Ramona Francisca Gonzalez Larios
Expediente 472/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 18 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Ramona Francisca Gonzalez Larios
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Vista la demanda inicial formulada por RAMONA FRANCISCA GONZÁLEZ LARIOS, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 472/2017-3A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. INCOMPETENCIA Derivado del análisis integral de la demanda de amparo, la parte quejosa estableció como acto reclamado el siguiente: "IV- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Como tal se señala la sentencia definitiva dictada por la Juez Segundo de lo Civil fechada el día diez de julio de dos mil diecisiete en el expediente número 403/2016, resolución publicada en el Boletín Judicial número 13300 de fecha doce de julio de dos mil diecisiete." De lo anterior, se advierte que la resolución reclamada es de aquellas que ponen fin al juicio de origen, ello es así, toda vez que de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo. Ahora, como ya se precisó, en el presente sumario constitucional, el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva de diez de julio de dos mil diecisiete, emitida por la Juez Segundo de lo Civil de Mexicali, Baja California, en la que declaró acreditada la acción reivindicatoria. En consecuencia, con dicha resolución se pone fin al juicio de origen, por consiguiente se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda en estudio en términos de los artículos 34, 47 y 170 fracción I de la Ley de Amparo, por tanto este Juzgado es legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Para una mejor comprensión del asunto en cuestión es preciso transcribir los numerales en mención, a saber: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Consecuentemente, procede el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 fracción III, inciso a), constitucional; en relación con los artículos 34, 47 y 170 fracción I, de la Ley de Amparo; por ende, se considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el artículo 34 del invocado ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tenor literal expresa: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa." En el mismo tenor, se invoca la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, identificada por el siguiente rubro y texto: "NULIDAD, JUICIO DE, EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA PONE FIN AL. El desechamiento de una demanda de nulidad, confirmado por la resolución recaída a la reclamación interpuesta en contra del auto del Magistrado instructor de la Sala Fiscal, constituye una resolución que pone fin al juicio en términos de los artículos 107, fracción III, inciso A), constitucional, así como 44 y 46 de la Ley de Amparo, ya que según la tradición sentada por nuestro máximo tribunal en las ejecutorias que originaron la tesis jurisprudencial 168 de la Cuarta Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, intitulada "JUICIO", y en otras más, debe entenderse por juicio para efectos del amparo (no necesariamente para otra materia procesal) todo el procedimiento judicial desde su inicio por cualquier medio -incluso diligencias preparatorias, ha dicho- hasta su conclusión. Y al lado de tal tradición, debe considerarse que la reforma a los preceptos citados sólo tiene sentido si gracias a ella, para superar los inconvenientes del sistema prevaleciente anteriormente, se hace efectivo el principio de economía procesal (invocado con insistencia en el proceso legislativo), evitando la tramitación del amparo indirecto en aquellos casos en los cuales las partes han podido rendir sus pruebas antes del juicio de amparo, como sucede durante la reclamación en contra del auto desechatorio de la demanda, de modo que resulta ociosa la apertura de un período probatorio o de instrucción típico de la primera instancia de aquél. Por ello, debe ser el amparo directo la vía para impugnar esa clase de actos." Del mismo modo, resulta aplicable la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, consultable a foja 87, Tomo IX, Marzo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." En mérito de lo expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo y con apoyo en lo previsto por los artículos 34, 47 y 170 fracción I de la ley de la materia, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole que de no tener inconveniente legal alguno acuse de recibo de estilo correspondiente e informar la determinación que tome respecto a la competencia planteada. DOMICILIO QUEJOSO Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados para tales efectos a las personas que indica. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE".
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