Raquel Drouaillet Miranda
Expediente 168/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 39 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raquel Drouaillet Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración de dicho cuaderno original y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Jueza Segundo de Primera Instancia con sede en esta ciudad por sí y en representación del Secretario y de la Actuaria de su adscripción, el cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del juicio ordinario mercantil ********************, de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que no se ha emplazado al presente juicio a Araceli Gutiérrez Pérez, a quien le asiste el carácter de tercera interesada, y que ha transcurrido el término de veinte días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, para que acreditara ante este órgano jurisdiccional las gestiones tendientes para publicar los edictos que se dejaron a su disposición, sin que la parte quejosa haya cumplido con lo anterior; en consecuencia se provee lo siguiente: En el caso, se considera que se actualiza la causa directa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. [.] Dicho numeral establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso no acredite sin causa razonable haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, más aún, en el caso el impetrante del amparo omitió injustificadamente diligenciarlo. Ahora bien, por su parte el artículo 27 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dicho ordenamiento legal establece que la primera notificación a la parte tercera interesada deberá de ser personal, pero cuando no conste en autos el domicilio el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado, si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, asimismo de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la parte tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Máxime que, incluso el quejoso no compareció a recoger los edictos expedidos para tal efecto y ponderando las particularidades del caso, se desprende que el impetrante tampoco realizó manifestación alguna en torno a la existencia de alguna imposibilidad para cubrir un gasto de esta naturaleza, por lo que no se actualiza la hipótesis de que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero interesado, por lo que no se deja en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso, para evidenciar la causa de sobreseimiento previsto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, conviene hacer una relación de las gestiones que se desprenden de autos, a fin de llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez: 1. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el veintinueve de marzo de dos mil veintidós; Raquel Droauillet Mirando, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: La orden de desocupación del bien inmueble ubicado en Lote de veinte de la Manzana Treinta (actualmente Calle Álamo Esquino con Oyamel número 38) fraccionamiento la Florida en esta Ciudad y sus consecuencias traducidas como la demolición realizada en dicho inmuebley Todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 1119/2018-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Poza Rica, Veracruz. 2. El uno de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo, se registró en el libro de juicios de amparo con el número 168/2022, se admitió a trámite, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, se fijó fecha de audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se ordenó reservar el emplazamiento de los terceros hasta que obraran los informes justificados de las autoridades responsables. 3. En auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado. 4. Posteriormente, mediante razón actuarial acordada en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el actuario manifestó su imposibilidad de emplazar a la tercera interesada, por lo se le requirió a la parte quejosa para que señalara el domicilio actual y correcto de Araceli Gutiérrez Pérez. 5. En consecuencia, en auto siete de junio de dos mil veintidós, oficiosamente se inició la investigación, de oficio, del domicilio de la tercera interesada, girándose oficios al: 1. Instituto Mexicano del Seguro Social; 2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 3. Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis del Registro Federal de Electores de la Quinta Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; 4. Jefe del Departamento de la Comisión Federal de Electricidad; 5. Comisión del Agua del Estado de Veracruz; 6. Teléfonos de México; 7. Director del Catastro Municipal; 8. Encargado del Registro Público de la Propiedad en la Séptima Zona Registral; 9. Encargado del Registro Civil; y 10. Jefa de Jurisdicción Sanitaria; todas con residencia en esta ciudad, así como al 11. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, domiciliado en Xalapa, Veracruz; a fin de que informaran si en sus registros tenían algún domicilio a nombre de la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez. Luego, en diversos acuerdos, se tuvo a todas las autoridades informando sobre el domicilio sin poder llevar tampoco su emplazamiento, no obstante de haber obtenido diversos domicilios y pese haber comisionado a los actuarios adscritos y mandado los respectivos exhortos sin obtener noticia favorable en cuanto al paradero de la tercera interesada en mención. 6. Por ello, mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez, por edictos, auto que se notificó al quejoso por lista de acuerdos de nueve de septiembre de dos mil veintidós. 7. Finalmente, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, compareció ante este juzgado a recoger los edictos en cumplimiento al proveído citado en el párrafo que antecede. Sin que a la fecha la parte quejosa haya acreditado a este juzgado las gestiones tendientes para publicar los edictos que se dejaron a su disposición, ni manifestación referente a las gestiones que esté llevando a cabo, o bien alguna imposibilidad jurídica al respecto. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no acreditar las gestiones tendientes para publicar los edictos que se dejaron a su disposición y que incluso ya transcurrieron los veinte días que refiere el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, por tanto, es inconcuso que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso a la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No debe olvidarse que, finalmente, el ordenar el emplazamiento por edictos fue producto de que pese a las investigaciones realizadas no se conoció domicilio eficaz donde llevarlo a cabo y la parte quejosa mantuvo silencio ante el último requerimiento que se le hizo para que proporcionara a este juzgado una dirección certera donde localizar a la citada tercera interesada. Así, se advierte que la parte quejosa al haber comparecido a recoger los edictos sin acreditar la publicación de los mismos, o incluso alguna gestión al día de hoy, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo, y al ser así, es inconcuso que debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, pues, con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación del quejoso recoger y acreditar haber entregado para su publicación los edictos que se le dejaron a su disposición, tal como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto, además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia que se cita a continuación, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito. La jurisprudencia en comento es la siguiente: "Época: Novena Época Registro: 186587 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 64/2002 Página: 211 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Con lo anterior, la suscrita no soslaya el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 164074 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2010 Página: 416 EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Lo anterior es así, ya que si bien se debe ponderar una vez que haya realizado la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, las particularidades del caso, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos), y lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte disconforme haya acudido a manifestar imposibilidad alguna para pagarlos y/o publicarlos y menos aún haya acreditado en autos carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 2a./J.108/2010 transcrita, pues no cobraba aplicación ante la falta de la parte quejosa de expresar imposibilidad alguna. Incluso, la parte quejosa, no manifestó algún impedimento legal que haya tenido para acreditar las gestiones necesarias para su publicación, o bien, alguna manifestación que demuestre ante la suscrita un interés en la continuación de este juicio de amparo. Todo esto, a pesar de estar debidamente notificado del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós-mismo que se notificó por lista de acuerdos, por así estar ordenado en diverso de ocho de septiembre de dos mil veintiuno-, en el que se hizo de su conocimiento el plazo y términos que se establecen para la publicación de edictos. Sirve de sustento a lo anterior el criterio siguiente: "Registro digital: 2009915 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 27/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 27 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Tampoco se desatiende la diversa jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 174730 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Julio de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 91/2006 Página: 349 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que se requiera emplazar a un tercero perjudicado de quien se desconoce su domicilio, es necesario que el juzgador agote las siguientes etapas: requerir al quejoso para que lo proporcione; de no obtener dato cierto, requerir a las autoridades responsables para que lo señalen; en caso de no obtenerse, iniciar un procedimiento de investigación requiriendo a autoridades de cualquier índole que pudieran conocerlo, y si ello no arroja un resultado satisfactorio, deberá ordenarse el emplazamiento por medio de edictos a costa del promovente del juicio. Ahora bien, derivado de tal disposición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, sostuvo que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; sin embargo, este criterio no es aplicable en materia agraria, pues resulta evidente que si la regulación específica de la materia tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, ello implica la obligación del juzgador de considerar ciertos aspectos para la toma de decisiones; de manera que de presentarse los supuestos mencionados hasta ordenar el emplazamiento del tercero perjudicado a través de edictos a costa del quejoso con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, y darse el caso de que el promovente comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, el juzgador debe, exclusivamente en este supuesto, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión." Del citado criterio se advierte que en materia agraria el incumplimiento de recoger y pagar la publicación de los edictos no lleva a sobreseer en el juicio de amparo, sino que de manera oficiosa el Juez Federal deberá llevar a cabo las gestiones pertinentes para que la referida publicación sea pagada por el Consejo de la Judicatura Federal; pero por la relatoria efectuada y las constancias que obran en autos, el presente asunto no se encuentra vinculado con la materia agraria, de ahí que no se está en el supuesto antes aludido. Así, tenemos que se debe ponderar ambos derechos subjetivos públicos que están en juego, pues por un lado se tiene el derecho del quejoso de acceso a la justicia, y por el otro, el derecho que tiene la parte tercera interesada a intervenir en todas las etapas del juicio a fin de que subsista el acto reclamado y defender su derecho de reparación del daño. En consecuencia, en acatamiento a las jurisprudencias antes citadas y al dispositivo 63, fracción II de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, pues ante la omisión de la parte quejosa para acreditar las gestiones para acreditar el emplazamiento por edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, provoca la falta de conocimiento a la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez, para que pueda defenderse en el presente asunto; siendo relevante su emplazamiento, pues tiene interés directo en que el acto subsista; y por tratarse del amparo indirecto sí estaría en posibilidad de ofertar pruebas con el objeto de demostrar la constitucionalidad del acto reclamado por el impetrante, y siempre que no se opongan esas pruebas al artículo 75 de la Ley de Amparo. Por ello, se considera que existe imposibilidad para resolver de fondo el presente asunto, pues si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a los derechos de la multicitada parte tercera interesada, al no aplicar, por lo expuesto, ninguna de las hipótesis de excepción a que se refiere tales jurisprudencias. Aunado que hasta el momento, no se advierte que el quejoso tenga alguna imposibilidad que le haya impedido recoger los edictos para su publicación dentro del término establecido, y tampoco justificó el carecer de los recursos monetarios para efectuar la publicación del mismo, por lo que se considera que sí estuvo en posibilidad de cumplir la carga procesal que le correspondía y que era necesaria para poder proseguir esta instancia constitucional. Por otro lado, si bien es cierto existe la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 161091 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 84/2011 Página: 266 EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo; en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer a recogerlos o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera al quejoso el acceso a la justicia, máxime que tratándose de amparo directo estaría impedido para volver a promoverlo. Ello es claro e inconcuso, pues como se advierte de autos la parte quejosa no manifestó ni mucho menos acreditó algún impedimento legal que haya tenido para realizarlo o algo que demuestre interés en la continuación de este juicio de amparo. Congruente con lo hasta aquí expuesto, al actualizarse el motivo de improcedencia establecido en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber; porque se encuentra previsto por el inciso c), fracción I del artículo 81 de la ley de la materia, el cual revela que el sobreseimiento del juicio de amparo, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia de le ley. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, visto el oficio del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el veinticuatro de agosto devolvió sin diligenciar la comunicación oficial 275/2022 (279/2022) de su índice; agréguese a los autos para que obre como corresponda y sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento en virtud que en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibida dicha comunicación oficial. Notifíquese por lista a la parte quejosa, personalmente a la tercera interesada Dulce Karen Mendoza Terraza a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal en la forma prevista en la Ley de Amparo; y por oficio a las autoridades responsables. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
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(AVISO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que no se ha emplazado al presente juicio a Araceli Gutiérrez Pérez, a quien le asiste el carácter de tercera interesada, y que ha transcurrido el término de veinte días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, para que acreditara ante este órgano jurisdiccional las gestiones tendientes para publicar los edictos que se dejaron a su disposición, sin que la parte quejosa haya cumplido con lo anterior; en consecuencia se provee lo siguiente: En el caso, se considera que se actualiza la causa directa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. [.] Dicho numeral establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso no acredite sin causa razonable haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, más aún, en el caso el impetrante del amparo omitió injustificadamente diligenciarlo. Ahora bien, por su parte el artículo 27 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dicho ordenamiento legal establece que la primera notificación a la parte tercera interesada deberá de ser personal, pero cuando no conste en autos el domicilio el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado, si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, asimismo de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la parte tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Máxime que, incluso el quejoso no compareció a recoger los edictos expedidos para tal efecto y ponderando las particularidades del caso, se desprende que el impetrante tampoco realizó manifestación alguna en torno a la existencia de alguna imposibilidad para cubrir un gasto de esta naturaleza, por lo que no se actualiza la hipótesis de que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero interesado, por lo que no se deja en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso, para evidenciar la causa de sobreseimiento previsto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, conviene hacer una relación de las gestiones que se desprenden de autos, a fin de llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez: 1. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el veintinueve de marzo de dos mil veintidós; Raquel Droauillet Mirando, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de: La orden de desocupación del bien inmueble ubicado en Lote de veinte de la Manzana Treinta (actualmente Calle Álamo Esquino con Oyamel número 38) fraccionamiento la Florida en esta Ciudad y sus consecuencias traducidas como la demolición realizada en dicho inmuebley Todo lo actuado en el juicio ordinario mercantil 1119/2018-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Poza Rica, Veracruz. 2. El uno de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo, se registró en el libro de juicios de amparo con el número 168/2022, se admitió a trámite, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, se fijó fecha de audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se ordenó reservar el emplazamiento de los terceros hasta que obraran los informes justificados de las autoridades responsables. 3. En auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado. 4. Posteriormente, mediante razón actuarial acordada en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el actuario manifestó su imposibilidad de emplazar a la tercera interesada, por lo se le requirió a la parte quejosa para que señalara el domicilio actual y correcto de Araceli Gutiérrez Pérez. 5. En consecuencia, en auto siete de junio de dos mil veintidós, oficiosamente se inició la investigación, de oficio, del domicilio de la tercera interesada, girándose oficios al: 1. Instituto Mexicano del Seguro Social; 2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 3. Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis del Registro Federal de Electores de la Quinta Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; 4. Jefe del Departamento de la Comisión Federal de Electricidad; 5. Comisión del Agua del Estado de Veracruz; 6. Teléfonos de México; 7. Director del Catastro Municipal; 8. Encargado del Registro Público de la Propiedad en la Séptima Zona Registral; 9. Encargado del Registro Civil; y 10. Jefa de Jurisdicción Sanitaria; todas con residencia en esta ciudad, así como al 11. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, domiciliado en Xalapa, Veracruz; a fin de que informaran si en sus registros tenían algún domicilio a nombre de la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez. Luego, en diversos acuerdos, se tuvo a todas las autoridades informando sobre el domicilio sin poder llevar tampoco su emplazamiento, no obstante de haber obtenido diversos domicilios y pese haber comisionado a los actuarios adscritos y mandado los respectivos exhortos sin obtener noticia favorable en cuanto al paradero de la tercera interesada en mención. 6. Por ello, mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez, por edictos, auto que se notificó al quejoso por lista de acuerdos de nueve de septiembre de dos mil veintidós. 7. Finalmente, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, compareció ante este juzgado a recoger los edictos en cumplimiento al proveído citado en el párrafo que antecede. Sin que a la fecha la parte quejosa haya acreditado a este juzgado las gestiones tendientes para publicar los edictos que se dejaron a su disposición, ni manifestación referente a las gestiones que esté llevando a cabo, o bien alguna imposibilidad jurídica al respecto. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no acreditar las gestiones tendientes para publicar los edictos que se dejaron a su disposición y que incluso ya transcurrieron los veinte días que refiere el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, por tanto, es inconcuso que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso a la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No debe olvidarse que, finalmente, el ordenar el emplazamiento por edictos fue producto de que pese a las investigaciones realizadas no se conoció domicilio eficaz donde llevarlo a cabo y la parte quejosa mantuvo silencio ante el último requerimiento que se le hizo para que proporcionara a este juzgado una dirección certera donde localizar a la citada tercera interesada. Así, se advierte que la parte quejosa al haber comparecido a recoger los edictos sin acreditar la publicación de los mismos, o incluso alguna gestión al día de hoy, se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo, y al ser así, es inconcuso que debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, pues, con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación del quejoso recoger y acreditar haber entregado para su publicación los edictos que se le dejaron a su disposición, tal como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto, además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia que se cita a continuación, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito. La jurisprudencia en comento es la siguiente: "Época: Novena Época Registro: 186587 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 64/2002 Página: 211 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Con lo anterior, la suscrita no soslaya el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 164074 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2010 Página: 416 EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Lo anterior es así, ya que si bien se debe ponderar una vez que haya realizado la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, las particularidades del caso, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos), y lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte disconforme haya acudido a manifestar imposibilidad alguna para pagarlos y/o publicarlos y menos aún haya acreditado en autos carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 2a./J.108/2010 transcrita, pues no cobraba aplicación ante la falta de la parte quejosa de expresar imposibilidad alguna. Incluso, la parte quejosa, no manifestó algún impedimento legal que haya tenido para acreditar las gestiones necesarias para su publicación, o bien, alguna manifestación que demuestre ante la suscrita un interés en la continuación de este juicio de amparo. Todo esto, a pesar de estar debidamente notificado del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós-mismo que se notificó por lista de acuerdos, por así estar ordenado en diverso de ocho de septiembre de dos mil veintiuno-, en el que se hizo de su conocimiento el plazo y términos que se establecen para la publicación de edictos. Sirve de sustento a lo anterior el criterio siguiente: "Registro digital: 2009915 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 27/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 27 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Tampoco se desatiende la diversa jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 174730 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Julio de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 91/2006 Página: 349 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que se requiera emplazar a un tercero perjudicado de quien se desconoce su domicilio, es necesario que el juzgador agote las siguientes etapas: requerir al quejoso para que lo proporcione; de no obtener dato cierto, requerir a las autoridades responsables para que lo señalen; en caso de no obtenerse, iniciar un procedimiento de investigación requiriendo a autoridades de cualquier índole que pudieran conocerlo, y si ello no arroja un resultado satisfactorio, deberá ordenarse el emplazamiento por medio de edictos a costa del promovente del juicio. Ahora bien, derivado de tal disposición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, sostuvo que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; sin embargo, este criterio no es aplicable en materia agraria, pues resulta evidente que si la regulación específica de la materia tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, ello implica la obligación del juzgador de considerar ciertos aspectos para la toma de decisiones; de manera que de presentarse los supuestos mencionados hasta ordenar el emplazamiento del tercero perjudicado a través de edictos a costa del quejoso con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, y darse el caso de que el promovente comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, el juzgador debe, exclusivamente en este supuesto, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión." Del citado criterio se advierte que en materia agraria el incumplimiento de recoger y pagar la publicación de los edictos no lleva a sobreseer en el juicio de amparo, sino que de manera oficiosa el Juez Federal deberá llevar a cabo las gestiones pertinentes para que la referida publicación sea pagada por el Consejo de la Judicatura Federal; pero por la relatoria efectuada y las constancias que obran en autos, el presente asunto no se encuentra vinculado con la materia agraria, de ahí que no se está en el supuesto antes aludido. Así, tenemos que se debe ponderar ambos derechos subjetivos públicos que están en juego, pues por un lado se tiene el derecho del quejoso de acceso a la justicia, y por el otro, el derecho que tiene la parte tercera interesada a intervenir en todas las etapas del juicio a fin de que subsista el acto reclamado y defender su derecho de reparación del daño. En consecuencia, en acatamiento a las jurisprudencias antes citadas y al dispositivo 63, fracción II de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, pues ante la omisión de la parte quejosa para acreditar las gestiones para acreditar el emplazamiento por edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, provoca la falta de conocimiento a la tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez, para que pueda defenderse en el presente asunto; siendo relevante su emplazamiento, pues tiene interés directo en que el acto subsista; y por tratarse del amparo indirecto sí estaría en posibilidad de ofertar pruebas con el objeto de demostrar la constitucionalidad del acto reclamado por el impetrante, y siempre que no se opongan esas pruebas al artículo 75 de la Ley de Amparo. Por ello, se considera que existe imposibilidad para resolver de fondo el presente asunto, pues si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a los derechos de la multicitada parte tercera interesada, al no aplicar, por lo expuesto, ninguna de las hipótesis de excepción a que se refiere tales jurisprudencias. Aunado que hasta el momento, no se advierte que el quejoso tenga alguna imposibilidad que le haya impedido recoger los edictos para su publicación dentro del término establecido, y tampoco justificó el carecer de los recursos monetarios para efectuar la publicación del mismo, por lo que se considera que sí estuvo en posibilidad de cumplir la carga procesal que le correspondía y que era necesaria para poder proseguir esta instancia constitucional. Por otro lado, si bien es cierto existe la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 161091 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 84/2011 Página: 266 EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo; en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer a recogerlos o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera al quejoso el acceso a la justicia, máxime que tratándose de amparo directo estaría impedido para volver a promoverlo. Ello es claro e inconcuso, pues como se advierte de autos la parte quejosa no manifestó ni mucho menos acreditó algún impedimento legal que haya tenido para realizarlo o algo que demuestre interés en la continuación de este juicio de amparo. Congruente con lo hasta aquí expuesto, al actualizarse el motivo de improcedencia establecido en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber; porque se encuentra previsto por el inciso c), fracción I del artículo 81 de la ley de la materia, el cual revela que el sobreseimiento del juicio de amparo, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia de le ley. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, visto el oficio del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa que el veinticuatro de agosto devolvió sin diligenciar la comunicación oficial 275/2022 (279/2022) de su índice; agréguese a los autos para que obre como corresponda y sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento en virtud que en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibida dicha comunicación oficial.
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Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la litis constitucional no se ha emplazado a la parte tercera interesada Araceli Gutiérrez Pérez, asimismo que en proveído de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se ordenó el emplazamiento por edictos de la citada tercera, motivo por el cual, se encuentra transcurriendo el término para que la parte quejosa recoja los edictos ordenados. Término que transcurre del trece de septiembre al catorce de octubre de la presente anualidad, lo que se precisa para los efectos legales correspondientes. En tal virtud, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que lo permiten las labores del juzgado.
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