Raquel Ayala Arce
Expediente 160/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/09/2016
Partes del expediente
- Raquel Ayala Arce
- Juez Primero del Ramo Penal Para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que por una parte sobreseyó y, por otra, concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devuélvase al Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, la copia certificada de la causa penal 173/2015 (un tomo), que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que la parte quejosa exhibió copia certificada del expediente 173/2015 (un tomo), requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil.
- Incidental
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que por una parte sobreseyó y, por otra, concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devuélvase al Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, la copia certificada de la causa penal 173/2015 (un tomo), que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que la parte quejosa exhibió copia certificada del expediente 173/2015 (un tomo), requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE CINCO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que por una parte sobreseyó y, por otra, concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devuélvase al Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, la copia certificada de la causa penal 173/2015 (un tomo), que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que la parte quejosa exhibió copia certificada del expediente 173/2015 (un tomo), requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 11503 (fojas 350 a 359), la autoridad responsable Juzgado Primero del Ramo Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a través del Segundo Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: "[.] a).- De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la ilegal orden de aprehensión girada en mi contra. b).- De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo el cumplimiento y la inminente ejecución que pretenden dar a dicha orden de aprehensión en contra de la libertad personal del suscrito quejoso. [.]" Ahora bien, mediante resolución de veinte de enero del año en curso, pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila; misma que fue modificada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil, residente en esta ciudad, respecto a los efectos ahí precisados. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] 1) Deje insubsistente la orden de aprehensión de seis de agosto de dos mil quince, dictada en la causa penal 173/2015, única y exclusivamente por lo que hace al quejoso Raquel Ayala Arce; 2) Dicte otra resolución en la que destaque que la omisión en que incurrió el agente del Ministerio Público de precisar los hechos delictivos atribuido al quejoso Raquel Ayala Arce impide constatar si se satisfacen los presupuestos jurídicos de cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de robo con violencia y agravado, para estar en condiciones de resolver sobre la orden de aprehensión; y, 3) A partir de lo anterior, niegue la orden de aprehensión en contra del quejoso Raquel Ayala Arce, por el delito de robo con violencia y agravado, lo cual de ninguna manera impide que con posterioridad el órgano acusador insista en el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando el delito de referencia no haya prescrito. Concesión que debe hacerse extensiva al Procurador General de Justicia del Estado, Director General de la Policía Especializada, residentes en esta ciudad, y Jefe de Grupo de la Policía Especializada, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, toda vez que el quejoso impugnó la inconstitucionalidad de dicho acto, exclusivamente en vía de consecuencia; es decir, lo hizo depender de la orden de aprehensión reclamada a la ordenadora; por tanto, si entre dicha orden de captura y su ejecución existe un vínculo jurídico casual que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquélla, entonces lo procedente es hacer extensiva la concesión del amparo en cuanto a las ejecutoras." [.] ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 11503 (fojas 350 a 359), la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del nuevo auto de incoación de diecinueve de julio del presente año (foja 351-359), emitido dentro de la causa penal 173/2015 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Juez Primero del Ramo Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante nuevo auto de incoación de diecinueve de julio del año en curso, emitido dentro de la causa penal 173/2015 de su índice, dejó insubsistente y sin valor jurídico el auto de incoación de seis de agosto de dos mil quince, ordenando la cancelación de la orden de aprehensión, en la que destacó que la omisión en que ocurrió el agente del Ministerio Público de precisar los hechos delictuosos y atribuidos al quejoso, fueron las razones por las cuales determinó negar la orden de aprehensión, por lo que hace al delito de robo con violencia y agravado. Asimismo, al realizar el estudio del cuerpo del delito de privación de la libertad en su carácter de plagio o secuestro, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, estimó que no se acreditaban los elementos que lo conforman, ya que no se advierte que se haya solicitado a algún tercero un rescate, o lo hubiera obligado a realizar algún acto o causarle un daño a alguien, por lo que es inconcuso que no se acredita ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 123 del Código Penal del Estado de Chiapas. De ahí que al haber cumplido la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, con la materia del acto reclamado, y al haber negado la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso en términos de la ejecutoria de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el Estado, residente en esta ciudad, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
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