Ramon Torruco Sarabia
Expediente 1521/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 22 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ramon Torruco Sarabia
- Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
MESA 2.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciséis de enero del año actual, designó al suscrito Carlos Calderón Espíndola, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve. Por otra parte, como se advierte de la certificación de cuenta, las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de siete de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en término del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 169 a 190), se negó el amparo y la protección de la justicia federal a Ramón Torruco Sarabia e Instituto Mexicano del Seguro Social, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso Ramón Torruco Sarabia, interpuso recurso de revisión, mismo que fue registrado con el número 220/2018, del índice del entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad y resuelto en sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, revocando la sentencia impugnada y concediendo la protección de la justicia federal al aludido impetrante de amparo (fojas 282 a 317). El doce de diciembre de dos mil dieciocho, se requirió a la responsable el cumplimiento al fallo protector precitado (fojas 318 y 319). Mediante los oficios recibidos el veintinueve de enero y seis de marzo, ambos de dos mil diecinueve, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente 246/1995 de su índice, relacionadas con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo precitada (fojas 330 y 331, 347 a 353). Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro <<DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO>>. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR El Tribunal revisor otorgó la protección de la justicia federal al quejoso Ramón Torruco Sarabia, con base en las siguientes consideraciones: <<[.] [.] se advierte que al realizar las cuantificaciones de los montos adeudados por los conceptos de pensión por incapacidad permanente y aguinaldo, la Junta responsable soslayó tomar en consideración el porcentaje total de incremento salarial respecto del año dos mil doce. En efecto, de la resolución interlocutoria reclamada, se advierte que al realizar los cálculos de los conceptos por los que fue condenado el Instituto Mexicano del Seguro Social demandado, la autoridad laboral tomó en consideración un porcentaje de incremento salarial diverso al que correspondía por cuanto hace al año dos mil doce, ya que de acuerdo a la documental ofrecida por la parte incidentista, consistente en la Tabla de Incrementos de Salarios Mínimos Generales de los Estados Unidos Mexicanos, autorizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a la que otorgó valor probatorio, el referido aumento fue del 4.6% y no únicamente del 4.2%, como lo señaló al realizar el cálculo respectivo, en tanto que éste corresponde al periodo del uno de enero al veintiséis de noviembre, ya que por el diverso lapso de veintisiete de noviembre al treinta y uno de diciembre, el aumento al salario fue del 0.4%. Porcentajes que al aplicarse correctamente arrojan una diferencia considerable en relación con la cantidad total a la determinada en la resolución interlocutoria reclamada; de ahí que en cumplimiento a esta ejecutoria, la responsable deberá realizar de nueva cuenta el cálculo correspondiente al dos mil doce, aplicando el porcentaje de incremento total para esa anualidad [.]>>. Con motivo de lo anterior, otorgó el amparo para que la autoridad responsable: <<1) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de tres de julio de dos mil diecisiete, dictada en los autos del 246/1995, de su índice; 2) En su lugar dicte otra, en la que reitere los aspectos que no fueron motivo de concesión, y realice nuevamente las cuantificaciones de los montos adeudados por los conceptos de pensión por incapacidad permanente y aguinaldo, específicamente por cuanto hace al año dos mil doce, para lo cual deberá tomar en consideración que el incremento salarial total respecto de esa anualidad fue del 4.6%>>. Al respecto, con las constancias remitidas, la responsable demostró que en proveído de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral precitado, dejó insubsistente el aludido acto reclamado. Asimismo, que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, emitió nueva resolución interlocutoria de liquidación de laudo, en la que se advierte que realizó las cuantificaciones de los montos adeudados por los conceptos de pensión por incapacidad permanente y aguinaldo, respecto al año dos mil doce, con base en el incremento salarial total respecto de esa anualidad del 4.6%. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo en cuestión HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, como en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 2.-Notifíquese personalmente.
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MESA 2.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE Visto, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por ministerio de ley, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio; asimismo solicita prórroga. Ahora bien, toda vez que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental de la justicia pronta, mismo que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos legales. Al respecto, el numeral 192 de la Ley de Amparo dispone: <<Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga": Del precepto transcrito se desprende que la autoridad responsable debe cumplir con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días; asimismo, faculta a este órgano jurisdiccional para que ese término se amplíe, atendiendo a la complejidad o dificultad del caso. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, con apoyo en el citado artículo 192, se concede a la citada autoridad responsable, prórroga por el término de cinco días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que dé cumplimiento al fallo protector, apercibido que de hacerlo así dentro del plazo concedido, se le impondrá a Raúl Domínguez Herrera, presidente por ministerio de ley de la junta responsable, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubro <<PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO".
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MESA 2.-[...] VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de treinta de enero pasado, se tuvo al Auxiliar de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, informado que turnó los autos del expediente laboral 246/1995 de su índice, a uno de los dictaminadores de dicha junta, sin que con posterioridad haya informado al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable para que dentro del término de tres días remita las constancias con las cuales acredite el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo.
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