Raquel Ines Salazar Rojas
Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Raquel Ines Salazar Rojas
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustada al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento signado por la quejosa, a través del cual se desiste del juicio de amparo en que se actúa; de igual forma, se advierte que en la comparecencia que antecede, la quejosa ratifica su escrito de desistimiento; en tales condiciones, lo procedente es tener a Raquel Inés Salazar Rojas, por desistida en su perjuicio de la demanda de amparo que promovió contra actos de la Jueza Titular del Juzgado Segundo Mercantil de Colima; y otra autoridad, por violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En ese tenor, es evidente que en el caso debe desecharse la demanda de amparo, pues en el presente asunto se encontraba con prevención, tal como se advierte del proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se actualizarse por similitud jurídica substancial la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Dicho numeral prevé: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I.- El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificara personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuara el juicio." En efecto, de conformidad con el precepto trascrito, una de las causas de sobreseimiento en el juicio es el desistimiento de la demanda, lo que constituye la renuncia por parte del quejoso a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Sobre este contexto, cabe precisar que, según lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que ésta pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad, lo que así se encuentra reconocido en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que al manifestar el quejoso su deseo de desistirse de la demanda amparo, se actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, pues la parte quejosa en todo momento conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, según lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, que es del rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Luego, si tenemos en cuenta que la parte quejosa, expresó su voluntad de desistirse del juicio constitucional; entonces, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo interpuesta por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica substancial, la tesis visible en la página 681, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso se desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer en el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo anterior, archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Por último, como lo solicita la quejosa en el documento registrado con número de folio 2111, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos que solicita y obran agregados en el expediente, previa razón de recibo que de ello se otorgue al momento de su entrega. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
notificacion persponal
- Principal
Téngase por recibido el escrito de ***, con el cual cumple con la prevención efectuada en autos; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito aclaratorio se advierte que la quejosa señala: "..la demanda de amparo de que se trata, la promuevo por derecho propio, (...). Pero también como apoderada de la aquí tercero interesada **** (.) Lo cual genera incertidumbre respecto de si la quejosa promueve a favor de *****, asimismo la señala como tercera interesada, pues no obstante que manifiesta que promueve a favor de su poderdante ya citada, señala que la misma le quiere quitar su casa que aduce le compró a la referida ****, la ubicada en la calle ****, en Villa de Álvarez, Colima, en contubernio con el banco que aduce ser tercero interesado y quien fue actor en el juicio de origen de donde derivan los actos reclamados; lo anterior, como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) manifiesto que la información que me proporcionó el banco respecto a la cantidad pendiente de liquidar, me la proporcionó como Apoderada de la señora CONSULEO MOJARRO SERRANO, ya que previamente acredite ante dicha Entidad Mercantil, mi carácter de "DUEÑA", respecto de la Finca Urbana marcada con el número 55, de la Calle Lagunas, Fraccionamiento "Bugambilias", de Villa de Álvarez, Colima, mediante la Escritura Pública Número 17,250, que contiene el PODER GENERAL PARA PELITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO, IRREVOCABLE Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO RESPECTO DE LA FINCA QUE HOY DEFIENDO EN VIA DE AMPARO Y QUE EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2009, COMPRE DE BUENA FE. Aclarando que la información del banco, respecto del saldo o finiquito por un monto de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS) que me negué a cubrir por razón de que se me dijo que dicho depósito tendría que realizarse en una cuenta diversa, que la suscrita no conocía, lo fue el día 13 de diciembre del año 2022 dos mil veintidós; no obstante que, al parecer, la DEMANDA DEL RESPECTIVO JUICIO EN VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA, se habría presentado el 16 de noviembre del año 2021, es decir, MÁS DE UN AÑO Y UN MES ANTES DE RECIBIR LA INFORMACIÓN CUESTIONADA; circunstancia ésta, agrego, de la que se desprende dolo y mala fe, para favorecer a mi "VENDEDORA" CONSUELO MOJARRO SERRANO, quien a la postre con éstas maniobras pretende recuperar una finca que hace más de doce años vendió y que ya se le pagó" (Énfasis añadido). Nueva prevención. Ante dichas incongruencia señalada en párrafos que precede y al advertir nuevos requisitos a satisfacer, previo al pronunciamiento sobre la competencia y procedencia de la demanda, da pauta a una nueva prevención adicional a lo requerido a la parte quejosa, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracción IV, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, manifieste: Qué carácter le atribuye a *****, si el de quejosa o de tercera interesada. Lo anterior, porque la referida **** no puede tener en el presente juicio de amparo un doble carácter, de quejosa y tercera interesada, pues como propiamente lo expresa la promovente, ella pretende recuperar el bien inmueble que aduce le compró, lo que da lugar a actualizar la hipótesis que establece el artículo 5°, fracción III, inciso a) y b), como aquella persona que tiene interés jurídico en que subsista el acto reclamado, o bien, porque tiene un interés contrario a la directa promovente; es decir, no prosigue el mismo interés; pues, de concurrir así, se contravendría los principios del juicio de amparo de instancia de parte agraviada y el de relatividad de la sentencias, establecidos por los artículos 1° y 4° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido que tampoco puede aducir que viene por derecho propio y como apoderada de Mojarro Serrano, porque existe un conflicto de intereses. Apoya lo anterior, la tesis XXVII.3 K, publicada en la página mil ciento veintiuno, Tomo XVII, Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO.- De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en esa primera ocasión. Por tanto, dígasele a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del plazo otorgado en el proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. Consecuentemente, ante incongruencias descritas, desde este momento se interrumpe el plazo de cinco días concedido en auto de radicación, en virtud de que presentó su ocurso de cuenta el ocho de febrero del año en curso; esto es, en el segundo día en que surtió efectos la notificación del mencionado proveído, de ahí que quedan cuatro días a fin de que cumpla debidamente con lo requerido en proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés; sin que esté por demás precisar, que el plazo será reanudado una vez que surta efectos la notificación que del presente auto se practique. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a/J. 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, Noviembre de 2003, materia Común, página 133, que establece: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala Penal, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así como la tesis Suprema Corte de Justicia del Nación, Pleno, Quinta Época, Tomo XII, página 102, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. De igual manera, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Juez Segundo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en esta ciudad; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 117/2023-III. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario *****del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Partido Judicial, con sede en Colima, y sus consecuencias legales. Por otra parte, en el capítulo de acto reclamado refiere antecedentes relativos a que estuvo realizando pagos hasta finales del año dos mil veintidós, porque el propio banco le informó que el crédito ya se había cubierto y que sólo faltaba una cantidad aproximada de $30,000.00 (treinta mil pesos), en concepto de finiquito, lo cual indica se negó a cubrir porque se le indicó que el depósito respectivo lo realizara a una diversa cuenta bancaria que no conocía. Asimismo, en el punto 2 de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la promovente refiere que *****, le otorgó poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, de carácter irrevocable, única y exclusivamente para ser utilizado respecto de la finca urbana marcada con el *****, de la calle ******** del cual anexa copia copia certificada. Ahora bien, del proemio de su demanda la peticionaria del amparo refiere que promueve el amparo por su propio derecho; sin embargo, adjunta poder otorgado por ***** por lo que es necesario que precise si la demanda la promueve por su propio derecho o también como apoderada de la citada ****. Prevención Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 114, fracción IV, en relación con el 110, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio (4) para para correr traslado a las partes, dos terceros interesados, Agente del Ministerio Público de la Federación y formar el incidente de suspensión, dé cumplimiento a lo siguiente: Precise si la demanda la promueve por su propio derecho o también en representación de ******. Amplíe los antecedentes en los que manifieste si la información que le proporcionó el banco respecto a la cantidad pendiente de liquidar se la proporcionó como deudora directa o como apoderada de *****, así como la fecha en que recibió la citada información. En ese tenor, dígasele al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa el promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. Así como la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. De igual manera, se hace el apercibimiento al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin prejuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como autorizada en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por otra parte, únicamente como autorizado a *****, en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.
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