Ramón Francisco Iglesias Bernal
Expediente 1507/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1507/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Ramón Francisco Iglesias Bernal
Actuaciones
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- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, José Alfredo Monroy Martínez Director General del Instituto Pardés, Asociación Civil, aduce apersonarse al presente juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autoriza a diversas personas en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia y en atención al requerimiento formulado en proveído de quince de noviembre pasado, remite diversas constancias que integran el expediente escolar del menor de identidad resguardada con iniciales J.M.I de J. Atento a lo anterior, dese vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como domicilio para oír recibir notificaciones la dirección que proporciona, y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo a las persona que indica. Finalmente, a efecto de que se cumpla lo expuesto y de integrar correctamente el presente juicio, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional fijada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, y a su vez, se fijan las trece horas con quince minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que las autoridades responsables Director General del Instituto Pardes, Asociación Civil y Director Académico del Instituto Pardes, Asociación Civil, fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificados del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, a través del cual se les requirió para tal efecto. En ese sentido, a efecto de velar por la debida integración del presente juicio y de contar con los elementos suficientes para emitir la sentencia que en derecho corresponda, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, se requiere a Director General del Instituto Pardes, Asociación Civil y Director Académico del Instituto Pardes, Asociación Civil, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copias certificadas, legibles y completas del expediente escolar del menor de iniciales J.M.I. DE J., haciendo especial énfasis, en el entendido que, de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se resolverá lo correspondiente de acuerdo a las constancias que obren en autos y se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 363/emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". A fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para hoy, se difiere, y en su lugar se señalan las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese.
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Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Quince de septiembre de dos mil veintitrés (fecha de pago) Veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Cuatro de octubre de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de pago de pensión decretada mediante resolución emitida en el expediente 50/2023 de dos de junio de dos mil veintitrés. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de agosto de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación, le correspondan a ********************, conforme a la resolución emitida en el expediente 50/2023 de dos de junio de dos mil veintitrés, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente ejecutoria, para que dicho pago se realice." Así, el veintiocho de septiembre del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y dado que resultaba un hecho notorio para este Juzgado, que en el incidente de suspensión derivado del presente sumario, en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se recibió el comunicado sin número, remitido por el delegado del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, con el cual, exhibió copia del comprobante de pago de pensión de quince de septiembre de dos mil veintitrés, efectuado en favor del quejoso ********************; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, realizó las gestiones administrativas necesarias para comprobar a este Juzgado Federal, que le fueron depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de pensión le correspondían al quejoso ********************, conforme al dictamen emitido y realizó el pago correspondiente. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa esta determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Luis Alfonso Cruz González, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés******************** De la certificación de cuenta, se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada en la audiencia constitucional el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo a la parte quejosa******************** Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)******************** En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsable, para que dentro del término de tres días de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación******************** Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
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