Ramón Sabás Jiménez Fonseca
Expediente 1812/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1812/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Ramón Sabás Jiménez Fonseca
Actuaciones
- Incidental
VISTOS, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1812/2023-I; y, .... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E : Primero.- Se niega la suspensión definitiva a********************, que solicitó contra el acto y autoridad mencionados en los considerandos primero y segundo, en atención a las precisiones del considerando tercero. Segundo.- Se concede la suspensión definitiva a********************, que solicitó contra el acto y autoridad mencionados en los considerandos primero y segundo, para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta resolución.
- Incidental
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remite testimonio de la ejecutoria dictada, en el amparo en revisión 130/2023 de su índice, en la cual determinó: ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión. Asimismo, devuelve los autos originales del juicio en el que se actúa, por tanto, acúsese el recibo correspondiente, hágase la anotación en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, se declara que la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, ha causado ejecutoria. En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable, Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del plazo de tres días de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado de Distrito y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 192 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Sabás Jiménez Fonseca, por propio derecho, contra actos de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1812/2023-I. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción, I, 35, 37, 107, fracción II, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo presentada por Ramón Sabás Jiménez Fonseca, por propio derecho, contra la resolución de veintiséis de octubre del año en curso, dictada en el juicio contencioso administrativo 502/2020, en la que se le impuso multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Por otra parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado y cuaderno único, con copia de la demanda de amparo, fórmese el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas del veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación, solicitándole privilegie el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrá realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el supuesto de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Karina Rosales Salinas, Mireya León Becerril y Roberto Palma Ángeles y al resto de las personas que menciona en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a las diversas personas que refiere, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que el quejoso deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la Tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Asimismo, toda vez que se encontró registro del usuario "karynapjf" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico y se autoriza para oír y recibir notificaciones dentro del presente juicio de amparo. En diversa guisa, respecto a los medios de pruebas ofrecidos, reseñados a continuación: La documental pública, consistente en la impresión con evidencia criptográfica del Formato Único de Movimiento Personal (FUMP). La documental pública, consistente en copia de todo lo actuado en el juicio contencioso administrativo con número de expediente 502/2020 del índice de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado y por actuar en el presente juicio de amparo. La presuncional en su doble aspecto legal y humano, consistente en todo lo que favorezca a los intereses de la quejosa. Las demás que resulten necesarias en el momento procesal oportuno y en razón de aquellas que rinda la autoridad responsable en sus informes previo y justificado. En ese sentido, respecto a los medios probatorios ofertados por el promovente señalados con los numerales 1, 2 y 4, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos, admitidos y desahogados, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de éstos en la celebración de la audiencia constitucional, con la precisión de que la prueba 2 se exhibió sin certificación. Asimismo, tocante a las diversas probanzas señaladas con los arábigos 3 y 5, se reserva a hacer mayor pronunciamiento, hasta en tanto rinda el informe justificado y se integre en su totalidad el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de éste y de las demás partes en este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
- Incidental
Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple del escrito inicial de demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1812/2023-I, promovido por Ramón Sabás Jiménez Fonseca, por propio derecho, contra actos de la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretará a expresar si son ciertos los hechos que le atribuye el quejoso y que determinan la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándole que de no existir inconveniente legal alguno, rinda el informe solicitado privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe previo; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se apercibe a la responsable que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se hará acreedora a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, los actos reclamados materia del presente incidente de suspensión, se hacen consistir en: La resolución de veintiséis de octubre del año en curso, dictada en el juicio contencioso administrativo 502/2020, en la que se le impuso multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Una vez precisado el acto reclamado, respecto a su emisión, con fundamento en los artículos 128 y 138, fracción I de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que es inconcuso que el acto reclamado reviste el carácter de consumado en virtud de que ya fue ordenado por la autoridad responsable judicial, y contra actos de esta naturaleza no es procedente conceder la medida cautelar, tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad a la que se le atribuye, pues de concederse tal medida, este órgano de control constitucional estaría dando a la medida suspensional, efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal; pues de concederse la protección de la justicia federal, el efecto sería el de reponer al quejoso en el goce de su derecho violado. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 45, del tomo IV, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, octava época, con número de registro 226599, que establece: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva en el amparo que se pronuncie." Luego, con relación a las consecuencias y efectos que pueda ocasionar la ejecución de la resolución impugnada, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga de ejecutar el acto reclamado, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente incidencia. En ese sentido, toda vez que la medida suspensional se decreta en contra de una multa derivada de un procedimiento administrativo, es evidente que constituye un crédito fiscal en términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis 2a./J. 50/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2003, Novena Época, visible a página 252, que establece: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código." Medida cautelar que, de conformidad con lo que constituye el artículo 135 de la Ley de Amparo, surtirá sus efectos si el quejoso acredita que ha constituido o constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; ello como garantía para asegurar el interés fiscal. Lo anterior, al atender que la sanción impuesta al peticionario de amparo constituye el cobro de una sanción de naturaleza fiscal, la cual debe ser condicionada para que surta efectos la suspensión concedida, en términos del citado artículo 135 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/57 A, sustentada por los Plenos de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, noviembre de 2015, Décima Época, consultable en la página 2118, que establece: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." También, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 138/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, en la página 445, que establece: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Así como la jurisprudencia 2a/J.148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2005, Tomo XXII, Novena Época, visible a página 365, de rubro y texto siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Asimismo, la suspensión concedida en esta determinación no surtirá efectos en tratándose de actos posteriores a su concesión, o bien si provienen de autoridades distintas a la señalada como responsable. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y******************** y al resto de las personas que menciona en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que el quejoso deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la Tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Asimismo, toda vez que se encontró registro del usuario "********************" en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico y se autoriza para oír y recibir notificaciones dentro del presente juicio de amparo. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas hábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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