Ramona González Romo
Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ramona González Romo
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE ORDENA ARCHIVO)
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con trece minutos del dos de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa, autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo en el juicio de amparo 513/2022-A-I; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la lectura del escrito inicial de demanda, con las constancias de notificación del auto inicial a las partes -quejoso, autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito-; asimismo, se hace constar que la autoridad responsable no rindió su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada del oficio 10065/2022, derivado del proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en el cual se le pidió que lo rindiera. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existía tercero interesado. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y por vista la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; en el entendido que se reitera lo determinado respecto de la inexistencia de parte tercero interesada, toda vez que es evidente que en el particular no se actualizó alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de ofertar pruebas, sin que pase inadvertido que el quejoso en su demanda refirió haber exhibido documental, empero, no la adjuntó. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que no fueron formulados por ninguna de las partes. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos, de los que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 733/2022-A-I; y, R e s u l t a n d o : Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinte de abril de dos mil veintidós, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Ramona González Romo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado de la autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en Sonora, con residencia en esta ciudad. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las nueve horas con trece minutos de hoy, en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: C o n s i d e r a n d o s: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que, cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, aunado a que la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La omisión de acordar la solicitud de desistimiento presentada el cinco de marzo de dos mil veinte, respecto del trámite de adopción de dominio pleno en el procedimiento administrativo bajo el expediente 26180009396. Presunción de certeza del acto reclamado La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que el tres de mayo del presente año, fue debidamente notificada del oficio 10065/2022, derivado del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, por el que le fue solicitado dicho informe; lo anterior, según constancia de notificación existente en autos a foja 19, por lo cual, de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 117, de la Ley de Amparo, se le tiene como presuntivamente cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa el acreditamiento de inconstitucionalidad del acto. Se cita como apoyo, la tesis II.1o.P.35 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1363, Novena Época, con registro digital: 187512, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." Causal de improcedencia Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, la quejosa reclama la omisión de contestación a una solicitud que refiere planteó ante la autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en Sonora, con sede en esta ciudad. Por tanto, si la impetrante comparece al presente juicio de garantías para reclamar una actitud omisa por parte de la autoridad responsable que deriva de una solicitud que refiere haber efectuado, entonces, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe acreditarse previamente que se efectuó tal petición ante la señalada como responsable, con lo que se acreditaría el interés jurídico para efectuar tal reclamo en la vía de amparo. Sin embargo, al respecto este juzgador considera que la quejosa no cumple con lo anterior, por lo que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, sobre el particular, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" En tanto, que el diverso artículo 5, dice: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" Conviene también referir que del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emana lo relativo al interés (jurídico y legítimo), que debe acreditar el solicitante de la tutela constitucional para hacer procedente la acción de amparo intentada Dicho precepto señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Según lo dispuesto en la disposición constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho; asimismo, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos o resoluciones provenientes de autoridad, es un requisito de procedibilidad que el quejoso ostente un derecho subjetivo. Tales requisitos guardan íntima relación con el principio de afectación personal y directa que rige en el juicio de amparo, y que vistos en su conjunto, permiten afirmar, en lo que aquí interesa, que cuando se reclama un acto o resolución emitida en un procedimiento seguido ante una autoridad distinta a la judicial o jurisdiccional, su procedencia está sujeta a que se cause un agravio personal y directo a la persona que solicita la protección constitucional, por estimar que es titular de un derecho. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés jurídico es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado, de manera que el sujeto afectado solamente en sus derechos puede acudir al juicio de amparo, tal como consta en la tesis del Pleno del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 64, Primera Parte, página 68, del rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho subjetivo afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. Además, tal institución jurídica debe acreditarse fehacientemente para efectos del juicio de amparo, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad; ello conforme a los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la anterior Tercera Sala del mismo Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 16/94 y la tesis aislada XXV/89, ambas de la Octava Época, de los siguientes rubros: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." "INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo." Ahora, en lo que interesa, por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Conforme a lo anterior, tiene interés jurídico únicamente la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como el perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior significa, que el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado en la esfera del particular, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, de lo que se deriva fundamentalmente que: El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, Ese interés debe estar plenamente probado en el juicio de amparo para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. En ese tenor, la comprobación del interés jurídico debe estar vinculada directamente con el bien que se dice afectado, y con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de amparo. Ahora bien, como se precisó, la quejosa reclama la omisión de acordar la solicitud de desistimiento presentada el cinco de marzo de dos mil veinte, respecto del trámite de adopción de dominio pleno en el procedimiento administrativo bajo el expediente 26180009396, que refiere planteó ante la autoridad responsable Delegación del Registro Agrario Nacional en Sonora, con sede en esta ciudad. Por tanto, para reclamar una actitud omisa por parte de la autoridad responsable que deriva de una solicitud que refiere haber efectuado, debe acreditarse previamente el interés jurídico que le asiste, es decir, que efectuó tal petición ante la señalada como responsable, lo cual no ocurre en el caso, pues ninguna prueba aportó al respecto, por lo cual no se evidencia la afectación al derecho fundamental de petición, ya que para ello era necesario exhibir el original del acuse de recibo que rebelara la solicitud que dice haber formulado a la responsable. Es aplicable al anterior razonamiento y en lo conducente la jurisprudencia 1/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." No pasa inadvertido que en el presente asunto, la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado; sin embargo, tal presunción es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, ya que sólo cuenta con valor indiciario; aunado a que el interés jurídico no puede ser presuntivo sino demostrado de manera inconcusa e indubitable. Por identidad de razón es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 23/94, visible en la página veinte, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta y cuatro, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." En medida de lo expuesto, la promovente tiene la obligación de demostrar que el acto que reclama causa perjuicio a su esfera jurídica, por lo tanto, si no acredita dicha afectación, es lógico determinar que no cuenta con interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Lo anterior, pues, como principio inexcusable para la procedencia del juicio de amparo, se requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditado y no se infiera con base en presunciones, tal como se desprende de la jurisprudencia 2a/J. 16/948 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Al quedar evidenciada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo En consecuencia, se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. Se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por último, en relación con el sobreseimiento en el juicio de amparo, cabe indicar que el establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), no constituye en sí mismo una violación al derecho humano a un recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 22/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, Décima Época, con registro de localización digital 2005917, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." D e c i s i ó n : En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia que deriva del artículo 61, Fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos, promovido por Ramona González Romo, respecto de los actos precisados en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en el apartado IV de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio y anexos enviado por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el que informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; para tal efecto, de las constancias que acompaña se advierte que la responsable desincorporó de la esfera jurídica del quejoso el descuento efectuado a su pensión por concepto de servicio médico -efecto uno de ejecutoria de amparo-. Se requiere cumplimiento. No obstante, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita constancia fehaciente que acredite que realizó la devolución de las cantidades que fueron descontadas a la parte quejosa por concepto de servicio médico. En la inteligencia que deberá dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, para lo cual tendrá que proveer lo que estime necesario, tal como se determinó en la sentencia de este sumario, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Apercíbasele que de no dar cumplimiento a lo indicado, se le impondrá una multa que equivale a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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