Ramses Lopez Sanchez

Expediente 606/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
606/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Ramses Lopez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el doce de agosto de dos mil diecinueve, que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se negó el amparo solicitado por la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se negó el amparo solicitado por la parte quejosa, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiendo conservar la demanda y la sentencia correspondiente, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por tanto, en términos de lo dispuesto por dicho Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que anexó a su escrito de demanda (fojas 9 a 18), con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidas junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documental (anexo I), que remitió la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Blanca Laura Ollivier Palacios), en apoyo a su informe justificado, devuélvasele la misma; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la aludida documental.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el doce de agosto de dos mil diecinueve, que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se negó el amparo solicitado por la parte quejosa, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se negó el amparo solicitado por la parte quejosa, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiendo conservar la demanda y la sentencia correspondiente, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por tanto, en términos de lo dispuesto por dicho Acuerdo, hágase saber a la parte quejosa que deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que anexó a su escrito de demanda (fojas 9 a 18), con el apercibimiento que de no hacerlo, serán destruidas junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documental (anexo I), que remitió la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Blanca Laura Ollivier Palacios), en apoyo a su informe justificado, devuélvasele la misma; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la aludida documental.

  3. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Ramsés López Sánchez, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el considerando segundo y en términos del diverso tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ramsés López Sánchez, respecto de los actos que reclamó a la 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Blanca Laura Ollivier Palacios), y al 3. Fiscal General del Estado de Puebla y, 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en términos del diverso séptimo de la misma. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando octavo de este fallo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, intégrese a las actuaciones el pedimento 119/2019 de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, donde solicita: 1. Que se le tenga por presentado en tiempo y forma el pedimento de cuenta; 2. Se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal, y, 3. Se le expida copia de la sentencia correspondiente. Al respecto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; ténganse por hechas sus manifestaciones, vertidas en vía de alegatos; solicitando se niegue la protección constitucional al peticionario de amparo; y, en el momento procesal oportuno, expídasele a su costa copia de la resolución que se dicte en este controvertido constitucional. Por otra parte del estado procesal de actuaciones, se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que debe mediar entre la celebración de la audiencia constitucional con la imposición de las constancias que obran en autos; en consecuencia, al no estar debidamente integrado este juicio de garantías para dictar sentencia, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del día de hoy (foja 38 vuelta), SE DIFIERE y se señala como nueva fecha las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, así como la diversa sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, mismas que a continuación se reproducen: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten". "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 588, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado". Finalmente, del estado de autos, se colige que en proveído de diecinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 62 y 63), se tuvo como autoridad tercera interesada a Mari Carmen Rojas Méndez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla y en diverso de veinticuatro de los referidos mes y año (foja 88), se le tuvo rindiendo su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el inciso e), de la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se deja de tener como autoridad tercera interesada a la citada Fiscal, en virtud que la misma tiene el carácter de autoridad responsable.

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