Raquel Cruz Escamilla
Expediente 130/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raquel Cruz Escamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 4798/2021 de la Jueza Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar de esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, y atento a su solicitud, infórmesele lo siguiente: En el índice de este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, se encuentra radicado el juicio de amparo indirecto 130/2020 promovido por Raquel Cruz Escamilla, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. En el supracitado expediente, Arlette Rosas Espinosa, no es parte, si no que funge como autorizada del tercero interesado Alberto Rosas Vargas, única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones e imponerse del sumario, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente dicha parte. Por otra parte, en atención al oficio SEADS/1136/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de del año en cita, funge como jueza de este órgano jurisdiccional, la suscrita Natividad Regina Martínez Ramírez, por así haberlo determinado el Pleno del aludido Consejo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa; y por oficio a la Jueza Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar de esta ciudad. Así, lo proveyó y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a uno de junio de dos mil veintiuno. Visto; el oficio C-133 del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, al que adjunta los autos del juicio de amparo 130/2020, en que se actúa; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes, acúsese recibo vía interconexión al Tribunal oficiante y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución pronunciada el seis de mayo del año en curso, en el toca 8/2021 y se reservó a acordar lo conducente en torno a los tópicos del archivo y la valoración relativa a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del presente expediente y de los cuadernos incidentales, hasta en tanto el Tribunal Colegiado oficiante devolviera físicamente a este Juzgado Federal los autos originales del juicio de amparo 130/2020; lo que, como se advierte de párrafos precedentes, ya aconteció; en consecuencia, se procede a acordar en torno a dichos tópicos. Primeramente, para un mejor manejo del presente expediente, agréguense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes, sin que se estime necesario glosar el referido cuaderno en su totalidad, habida cuenta que únicamente se tratan de copias certificadas del presente asunto; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, glósese el escrito de Lenin Maximiliano Aparicio Bautista, autorizado de la quejosa y atento a su solicitud, en el sentido de que se notifique a la autoridad responsable la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en el toca 8/2021, de su índice, dígasele que por oficio 8723/2020 de veintisiete de mayo del año en curso, se hizo de su conocimiento lo anterior, mismo que recibió el treinta y uno de mayo siguiente, tal y como se advierte de la constancia de notificación con sello de recepción del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, que obra en el sumario. Ahora, respecto a que se continúe con la ejecución de la sentencia de amparo, dígasele que por auto de diecinueve de enero del año en curso, se declaró cumplido el fallo protector; proveído que se tuvo por consentido por la impetrante del amparo, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en su contra, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; máxime que, el medio de impugnación interpuesto por el tercero interesado, fue declarado infundado. De lo expuesto, se colige que no exista materia pendiente de ejecución y por tal razón se ordena en esta fecha el archivo del presente asunto como concluido, de ahí lo improcedente de su petición. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto; el oficio C-133 del Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, así como el testimonio de la resolución pronunciada el seis de mayo del año en curso, en el toca 8/2021, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de inconformidad interpuesto por Alberto Rosas Vargas, por conducto de su autorizado, contra el auto pronunciado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por la Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en el juicio de amparo 130/2020." Glósense a los autos el oficio y resolución de mérito, acúsese recibo vía interconexión al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y resérvese a acordar lo conducente en torno a los tópicos del archivo y la valoración relativa a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del expediente principal y cuadernos incidentales, hasta en tanto el tribunal oficiante devuelva físicamente a este Juzgado Federal los autos originales del juicio de amparo 130/2020. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y por oficio digitalizado vía interconexión al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Incidental
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto; el escrito de la quejosa Raquel Cruz Escamilla, por el que promueve incidente por exceso o defecto del cumplimiento de la suspensión concedida en resolución interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y atento a su contenido, se provee: Primeramente, se considera necesario traer a colación lo previsto en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTICULO 57.- Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo." Ahora bien, dicho numeral establece que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por malicia debe entenderse cuando en las promociones se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice. Mientras que, la notoria improcedencia refirió que se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego, lo que, en el caso, sí se desprende dicha improcedencia, ya que, como se verá, lo decidido sobre la suspensión definitiva sólo subsiste en tanto se resuelve el juicio en lo principal, de tal suerte que si ya causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo que nos ocupa e incluso existe una resolución que declaró por cumplido el fallo protector, mismo que fue confirmado por un Tribunal Colegiado, no es dable dar trámite a una incidencia cuya materia ha dejado de surtir sus efectos desde el auto de ejecutoria, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 206 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis siguiente: Registro digital: 2005535 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. XXXIV/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 665 Tipo: Aislada INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, en el caso se advierte la notoria improcedencia del incidente planteado y consecuentemente se estima que no debe darse trámite al mismo; ello, en razón de que el incidente por exceso o defecto del cumplimiento de la suspensión concedida en resolución interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, su vigencia concluyó con el dictado del acuerdo en el que causó ejecutoria la sentencia de amparo, esto es, desde el uno de diciembre de dos mil veinte. Máxime que, el diecinueve de enero del año en curso, este Juzgado Federal emitió resolución que tuvo por cumplido el fallo protector y el recurso de inconformidad a que hace referencia la impetrante del amparo, ya fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, quien al resolver el toca 8/2021, de su índice, declaró infundado dicho medio de impugnación interpuesto por el tercero interesado Alberto Rosas Vargas. De ahí la improcedencia del incidente que intenta, toda vez que que la suspensión del acto reclamado es una medida que surte efectos mientras no se cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo principal, por lo que, una vez ocurrido esto (lo que acontece en el caso), el incidente que ahora promueve que tiene por objeto examinar el actuar de la autoridad responsable, carece de materia. Lo expuesto quiere decir, que la duración de la suspensión solo tiene vida jurídica durante la tramitación del juicio de amparo, feneciendo sus efectos en cuanto se dicte resolución de fondo que quede firme, pues al declararse ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en el presente expediente, automáticamente los efectos de la medida cautelar definitiva decretada en éste, cesan al haberse emitido aquél auto (ejecutoria), ciñéndose la quejosa al imperio de dicha sentencia. Esto es así, pues el incidente de suspensión en el juicio de amparo es el acontecimiento procesal judicial creador de una cesación temporalmente limitada de un acto de autoridad que se reclama, de carácter positivo, consistente en impedir la iniciación, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización, sin que se invaliden los hechos anteriores a éstos, consistiendo las facultades del Juez de Distrito en fijar la situación en que deberán quedar las cosas, al otorgar la suspensión definitiva, tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio, quedando por ende sin efecto tales medidas cuando se pronuncia sentencia definitiva que ya causó ejecutoria, siendo por ello que carece de finalidad jurídica efectuar el estudio de un incidente relacionado con una interlocutoria que ya dejó de surtir sus efectos jurídicos, toda vez que la finalidad del incidente de suspensión era preservar la materia del amparo hasta la terminación de aquél, lo que en el caso, ya aconteció. En virtud de lo expuesto, se desecha por notoriamente improcedente el incidente por exceso o defecto del cumplimiento de la suspensión concedida en resolución interlocutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
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