós del mes y año últimamente citados, pronunciada por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad. Precisado lo anterior, cabe destacar que en este momento se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2, el diverso juicio de amparo 318/2019-IV y su acumulado 449/2019-IV del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, promovidos por (i) Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través de su apoderado legal José de Jesús Pacheco Rodríguez (parte actora en el juicio extraordinario civil hipotecario número 19/2017 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad), así como por (ii) Alfonso Guerrero Delgado (postor en la audiencia de remate en primera almoneda de diez de octubre de dos mil dieciocho), respectivamente, quienes reclaman de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en los autos del toca 155/2019, a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado. De los anexos que la Sala responsable acompañó a su informe de ley rendido en el aludido controvertido constitucional 318/2019-IV, consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio extraordinario civil hipotecario 19/2017, así como el toca de apelación 155/2019, las cuales adquieren valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al numeral 2° del último de los ordenamientos citados, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina Común de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estrado, signado por José de Jesús Pacheco Rodríguez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, demandó en juicio extraordinario civil hipotecario a Raquel Patiño Pérez (fojas 2 a 12 del anexo que obra por separado). 2. Por auto de cinco de enero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la aludida demanda, ordenándose correr traslado y emplazar a la ahora quejosa (fojas 64 y 65 del anexo). 3. Posteriormente, mediante proveído de trece de septiembre del mismo año, se tuvo a la demandada haciendo valer sus defensas y realizando manifestaciones (fojas 76 y 77 del anexo). 4. Así, previos los trámites legales, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia definitiva respectiva, condenándose a la parte demandada, al pago de la cantidad de $561,265.29 (quinientos sesenta y un mil doscientos sesenta y cinco pesos 29/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal y demás prestaciones reclamadas (fojas 95 a 107 del anexo). 5. Luego, por auto de quince de marzo del año próximo pasado, se declaró que la sentencia señalada en el inciso que antecede causó ejecutoria, requiriéndose a la demandada aquí quejosa, a efecto de que en el término de cinco días hiciera pago a la parte actora de las prestaciones a que resultó condenada, apercibida que de no hacerlo, se procedería al trance y remate del bien inmueble hipotecado (foja 112 del anexo). 6. Seguidos los trámites legales, el diez de octubre de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, a la cual comparecieron entre otros Alfonso Guerrero Delgado, en su carácter de postor (fojas 171 a 176 del anexo que obra por separado). 7. Posteriormente, mediante resolución de veintidós de noviembre del año próximo pasado, se aprobó y declaró fincado el remate en primera almoneda, celebrada el diez de octubre del mismo año, adjudicándose a favor del postor Alfredo Guerrero Delgado, el bien inmueble sacado a venta judicial (fojas 237 a 242 del anexo). 8. Inconforme con dicha resolución, mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a Raquel Patiño Pérez, interponiendo en su contra recurso de apelación -fojas 245 y 246 del anexo- (medio de defensa hecho valer mediante escrito presentado el treinta de noviembre del mismo año -fojas 247 y 248-, en el que se señaló como domicilio para oír notificaciones en segunda instancia los "estrados de la Sala de Apelación"). 9. Así, por auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se tuvo a la demandada acompañando constancias para la integración del testimonio de apelación con el recurso de apelación que interpuso en contra de la interlocutoria de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 256 a 258). 10. De dicho medio de defensa correspondió conocer a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante proveído de veintisiete de febrero del año en curso, admitió el recurso interpuesto y confirmó la calificación de grado hecha por el juez de origen, asimismo, tuvo a la demandada apelante señalando como domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia, el ubicado en los estrados de esa Sala (foja 232 del anexo). 11. Seguidos los trámites respectivos, con fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, se emitió la resolución respectiva a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado (fojas 334 vuelta a 342 del anexo). Precisado lo anterior, el suscrito advierte que respecto de los actos reclamados al Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, consistentes en los proveídos de diez de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero del año en curso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, El artículo y fracción citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]". De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Se afirma que se actualiza la causa de improcedencia en comento, pues como se señaló, en el caso la quejosa reclama del Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, los proveídos de diez de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero del año en curso, dictados en el juicio extraordinario civil hipotecario 19/2017 de su índice. El primero de ellos, que recayó al escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y por el que se tuvo a la quejosa interponiendo recurso de apelación en contra de la resolución de adjudicación de veintidós de noviembre del año próximo pasado; y el segundo, derivado de la promoción presentada el diecisiete de diciembre del mismo año, y con base en la cual se le tuvo por exhibidas las constancias que integraron el testimonio para substanciar dicho medio de defensa. Sin embargo, es de señalarse que mediante resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca 155/2019, la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, decidió el aludido medio de defensa, en el caso, revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado. Por ende, el suscrito estima que respecto de los actos reclamados del Juez Tercero Mercantil de esta ciudad, consistentes en los proveídos de diez de diciembre de dos mil dieciocho y veintidós de enero del año en curso, génesis del recurso de apelación 155/2019, se actualiza la citada causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, en el caso, se originó un cambio de situación jurídica y, por lo tanto, las posibles violaciones cometidas en los proveídos reclamados, deben considerarse consumadas irreparablemente, al no poderse decidir sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad sin afectar la situación jurídica que se generó con motivo de la resolución emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el seis de marzo de dos mil diecinueve, en el toca 155/2019; situación jurídica esta última que cuenta con autonomía e independencia respecto de las determinaciones en cuestión. Luego entonces, es evidente que en el caso, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes citada, lo que determina la improcedencia del presente juicio de amparo por cambio de situación jurídica, por lo que a los reclamados del Juez A quo se refiere. Tiene aplicación en la especie, la Tesis 2a. CXI/96, visible a páginas 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la tesis publicada en la página 145, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII-Septiembre, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En otro contexto, en relación con el acto reclamado de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistente en la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación 155/2019, el suscrito considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en los procesos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Tal aspecto es tratado en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, que dispone: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Expuesto lo anterior, y como se evidenció de los antecedentes narrados con antelación, en el caso se reclama la resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro de los autos del toca de apelación 155/2019, a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado. Asentado lo anterior, se concluye que la determinación reclamada no constituye la última resolución en que se haya tenido cumplida la sentencia de mérito, puesto que por tal no ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega de los bienes rematados. Antes bien, para que aquello ocurra es necesario que previamente: 1. Se lleve a cabo la almoneda de remate. 2. En la misma se logre la venta judicial del inmueble sacado a remate. 3. Se requiera al adjudicatario respectivo para que dentro del término legal consigne el monto total del precio de la venta. 4. El citado adjudicatario cumpla tal requerimiento mediante la exhibición del billete de depósito en tiempo y forma. 5. Y, en caso de acontecer lo anterior, el juez ordene a la parte demandada otorgue la escritura respectiva en favor del adjudicatario. Por tanto, si el amparo indirecto únicamente procede, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, contra la última resolución pronunciada en la etapa de remate, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, es incuestionable que no reviste las características propias de ese tipo de determinaciones la resolución reclamada de seis de marzo dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca 155/2019, a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento de ejecución de los fallos una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en la etapa de ejecución de sentencia, pudiéndose reclamar hasta entonces las probables infracciones que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de amparo que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis número 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 230 y 231, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, que es del texto siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Asimismo, la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Sin que se esté en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Lo anterior, en virtud de que no se trata de un acto que goza de autonomía frente a la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada en el juicio del cual deriva su reclamo, sino que por el contrario, la determinación que se pretende controvertir en este juicio constitucional, se emitió en el procedimiento de remate, y derivado de ella, se recabará de nueva cuenta el avalúo del bien inmueble rematado a efecto de fijar el precio de la venta judicial. En cuyo caso se actualiza el criterio que informa a la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 1a./J. 28/2010, en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Así como la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Por tanto, como el acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ni afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve. En consecuencia, al actualizarse respecto de los actos reclamados las causales de improcedencia analizadas con antelación, previstas por el artículo 61, fracciones XVII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. No es óbice para considerar manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio de amparo, el hecho de que se hayan admitido a trámite los diversos juicios constitucionales 318/2019-IV y su acumulado 449/2019-IV del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, a que se ha hecho referencia con antelación, promovidos por (i) Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a través de su apoderado legal José de Jesús Pacheco Rodríguez (parte actora en el juicio extraordinario civil hipotecario número 19/2017 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil en esta ciudad), y (ii) Alfonso Guerrero Delgado (postor en la audiencia de remate en primera almoneda de diez de octubre de dos mil dieciocho), respectivamente, en contra de la aludida resolución de seis de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en los autos del toca 155/2019, a través de la cual se revocó la interlocutoria recurrida, y en consecuencia, se declaró improcedente la adjudicación solicitada por el postor Alfonso Guerrero Delgado, y por ende, no se aprobó el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio de origen, celebrado el diez de octubre de dos mil dieciocho, al no encontrarse vigente a esa fecha el avalúo del inmueble rematado. Lo anterior, pues de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 3/2011 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 154/2011, la resolución del recurso de apelación que ordena reponer el procedimiento de remate en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial, constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, pues al constituir dicha adjudicación una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad a favor del adjudicatario, la aludida resolución que ordena la reposición del procedimiento, afecta directamente ese derecho sustantivo. Supuesto en el que se estima también se encuentra la parte actora, pues precisamente con el numerario recabado con motivo de la venta judicial del referido inmueble, se le hará pago de la cantidades a que resultó condenada la demandada, de ahí que dichas hipótesis al constituir actos de imposible reparación por afectar directamente el aludido derecho sustantivo, del adjudicatario y del actor (a diferencia de la parte ejecutada), por lo que aquellos se encuentran en el caso de excepción para la procedencia del juicio constitucional. La jurisprudencia en comento -1a./J. 3/2011 (10a.)- se localiza en la página 166, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y su rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL E INMEDIATA CONTRA LA INTERLOCUTORIA DE APELACIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DE REMATE EN EL QUE YA SE HABÍA ADJUDICADO EL BIEN OBJETO DE LA VENTA JUDICIAL, PUES CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", sostuvo que los supuestos de procedencia del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, deben entenderse en correlación con su fracción IV, ya que ésta contiene un supuesto de procedencia más amplio y que, por tanto, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que, siendo definitivos, excepcionalmente admiten la promoción en su contra del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de garantías contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia. En ese sentido, la actuación judicial en la etapa de remate, mediante la cual se adjudica el bien embargado a favor del acreedor o ejecutante, constituye una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad a favor del adjudicatario, dado que importa la incorporación de la cosa embargada a su patrimonio que no fue materia de la sentencia que se pretende ejecutar y, en consecuencia, la interlocutoria que en segunda instancia ordena reponer el procedimiento de remate, en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial, constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, al afectar directamente el derecho sustantivo derivado de la determinación judicial de adjudicación que es ajeno a los que pueden afectarse por la ejecución de la sentencia. Por lo anterior, a tal acto no le es aplicable la regla general que para los remates prevé la citada fracción III, sino la hipótesis de procedencia excepcional e inmediata del juicio de amparo indirecto, en términos de la indicada fracción IV y de la citada tesis de jurisprudencia." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. La anterior conclusión no implica vulnerar derechos humanos consagrados en tratados internacionales, siendo ilustrativa al respecto la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". Así como la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia.". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Carlos Julián Cisneros Galarza, toda vez que no se encuentra debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. NP.
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