Ramona Ferratt Serrano
Expediente 350/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 29 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Ramona Ferratt Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal y el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo Cuarto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que en un plazo no mayor a noventa días, computado legalmente comparezca a solicitar la devolución de la documental que exhibió anexa a su escrito de demanda; previa copia certificada que a su costa se deje en autos para constancia; con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo, en su oportunidad será destruida la documental de mérito, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, hágase devolución a las autoridades Director General y Jefa del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, las constancias obrantes en dos tomos de pruebas, mismas que sirvieron para resolver el presente juicio de amparo. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal y el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo Cuarto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que en un plazo no mayor a noventa días, computado legalmente comparezca a solicitar la devolución de la documental que exhibió anexa a su escrito de demanda; previa copia certificada que a su costa se deje en autos para constancia; con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo, en su oportunidad será destruida la documental de mérito, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, hágase devolución a las autoridades Director General y Jefa del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, las constancias obrantes en dos tomos de pruebas, mismas que sirvieron para resolver el presente juicio de amparo. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la
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MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. CUMPLIMIENTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa RAMONA FERRATT SERRANO, no desahogó la vista que se le dio por auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, se procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 192174, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por sentencia de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa RAMONA FERRAT SERRANO, para el efecto de que: "a) Desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa, la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, hasta en tanto sean reformados o derogados mediante algún acto legislativo. b) Devuelvan las cantidades que con base en ellos le han sido descontadas del monto de su pensión a partir de la presentación de la demanda (veintiuno de mayo de dos mil dieciocho)." Inconforme con la anterior resolución, las autoridades responsables Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Jefe del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así como el Gobernador del Estado de Baja California, todas con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado de este Decimoquinto Circuito, radicándolo con el número 467/2018, cuyos Magistrados integrantes en sesión de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, determinaron confirmar la sentencia recurrida, en la que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de: "a) Desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa, la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, hasta en tanto sean reformados o derogados mediante algún acto legislativo. b) Devuelvan las cantidades que con base en ellos le han sido descontadas del monto de su pensión a partir de la presentación de la demanda (veintiuno de mayo de dos mil dieciocho)." Ahora bien, mediante auto de tres del mismo mes y año en curso, de dio vista a la parte quejosa con el oficio remitido por la responsable Delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, al cual anexó copia certificada de los cheques con números 84862, 84863, 16500, 16501, constancia de recepción de los mismos por la quejosa, así como copia de su credencia para votar, con lo cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En tal virtud, SE TIENE POR CUMPLIDA SIN EXCESO NI DEFECTO LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. En términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuentan con el término de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Celia Eulalia Guillén Guerrero, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado actual de autos, de los que se advierte que las autoridades responsables, no han dado cabal cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables Director General y Departamento de Nóminas ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, todas con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que deberán informar a este Juzgado Federal, lo que hicieron en acatamiento al mismo; lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, 192 de la Ley de Amparo; apercibidas las autoridades responsables que de no hacerlo así, se les hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de febrero del año en curso; así como que se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en toda la República Mexicana, de conformidad con el numeral 258 de la citada ley, además se procederá en términos de los artículos 193 y 197 del precepto legal en comento. Notifíquese.
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