Ranulfo Serrano Hernández

Expediente 112/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
112/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Ranulfo Serrano Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, por el cual el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, devuelve sin diligenciar el exhorto número 38/2021 (origen 38/2021), derivado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, por el cual se encomendó notificar al quejoso, el auto emitido el nueve de marzo de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del 2° numeral de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, sin que haya lugar a acusar recibo, toda vez que dicha comunicación se remitió a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera el acuse de manera automática. Finalmente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 de la Ley de Amparo, realícense todas las notificaciones en el presente juicio de amparo a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional; por tanto, practíquese por lista a la parte quejosa, la notificación del proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes de carácter personal. Notifíquese al quejoso en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO PROVEÍDO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, por el cual el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, devuelve diligenciado el exhorto número 26/2021, derivado de los autos del juicio de amparo 112/2021-IV, por el cual se encomendó requerir al quejoso --------, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días, contados a partir de que fuera notificado del proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, manifestara si ratificaba la demanda de amparo promovida en su favor. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del 2° numeral de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar Sin lugar a acusar recibo, toda vez que dicha comunicación se remitió a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera el acuse de manera automática. Ahora bien, de la comunicación oficial que se provee, se advierte que ---------- ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito de demanda presentada en su favor por -----------. En atención a lo anterior, se tiene por ratificado el escrito de demanda; en consecuencia, se acuerda: Vista la demanda de amparo promovida por -------, contra actos del Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno con el número 112/2021. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO. Se reclama de dichas autoridades la inconstitucional, infundada y desmotivada incomunicación, que están llevando a cabo respecto del ----- hoy quejoso. Reclamo de dichas responsables todas y cada una de las consecuencias legales y naturales que se deriven del anterior acto reclamado, es decir, para el efecto de que cese todo acto de privación ilegal de la libertad, así como todos aquellos actos consistentes en azotes, palos o tormento de cualquier especie que se realicen en contra del quejoso". Con motivo de dicho acto, en auto de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y requirió al directo quejoso ------------ para que manifestara si era su deseo ratificar la demanda promovida en su favor por -------, para lo cual, se giró atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, a efecto de que desahogara la diligenciar señalada, al haber manifestado que el acto reclamado pudo haberse ejecutado dentro de la residencia de ese juzgado federal. En atención a lo anterior, de la comunicación oficial que se recibe, se desprende que el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, la actuaria judicial adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, se constituyó en la Fiscalía Regional de Tecámac, Estado de México, en donde fue atendido por el Agente del Ministerio Público del Primer Turno, quien le refirió que el directo quejoso se localizaba en las galeras de dicha agencia ministerial. Por lo anterior, una vez que la fedataria tuvo a la vista a Ranulfo Serrano Hernández, le hizo saber el motivo de su presencia en ese lugar, a lo que el buscado indicó que sí era su deseó ratificar la demanda de amparo promovida en su nombre por --------, firmando de conformidad para constancia legal. En términos de lo antes narrado, este Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, por las razones siguientes. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgador federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. En efecto, los artículos 107, fracción VII, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen en lo que interesa, lo siguiente: "Articulo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Por tanto, si el acto reclamado posee ejecución será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; pero si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. En caso de que el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto en párrafos que anteceden se obtiene que la intensión del legislador fue facilitar al agraviado que aduce la violación de un derecho ocurrir ante un Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado. Resulta aplicable la tesis I 1o.A44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 129 del Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al efecto se transcribe: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento de! juicio de garantías, ebe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no. para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Precisado lo anterior, es de hacer referencia al caso concreto en que la parte quejosa, acudió a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal por el acto que se hizo consistir en la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento, demanda que ---------, ratificó el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de las galeras de la Fiscalía Regional de Tecámac, Estado de México. De ahí que, los actos reclamados por la parte quejosa necesariamente conlleva una ejecución, pues no basta con la emisión del acto reclamado, ya que resulta necesaria la realización de acciones que producen un cambio material, pues su ejecución no solo atiende al contenido del acto reclamado, sino que comprende alcances materiales, como lo es la privación de la libertad del quejoso. Hecho lo anterior, derivado de las actuaciones que hasta este momento obran en autos, existe certeza de que el acto reclamado tuvo ejecución fuera del lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, concretamente en Tecámac, Estado de México, Municipio que corresponde a la Jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia Nezahualcóyotl. Se dice lo anterior, pues el quejoso se encuentra a disposición del Agente del Ministerio Público de Tecámac, Estado de México, pues así se desprende de la diligencia practicada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcoyolt, en la que localizó al quejoso en las galeras que se encuentran en dicha agencia del ministerio público. Corrobora lo anterior, el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Fiscal General de Justicia en el Estado de México, en el que precisó que al realizar una búsqueda en la base de datos de personas aseguradas y puestas a disposición vinculadas con carpetas de investigación de la Vicefiscalía General de Justicia en el Estado de México, localizó registro que en fecha veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, la licenciada Janeth Bojórquez Sarabia, en su carácter de agente del ministerio público adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Tecámac, perteneciente a la Fiscalía Regional de Ecatepec, Estado de México, inició la carpeta de investigación ECA/FTE/FTE/082/051945/21/02, por el delito de contra la salud en contra de Ranulfo Serrano Hernández. Sin que se desprenda que los actos reclamados por la parte quejosa, pudieran tener ejecución dentro del distrito de este órgano jurisdiccional o que se hubiesen comenzado a ejecutar aquí, a efecto de considerar la competencia a favor del suscrito, pues términos de lo aquí señalado, existe evidencia que tuvieron ejecución dentro de Tecámac, Estado de México. Por tanto, al actualizarse el supuesto que prevé el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que se analiza, declinando su competencia a favor del JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por todo lo antes expuesto, remítanse los autos originales del presente expediente, al Juez de Distrito del lugar que se menciona, solicitándole atentamente que, en caso de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar recibo e informe la determinación que adopte respecto la competencia que se declina. En mérito de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en prevención a un conflicto competencial. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle -----------, municipio de Tecámac, Estado de México, lugar que se localiza fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo; artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al Actuario de su adscripción se constituya en el domicilio señalado y le notifique el presente auto a ---------, o bien, alguno de sus autorizados Donovan Hernández Aquino, Francisco Ángel Aguilar González, Juan Carlos Flores Vega, Paola Vanessa Partida García, Miguel Ángel Trejo Hernández así como Miguel Segundo Caltzonzin. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este Órgano Jurisdiccional de manera electrónica, únicamente la constancia de notificación de la parte quejosa. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendado, aún en días y horas inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, de conformidad con el numeral invocado del acuerdo general en mención, no es necesario el acuse de recibo, toda vez que el propio sistema arroja el mismo al momento del envió, por otro lado, se solicita al homologo federal que la devolución de las constancias respectivas, se realicé únicamente a través de la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, con relación al oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación, Estado de México, en el que rinde informe relativo a la suspensión de plano, remítase al órgano jurisdiccional que al efecto conozca del presente asunto, a efecto de que acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo por medio de exhorto.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, mediante el cual, acusa recibo del oficio por el que se le remitieron los autos del juicio de amparo promovido por --------, asimismo, informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado federal, derivado del juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, se advierte que por auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo condecente respecto del oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, mediante el cual, informa lo relativo a la suspensión de plano otorgada al quejoso -----------, hasta en tanto, se tuviera la certeza del Juzgado al que por razón de turno correspondería conocer de la demanda de amparo; en consecuencia, remítase el oficio de referencia al juzgado oficiante, a efecto de que acuerde lo que en derecho corresponda. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del capítulo segundo, punto cuarto, del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de marzo de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio registrada con número de promoción 1565, correspondiente al juicio de amparo 112/2021-IV. Conste. El Secretario Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, mediante la cual informa lo relativo a la suspensión de plano otorgada al quejoso -----------, en auto de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno. En su atención, toda vez que este juzgado el nueve del mes y año en curso, se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por -----------, por lo que ordenó remitir los autos originales al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; en tales circunstancias, una vez que se tenga la certeza del Juzgado al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, remítase el oficio de cuenta a efecto de que acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta, por el cual el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, devuelve diligenciado el exhorto número 26/2021, derivado de los autos del juicio de amparo 112/2021-IV, por el cual se encomendó requerir al quejoso --------, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días, contados a partir de que fuera notificado del proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, manifestara si ratificaba la demanda de amparo promovida en su favor. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del 2° numeral de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar Sin lugar a acusar recibo, toda vez que dicha comunicación se remitió a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), la cual genera el acuse de manera automática. Ahora bien, de la comunicación oficial que se provee, se advierte que ---------- ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito de demanda presentada en su favor por Alejandro Abelar Mondragón. En atención a lo anterior, se tiene por ratificado el escrito de demanda; en consecuencia, se acuerda: Vista la demanda de amparo promovida por -------, contra actos del Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno con el número 112/2021. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO. Se reclama de dichas autoridades la inconstitucional, infundada y desmotivada incomunicación, que están llevando a cabo respecto del ----- hoy quejoso. Reclamo de dichas responsables todas y cada una de las consecuencias legales y naturales que se deriven del anterior acto reclamado, es decir, para el efecto de que cese todo acto de privación ilegal de la libertad, así como todos aquellos actos consistentes en azotes, palos o tormento de cualquier especie que se realicen en contra del quejoso". Con motivo de dicho acto, en auto de veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y requirió al directo quejoso ------------ para que manifestara si era su deseo ratificar la demanda promovida en su favor por -------, para lo cual, se giró atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, a efecto de que desahogara la diligenciar señalada, al haber manifestado que el acto reclamado pudo haberse ejecutado dentro de la residencia de ese juzgado federal. En atención a lo anterior, de la comunicación oficial que se recibe, se desprende que el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, la actuaria judicial adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, se constituyó en la Fiscalía Regional de Tecámac, Estado de México, en donde fue atendido por el Agente del Ministerio Público del Primer Turno, quien le refirió que el directo quejoso se localizaba en las galeras de dicha agencia ministerial. Por lo anterior, una vez que la fedataria tuvo a la vista a Ranulfo Serrano Hernández, le hizo saber el motivo de su presencia en ese lugar, a lo que el buscado indicó que sí era su deseó ratificar la demanda de amparo promovida en su nombre por --------, firmando de conformidad para constancia legal. En términos de lo antes narrado, este Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, por las razones siguientes. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgador federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. En efecto, los artículos 107, fracción VII, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen en lo que interesa, lo siguiente: "Articulo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Por tanto, si el acto reclamado posee ejecución será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; pero si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. En caso de que el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto en párrafos que anteceden se obtiene que la intensión del legislador fue facilitar al agraviado que aduce la violación de un derecho ocurrir ante un Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado. Resulta aplicable la tesis I 1o.A44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 129 del Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al efecto se transcribe: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento de! juicio de garantías, ebe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no. para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Precisado lo anterior, es de hacer referencia al caso concreto en que la parte quejosa, acudió a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal por el acto que se hizo consistir en la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento, demanda que Ranulfo Serrano Hernández, ratificó el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro de las galeras de la Fiscalía Regional de Tecámac, Estado de México. De ahí que, los actos reclamados por la parte quejosa necesariamente conlleva una ejecución, pues no basta con la emisión del acto reclamado, ya que resulta necesaria la realización de acciones que producen un cambio material, pues su ejecución no solo atiende al contenido del acto reclamado, sino que comprende alcances materiales, como lo es la privación de la libertad del quejoso. Hecho lo anterior, derivado de las actuaciones que hasta este momento obran en autos, existe certeza de que el acto reclamado tuvo ejecución fuera del lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, concretamente en Tecámac, Estado de México, Municipio que corresponde a la Jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia Nezahualcóyotl. Se dice lo anterior, pues el quejoso se encuentra a disposición del Agente del Ministerio Público de Tecámac, Estado de México, pues así se desprende de la diligencia practicada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcoyolt, en la que localizó al quejoso en las galeras que se encuentran en dicha agencia del ministerio público. Corrobora lo anterior, el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Fiscal General de Justicia en el Estado de México, en el que precisó que al realizar una búsqueda en la base de datos de personas aseguradas y puestas a disposición vinculadas con carpetas de investigación de la Vicefiscalía General de Justicia en el Estado de México, localizó registro que en fecha veintisiete de febrero de dos mil veintiuno, la licenciada Janeth Bojórquez Sarabia, en su carácter de agente del ministerio público adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Tecámac, perteneciente a la Fiscalía Regional de Ecatepec, Estado de México, inició la carpeta de investigación ECA/FTE/FTE/082/051945/21/02, por el delito de contra la salud en contra de Ranulfo Serrano Hernández. Sin que se desprenda que los actos reclamados por la parte quejosa, pudieran tener ejecución dentro del distrito de este órgano jurisdiccional o que se hubiesen comenzado a ejecutar aquí, a efecto de considerar la competencia a favor del suscrito, pues términos de lo aquí señalado, existe evidencia que tuvieron ejecución dentro de Tecámac, Estado de México. Por tanto, al actualizarse el supuesto que prevé el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer y resolver de la demanda de amparo que se analiza, declinando su competencia a favor del JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por todo lo antes expuesto, remítanse los autos originales del presente expediente, al Juez de Distrito del lugar que se menciona, solicitándole atentamente que, en caso de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar recibo e informe la determinación que adopte respecto la competencia que se declina. En mérito de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en prevención a un conflicto competencial. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Plutarco Elías Calles, esquina con calle Correo Mayor manzana 17, lote 7, colonia Lomas San Pedro Atzompa, municipio de Tecámac, Estado de México, lugar que se localiza fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicación supletoria a la Ley de Amparo; artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene al Actuario de su adscripción se constituya en el domicilio señalado y le notifique el presente auto a Ranulfo Serrano Hernández, o bien, alguno de sus autorizados Donovan Hernández Aquino, Francisco Ángel Aguilar González, Juan Carlos Flores Vega, Paola Vanessa Partida García, Miguel Ángel Trejo Hernández así como Miguel Segundo Caltzonzin. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita comedidamente a la autoridad exhortada, que remita a este Órgano Jurisdiccional de manera electrónica, únicamente la constancia de notificación de la parte quejosa. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendado, aún en días y horas inhábiles. Dada la naturaleza de la comunicación oficial enviada vía electrónica, de conformidad con el numeral invocado del acuerdo general en mención, no es necesario el acuse de recibo, toda vez que el propio sistema arroja el mismo al momento del envió, por otro lado, se solicita al homologo federal que la devolución de las constancias respectivas, se realicé únicamente a través de la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, con relación al oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación, Estado de México, en el que rinde informe relativo a la suspensión de plano, remítase al órgano jurisdiccional que al efecto conozca del presente asunto, a efecto de que acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo por medio de exhorto.

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