Randy Enmanuel Hidalgo Cordero
Expediente 124/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 124/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Randy Enmanuel Hidalgo Cordero
- RANDY ENMANUEL HIDALGO CORDERO y Otros.
- Enmanuel Hidalgo Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley 1 De conformidad con el artículo 19 de la ley de amparo. de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad responsable, con residencia fuera de esta ciudad, debido a que carece de legitimación para interponer recurso de revisión contra la determinación dictada en el presente asunto, pues no se le ocasiona afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, ya que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, por los actos que le fueron reclamados. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible a fojas 2464 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 34, septiembre de 2016, tomo IV, que dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Archivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano solicitada, este expediente es susceptible de depuración. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Acuse de recibo innecesario. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio únicamente para que obre en autos. Agréguese a los autos únicamente para que surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia; ello, toda vez que mediante determinación de dos del presente mes y año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, por cambio de la situación jurídica de la parte promovente. Domicilio y autorizados. No obstante lo anterior, como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado de cuenta rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación. Contenido del informe justificado. 1.- El Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, manifiesta que dentro de los procedimientos administrativos incoados a los quejosos Enmanuel Hidalgo Hidalgo y Randy Enmanuel Hidalgo Cordero, el día veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, fue dictado acuerdo de conclusión por la imposibilidad de continuarlo, atendiendo a que los mismos no asistieron a firmar en los libros de control de la citada autoridad. Análisis de constancias De la consulta al expediente se conoce que la parte quejosa solicitó el amparo porque las autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, los detuvieron con el fin de lograr la deportación de los quejosos, para hacerlos abandonar el territorio mexicano. Sin embargo, del informe justificado y su anexo, la autoridad acredita que la situación jurídica de los quejosos ha cambiado, ya que, como lo refiere en su informe, el veintiuno de febrero dos mil veintitrés, se dictó un acuerdo de conclusión por la imposibilidad material de continuarlo de conformidad con el artículo 57, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, se advierte que los quejosos Enmanuel Hidalgo Hidalgo y Randy Enmanuel Hidalgo Cordero, se habían sustraído del control de firmas, al no haberse presentado en ningún momento ante la autoridad migratoria a realizar las firmas correspondientes, por lo que sus procedimientos administrativos migratorios han concluido. Cambio de situación jurídica. Así, de lo reseñado en párrafos que anteceden, se desprende que en el presente asunto ha ocurrido un cambio en la situación jurídica de la parte agraviada, en virtud de la cual deben tenerse por consumadas irreparablemente las violaciones cometidas, motivo por el que, atendiendo a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, este Juzgado federal se encuentra en la imposibilidad de proceder al examen de su constitucionalidad sin que pueda afectarse la nueva situación jurídica de la parte quejosa, en razón de que se dictó un acuerdo que determinó tener por concluido el procedimiento administrativo migratorio instruido en su contra, quedando por ende, consumadas en forma irreparable las violaciones reclamadas. Cesación de efectos del acto reclamado. Marco jurídico. Ahora bien, cabe señalar que la libertad personal puede restringirse por la aprehensión, la detención, la prisión preventiva, entre otras, cada una de las cuales tienen características peculiares; que el conjunto de normas que rigen y condicionan la restricción de la libertad en cada uno de los distintos casos señalados se llama situación jurídica, de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, resultando improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50 del Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2007, Novena Época, registro 171841, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Cesación Por tal motivo, han cesado los efectos de los actos reclamados al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Decisión. Por esos motivos, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer (no hacer un estudio de fondo) en este juicio fuera de audiencia constitucional. Audiencia Constitucional Queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese, hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado de cuenta rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en representación de las autoridades señaladas como responsables. Contenido del informe justificado. Visto el informe de mérito, se advierte que la mencionada autoridad responsable manifiesta que, por un lado no son ciertos y, por el otro, que son ciertos, los actos que se atribuyen a las autoridades responsables. Vista a las partes. Con el contenido del informe de mérito dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva. Notifíquese.
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