Raquel Miranda Muñiz
Expediente 1163/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/10/2018
Partes del expediente
- Raquel Miranda Muñiz
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las documentales que exhibió consistentes en: acuse de recibo del escrito de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la quejosa y catorce comprobantes de percepciones y descuentos, los cuales se encuentran agregados al expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de la quejosa ****, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su ocurso de demanda y autoriza a diversas personas para recibirlos. En atención a lo anterior, dígasele a la promovente que los documentos que solicita le serán devueltos una vez que cause estado el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo, toda vez que el artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). No obstante ello, hágase del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad con el ordinal 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se encuentra en aptitud legal de solicitar copias certificadas del mismo. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *, contra actos del Secretario de Salud del Estado de Chiapas, Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Subdirector de Recursos Financieros dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Subdirector de Recursos Humanos dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Titular del Departamento de Sistematización y Operación de Nómina dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Titular del Departamento de Control de Pago dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, con residencia en esta ciudad, que hace consistir en: "A).- A las Autoridades señaladas como Responsables Ejecutorias: Les reclamo el incumplimiento de pago al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) de las retenciones a los descuentos que se han estado realizando en mi comprobante de percepciones y descuentos marcados con número (55 "préstamo hipotecario fovissste fondo de la vivienda)." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1163/2018-VIlI. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional lo siguiente: El incumplimiento del pago al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, respecto a las retenciones y descuentos que se le han realizado vía nómina a su salario. Ahora bien, en este asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la interpretación conjunta de ambos preceptos se advierte que, por regla general, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por éste el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general. Pues bien, primeramente debe señalarse que conforme al análisis estructural de la iniciativa de la nueva Ley de Amparo y de su proceso legislativo, es de concluir que en éstos se mantiene como elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo los "actos de autoridad", pues, aunado a lo indicado respecto al proceso legislativo, dicha norma no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el numeral 103 de la Carta Magna dispone: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". A lo anterior, debe resaltarse que el artículo 107 constitucional, igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por consiguiente, debe resaltarse que si los dispositivos 103 y 107, de la Constitución Federal, establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, consistentes en mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas que disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades". Al respecto, debe decirse que de acuerdo con la descripción que da el artículo 5°, fracción II, de la citada ley, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y, en lo relativo a dicho tema, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida han establecido que para los efectos del juicio de amparo, tienen el carácter de actos de autoridad aquéllos emitidos por funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado. Precisado lo anterior, procede determinar ahora si el acto reclamado, consistente en el incumplimiento del pago al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, respecto a las retenciones y descuentos que se le han realizado vía nómina a su salario, encuadra o no en los parámetros descritos y, si por ende, es o no impugnable a través del juicio de amparo. Así, de los antecedentes narrados por la quejosa en su demanda, se desprende que presta sus servicios a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas; además, que se le han estado efectuando los descuentos vía nómina para el pago del crédito hipotecario, y que la señalada como responsable no ha enterado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ; por lo que se tiene y que las actuaciones de las señaladas como responsables, están afectando a su patrimonio, ponen en riesgo su vivienda. En ese sentido, las afirmaciones antes precisas, se traducen en una confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio a la solicitante de amparo. Así, de lo expuesto se obtiene que el acto reclamado en estudio no tiene equivalencia con actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues, el actuar que se les reclama a los entes señalados como responsables, deriva de un plano de coordinación o de igualdad entre particulares, en el que actúan en un mismo plano, según se explica. En efecto, de las manifestaciones de la solicitante del amparo, se observa claramente que la autoridad señalada como responsable actúa en su calidad de patrón y que el acto reclamado, emana de cuestiones relacionadas con su trabajo, en el caso, sus salarios, pues se le han estado efectuando los descuentos y retenciones vía nómina, para el pago del crédito hipotecario; sin embargo no lo han enterado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Es decir, con la autoridad señalada como responsable la quejosa tiene una relación laboral, en tanto que de las manifestaciones de su escrito de demanda, se advierte que es trabajadora de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Por tanto, al derivar el acto de reclamo de relaciones obrero-patronales, en el que la quejosa y la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, actúan en un plano de coordinación o de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo, al no constituir actos unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; ni están realizados en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así las cosas, no se puede sostener válidamente que el acto reclamado por la solicitante de amparo revistan las características de un acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional, en virtud de que los actos atribuidos a las responsables, en relación con la parte quejosa, son de naturaleza laboral; por lo que no se le deja en estado de indefensión, pues puede acudir a la vía ordinaria para reclamar los derechos que considera afectados; además, la quejosa puede ejercer las acciones que estime necesarias para que sean reconocidos los descuentos a su salario, hechos precisamente para el pago del crédito hipotecario, con la finalidad de que le sean aceptados y tomados en cuenta para la cuantificación o liquidación del mismo. Consecuentemente, como se anticipó, deviene notoriamente improcedente la demanda de cuenta, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, ambos de la ley en la materia; y por ende, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 113 de la ley en cita, lo procedente es DESECHAR DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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