Ramón Salvador Soler Hernández

Expediente 805/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
805/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • Ramón Salvador Soler Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante el cual remite los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 245/2020-I-1 de su índice, y de la revisión practicada a los aludidos cuadernos se advierte que éstos se encuentran debidamente fallados, por lo que se ordena colocar las carátulas respectivas, para su debida identificación, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de la certificación secretarial se advierte que en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se ordenó el archivo del mismo. En consecuencia, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  2. Incidental

    MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en proveído de esta misma data, dictado en el expediente principal relativo al presente incidente, se tuvieron por recibidos los presentes cuadernos incidentales, y al encontrarse debidamente fallados, se ordenó colocar las carátulas correspondientes, para su correcta identificación; en consecuencia, dese cumplimiento a lo decretado, en los aludidos términos. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que en proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio principal del que deriva este incidente, se ordenó su archivo. Por lo que al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 10.-VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Ramón Salvador Soler Hernández; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que proveído de trece de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, informando que los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 245/2020-I-1 de su índice, se encuentran en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con motivo del recurso hecho valer por el quejoso Ramón Salvador Soler Hernández, el cual quedó registrado bajo el índice 98/2020, por lo que mediante atento oficio hágasele saber a la superioridad el contenido del presente acuerdo, a fin de que este en aptitud de acordar a lo que derecho corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 10 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las once horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 805/2020-10, promovido por Ramón Salvador Soler Hernández. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo consistentes en copia simple de la cédula de notificación de veintisiete de enero de dos mil veinte, recibos de pago del periodo comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y de la credencial para votar a nombre del promovente (fojas 23 a 33 ); asimismo, con la copia certificada del expediente UTTAB/CI/PA/01/2020, remitida por la autoridad responsable denominada Contralor interno de la Universidad Tecnológica de Tabasco, las cuales obran glosadas en autos (fojas 76 a 152). Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 805/2020-10, promovido por Ramón Salvador Soler Hernández contra actos de la Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica de Tabasco, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 1, párrafos primero al tercero, 5, párrafo primero, 14, párrafo primero, 16, párrafos primero y segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, el siete de febrero de dos mil veinte, y turnado al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, el diez de febrero siguiente, Ramón Salvador Soler Hernández solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLES ORDENADORA: Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica de Tabasco. EJECUTORAS: Secretario Académico de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Titular de la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco ACTOS RECLAMADOS El acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente UTTAB/CI/PA/001/2020, en el que se decretó la suspensión laboral temporal del quejoso por el término de noventa días sin goce de sueldo y su ejecución. SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Y RECUSACIÓN. En proveído de once de febrero de dos mil veinte (fojas 36 a 40) el Juzgado Septimo de Distrito, radicó la demanda de amparo bajo el expediente 245/2020-I-1, y el Titular de ese órgano jurisdiccional planteó recusación por considerarse impedido para conocer y resolver la citada demanda de amparo, bajo el argumento de tener una relación de amistad estrecha con el licenciado Juan Gutemberg Soler Hernández, autorizado en términos amplios del quejoso, a quien manifestó conocer por haber fungido como secretario de juzgado adscrito a ese órgano jurisdicional, del periodo comprendido del uno de junio al treinta de septiembre de dos mil dieciocho. TERCERO. TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN Y RETURNO DEL EXPEDIENTE 245/2020-I-1. El recurso referido en el párrafo anterior, le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad bajo el impedimento 3/2020, en el cual emitió resolución de uno de julio de dos mil veinte (fojas 3 a 9), declaró fundado el impedimento planteado, por tanto, mediante oficio 483-P3, de diecisiete de septiembre del presente año (foja 2), el Actuario Judicial del referido Tribunal Colegiado, turnó la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, el dieciocho de septiembre siguiente, y turnado a este juzgado, el veintiuno del mismo mes y año (foja 1). CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por tanto, el veintidós de septiembre de dos mil veinte (fojas 48 a 53), este juzgado se avocó del conocimiento y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 805/2020-10; se requerió informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. ACUERDOS GENERALES 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. El presente juicio de amparo se recibió y tramitó conforme a las disposiciones previstas en los Acuerdos Generales 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para los asuntos urgentes y juicios en línea; cuya vigencia se establece, respectivamente, del seis al treinta y uno de mayo, del uno al quince de junio, del dieciséis al treinta de junio, del uno al quince de julio y del dieciséis al treinta y uno de julio, todos del presente año. Posteriormente, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y III, 3 y 12 del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado: El acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente UTTAB/CI/PA/001/2020, en el que se decretó la suspensión laboral temporal del quejoso por el término de noventa días sin goce de sueldo y su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Secretario Académico y el Contralor Interno ambos de la Universidad Tecnológica de Tabasco, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo, la certeza del acto se advierte de la copia certificada del expediente UTTAB/CI/PA/01/2020, que anexó a su referido informe la autoridad responsables citada en segundo término (fojas 76 a 152). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Por otra parte, la autoridad señalada como responsable Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco, con residencia en esta ciudad omitió rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada del oficio por el que se les requirió el mismo. Por lo anterior, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se atribuyen a dicha autoridad. En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente UTTAB/CI/PA/001/2020, en el que se decretó la suspensión laboral temporal del quejoso por el término de noventa días sin goce de sueldo y su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el juicio. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable. (.).". De este precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se trate de actos consumados. Por su parte, el artículo 77, fracción I, de la propia Ley Amparo dispone que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Entonces, la interpretación armónica de ambos preceptos permite concluir que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, lo cual torna improcedente la acción de amparo, porque, para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trata. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos; es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, de forma que su situación vuelva a como estaba antes de las violaciones cometidas; de esta manera, se distinguen entre aquéllos consumados de manera reparable o irreparable. En el caso, no se trata de un acto consumado de modo reparable, porque éstos, por sus características, prevén la posibilidad de la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de los derechos humanos, mediante la emisión y cumplimiento de una sentencia concesoria de amparo. Por el contrario, en el caso, física y materialmente ya no puede ser restituida de las consecuencias y efectos que surtió la medida de protección reclamada en esta vía, es decir, no puede volverse al estado en que se encontraban las cosas antes de las violaciones reclamadas, por lo que es inconcuso que se trata de un acto consumado de modo irreparable. Luego, de las constancias que integran el expediente UTTAB/CI/PA/01/2020 (fojas 76 a 152), a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se acreditó la emisión del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente UTTAB/CI/PA/001/2020, en el que se decretó la suspensión laboral temporal del quejoso por el término de noventa días sin goce de sueldo y su ejecución. En efecto, de la copia certificada del referido expediente administrativo, se desprende que en proveído de quince de enero de dos mil veinte el contralor interno responsable inició el trámite del mismo con motivo de las diferentes denuncias presentadas el trece del mismo mes y año por diversos alumnos de esa universidad en contra del ahora quejoso en su carácter de catedrático de la misma. El veintisiete de enero de dos mil veinte, el contralor interno responsable, determinó que a fin de garantizar la no vulneración de los derechos de las víctimas y por seguridad de la comunidad estudiantil a fin de evitar de que se pudieran seguir originando situaciones que vulneraran los derechos de los jovenes universitarios, decretó la suspensión laboral temporal del quejoso por el término de noventa días naturales y señaló las trece horas del cuatro de febrero de dos mil veinte, para que el quejoso compareciera ante esa autoridad a manifestar lo que a su derecho conviniera respecto a los hechos investigados, para lo cual podría hacerse aconpañar de persona de confianza o abogado que lo representara. El veintinueve de enero de dos mil veinte, el contralor interno responsable notificó al quejoso el proveído de veintisiete de enero de la presente anualidad. El cuatro de febrero de dos mil veinte, el contralor interno responsable hizo constar la incomparecencia del quejoso a la diligencia programada para esa fecha en la cual se requerió su presencia a fin de que se impusiera de los autos del citado expediente administravo instaurado en su contra. En proveído de siete de febrero de dos mil veinte el contralor interno responsable ordenó hacer del conocimiento del Director de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Tabasco el acuerdo de veintisiete de enero del presente año, en el cual decretó la suspensión laboral temporal del quejoso por el término de noventa días naturales con goce de sueldo, a fin de que ordenara a quien corresponda hiciera los trámites correspondientes para el pago al citado maestro. Por tanto, es evidente que el acto reclamado consistente en suspensión laboral temporal del quejoso por el término de noventa días sin goce de sueldo, quedó consumada de modo irreparable, toda vez que ya se realizaron la totalidad de sus efectos y consecuencias porque el veintinueve de de abril de dos mil veinte perdió vigencia; por tanto, ya no se puede restituir al quejoso al estado en que se encontraba antes de esta fuera dictada, pues no es físicamente posible borrar los efectos de la suspensión laboral provisional de la que fue objeto. Es decir, aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; esto quiere decir que, en el plano material de los hechos, no habría manera de que se le afectara al quejoso con la ejecución de la suspension laboral, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente o violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo. De tal manera, la ejecución de la medida precautoria aquí reclamada debe considerarse como un acto consumado de forma irreparable, al haberse agotado sus efectos debido a la temporalidad por la que fue emitida, es decir, por el termino noventa días, los cuales trascurrieron del treinta de enero de dos mil veinte y feneció el veintiocho de abril de la presente anualidad, dado que en modo alguno podría restituirse a la quejosa en el goce de los derechos que se hubiesen violado. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 171/2007, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 423 Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia(s): Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. Asimismo, resulta orientadora y aplicable, por los motivos que integran, la tesis V.2o.P.A.15 P, Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en la página 2130, Lobro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, de rubro y texto siguiente: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LOS CONSTITUYEN LA DETENCIÓN, EL ENCARCELAMIENTO Y LA RETENCIÓN DEL IMPUTADO, CUANDO SE RECLAMAN DE MANERA DESTACADA, ADICIONALMENTE AL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Deben considerarse irreparablemente consumados los actos mencionados para efectos de la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, cuando se reclamen de manera destacada, adicionalmente al auto de formal prisión, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes; es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo, como sucede en el caso, al haberse reclamado también el auto de formal prisión derivado de los mismos hechos por los que se impugnan los demás actos por los que se desechó la demanda de amparo. En razón de lo anterior, será en todo caso dentro de la sentencia definitiva del juicio de amparo que se ocupe de analizar la constitucionalidad del auto de formal prisión, que la autoridad de amparo se encontrará en posibilidad de valorar las pruebas conducentes y determinar si los actos que precedieron al auto de formal prisión resultan legales o no, y de encontrar que alguna o algunas pruebas resultan ilícitas, efectuar la declaratoria correspondiente y ordenar su exclusión del caudal probatorio para los efectos conducentes, sin que ello implique o pueda tener el alcance de que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes, dada la imposibilidad física y material a que se aludió." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción VI de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la citada legislación. Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, del tomo VI, Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Ramón Salvador Soler Hernández, contra los actos reclamados a las autoridades responsables por los motivos expresados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

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