Raquel Bribiesca Caballero

Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
224/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Raquel Bribiesca Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 278 el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a costa de la parte promovente, las copias certificadas que solicita, previa toma de razón que por su recibo asiente en autos para debida constancia legal. Sin embargo, se hace del conocimiento del tercero interesado que en atención al horario de labores presenciales de este juzgado, las mismas sólo podrán ser entregadas en un horario de nueve horas con treinta minutos a las quince horas con treinta minutos, siempre y cuando las cargas de trabajo del área de fotocopiado del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Boulevard Toluca Número 4, que auxilian a este juzgado federal, así lo permitan. En el entendido de que, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso a este recinto judicial, para la expedición de las mismas, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Lo anterior, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda solicitar la consulta del expediente electrónico, a través de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pues en ese caso, el propio usuario podrá descargar en su equipo de cómputo las copias aludidas, puesto que las determinaciones en el presente asunto se emiten con las firmas electrónicas de los funcionarios que en ella intervienen, con su correspondiente evidencia criptográfica, la cual se considera una copia certificada electrónicamente, como se deduce de los artículos 35 y 36 del invocado Acuerdo General 12/2020. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo, téngase por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a las persona que señala en el escrito que nos ocupa, por así haberlo solicitado.

  2. Principal

    Atento a lo anterior, de conformidad con el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio del tercero interesado xx, el ubicado en: xx. Asimismo, respecto a su petición de que se deje sin efectos la suspensión otorgada a la parte quejosa, dígase al promovente que la suspensión definitiva decretada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se encuentra vigente, ello toda vez que en el juicio principal el diez de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva, misma que causó ejecutoria el treinta de junio de dos mil veintiuno, y mediante oficio 12956/2021 del índice de este Juzgado Federal, lo anterior se le comunicó al juez de origen, tal y como se aprecia del acuse que obra agregado en autos. Sin perjuicio de lo anterior, el presente auto hágasele del conocimiento a la autoridad responsable Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por ---------, por propio derecho y en representación del menor de identidad reservada con iniciales G.R.B., HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y glósese únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numerales 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues, se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados, el duplicado es susceptible de destrucción, y el original de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, la demanda y resolución en la que se concedió la suspensión, por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material correspondiente. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado Acuerdo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otra parte, se aprecia que ya no son necesarias las constancias remitidas por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, consistentes en copia certificada del Juicio Especial de Desahucio 633/2020, por lo tanto, devuélvanse a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a dicha autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de las constancias que se le remiten. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Finalmente, se deja a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió durante la substanciación del presente asunto; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no recogerlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. En el entendido de que, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso a este recinto judicial, para que pueda recoger sus documentos, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo indirecto 224/2021-III, promovido por ------------------, por propio derecho y en representación del menor de identidad reservada con iniciales G.R.B., contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito recibido el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que se turnó al día siguiente a este Juzgado Décimo de Distrito, ------------------, por propio derecho y en representación del menor de identidad reservada con iniciales G.R.B., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades siguientes: "III. La autoridad señalada como responsable: el C. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con domicilio en su recinto oficial. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: La falta de notificación personal y emplazamiento al Juicio Especial de Desahucio número 633/2020, promovido por ------------------, en el índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en virtud de los derechos de ocupación y de habitación de la suscrita y de mi menor hijo en el inmueble objeto de la Litis y sus efectos." SEGUNDO. Trámite del juicio. Previo desahogo de prevención por auto de doce de abril de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional registró el asunto con el número 224/2021-III; admitió a trámite la demanda de amparo, requirió a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (quien no formuló pedimento), y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, el veinte de abril de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al tercero interesado ------------------, lo que se realizó según se advierte de autos. Finalmente, la audiencia constitucional, previo diferimiento, inició conforme al acta que antecede, y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que los actos reclamados por la quejosa, tienen ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado, particularmente en el municipio de Naucalpan de Juárez. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, y el escrito de desahogo de prevención, se advierte que la parte quejosa, reclama: Al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez: La falta de emplazamiento al juicio especial de desahucio número 633/2020, en el índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Como consecuencia de lo anterior, la orden de lanzamiento respecto del inmueble ubicado en calle ------------------------, código postal 53216, Naucalpan de Juárez, Estado de México. TERCERO. Inexistencia del acto. Al rendir su informe justificado el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez Estado de México negó la existencia del acto reclamado. No obstante tal negativa, del contenido del informe justificado en comento, se desprende la existencia del juicio especial de desahucio número 633/2020, en el índice de la autoridad responsable, promovido por ------------------ contra -------------; en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se le reprocha en el ámbito de su competencia. Lo que además, se corrobora con las constancias del juicio especial de desahucio número 633/2020, que en copia certificada allegó el juez responsable, a las que se les concede valor pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, y al ser una cuestión de estudio preferente al fondo, se deben analizar las causales de improcedencia, que hagan valer las partes o que de oficio se adviertan. En el presente caso, este juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 6°, del ordenamiento legal en cita, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otro lado, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo que nos ocupa consiste en que la quejosa tenga interés jurídico y que ese interés se vea agraviado. Ahora, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Al efecto resulta ilustrativa la jurisprudencia de rubro y texto siguiente2: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa. Ahora bien, la posesión susceptible de ser respetada mediante el juicio de garantías, por dar el interés jurídico capaz de ser afectado por un acto de autoridad, no es otra que la originaria, que se tiene en concepto de dueño o la de carácter derivado, que se alcanza por virtud de un acto como el arrendamiento, comodato, prenda, usufructo, depósito, etcétera, sin que por tanto, baste la mera tenencia de la cosa, sin causa o título jurídico alguno, para 2 Novena Época, Registro: 170500, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007, Página: 225. determinar que el detentador tenga un interés protegible para los efectos del amparo. De otra manera, se correría el peligro de volver inefectivas las sentencias dictadas en juicios contradictorios acerca de la propiedad o posesión pues no faltaría cualquier persona, miembro de familia del demandado o incluso doméstico a su servicio, acudiera al amparo en calidad de tercero extraño ostentándose poseedor, para exigir que se siguiera juicio previo en su contra, y aún en este evento podría surgir un tercero que posteriormente hiciera igual reclamación, y señalara que no había tenido conocimiento del segundo procedimiento y así indefinidamente, lo cual volvería interminable los litigios. Es ilustrativa la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, página 5, febrero de dos mil dos, Materia Civil, Novena Época, que reza: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Por lo tanto, para que la posesión de un quejoso, que se ostenta extraño a un juicio sea susceptible de protección constitucional, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate. Ahora bien, en el presente asunto la peticionaria del amparo sostiene que se perturba su derecho de posesión, ya que como consecuencia del juicio especial de desahucio 633/2020, (del cual no es parte) del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se le privaría del inmueble en el que habita con su menor hijo. Para justificar ese derecho, la quejosa exhibió copia certificada del auto de siete de enero de dos mil diecinueve, que contiene las medidas de protección de naturaleza civil de emergencia dictadas dentro del juicio de violencia familiar 1987/2018, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Naucalpan de Juárez, Estado de México, alegando que en el aludido auto se le reconoció la posesión del bien inmueble que ahora defiende. Sin embargo, dicha documental resulta ineficaz para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa en el juicio de amparo que nos ocupa, porque con la misma no se acredita ningún derecho de propiedad o posesión en favor de la quejosa. Lo anterior, es así pues en el referido auto de siete de enero de dos mil diecinueve, no se reconoció por parte del juez natural el derecho de posesión del bien inmueble ubicado en calle --------------, código postal 53126, Naucalpan de Juárez, Estado de México, ya que el juzgador solamente ordenó el reingreso de la promovente al domicilio tal como se verifica de la siguiente transcripción: "MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA 1.- Al momento del emplazamiento, se ordena al presunto agresor o generador de violencia ----------, salga de manera inmediata del domicilio en que las partes hicieron vida en común, ubicado en CALLE ----------------------, CÓDIGO POSTAL 53126, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. (.) 3.- Una vez que el agresor salga del domicilio antes mencionado, se autoriza el reingreso de la actora y presunta víctima al mismo." Así, contrario a lo sostenido por la quejosa, no existió una declaración que otorgara el derecho de propiedad o posesión en su favor, debiéndose señalar que este tipo de diligencias de protección de emergencia están orientadas a resolver situaciones familiares de violencia, a fin de evitar su continuidad y proteger al receptor o receptores de violencia de una nueva agresión. Por tanto, cuando el juez natural dicta esas medidas, no está reconociendo un derecho público subjetivo de posesión o propiedad, sino que establece medidas temporales orientadas a lograr la paz y proteger el núcleo familiar de un elemento que genera violencia. Inclusive, como las medidas son tomadas con la mera denuncia efectuada por un miembro de la familia, el juez encargado no analiza la propiedad o posesión del bien, simplemente resuelve una situación de hecho que incorpora violencia en un núcleo familiar, a fin de evitarla, repararla o impedir que se presente nuevamente, razón por la cual, no se declaró propiedad o posesión alguna, simplemente se proveyó sobre el reingreso de los receptores de violencia al lugar que señalaron habitaban durante los hechos que los violentaron y obligaron a dejar el domicilio. Así, la orden de reingreso de los presuntos receptores de violencia no generó ni reconoció un derecho de propiedad, ni de posesión del bien, sino su reincorporación, que implica la mera detentación material del inmueble. De ahí que, con ese auto, no pueda generarse un derecho de posesión en favor de la parte quejosa, máxime que como se señaló en párrafos precedentes, el juicio de amparo protege el derecho de posesión y no sólo la simple detentación. Cabe decir, que las anteriores consideraciones fueron formuladas en el recurso de revisión RA (P) 136/2020, de la estadística del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Por otro lado, no resulta inadvertido para este juzgado que la quejosa adujo que el domicilio defendido vive su menor hijo, por lo que de proceder la autoridad responsable a desocupar el mismo, violaría el interés superior del menor. Sin embargo, el interés superior del menor no genera la existencia de derechos posesorios, si no se acredita una calidad distinta a la de simple ocupante. Ello es así, toda vez que ningún ordenamiento prevé la posibilidad de que el juzgador reconozca o constituya a favor de un menor un derecho que no esté debidamente acreditado en el procedimiento judicial, por el solo hecho de ser menor de edad. Sirve a lo anterior la tesis XXVII.3o.129 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2018163, de título, subtítulo y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UN MOTIVO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA PROTECCIÓN DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE UN MENOR. El numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el párrafo séptimo del artículo 4o. constitucional dispone que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. En este contexto, si en el juicio de amparo el representante legal de un menor invoca el principio del interés superior de la niñez y afirma, subjetivamente, que el acto reclamado (consistente en el embargo de un inmueble), le generará daños a su bienestar, desarrollo y al derecho de contar con una vivienda, sin demostrar que el infante es titular de un derecho legítimamente tutelado, ello es insuficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, ya que la aplicación de dicho principio no implica inobservar los requisitos para la procedencia del juicio, ni constituir derechos a favor del menor." En las relatadas condiciones, se determina, que la parte quejosa carece de interés jurídico en el presente juicio de amparo; por ende, se llega a la conclusión, que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 6, del ordenamiento legal en cita, por lo que de conformidad con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ------------, por propio derecho y en representación del menor de identidad reservada con iniciales G.R.B., por los razonamientos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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