Ramon Guerrero Lopez
Expediente 1327/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1327/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ramon Guerrero Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Juez Civil del Tercer Distrito Judicial con sede en Rioverde, San Luis Potosí, con un anexo que se acompaña, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 97/2023-IV, orden 301/2023-IV, del índice de este Juzgado de Distrito, que se giró a efecto de emplazar a la parte tercero interesada, ********. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de telegrama. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la Directora de Asistencia Técnico Jurídica en Materia Pericial de la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que no le es posible designar perito en materia de topografía, en virtud de que refiere que no cuenta con peritos en materia en dicha materia. Se agrega oficio. Téngase recibida la copia del oficio suscrito por el Vicefiscal Científico de la Fiscalía General del Estado, del que se advierte que se designó como perito en materia de topografía, por parte de este juzgado, a Mario Ceballos Gudiño. Requerimiento. En consecuencia, túrnense los autos al Actuario judicial adscrito a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Juegos Olímpicos, número 400, colonia Jardines del Estado, en esta ciudad y con fundamento en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiera al citado perito para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste ante este juzgado si acepta o no el cargo conferido; asimismo, informe si se encuentra en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 51 de la citada Ley de Amparo, en caso de aceptación y protesta en el mismo acto; y, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 148 del citado código adjetivo, una vez aceptado el cargo se le haga saber que cuenta con el término de diez días para que emita su dictamen. Notifíquese; hágase personalmente al perito en materia de topografía Mario Ceballos Gudiño.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de escrito Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por **********, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés. Solicitud improcedente Indíquese a la citada promovente que resulta improcedente tener por cumplida dicha prevención, en virtud de que si bien está autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia, también es verdad que dicho carácter no le faculta para desahogar la irregularidad que este Juzgado de Distrito destacó respecto de la demanda de que se trata, sino que ésta únicamente puede ser subsanada por el directamente quejoso. Es aplicable, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 348 del tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que serefiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Asimismo, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 201 de la mencionada Segunda Sala, consultable en la página 138 del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la federación que indica: "DEMANDA, ACLARACIÓN DE LA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo por Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material." Igualmente, por identidad de razón, la Jurisprudencia 490 de la Primera Sala del alto tribunal del país, localizable en la página 530 del tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados paraatender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Subsiste prevención. Por tanto, subsiste el requerimiento y la prevención contenida en el referido auto de dos de octubre del año actual. Notifíquese personalmente.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Ramiro Robledo Lopez713/2019
- Ramon Adrian Barron Ramos625/2022
- Ramon Carrizales Loredo229/2019
- Ramon Espinosa Reyes1362/2023
- Ramon Garcia Torredo1301/2017
- Ramon Guerrero Grimaldo981/2019
- Ramón Nepomuceno Trujillo102/2018
- Ramon Orozco Amaya547/2019
- Ramon Orozco Diaz de Leon375/2018
- Ramon Ortiz Gomez37/2017
- Ramón Sandoval Hernández1035/2022
- Randy Enmanuel Hidalgo Cordero124/2023