Raquel Espericueta Palomo
Expediente 594/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Raquel Espericueta Palomo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, debido a que el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir de la data en que se actúa, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 segundo párrafo del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el apoderado y representante legal del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", por medio del cual informa que la parte quejosa acudió a su consulta programada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés en el área de oftalmología, dónde fue valorada por su médico tratante quien la encontró en estables condiciones oculares. Asimismo, refiere que se fijaron las diez horas del diecinueve de julio de dos mil veintitrés, para que la aquí quejosa sea atendida en el área de nefrología del referido nosocomio; y las ocho horas del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para que la aquí quejosa sea atendida en el área de oftalmología del mismo. Vista. En tal virtud, con copia autorizada del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que esté en posibilidad de imponerse de su contenido. Por otro lado, no ha lugar a requerir al Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, respecto a las sesiones de hemodiálisis practicadas a la parte quejosa toda vez que mediante oficio registrado con numero de correspondencia interna 10566, la diversa responsable apoderada de los Servicios de Salud acompañó las constancias correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Instructor de la Primera Ponencia, de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de diecinueve de mayo del año en curso, e informa que la parte actora (aquí quejosa) el nueve de mayo del año en curso, interpuso recurso queja por defecto en el cumplimiento dado a la sentencia definitiva emitida el nueve de marzo del dos mil veintiuno, dentro del expediente 1691/20-25-01-1-OT, y que por auto de diecisiete de mayo del año en curso, se admitió a trámite dicho medio de impugnación. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en este asunto las documentales que remitió la autoridad oficiante, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que la quejosa reclama del Magistrado Instructor de la Primera Ponencia, de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acuerdo dictado de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, a través de la cual otorgó un término de tres días hábiles a la autoridad demandada para que informara y exhibiera las constancias relativas al cumplimiento efectuado a la sentencia definitiva dictada en dicho juicio. Actualiza causa de improcedencia. Atendiendo a lo manifestado por el Magistrado Instructor de la Primera Ponencia, de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de la consulta de las constancias remitidas por este último, resulta inconcuso que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Así, tenemos que tal hipótesis se surte, cuando concurren los siguientes elementos: a) Que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad se emita un nuevo acto en el mismo procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica; c) Que por virtud de ello, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones respecto del primer acto, por no poder subsanarse aquellas sin afectar la nueva situación jurídica. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva determinación adoptada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Apoya lo anterior la tesis aislada 2a.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como la tesis aislada sin número, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 145, Tomo VIII, Septiembre de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En la especie, como se adelantó, se reclama del Magistrado Instructor de la Primera Ponencia, de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acuerdo dictado de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, a través de la cual se otorgó un término de tres días hábiles a la autoridad demandada para que informara y exhibiera las constancias relativas al cumplimiento efectuado a la sentencia definitiva dictada en dicho juicio. La parte quejosa aduce que dicha determinación le agravia, ya que la autoridad responsable no debió conceder a la demandada un nuevo plazo de tres días para cumplir la sentencia de nulidad, siendo lo correcto haberle impuesto la multa con la que la apercibió, a efecto de vencer la renuencia del servidor público que había obstaculizado el cumplimiento del fallo definitivo. En el caso, de las constancias remitidas en copia certificada en vía de justificación, se advierte: 1. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, se dictó sentencia, a través de la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la demandada emita una nueva resolución en la que de manera fundada y motivada se pronuncie respecto del escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecisiete, en el cual se solicitó el incremento de la cuota pensionaria conforme a la legislación aplicable en la época en que se concedió la pensión. 2. En contra de dicha sentencia la demandada interpuso revisión fiscal, la cual fue desechada por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el toca R.R.F. 313/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el cual causó estado por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno. 3. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se admitió la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia definitiva, interpuesta por la parte actora, la cual se resolvió el uno de abril del año inmediato pasado, declarándola fundada y requirió a la demandada para que en el término de tres días diera cumplimiento a dicha sentencia, apercibida que de no hacerlo se le impondría una multa entre 300 a 1000 Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 4. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, la parte actora solicitó se hiciera efectiva la multa con la que se apercibió a la demandada en la interlocutoria de uno de abril del año inmediato pasado. 5. En atención a lo anterior, el Magistrado instructor dictó el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual dio vista a la demandada para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con las manifestaciones formuladas por la parte actora. 6. Por auto de catorce de marzo del año en curso, se recibió un oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual informó los motivos por los cuales se había retrasado el cumplimiento de la sentencia de nulidad, y solicitó se desestimara la solicitud de la parte actora; en atención a ello, el Magistrado instructor volvió a requerir a la demandada para que en el término de tres días hábiles, informara sobre el cumplimiento dado a la sentencia y exhibiera las constancias que lo acreditaran. Acuerdo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. 7. Mediante oficio presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, signado por el Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia de nulidad dictada el nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, y exhibió las constancias con las que refirió acreditaba su dicho. 8. Por auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó correr traslado a la parte actora con dichas constancias, para los efectos legales a que hubiera lugar. 9. En atención a lo anterior, mediante escrito presentado el nueve de mayo del año que transcurre, la parte actora interpuso recurso de queja por defecto, la cual se admitió a trámite mediante proveído diecisiete de mayo del mismo año. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, al actualizarse los requisitos antes precisados, ya que respecto al inciso a), esto es, que exista un acto de autoridad emanado de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, debe decirse que el acto reclamado fue emitido dentro del juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, del cual conoce actualmente el Magistrado Instructor de la Primera Ponencia, de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De lo que se sigue que el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En lo que toca al requisito precisado en el inciso b), consistente en que con posterioridad se emita un nuevo acto en el procedimiento, con el cual se produzca una nueva situación jurídica, se actualiza en el caso en estudio, pues el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se emitió una determinación que sustituyó procesalmente al auto reclamado de catorce de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, como se precisó, en el caso se reclama el acuerdo dictado de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, a través de la cual se otorgó un término de tres días hábiles a la autoridad demandada para que informara y exhibiera las constancias relativas al cumplimiento efectuado a la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, lo cual refiere el quejoso le agravia en su esfera jurídica, ya que la autoridad responsable debió imponerle la multa con la que la apercibió, y no conceder un nuevo término para dar cumplimiento a la sentencia de nulidad. Incluso, posterior al acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, mediante diverso proveído de diecisiete de mayo del año en curso, la autoridad responsable admitió a trámite el recurso de queja por defecto en el cumplimiento la sentencia definitiva. De ahí que dicho acto dejó de surtir efectos legales propios con motivo de la determinación de cuatro de mayo del año en curso, dictada en el juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, a través de la cual el Magistrado instructor tuvo a la demandada informando el cumplimiento dado a la sentencia definitiva, y posteriormente, a través del diverso proveído de diecisiete de mayo del presente año, dio trámite a la queja por defecto en el cumplimiento, y por tanto, sustituyeron procesalmente al aludido auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés (aquí reclamado). De lo que se sigue que en el caso se actualice el supuesto previsto en el inciso c), puesto que por virtud de la emisión de dichos autos (cuatro y diecisiete de mayo del año en curso), deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones respecto del acto reclamado, ya que no podrían ser subsanadas sin afectar la nueva situación jurídica que impera dentro del juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, esto es, el trámite de la queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia definitiva. De lo que resulta, que este órgano federal se encuentra legalmente imposibilitado para hacer un pronunciamiento con respecto a las violaciones alegadas por la quejosa, pues no podría concederse la protección federal solicitada para que la responsable imponga una multa a la demandada ante la falta de cumplimiento a la sentencia definitiva, sin afectar la nueva situación jurídica que impera en el juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, creada por las subsecuentes determinaciones, del que deriva el acto tildado de inconstitucional, esto es, que la autoridad demandada ya dio cumplimiento a la sentencia definitiva, y se encuentra pendiente a través de la queja respectiva el análisis del cumplimiento defectuoso propuesto por la parte actora. Finalmente, en el caso también se actualiza el elemento previsto en el inciso d), ello pues aun cuando el acto que aquí se reclama resultara inconstitucional, las determinaciones de cuatro y diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, que tuvieron a la demandada informando el cumplimiento de la sentencia, y se admitió a trámite la queja por defecto en el cumplimiento interpuesta por la parte actora (aquí quejosa), subsistiría, al no depender de éste. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia anteriormente analizada y, por ende, respecto de dicho acto, consistente en el acuerdo dictado de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el juicio de nulidad 1691/20-25-01-1-OT, a través de la cual se otorgó un término de tres días hábiles a la autoridad demandada para que informara y exhibiera las constancias relativas al cumplimiento efectuado a la sentencia definitiva dictada en dicho juicio. Sobreseimiento. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el seis de junio del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por oficios a la autoridad responsable y Agente del ministerio Publico de la Adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de once de mayo del año en curso, se recibió el informe justificado rendido por la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en representación del Magistrado Instructor de la Primera Ponencia, de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del que se desprende que la autoridad demandada en el expediente 1691/20-25-01-1-OT, del índice de la responsable, el cuatro de mayo del año en curso, exhibió oficio por el cual manifestó dar cumplimiento a las sentencias definitiva e interlocutoria de queja emitida por dicha Sala Regional, por lo cual en la misma fecha se dio vista a la parte actora (aquí quejosa) con el cumplimiento de la sentencia, a fin de que manifestara lo que corresponda. Requerimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 162 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Instructor de la Primera Ponencia, de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del código procesal citado, contado a partir del día siguiente en que se notifique el presente proveído, informe el acuerdo que haya recaído a la vista otorgada en auto de cuatro de mayo del año en curso, y remita copia certificada de las constancias que acrediten su dicho o informe la imposibilidad de hacerlo. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Magistrado Instructor de la Primera Ponencia, de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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