Ramona Lydia Acosta Ayala

Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
196/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Ramona Lydia Acosta Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Acepta competencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad de Obregón, aceptó la competencia planteada y ordenó el trámite correspondiente. Archivo de expediente. En atención a lo expuesto, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de abril de dos mil veintiuno. Se solicita información de incompetencia. Del estado de autos se observa que el Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno, no ha comunicado la determinación que emitió respecto a la incompetencia por razón de territorio planteada. En esa virtud se solicita a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, que de no tener algún inconveniente informe a que Juzgado de Distrito le correspondió conocer del presente asunto por razón de turno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintiuno. 1. Recepción de oficio. Agréguese el oficio mediante el cual el secretario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, remite copia certificada de la demanda 928/2020 de su índice, con motivo de lo ordenado mediante auto de diez de diciembre de dos mil veinte, debido a la no vinculación del acto reclamado. 2. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 3. Incompetencia por razón de territorio. Una vez analizada la demanda presentada por Ramona Lydia Acosta Ayala, se advierte que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio. En efecto, el artículo 37 de la ley de la materia establece las reglas de competencia para conocer de juicios de amparo, a saber: a) La primera regla establece que, cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces será competente aquél ante el que se presente la demanda. c) En el último supuesto se establece la regla que consiste en que cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, la lectura integral del escrito de la quejosa y sus anexos evidencia que: a) La inconforme manifiesta tener reconocido el derecho al pago de pensión por jubilación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. b) La pensión de mérito le es pagada en su ciudad de residencia, a saber, Ciudad Obregón, Sonora, tal como se desprende de la copia de la credencial expedida por el consabido instituto, que adjuntó a la demanda. c) La inconforme manifiesta que su pensión ha sido cubierta de manera incompleta, en razón de que los incrementos a la pensión no se realizaron conforme al salario mínimo general en la zona de Hermosillo o el aumento salarial derivado de las negociaciones de los trabajadores del Estado de Sonora con éste, el que resultara mayor, de acuerdo con lo previsto por el artículo Quinto Transitorio del decreto 211 por el que fueron reformadas diversas disposiciones del artículo 38 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. En ese tenor, se concluye que el acto reclamado por la parte inconforme consiste en: La cuantificación de la pensión mensual que percibe como jubilada. Cabe destacar que no es obstáculo a tal precisión, la circunstancia de que en el apartado específico de la demanda de amparo, se indique: "IV. ACTO RECLAMADO: A).- La resolución negativa ficta configurada con motivo de la solicitud que formulamos a la hoy autoridad responsable, mediante escrito de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte. B).- El acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la ahora autoridad responsable, con fecha del quince de julio de dos mil veinte." Ello, pues se reitera que la lectura integral de la demanda evidencia que la quejosa realmente se duele de la cuantificación de su pensión y los argumentos relativos a que no se han aplicado los incrementos correspondientes, en realidad constituyen conceptos de violación. Lo que resulta lógico, puesto que de estimarse en la sentencia definitiva que la responsable no ha aplicado los incrementos en la forma en que legalmente está obligada, entonces el efecto de la sentencia protectora radicaría en que se efectúe el pago de la pensión de manera correcta y completa. Bajo ese contexto, se concluye que el acto reclamado es de naturaleza positiva y su ejecución, traducida en el pago incompleto de la pensión, tiene lugar en la localidad de residencia de la parte quejosa, por ser el lugar en que recibe dicha pensión; motivo por el cual se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo (competencia del juez ante el cual el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado). En esas condiciones, con fundamento en los numerales 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, así como el artículo cuarto, fracción V, párrafo segundo, del acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda y declina competencia a favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora en turno, residente en Ciudad Obregón, a quien deberá remitirse la presente demanda, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia planteada. Con las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda el agraviado, se les autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se les autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Notificaciones Electrónicas y acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con nombre de usuario "CARLOS HADAD", para imponerse de los autos, por así haberlo solicitado; así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. Ilustra lo anterior el criterio I. 2º.P.34 K (10ª.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." 6. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que se presenten en ese asunto, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada al mismo; igualmente, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture esta determinación y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese; y vía electrónica a la promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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