Ramón Vargas Villanueva
Expediente 997/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 31/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramón Vargas Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Santiago Orozco Valencia, representante especial de los menores Julián Ramón, José Bernardo e Itzia Guadalupe, todos de apellidos Vargas Villanueva; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del precepto 2, como lo solicita expídasele a su costa copia certificada de las constancias que indica, sin perjuicio de que las haya solicitado simples, toda vez que el numeral en comento no permite la expedición de copias simples. De igual forma se le tiene autorizando a las personas que indica en su ocurso únicamente para recibirlas, previa comparecencia que por su recibo se deje en autos, para debida constancia legal. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 9774, con el que se notificó el proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve y se le remitieron las constancias que exhibió como justificación a su informe de ley, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de garantías; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ni existen documentos originales, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Toda vez que del sumario se aprecia que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió un tomo de prueba y en razón de que este juicio de amparo se encuentra concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta súplica del acuse de su recibo; en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días, se tendrán como recibidos a su entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-997/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, ante la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Ramón Vargas Villanueva, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia dictada por el titular de dicha sala el once de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca 288/2018. Acto que consideró violatorio de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. SEGUNDO. Incompetencia. La autoridad responsable, por oficio 1260 de catorce de noviembre del año próximo pasado, remitió la demanda de amparo, los autos del toca de apelación y del juicio familiar de origen y su informe justificado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, para que los enviara al tribunal correspondiente. El conocimiento del asunto tocó al segundo de dichos tribunales, cuyos magistrados integrantes, por acuerdo plenario de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, declararon carecer de competencia legal para resolver el asunto, virtud a que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que, sin resolver el fondo, ponga fin al juicio, en consecuencia, ordenaron remitir la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, para que la turnara al correspondiente. TERCERO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, conoció de la demanda este Juzgado Cuarto de Distrito en Michoacán, con residencia en Morelia; por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 39 a 41), se admitió a trámite la demanda y registró con el número 997/2018; se reconoció el carácter de tercero interesado a Celia Cruz Melgarejo, por sí y en representación de sus tres hijos menores de edad; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para la audiencia constitucional. Por último, la audiencia constitucional se celebró el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer del presente juicio, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que el acto reclamado se atribuyen a autoridad judicial que tiene su residencia donde esta potestad federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Con relación a la fijación del acto reclamado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, de acuerdo con los criterios resaltados y el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se deben armonizar todos los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y del resto de las actuaciones practicadas para definir la intención del quejoso. Con esa base, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias que, en apoyo a su informe, remitió la autoridad responsable, se advierte que el quejoso reclama: Del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán: la sentencia de once de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 288/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí tercera interesada, contra la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia -promovido por el quejoso- derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria 143/2012, sobre pago de alimentos provisionales. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el magistrado responsable (foja 17) confirmó la existencia del acto reclamado; motivo por el cual se tiene por acreditada plenamente su existencia. Además, su certeza se corrobora con las constancias que integran el toca 288/2018; que remitió en apoyo a su informe con justificación, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición del artículo 2o., de esta última. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, este juzgador no advierte, de oficio, la actualización de alguna causa de improcedencia que impida el estudio del fondo de este asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su trascripción; además, el hecho que no se trascriban no la deja en estado de indefensión, pues no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma y, por otra parte, si no se trascriben, de ninguna forma implica que se dejen de observar los principios de congruencia y exhaustividad con que deben cumplir las sentencias de amparo. Sirve de apoyo para lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Estos son ineficaces. En principio, se precisa que en el procedimiento de origen están involucrados los derechos de los menores J.B. e I.G. de apellidos Vargas Villanueva y, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, los órganos de amparo están obligados a suplir la queja en materia civil, en los supuestos en los que se afecten derechos de menores o incapaces, se afecte la estabilidad de la familia, o se advierta una violación evidente; en ese sentido, opera a favor de los menores referidos el beneficio de suplencia de la queja deficiente con la mayor amplitud.; por tanto, de ser necesario, este órgano debe aplicar la suplencia, y resolver privilegiando la salvaguarda de sus derechos. Sin embargo, se inadvierte que las decisiones que serán analizadas puedan afectar el interés superior de los menores o la estabilidad de la familia, que amerite corregir; además de que, el quejoso no los representa y, por lo contrario, su pretensión con la promoción del incidente, materia del juicio de amparo, es contraria a los intereses de aquéllos, pues pretende la reducción de la pensión alimenticia fijada a su favor, así como de sus tres hermanos mayores de edad y su madre. No se soslaya las manifestaciones del representante especial de los menores, presentadas por escrito de once de febrero anterior, por las que aparentemente pide se conceda la protección constitucional al quejoso, sin embargo, del contenido íntegro de su escrito, se advierte que, en realidad, pretende es que se garanticen los derechos fundamentales de aquéllos, específicamente el pago de alimentos, sin que opere su disminución; de modo que su pretensión es contraria a lo intentado por el quejoso con la promoción del juicio de amparo. Precisado lo anterior, los conceptos de violación son ineficaces, calificativa que se presenta ante la actualización de impedimento que imposibilita el examen del planteamiento efectuado, el cual puede derivar, entre otros supuestos, cuando aquéllos no controviertan de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen el fallo recurrido. Afirmación que encuentra apoyo, por similitud jurídica, en la jurisprudencia 2a./J. 188/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 424, Tomo XXX, Noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". Se concluye lo anterior pues el inconforme omite expresar argumentos relacionados con las circunstancias del caso, tendentes a controvertir de manera directa e inmediata y a patentizar la ilegalidad que atribuyen a la sentencia reclamada. Para una mejor comprensión del asunto, se precisan los principales antecedentes del acto reclamado, que se deducen del toca 288/2018, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado: Por resolución de quince de marzo de dos mil doce, el juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán, resolvió las diligencias de jurisdicción voluntaria -expediente 143/2012-, que sobre pago de alimentos provisionales promovió Celia Cruz Melgarejo, por sí, y en representación de sus hijos, J.B., I.G. -aun menores de edad- y José Bernardo, María Cristina y Citlalli Yunuen, -actualmente mayores de edad- todos de apellidos Vargas Cruz, a cargo del quejoso Ramón Vargas Villanueva; en el sentido de fijar, por ese concepto, de forma mensual, el 60% del sueldo total del deudor. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho ante el juzgado de origen, Ramón Vargas Villanueva promovió incidente de reducción de pensión alimenticia contra Celia Cruz Melgarejo, por sí y representación de sus hijos, en ese momento menores de edad José Bernardo, J.R. y I.G. de apellidos Vargas Villanueva; y contra sus diversas hijas mayores Citlalli Yunuen y María Cristina Vargas Cruz. Seguido el procedimiento incidental, el juez de origen dictó sentencia interlocutoria el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, por la que declaró procedente el incidente y ordenó la reducción de la pensión alimenticia al cuarenta por ciento mensual del total de sus percepciones salariales. Inconforme con esa resolución, Celia Cruz Melgarejo, por propio derecho, y en representación de sus hijos, menores y mayores de edad, interpuso recurso de apelación en su contra, del que correspondió conocer al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, por sentencia de once de octubre de dos mil dieciocho, revocó el fallo recurrido y declaró improcedente el incidente, dejando a salvo los derechos del incidentista, para que, en su caso, los ejerciera en la vía legal correspondiente. -sentencia que constituye el acto reclamado- Síntesis de la sentencia reclamada. Para declarar la improcedencia del incidente, el magistrado responsable esencialmente consideró que está facultado para estudiar oficiosamente si la vía en que se tramitó el incidente de origen es la correcta; para ello, precisó el marco constitucional, legal y jurisprudencial del que deriva que la idoneidad de la vía es un presupuesto procesal, cuyo estudio es de orden público, que puede analizarse de oficio, para cumplir con los derechos de legalidad y seguridad jurídica, tutelados por el artículo 14 constitucional; así mismo, precisó lo que implica el derecho a la tutela judicial efectiva, los enfoques que comprende, entre ellos, el acceso a la justicia; no obstante, dijo, para acceder a esta prerrogativa es necesario que previamente se advierta la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos, para ello, el artículo 17 constitucional establece condiciones para el acceso a la jurisdicción y regula distintas vías y procedimientos, cada uno, con diversos requisitos de procedencia. Luego, precisó que de las constancias integrantes del testimonio de apelación se advierte que la pensión alimenticia cuya reducción reclama el aquí quejoso, se fijó en resolución de quince de marzo de dos mil doce, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 143/2012, con base en la norma vigente a la fecha en que se instó el procedimiento, - veintiocho de febrero de dos mil doce-, esto es, conforme a lo establecido en el Código Familiar de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del estado el once de febrero de dos mil ocho; el cual es aplicable a los procedimientos familiares desde su vigencia y hasta que, gradualmente, entró en vigor el código de la misma materia, publicado el treinta de septiembre de dos mil quince; de cuyos artículos segundo, tercero y cuarto transitorios, deriva que, el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis entró en vigor en Apatzingán, Michoacán, el actual Código Familiar de Michoacán, y la legislación abrogada es aplicable únicamente a los asuntos en que la demanda o solicitud de hubiere presentado previo a la vigencia de la actual codificación El incidente fue promovido por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, bajo la vigencia del Código Familiar de dos mil quince, por tanto, le son aplicables las disposiciones ahí contenidas, en consecuencia, el incidente debió sustanciarse atendiendo las reglas del juicio especial oral, conforme a lo dispuesto por el artículo 1000, fracción I, de dicha codificación. Con esa base, es incorrecta la vía incidental, pues la legislación familiar no contempla que las cuestiones alimentarias deban sustanciarse en esa vía, sino mediante el juicio especial oral. Lo anterior, pues la garantía de acceso a la impartición de justicia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales, de lo contrario se daría al derecho de tutela judicial efectiva un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legales y constitucionales que guardan una razonable relación de proporcionalidad; dicho derecho no implica desconocer presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de acciones, que son propios de una eficaz y expedita administración de justicia, acordó con el artículo 17 constitucional. Ahora, en sus conceptos de violación, contra esas consideraciones, el quejoso expone que se viola en su perjuicio lo establecido por los artículos 860, 863, 865 y 866 del código adjetivo civil, vigente en la fecha en que promovió el incidente de reducción de pensión alimenticia, pues la vía incidental es la correcta e idónea, con aplicación de lo que establece el mencionado código adjetivo; asimismo, afirma que el magistrado contravine lo establecido en las tesis provenientes de tribunales colegiados de circuito, de rubros: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO OCURRA UN CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN ORIGINALMENTE PLANTEADA, PUEDE SOLICITARSE LA REDUCCIÓN, MODIFICACIÓN Y CESACIÓN DE AQUÉLLA EN LA VÍA DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR O EN LA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)" y "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SI EL DEUDOR ALIMENTARIO NO ESTÁ CONFORME CON EL MONTO IMPUESTO DEBE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE REDUCCIÓN RELATIVO POR SER EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR ESA DISMINUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Como se adelantó, lo expuesto es ineficaz, porque por su conducto no se combaten las consideraciones que rigen la sentencia reclamada. En efecto, el quejoso afirma que la vía incidental que promovió para solicitar la reducción de la pensión alimenticia a su cargo es la idónea, sin embargo, el único argumento que expone para sostener esa afirmación, es que la sentencia recurrida, que consideró lo contrario, es violatoria de lo establecido por diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, comprendidos en el capítulo de los incidentes, y de dos tesis aisladas de tribunales colegiados de circuito que interpretan legislaciones de entidades federativas diversas a Michoacán. De inicio, las normas que regulan la tramitación de los incidentes, conforme al Código Adjetivo Civil de Michoacán son inaplicables al caso concreto, pues el procedimiento de origen deriva de una controversia en materia familiar, la cual está específicamente regulada, actualmente, por el Código Familiar de Michoacán publicado el quince de septiembre de dos mil dieciocho, y antes, por el código de la misma materia, publicado el once de febrero de dos mil ocho, actualmente abrogado; y si bien, las citadas legislaciones prevén la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán a los procedimientos del orden familiar, la limita a que las disposiciones de la legislación civil que se pretendan aplicar no contravenga lo dispuesto por la normativa familiar; de modo que si la legislación familiar, específicamente aplicable al caso justiciable, dedica un título a la tramitación de los incidentes que pueden promoverse derivado de los juicios y procedimientos del orden familiar, entonces, inexiste base para aplicar supletoriamente las normas que rigen a los incidentes dispuestas en la legislación civil. Por otro lado, las tesis aisladas que cita son inatendibles, pues no vinculan a este juzgador en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y si bien pudieran ser orientadoras, lo cierto es que interpretan las legislaciones de Chiapas y el Estado de México, cuyas disposiciones no coinciden con las establecidas en el código familiar michoacana aplicable al caso concreto. En ese sentido, es innegable que con lo expuesto no se controvierten las consideraciones fundantes del acto reclamado, pues al menos, el quejoso debió dirigir sus argumentos a justificar por qué, contra lo expuesto por la autoridad responsable, a pesar de que promovió el incidente de origen con la vigencia del Código Familiar de Michoacán, publicado en dos mil quince, le es aplicable el anterior código publicado en dos mil ocho, actualmente abrogado, y en consecuencia, sea procedente la vía incidental para obtener la reducción de la pensión alimenticia fijada a su cargo mediante diligencias de jurisdicción voluntaria, promovidas conforme a la citada legislación abrogada. Por tanto, como se indicó, sus afirmaciones son ineficaces, debido a que todo motivo de inconformidad debe contener los argumentos necesarios destinados a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, son insuficientes para que este juzgador, válidamente, realice el estudio relativo, por lo que dicho tópico debe seguir rigiendo en sus términos. Sólo a mayor abundamiento, al margen de la insuficiencia de los conceptos de violación destacada, es correcta la determinación de la autoridad responsable, en el sentido de que el incidente promovido por el quejoso para obtener la reducción de la pensión fijada a su cargo es improcedente. En efecto, el quejoso promovió el incidente para obtener la reducción de la pensión alimenticia fijada en las diligencias de jurisdicción voluntaria 143/2012 el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, cuando ya estaba vigente el Código Familiar, publicado en el Periódico Oficial de Michoacán el treinta de septiembre de dos mil quince, pues conforme a su artículo segundo transitorio, en el Distrito de Apatzingán inició su vigencia, el día hábil siguiente a los ciento ochenta días naturales al de su publicación, esto es el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Ahora, conforme a artículo 1000, fracción I, del citado código familiar vigente, todas las controversias relacionadas con alimentos se tramitarán en la vía especial oral familiar; lo que veta la posibilidad de que la reducción de los alimentos previamente fijados, pueda ser decretada vía incidental. No obsta para considerar aplicable la citada legislación familiar vigente, que la pensión alimenticia cuya reducción pretende, derive de la resolución dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria 143/2012 y que éstas se hubiesen tramitado conforme a las disposiciones del Código Familiar, actualmente abrogado. Lo anterior, porque la ley procesal conforme a la cual debe tramitarse un asunto de jurisdicción voluntaria es la vigente en el momento en que se actúe procesalmente, ya que las leyes que regulan sólo procedimientos sin afectar cuestiones sustantivas, son de inmediata ejecución y pueden aplicarse, desde luego, aun cuando los derechos que se discutan, hubiesen tenido su origen con anterioridad a su vigencia, esto es, no lesionan derechos adquiridos sino modifican simples expectativas de derecho. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido siguiente: "NORMAS PROCESALES, SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Tratándose de normas procesales, las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento en vigor al momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni al de las vigentes cuando el juicio inicie, toda vez que los derechos emanados de tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se hayan establecido disposiciones expresas sobre su aplicación en otro sentido. En consecuencia, cuando se trata de normas de carácter adjetivo no puede alegarse la aplicación retroactiva de la ley, proscrita en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, conforme a lo establecido en los artículo 943 y 945 de la citada legislación abrogada, conforme a la cual se tramitaron las diligencias de jurisdicción voluntaria, donde se fijó la pensión cuya reducción se pretende, ese procedimiento comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, no tiene un carácter contencioso; entre los actos que se tramitan en jurisdicción voluntaria, está la solicitud de alimentos provisionales, en términos de los artículo 954, 955, 961 y 962 del ordenamiento invocado y dicho procedimiento concluye con la resolución que niega los alimentos o los decreta a cargo del obligado alimentario, quien carece de facultades para impugnarla. Con esa base, si, con posterioridad a la conclusión de dicho procedimiento, varían las circunstancias particulares que motivaron la fijación de la pensión, y una de las partes solicita su aumento o reducción, esto comprende una nueva etapa procesal que debe tramitarse conforme a la legislación familiar vigente en ese momento, y no en aquella conforme a la cual se tramitó el procedimiento primigenio, pues éste concluyo. Si bien, conforme a la legislación abrogada, cuando cambiaren las circunstancias que rigieron para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional, el acreedor podía solicitar su aumento o bien, el deudor su reducción, en la vía incidental, de acuerdo a sus numerales 942, 949, 966, dicha disposición no está contenida en la legislación vigente, pues en esta, conforme al antes mencionado artículo 1000, fracción I, toda controversia relacionada con alimentos, lo que invariablemente comprende la reducción de los previamente fijados, sean de forma provisional o definitiva, debe tramitarse en la vía especial oral familiar; esto es, no contempla la promoción de incidentes para variar dicho obligación alimentaria. De ahí que, sólo habría sido procedente el incidente intentado, si éste se hubiese promovido previo a la entrada en vigor del nuevo código; pero al no ser así, deriva en la legalidad de la resolución reclamada. Con base en lo expuesto, como no se demostró la inconstitucionalidad del acto reclamado, ante la ineficacia de los conceptos de violación, e inadvertir causa para suplir la queja en favor de los menores involucrados, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Antes de concluir, respecto de los argumentos que el representante especial de los menores terceros interesados, hace valer en vía de alegatos, atento al artículo 76 de la Ley de Amparo, éstos fueron examinados en conjunto con los conceptos de violación formulados. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Ramón Vargas Villanueva, contra la autoridad y acto precisados en el considerando segundo de esta ejecutoria, por los motivos expuestos en el diverso sexto.
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