Ramon Yela Santillana

Expediente 341/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
341/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • Ramon Yela Santillana
  • Sergio Bermudez Conde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinte de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiocho de julio al diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el fiscal responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a las partes mediante proveído de siete de julio de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil diecisiete (fojas 58 a 76), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada de la Fiscalía General del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y se le requiera su cumplimiento: 1) Provea el escrito presentado por el quejoso Ramón Yela Santillana, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dirigido a la averiguación previa 305/2015/AMP04; a través del cual solicitó que se determinara el archivo de la citada indagatoria, o en su caso, las causas por las cuales proceden las investigaciones ministeriales a efecto de no dejarlo en estado de incertidumbre; y, 2) Notifique dicha determinación al quejoso como en derecho corresponda, y remita las constancias que así lo acrediten. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión del agraviado sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar la autoridad responsable al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia." Resolución que en auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 91 a 93). Así, mediante oficio 292/2017/M-UNO-AIE de veintisiete de junio de dos mil diecisiete (fojas 107 a 112), se tuvo al fiscal responsable remitiendo a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la averiguación previa 305/2015/AMP04, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Proveyó el escrito presentado por el quejoso Ramón Yela Santillana, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, a través del cual solicitó que se determinara el archivo de la citada indagatoria, o en su caso, las causas por las cuales procederían las investigaciones ministeriales a efecto de no dejarlo en estado de incertidumbre, en los siguientes términos: ".atendiendo a la petición que realizara por escrito el quejoso Ramón Yela Santillana, en su ateste de fecha trece de marzo del año dos mil dieciséis, en el cual en esencia señala que por medio del presente ocurso de conformidad, lo que establecen los artículos 8, 14, 13, 19, 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración que no existen elementos que aportar por parte del supuesto ofendido dentro de la causa penal, solicito tenga a bien ordenar el archivo correspondiente, o en su caso señalar las causas por las cuales proceden las investigaciones ministeriales, esto para no dejar en estado de incertidumbre jurídica al suscrito. Atento a las manifestaciones y solicitud de Ramón Yela Santillana, esta representación social con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 20 apartado c), 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 83 y 108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 405, 405 bis, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, le informa que en el estado que se encuentra la averiguación previa 305/2015/AMP04, no es factible realizar u ordenar el archivo correspondiente, toda vez la averiguación previa en mención se encuentra en trámite y desahogando diligencias a efecto de determinar sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, por lo cual no estamos en los extremos exigidos por el artículo 30 y 30 bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, aunado a esto las causas por las cuales procede a una investigación ministerial en primera instancia por que se ha cumplido el requisito de procedibilidad al existir la querella del C. Sergio Bermúdez Conde, por los hechos que considera como fraude genérico, por lo cual conforme a lo estipulado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra que la investigación de los delito incumbe a la institución del ministerio público, la representación social se encuentra a recabar y a realizar todos y cada uno de los mecanismos legales para allegarse de los medios de prueba pertinentes, por lo cual no es procedente en el estado que se encuentra dicha indagatoria, la realización de alguna determinación, ya que en la misma están pendientes de realizarse diligencias como hacer el conocimiento a las partes el procedimiento de medicación, al tratarse de un delito de querella el aquí denunciado, de igual forma falta por obtener la información solicitada a la Comisión Nacional Bancaria, mediante oficio número 195/2016/DAMPMS-M-I-04, de fecha tres de noviembre del año dos mil dieciséis, así como en vía de recordatorio el oficio enviado al Fiscal General Metropolitano, de la Fiscalía General del Estado, requiriendo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo antes mencionado; por dichas circunstancias, es procedente notificar al solicitante Ramón Yela Santillana que no es factible acordar favorable su pretensión por las manifestaciones ya aludidas." Asimismo, mediante similar 309/2017/M-UNO-AIE, de cuatro de julio de dos mil diecisiete (fojas 117 a 121), se tuvo al fiscal responsable remitiendo a esta autoridad copia certificada de la constancia de notificación al aquí quejoso de la determinación de veintisiete de junio del mismo año. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada de la Fiscalía General del Estado de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veintinueve de junio pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el oficio y anexo agregados en el auto de veintinueve de junio pasado, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público comisionado a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de veintiuno de junio pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, al remitir copia certificada de la resolución dictada el veintisiete de junio de la presente anualidad, por medio del cual da contestación al escrito presentado por el quejoso el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, dirigido a la averiguación previa 305/2015/AMP04; a través del cual el quejoso solicitó que se determinara el archivo de la citada indagatoria, o en su caso, las causas por las cuales proceden las investigaciones ministeriales a efecto de no dejarlo en estado de incertidumbre. Sin embargo, fue omisa en remitir copia certificada de la constancia de notificación al aquí quejoso de la resolución de veintisiete de junio pasado, dictado dentro de la averiguación previa 305/2015/AMP04, de su índice. Ahora bien, a efecto de estar en condición de verificar que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público comisionado a la Mesa Uno de Asuntos de Investigación Especializada para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, remita la constancia antes precisada. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por separado por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de veintiuno de junio de dos mil diecisiete. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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