Ranulfo Cortes Gutiérrez y Otros.
Expediente 1430/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1430/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ranulfo Cortes Gutiérrez y Otros.
- J.E.C.M. [MENOR] y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad ****, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar de Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4°, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1430/2022-III. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La omisión de proveer dentro de los autos que integran el expediente 21-1336-114F, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, por audiencias del Distrito Judicial de Bravos, que actualmente exista un régimen presencial de convivencias, libre entre su menor hijo J.E.C.M. y la omisión de proveer una terapia de re vinculación y restitución del vínculo parental y sus consecuencias. Desechamiento de la demanda Bajo tal aspecto, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de amparo de que se trata, en atención a lo siguiente: El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 120/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Lo anterior, en relación con el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada...". Así, como lo previsto en el diverso 6° de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De los preceptos legales antes transcritos, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser promovido a instancia de parte agraviada, por ello, la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos citados con anterioridad. Así, es menester destacar que la demanda de amparo de cuenta fue presentada vía electrónica, sin firma autógrafa, ya que sólo se aprecia un escrito escaneado sin firma o rúbrica, lo cual de ningún modo puede crear convicción de que contenga la voluntad de la parte que aparentemente aduce promover. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ella de manera autógrafa (pues se observa que se trata de un escrito escaneado sin firma o rúbrica plasmada), debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6° de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama; por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado autógrafa o electrónicamente por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma original, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Pues, la firma autógrafa o electrónica imprime la expresión de la voluntad a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en el ocurso. Por tanto, si un escrito sin firma o huella digital es un simple papel en el que no se incorpora la voluntad del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en la demanda de amparo o la sola copia simple de la firma, trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez de la promoción. En relación con lo anterior, cabe traer a cuenta lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 32/2011, número de registro 2000130, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA" en la que se sustentó esencialmente en las siguientes consideraciones: "SEXTO. Estudio de fondo. Establecido lo anterior, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que, en el caso, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se desarrolla: En términos de lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, todas las promociones que se presenten en esta clase de juicios deberán hacerse por escrito, salvo las que se realicen en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere el artículo 117 del propio ordenamiento. En esta lógica, es claro que, con excepción de los supuestos expresamente señalados en el precepto aludido, cualquier promoción que se presente dentro de los juicios de amparo, debe hacerse en la forma mencionada. Ejemplo de lo anterior, son las previsiones contenidas en los artículos 88 y 116 de la normatividad en cita, que prevén, expresa y respectivamente, que los recursos de revisión y las demandas de amparo deben presentarse de esta manera. Ahora bien, atento a lo señalado, es menester destacar que al tratarse de promociones escritas, es necesario que éstas cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente para realizar el acto procesal correspondiente, así como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. En efecto, la importancia de que el promovente asiente su firma autógrafa dentro del escrito correspondiente, se desprende de la necesidad de que exista una manifestación auténtica de su propósito de poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales e iniciar, o continuar, con la tramitación de los juicios respectivos. Así las cosas, es claro que las promociones presentadas en forma diversa a la señalada, esto es, aquellas que carezcan de firma, o bien, en las que ésta no haya sido asentada de manera autógrafa, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, por tanto, serán insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate, sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas." Ahora bien, de la anterior transcripción se debe destacar que el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece que todas las promociones que se presenten en esta clase de juicios deberán hacerse por escrito, salvo las que se realicen en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere el artículo 117 del propio ordenamiento. Atento a ello, es necesario que dichos escritos cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente para realizar el acto procesal correspondiente, así como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley, ya que de no ser así, es decir, de presentar escritos que carezcan de firma, o bien, en las que ésta no haya sido asentada de manera autógrafa, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y resultan ser insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate. Sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas y que éstas cuenten con la firma autógrafa de quien las suscribe, con la finalidad de acreditar la voluntad del promovente. Pues el promovente tiene la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte). De acuerdo a lo establecido en la ley, la firma autógrafa; es la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación volumen 181-186 Quinta Parte, página 71, registro 242775, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad ****** presentado por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad, pues la misma fue presentada sin firma autógrafa del accionante; signo que resulta ser un requisito esencial de validez para dar certeza de la voluntad de quien aparentemente promueve. Por igualdad de razón, tiene aplicación la tesis 2a. XXII/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de abril de dos mil dieciocho, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que la autógrafa. De esta manera, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado. Robustece lo anterior, la boleta de turno remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en esta ciudad capital, en la que se asienta, que la demanda de amparo, fue presentada sin firma. En consecuencia, al no advertirse la firma original autógrafa de ****, en la demanda que se provee, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 de la de la legislación mencionada en primer término; por lo que se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que a criterio de este juzgador, el caso concreto se encuentre dentro de las hipótesis de asuntos considerados de tramitación inmediata previstos en los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que no tienen inscrita su cédula profesional, las señaladas con número *****, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.
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