Raquel López Ávila
Expediente 863/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raquel López Ávila
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de veintitrés de agosto del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Cuenta. En veintitrés de agosto de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta a la juez, con la promoción registrada con el número 13666. Conste. Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese a los autos el escrito signado por la promovente de amparo, mediante el cual cumple con las prevenciones que le fueron impuestas en el proveído de once de agosto de dos mil veintidós, al manifestar bajo protesta de decir verdad que la determinación impugnada fue notificada el uno de julio de dos mil veintidós mediante instructivo fijado en la puerta del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones dentro del toca subyacente. Atento a lo anterior, toda vez que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de cuenta, los cuales se tratan como un todo, reveló que los actos reclamados en el presente asunto son los siguientes: La ejecutoria dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el treinta de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación I-172/2022, mediante la cual se confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Tercero Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio hipotecario 367/2016. Una vez precisado el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 17, 18 y 19 del mismo ordenamiento legal. El numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento. Ahora, los plazos para promover el juicio constitucional se encuentran establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuyo contenido revela que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días -regla general-. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley materia del acto, la notificación a los quejosos del acto o resolución que reclamen, o a aquél en que hayan tenido conocimiento o se ostenten sabedores del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Determinado lo anterior, se establece que, conforme a los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el acto reclamado puede ser combatido dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso o al en que haya tenido conocimiento del mismo. En ese tenor, si el quejoso combate un acto de autoridad pero la demanda la presenta fuera del plazo de quince días aludido, el juicio de amparo resulta improcedente por lo que hace a la determinación combatida. De esa manera, la impugnación realizada en el presente asunto encuadra en la hipótesis de la regla general, contenida en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual prevé que la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, toda vez que no encuadran en ninguna de las hipótesis precisadas en las fracciones I a IV de dicho numeral. Acto respecto del cual la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, fue notificada por instructivo el uno de julio de dos mil veintidós, pues indicó: ". También bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en el expediente que conforma el Toca de Apelación que nos ocupa, se advierte glosada una constancia denominada 'instructivo', de una sola hoja, fechada del 1 primero de Julio del año 2022, a las 18:10 horas, que se dejó fijo (copia de él) en la puerta del domicilio autorizando para recibir notificaciones, firmado solamente por el notificador Adscrito a la Sala Responsable." (Sic). Lo anterior revela que fue notificada del acto reclamado desde el uno de julio de dos mil veintidós, en que se dejó fijado en la puerta de su domicilio el instructivo de notificación. Por ende, resulta indudable que la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que hace a dicho acto, se encuentra presentada fuera del término legal de quince días hábiles posteriores a que tuvo conocimiento la parte quejosa de la existencia de éste. Es así, pues se estima que el plazo de quince días a que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo en contra de la resolución impugnada ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar a partir del día siguiente al en que se notificó por instructivo, esto es, el aludido plazo empezó a trascurrir el cuatro de julio de dos mil veintidós y concluyó el ocho de agosto de dos mil veintidós. Por tanto, debió promoverse en los plazos fijados por la ley en la materia, y la demanda de amparo fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el nueve de agosto en curso, tal como se corrobora de la papeleta de turno correspondiente; lo que sucedió de manera extemporánea conforme al calendario siguiente: Julio 2022 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto 2022 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado". Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto a la ejecutoria dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán el treinta de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del toca de apelación I-172/2022, mediante la cual se confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Tercero Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio hipotecario 367/2016. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el nueve de agosto de dos mil veintidós, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito del acto reclamado, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, por lo que ve a la determinación de mérito, la cual al haber sido consentida por la quejosa hace que el juicio de amparo contra el referido acto resulte improcedente. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". En esas condiciones, se acredita de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de amparo. Pues en el caso, la aquí quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que se le notificó por instructivo el uno de julio de dos mil veintidós, pues se le dejó fijado en la puerta del domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. En ese tenor, resulta inconcuso que, a partir del uno de julio del año en curso, quedó notificada de la resolución reclamada, pues así se dispone en la ley que rige el acto reclamado, esto es, en el artículo 101 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, el cual dispone que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquél en que se hubiere hecho la notificación, y no podrán suspenderse por ningún motivo cuando estuvieren en curso, en los que se computará el día del vencimiento. Lo cual resulta acorde con lo que establece el numeral 18 de la Ley de Amparo, dado que obliga a esta juzgadora a realizar el cómputo de los plazos a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese orden de ideas, si conforme al dispositivo 101 del Código Adjetivo Civil para el Estado de Michoacán, se dispone que los términos correrán a partir del siguiente día hábil, por lo que, en la fecha en que se hace la notificación -por instructivo- en ese momento surte efectos, de ahí que el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo comenzó a computarse a partir del cuatro agosto de dos mil veintidós y feneció el ocho siguiente. Por otra parte, conviene destacar que este órgano jurisdiccional cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, las narraciones vertidas en la demanda -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. No se soslaya que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez Katia Orozco Alfaro, será la titular de este órgano jurisdiccional, lo que se hace saber a la partes a efecto de que se encuentran en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente.
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Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintidós. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1. Radicación de demanda de amparo. Vista la DEMANDA DE AMPARO promovida por Raquel López Ávila, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 863/2022. 1.1. Prevención. Ahora, la fracción I y II del artículo 114 de la Ley de Amparo, impone la obligación al suscrito para mandar a requerir al promovente en caso de encontrar alguna irregularidad u omisión que deba corregirse, cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 del citado cuerpo normativo. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo que se provee se advierte que la parte quejosa al narrar los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado omitió expresar la fecha en que tuvo conocimiento o fue notificada de la resolución emitida el treinta de junio de dos mil veintidós por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación I-172/2022. En efecto, dicho dato resulta necesario a efecto de establecer la oportunidad en la presentación de la demanda y, con base en ello este órgano jurisdiccional estar en condiciones de emitir una determinación apegada a la realidad jurídica del asunto justiciable. En las relatadas condiciones, con apoyo en los artículos 114, fracción I y II y 108, fracción V, de la Ley de Amparo, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído cumpla con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, manifieste la fecha en que tuvo conocimiento o, le fue notificada la resolución emitida el treinta de junio de dos mil veintidós por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación I-172/2022; pues no se advierte ese dato de su demanda. En el entendido de que dicho tópico constituye parte de los "antecedentes del acto reclamado" que deben expresarse bajo protesta de decir verdad en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, tal cual lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 334/2013. Apercibimientos. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con las prevenciones citadas, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. De igual forma, se le hace saber a la parte quejosa, que la prevención de mérito debe desahogarla el quejoso directo, o su apoderado, no así aquella persona autorizada en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que esa facultad no le permite realizar cualquier acto en nombre del quejoso. En la inteligencia de que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es, el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los numerales 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, pues el ejercicio de la acción de amparo únicamente puede hacerse valer por quien alega sufrir un agravio personal y directo, es decir, por el titular de la acción. Por tanto, el escrito aclaratorio de la demanda de amparo debe contar con la firma autógrafa del quejoso y, en ningún caso, podrá sustituirse por los autorizados. Lo anterior lo sustenta, la tesis jurisprudencial 1a./J.50/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo I, agosto 2014, Décima época, página 210, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". 1.3. Domicilio procesal y, autorizado. Como lo solicita la promovente, se comisiona a la oficial SISE a efecto de que registre y autorice el usuario firel "Margaritolopezm", a fin de que se le permita el acceso al expediente electrónico y a través de éste se realicen las notificaciones de este asunto; de igual forma se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Margarito López Martínez, quien cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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