Ramón Rodríguez Acosta
Expediente 670/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ramón Rodríguez Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del trece al veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de noviembre del propio año, dentro del juicio de amparo número 670/2017-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Si existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Providencias sobre el incidente de suspensión. En otro aspecto, al haberse concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de tres años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. Devuélvase al Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, las copias certificadas del expediente 396/2017, que remitió en alcance a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. FabiMtz*.
- Principal
El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con la razón actuarial que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de cuenta se desprende que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito a este juzgado notificar personalmente a la parte quejosa la sentencia de seis de los corrientes, en atención a que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se ordena hacer dicha notificación y las subsecuentes que tengan el carácter de personal por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, hasta en tanto se subsane dicha omisión. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. Doy fe. SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE SEIS DE NOVIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. ". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo Ramón Rodríguez Acosta, contra los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público Especial para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango y del Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Ministerial del Estado de Durango; consistentes en la integración de la averiguación previa penal 12/AEIV/2014 y la determinación del ejercicio de la acción penal en dicha indagatoria, así como la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, respectivamente. Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ramón Rodríguez Acosta, contra el acto reclamado del Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en la orden de aprehensión de veinte de abril de dos mil quince, dictada dentro de la causa penal 104/2014; conforme a los razonamientos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 670/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, Ramón Rodríguez Acosta demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables Ordenadoras: Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Agente del Ministerio Público Número Cuatro para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (con denominación actual Agente del Ministerio Público Especial para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas). Ejecutoras: Director de Investigaciones y Titular de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) en el Estado de Zacatecas, residente en la ciudad del mismo nombre. Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango (que el quejoso denominó Director Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango). Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado de Durango. Actos reclamados: "a) De la C. Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, le reclamo la ilegal orden de aprehensión que arbitrariamente ha emitido en mi contra, el día veinte de abril de dos mil quince, dentro de la causa penal 104/2014. b) Del C. Agente del Ministerio Público número Cuatro para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas le reclamo la indebida integración de la averiguación previa número 12/AEIV/2014, su consignación ante el Juez Penal en turno del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, así como la orden que haya transcrito a la policía a su cargo para que cumplimente en mi persona la ilegal orden de aprehensión que arbitrariamente ha emitido en mi contra el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. c) Al Director de Investigaciones y Titular de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) Zacatecas, al Director Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango y al Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Durango, les reclamo la ejecución de la orden de aprehensión que se pretende ejecutar en mi contra de manera antijurídica." Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de siete de abril de dos mil diecisiete, el titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango registró el asunto con el número 396/2017, admitió a trámite la demanda, solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de su adscripción, mandó emplazar al tercero interesado Raúl Cháidez Martínez y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 82 y 83). Por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se declaró inexistente a la autoridad responsable denominada por el quejoso como Director de Investigaciones y Titular de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro en el Estado de Zacatecas, por lo que el trámite del juicio se siguió únicamente por las restantes autoridades (foja 282). El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo legalmente emplazado al tercero interesado (fojas 323 y 337). El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, inició la audiencia constitucional en la que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo, en razón de que las autoridades responsables residentes en el Estado de Durango habían negado los actos de ejecución que se les reclamaron, por lo que únicamente quedaban subsistentes los actos atribuidos a las autoridades residentes en el Estado de Zacatecas; de ahí que consideró que eran los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas los competentes para conocer del juicio de amparo. TERCERO. Trámite del juicio de amparo ante este juzgado de Distrito. Mediante oficio recibido el catorce de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango remitió los autos del juicio de amparo 396/2017, de su índice, promovido por Ramón Rodríguez Acosta. Por razón de turno, correspondió conocer del citado juicio de amparo a este juzgado de Distrito; mediante auto de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, se registró el asunto con el número de expediente 670/2017, se aceptó la competencia planteada por el juez declinante, se ordenó dictar la sentencia correspondiente, al haber iniciado la audiencia constitucional el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclama una orden de aprehensión dictada por el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Agente del Ministerio Público Especial para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad (antes Agente del Ministerio Público Número Cuatro para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado): La integración de la averiguación previa penal 12/AEIV/2014, en contra del aquí quejoso y otro, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y secuestro agravado, en perjuicio de la sociedad y David Cháirez Martínez, respectivamente (que derivó de la diversa indagatoria 135/2014, seguida en contra de quien resultara responsable por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y robo, en agravio de David y Raúl, ambos de apellidos Chaírez Martínez, respectivamente). El acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, por el que se ejerció acción penal en la averiguación previa 12/AEIV/2014. Del Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas: La orden de aprehensión de veinte de abril de dos mil quince, dictada dentro de la causa penal 104/2014, contra Ramón Rodríguez Acosta y otro, por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, en agravio de David Cháirez Martínez y la sociedad. Del Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango (que el quejoso denominó Director Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango) y del Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado de Durango: La ejecución de la orden de aprehensión reclamada. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango y al Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado de Durango, consistente en los actos tendentes a ejecutar la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, pues lo negaron en su respectivo informe justificado (fojas 94 y 275). Además, el quejoso no acreditó la existencia de los actos de ejecución atribuidos a las citadas autoridades; sin que se desprenda su certeza de las pruebas que obran en autos. De ahí que éstos resulten inexistentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo VI, página 236, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." El criterio de jurisprudencia que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. En conclusión, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados y autoridades que fueron materia del presente considerando. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, aceptó la emisión de la orden de aprehensión reclamada (foja 262). Por su parte, el Agente del Ministerio Público Especial para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas al emitir su informe con justificación aceptó la integración de la averiguación previa penal AP/12/AEIV/2014, en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y secuestro (foja 96). A su informe, las responsables acompañaron copia certificada de la averiguación previa y causa penal de origen; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado de las autoridades aludidas, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto, resulta oportuno narrar los antecedentes del acto reclamado. 1. El siete de mayo de dos mil catorce, Raúl Cháirez Martínez compareció ante el Agente del Ministerio Público Número Diez para Atención Permanente del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a denunciar los hechos que estimó constitutivos de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio, en agravio de su hermano y el de robo de vehículo, en su perjuicio (fojas 5 a 7 del tomo I de pruebas); narrando que: a) Junto con sus hermanos de nombres Jesús, Exiquio, Longino y David, todos de apellidos Chairez Martínez, se dedica al negocio de la ganadería. b) Es propietario del vehículo automotor marca Ford, Línea F-150, tipo Pick Up, modelo mil novecientos noventa, color blanco con rojo, con número de serie 1FTHF25H6LLB00845, sin placas de circulación, con seña particular empadronada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con calcomanías en sus dos puertas de la Unión de Introductores de Ganado. c) El cinco de mayo de dos mil catorce, junto con su hermano David, a bordo del vehículo de su propiedad, llegaron al entronque que dirige a la comunidad de Chichimequillas, en donde se encontraron con Efrén Landeros, quien en dicho lugar vende fruta. Estando en dicho lugar se les acercaron dos sujetos del sexo masculino, de aproximadamente veintitrés o veinticuatro años, un metro con setenta centímetros, complexión robusta, uno de ellos de tez blanca y el otro de piel morena. Dichas personas se pusieron a platicar con su hermano David diciéndole que se les había descompuesto una camioneta en la que traían dos becerros y una ternera, que si les ayudaba a llevarlos al rastro, se los venderían a buen precio; por lo que su hermano le pidió prestada la camioneta y a bordo de ésta se fue con los dos sujetos que previamente se habían acercado. d) Después de veinte minutos recibió una llamada telefónica a su celular (4931127112) del teléfono de su hermano David (4939396353) y, al contestar, una persona del sexo masculino le dijo que tenían secuestrado a su hermano y que querían quinientos mil pesos de rescate. e) Siguió recibiendo llamadas, de un número telefónico distinto al de su hermano, en las cuales le cuestionaban que si ya tenía el dinero. f) Durante las llamadas, negoció que el rescate fuera por la cantidad de cincuenta mil pesos. g) Antes de las veintitrés horas del mismo día (cinco de mayo dos mil catorce), recibió nuevamente una llamada del celular de su hermano David y el sujeto que le habló le preguntó que si ya tenía la cantidad pactada, respondiéndole que sí, por lo que el activo lo citó a las once de la noche en la gasolinera que está en la entrada de la comunidad de la Estación San José, municipio de Fresnillo, Zacatecas. h) Previamente, había dado aviso de los hechos ocurridos a la Secretaría de Marina, por lo que después de recibir la llamada para entregar el rescate, se puso de acuerdo con el Capitán de Marina para que acudieran al lugar. i) Al encontrarse en la gasolinera acordada, recibió nuevamente una llamada del celular de su hermano, quien se comunicó le dijo que habían visto una camioneta de la Marina, por lo que ya no se haría en ese lugar el pago del rescate, que se trasladara a las afueras del rancho Los Torunos, ubicado entre "el pardillo tercero y el pardillo segundo", a unos cuatro kilómetros de la estación San José. Por lo que dicha circunstancia se la comunicó a los elementos de la marina a efecto de que lo acompañaran a dicho lugar. j) Siendo aproximadamente las cero horas con treinta minutos del seis de mayo de dos mil catorce, llegó al rancho acordado, junto con elementos de la Marina, en donde dejó una bolsa de plástico negra con los cincuenta mil pesos; en dicho lugar, esperó hasta las cuatro de la mañana sin que aparecieran personas alguna por el rescate, por lo que se retiró del lugar llevándose el dinero. k) A las ocho horas, nuevamente recibió una llamada del celular de su hermano y una persona del sexo masculino le preguntó que si ya había dejado el dinero, a lo que respondió que sí, cortando la llamada, a los pocos minutos nuevamente se comunicó el sujeto activo quien le dijo que en el lugar no había nada, por lo que acordaron que el rescate sería entregado en el rancho La Herradura que se ubica a la salida a Valparaíso; se trasladó a dicho lugar, de donde se retiró a las ocho de la noche con el dinero, puesto que nadie había acudido al lugar. l) Sin que volviera a recibir alguna llamada de los sujetos que tenían a su hermano. 2. Mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil catorce, la agente investigadora inició la averiguación previa penal 135/2014 en contra de quien resultara responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y robo de vehículo, en agravio de David y Raúl, ambos de apellidos Chairez Martínez, respectivamente (foja 10 del tomo I de pruebas). 3. El siete de mayo de dos mil catorce, la Agente del Ministerio Público Número Diez para Atención Permanente del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por instrucciones del Subprocurador Regional de Justicia en Fresnillo y del Director General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, remitió la indagatoria a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Secuestro de la capital, a efecto de que continuara conociendo de la averiguación previa penal y en su momento procesal oportuno resolviera lo que en derecho correspondiera (foja 15 del tomo I de pruebas). 4. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil catorce, la Agente del Ministerio Público Número Cuatro para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas recibió la averiguación previa penal 135/2014 que registró con el número 12/AEIV/2014 y ordenó la prosecución de la investigación (foja 16 del tomo I de pruebas). 5. Seguida la investigación y recabadas las pruebas que la representación social estimó pertinentes, el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la Agente del Ministerio Público Número Cuatro para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas determinó el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa penal 12/AEIV/2014 (inicialmente 135/2014), en contra de Ramón y Gabino, de apellidos Rodríguez Acosta, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y secuestro agravado en agravio de David Cháirez Martínez y solicitó se girara la orden de aprehensión respectiva (fojas 145 a 157 del tomo I de pruebas). 6. El uno de diciembre de dos mil catorce, el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, radicó la causa penal 104/2014 y ordenó resolver sobre la orden de aprehensión por separado (foja 158 del tomo I de pruebas). 7. El veinte de abril de dos mil quince, el juez de la causa dictó orden de aprehensión en contra de Ramón y Gabino, de apellidos Rodríguez Acosta, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, en agravio de David Chaírez Martínez y negó el mandamiento de captura por el diverso delito de asociación delictuosa, en agravio de la sociedad (fojas 160 a 176 del cuaderno I de pruebas). La resolución anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo (Integración de la averiguación previa penal 12/AEIV/2014, antes 135/2014 y acuerdo de ejercicio de la acción penal). La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que de manera oficiosa este juzgado de amparo estima actualizada la causal prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la integración de la averiguación previa penal 12/AEIV/2014 (que derivó de la indagatoria 135/2014) y el acuerdo de ejercicio de la acción penal). El citado artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica". De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan el cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." En el caso, el peticionario de amparo reclama del Agente del Ministerio Público Especial para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (antes Agente del Ministerio Público Número Cuatro para Asuntos Especial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas), la integración de la averiguación previa 12/AEIV/2014 (antes 135/2014) y la determinación de ejercicio de la acción penal. En dicha indagatoria, según se advierte de constancias, el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el agente responsable ejerció acción penal sin detenido en contra del aquí quejoso y otro, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, en agravio de David Chairez Martínez y la sociedad, respectivamente. El uno de diciembre de dos mil catorce, el Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, radicó la causa penal 104/2014 y, el veinte de abril de dos mil quince, dictó orden de aprehensión contra el promovente del amparo. Lo expuesto trae como consecuencia que exista un cambio de situación jurídica en la averiguación previa penal de origen 12/AEIV/ 2014 que impide el análisis de dicho acto reclamado, al haberse ejercido acción penal en ésta. De ahí que las posibles violaciones contenidas durante la integración de la averiguación previa se encuentren irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de éstas sin afectar la situación jurídica autónoma creada en el juicio de origen. Es decir, la integración de la averiguación previa y las posibles omisiones realizadas por el fiscal, se efectuaron precisamente durante la etapa de preinstrucción, la cual concluyó con la determinación de ejercicio de la acción penal, de tal forma que no sería posible analizarlos sin afectar la nueva situación jurídica que impera, en la que juez responsable determinó ordenar la aprehensión del quejoso, al estimar suficientes las pruebas recabadas para tener por acreditado el cuerpo del delito imputado y la probable responsabilidad. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1373: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". No obstante lo anterior, eso no implica que al analizar la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, no se pueda analizar y determinar el valor probatorio que adquiere cada una de las pruebas recabadas durante la indagatoria en función de la legalidad de tales actuaciones y, sobre esa base determinar, si éstas son suficientes, hasta ese momento, para acreditar el cuerpo del delito de secuestro agravado y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público Especial para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad. SÉPTIMO. Estudio de fondo (orden de aprehensión dictada en el veinte de abril de dos mil quince, dictada en la causa penal 104/2014). Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, debido a que el peticionario de amparo tiene el carácter de inculpado en la causa penal de origen, este juzgador estudiará el caso bajo el principio de suplencia de la queja deficiente, que consiste en el examen de las cuestiones no propuestas por la parte quejosa en sus conceptos de violación, o bien, propuestas de manera defectuosa, independientemente de que le resulten favorables o no. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo de dos mil ocho, Tomo XXVII, página 242, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente". El quejoso argumenta, en esencia, que el juez responsable al pronunciarse sobre la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, lo hizo basándose en la prueba circunstancial. La prueba circunstancial, continúa, es aquella que se encuentra dirigida a demostrar la probabilidad de hechos denominados indicios que por sí mismos que no son constitutivos del delito, pero que a través de la inferencia, la lógica y las reglas de la experiencia permiten inferir hechos delictivos y la probable responsabilidad del sujeto activo. Sigue diciendo, por lo que dicha prueba deberá consistir en un ejercicio argumentativo en el que a partir de hechos probados deberán deducir los no conocidos. Sin embargo, afirma, tal probanza no debe confundirse con un cúmulo de sospechas, sino que la misma debe estimarse actualizada solo cuando los hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a una serie de conclusiones, las cuales deben sujetarse a un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis. Para sostener sus razonamientos cito las tesis de rubro: "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL SU EFICACIA NO PARTE DE PRUEBAS PLENAS AISLADAS, SINO DE DATOS UNÍVOCOS, CONCURRENTES Y CONVERGENTES, DE CUYA ARTICULACIÓN, CONCATENACIÓN Y ENGARCE, SE OBTIENE OBJETIVAMENTEUNA VERDAD FORMAL, A TRAVÉS DE UNA CONCLUSIÓN NATURALA LA CUAL CADA INDICIO, CONSIDERADO EN FORMA AISLADA, NO PODRÍA CONDUCIR POR SÍ SOLO", "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. EL JUZGADOR DEBE EXPLICAR, EN LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE, EL PROCESO RACIONAL A TRAVÉS DEL CUAL LA ESTIMÓ ACTUALIZADA", "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL EN MATERIA PENAL. PARA QUE GENERE CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR DEBERÁN DESCARTARSE OTRAS HIPÓTESIS, A TRAVÉS DE CONTRAPRUEBAS Y CONTRAINDICIOS", "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA INFERENCIA LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA ACTUALIZAR", "PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES". Que tomando en cuenta la forma de integrar la prueba circunstancial, es claro que la resolución combatida es ilegal por violar los principios reguladores de la valoración de la prueba, pues no existió confrontación con los indicios que obraban en la indagatoria, pues por una parte el denunciante Raúl Cháirez Martínez refirió que los sujetos activos que se llevaron a su hermano con engaños eran de aproximadamente entre veintitrés y veinticuatro años de edad, mientras que el quejoso nació el diecinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, es decir, a la fecha en que sucedieron los hechos contaba con la edad de cuarenta y seis años, tal como se puede advertir del oficio 659/204 de uno de octubre de dos mil catorce, signado por el Jefe de la Unidad de Análisis (UDAI), Plataforma México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, por el cual se encuentra agregado a la averiguación previa (foja 19). Además, sigue diciendo, de la declaración de Efrén Landeros Pérez refiere haberse encontrado en compañía de Raúl y David, de apellidos Cháirez Martínez, cuando siendo aproximadamente las diecisiete horas con quince o veinte minutos, llegaron dos personas del sexo masculino de entre veinte y veinticinco años de edad, haciendo el señalamiento de que "se veían morros", lo que no concuerda con la edad que a la fecha en que ocurrieron los hechos tenía (foja 19). Que por lo anterior, contrario a lo afirmado por el juez, quien analizó de forma separada dichas declaraciones y sin la existencia de un silogismo jurídico, lo que se acredita con dichas declaraciones es que ambos deponentes estuvieron presentes al momento en que dos personas del sexo masculino llegaron hasta el lugar en el que se encontraban, concretamente en el entronque de la carretera que conduce a Chichimequillas y Bañón, municipio de Fresnillo, Zacatecas, y con engaños se llevaron a David Cháirez Martínez, sin embargo, no existe dato alguno que lleve a la conclusión de que uno de esos dos sujetos era el quejoso. Los conceptos de violación resultan infundados, aun suplida la deficiencia de la queja en los términos precisados, como se argumentará a continuación. Como cuestión previa cabe precisar que el presente juicio se resolverá de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas abrogado el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, en razón que de conformidad con el artículo único del decreto publicado el uno de noviembre de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, declaró que el Estado de Zacatecas incorporaba a su régimen jurídico el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual entraría en vigor de manera progresiva y por distritos judiciales, conforme a lo siguiente: I. A las cero horas del día cinco de enero de dos mil quince, para los Distritos Judiciales de Zacatecas, Calera, Ojocaliente, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Tlaltenango, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Miguel Auza, Concepción del Oro y Río Grande. II. A las cero horas del día cuatro de enero de dos mil dieciséis, para los Distritos Judiciales de Pinos, Loreto, Sombrerete y Fresnillo. En el caso, la averiguación previa penal de la que derivó la causa penal de origen, inició el siete de mayo de dos mil catorce y se judicializó el uno de diciembre del mismo año, es decir, aún no entraba en vigor el nuevo sistema de justicia penal para el distrito judicial de Fresnillo, por lo que el análisis del acto reclamado se realizará a luz de la legislación procesal aplicable en esa época, esto es, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, publicado el diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y siete, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo ese panorama, el artículo 16 constitucional establece: "Artículo 16. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado." El precepto anterior establece los presupuestos necesarios para que una autoridad judicial libre una orden de aprehensión, a saber: a) Debe existir una denuncia o querella de un hecho tipificado como delito, que se sancione con pena privativa de libertad. b) Debe estar acreditado el cuerpo del delito. c) Debe estar demostrada la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 188 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas establece lo siguiente: "ARTICULO 188. Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 Constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público. La resolución respectiva contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos, y se transcribirá inmediatamente al Ministerio Público para que éste ordene a la policía su ejecución." El artículo transcrito establece que satisfechos los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión, contra el imputado, a pedimento del Ministerio Público. Que dicha orden contendrá una relación sucinta de los hechos que la motiven y los fundamentos en que se base, así como la clasificación provisional que se haga de los hechos delictuosos, De manera que los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión se integran por los presupuestos que marca el precepto constitucional citado, relativos a la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. La demostración de los elementos del tipo penal sólo debe realizarse en la sentencia definitiva, en tanto comprende la corroboración de que en los hechos existió una conducta típica, antijurídica y culpable. Mientras que el cuerpo del delito supone un estándar probatorio menos estricto, dado que únicamente tiene carácter presuntivo, al ser materia del proceso el análisis definitivo; es decir, el estudio que se realice de los hechos ilícitos es preliminar. Por tanto, la acreditación del cuerpo del delito en una orden de aprehensión implica que existen condiciones suficientes para iniciar un proceso, pero no para determinar la actualización de un delito. Sirve de sustento para lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página 912, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba." Entonces, para que el juez válidamente pueda dictar una orden de aprehensión debe determinar que se encuentra acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. La hipótesis normativa del delito de secuestro agravado se contiene en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos a) y b), y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional; preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; ." "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;" "Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a estos una pena de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa." De los preceptos legales que anteceden se desprenden como elementos de materiales del delito de secuestro: La privación de la libertad física de una persona; y, Que dicha privación sea con la finalidad de obtener un rescate o cualquier beneficio para sí o para un tercero; Serán agravantes de dicho tipo penal, si la conducta se realiza: En un camino público o en un lugar desprotegido o solitario; En grupo de dos o más personas; o, Si la víctima es privada de la vida por los autores o partícipes del secuestro. En la resolución reclamada, la autoridad responsable estimó que se encontraba acreditado el cuerpo del delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos a) y b), y 11, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional; así como la probable responsabilidad de Ramón Rodríguez Acosta, en su comisión. Para sustentar su determinación, consideró que los elementos del cuerpo del delito se encontraban debidamente acreditados, en esencia, con la denuncia presentada por Raúl Cháirez Martínez, las declaraciones de los atestes Pedro Luna López y Efrén Landeros Pérez, la inspección del lugar de los hechos, inspección ministerial de hallazgo de osamenta, declaraciones ministeriales rendidas por Analy y Alejandro, ambos de apellidos Cháirez Sifuentes, como testigos de identidad y reconocimiento de cadáver. Y la probable responsabilidad con los hechos derivados de la denuncia y declaraciones ministeriales de los testigos. Determinación que se considera correcta, pues de las constancias que integran la causa penal de origen se desprende que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de secuestro calificado y la probable responsabilidad de Ramón Rodríguez Acosta en su comisión. Cuerpo del delito El primero de los elementos del cuerpo del delito consistente en la privación de la libertad personal de una persona, tal como lo consideró el juez responsable, se encuentra acreditada con la denuncia de hechos realizada por Raúl Cháirez Martínez, de la que, en lo que aquí interesa, se desprende que: 1. El cinco de mayo de dos mil catorce, aproximadamente a las cinco de la tarde, junto con su hermano David, a bordo del vehículo de su propiedad (marca Ford, Línea F-150, tipo Pick Up, modelo mil novecientos noventa, color blanco con rojo, con número de serie 1FTHF25H6LLB00845, sin placas de circulación, empadronada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con calcomanías en sus dos puertas de la Unión de Introductores de Ganado) se trasladaron al entronque que dirige a la comunidad de Chichimequillas, Zacatecas, lugar en el que realizaban contratos de compraventa de ganado, en donde se encontraron con Efrén Landeros, que vende fruta en dicho lugar. 2. Estando en tal ubicación, se les acercaron dos sujetos del sexo masculino, de aproximadamente veintitrés o veinticuatro años, un metro con setenta centímetros, complexión robusta, uno de ellos de tez blanca y el otro de piel morena. 2.1. Dichas personas se pusieron a platicar con su hermano David diciéndole que se les había descompuesto una camioneta en la que traían dos becerros y una ternera, que si les ayudaba a llevarlos al rastro se los venderían a buen precio; por lo que su hermano le pidió prestada su camioneta y a bordo de ésta se fue con los dos sujetos que previamente se les habían acercado. 3. Después de aproximadamente veinte minutos recibió una llamada telefónica a su celular (4931127112) del teléfono de su hermano David (4939396353) y, al contestar, una persona del sexo masculino le dijo que tenían secuestrado a su hermano y que querían quinientos mil pesos de rescate. 3.1. Siguió recibiendo llamadas pero de un número telefónico distinto al de su hermano, preguntándole que si ya tenía el dinero. 3.2. Durante las llamadas que recibía por parte de uno de los sujetos que tenía privado de la libertad a su hermano, negoció que el rescate fuera por la cantidad de cincuenta mil pesos. 4. Antes de las veintitrés horas del mismo día (cinco de mayo dos mil catorce), recibió nuevamente una llamada del celular de su hermano David y el sujeto que le habló le preguntó que si ya tenía la cantidad pactada, respondiéndole que sí, por lo que el activo lo citó a las once de la noche en la gasolinera que está en la entrada de la comunidad de la Estación San José, municipio de Fresnillo, Zacatecas, y se trasladó a dicho lugar. 4.1. Al encontrarse en la gasolinera acordada, recibió nuevamente una llamada del celular de su hermano, quien se comunicó le dijo que habían visto una camioneta de la Marina, por lo que ya no se haría en ese lugar el pago del rescate, que se trasladara a las afueras del rancho Los Torunos, ubicado entre "el pardillo tercero y el pardillo segundo". 4.2. Siendo aproximadamente las cero horas con treinta minutos del seis de mayo de dos mil catorce, llegó al rancho acordado, en donde dejó una bolsa de plástico negra con los cincuenta mil pesos; en dicho lugar, esperó hasta las cuatro de la mañana sin que apareciera persona alguna por el rescate, por lo que se retiró del lugar llevándose el dinero. 4.3. Aproximadamente a las ocho horas, nuevamente recibió una llamada del celular de su hermano y una persona del sexo masculino le preguntó que si ya había dejado el dinero, a lo que respondió que sí, cortando la llamada, y después de unos cinco minutos, nuevamente se comunicó el sujeto activo quien le dijo que en el lugar no había nada, por lo que acordaron que el rescate sería entregado en el rancho La Herradura que se ubica a la salida a Valparaíso, Zacatecas. Se trasladó a este lugar, de donde se retiró a las ocho de la noche con el dinero, puesto que nadie había acudido al lugar. 5. Sin que volviera a recibir alguna llamada de los sujetos que tenían a su hermano (fojas 5 a 7 del tomo de pruebas). Dicho medio de convicción adquiere valor probatorio de conformidad con los artículos 277 y 282 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, puesto que de lo declarado se advierten coherentemente las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se llevó a cabo la privación de la libertad personal del ofendido; esto es así, en esencia, ya que que de los hechos destacados, se desprende que el cinco de mayo de dos mil catorce, cuando se encontraba en compañía de la víctima en el entronque que lleva a Chichimequillas, Zacatecas, se les acercaron dos personas del sexo masculino, quienes comenzaron a platicar con su hermano diciéndole que se les había descompuesto una camioneta en la que trasladaban unos animales, que si les auxiliaban para llevarlos al rastro municipal, se los vendería más baratos, por lo que en ese momento, el pasivo se retiró con dichos sujetos a bordo de la camioneta del denunciante y fue que, unos veinte minutos después, recibió una llamada telefónica en la que le decían que tenían secuestrado a su hermano y que para su liberación debía pagar la cantidad de quinientos mil pesos. Asimismo, no se cuenta con elemento alguno que implique que el denunciante no tiene la capacidad para juzgar el acto o que hubiera sido obligado a declarar por fuerza o miedo, impulsado por error, engaño o soborno. Se trata de hechos propios que son susceptibles de ser percibidos; en particular, resulta verosímil la presencia del denunciante en el momento de los acontecimientos materia de la causa penal natural, en virtud de que lo declarado parte de la base de que laboraba con la víctima en la compra y venta de ganado, además de que era su hermano, por lo que resulta plausible que lo acompañara en los momentos narrados. De manera que los hechos denunciados revelan, preliminarmente, la privación ilegal de la libertad de la víctima, en particular, con la finalidad de obtener un lucro económico, pues se desprende que la víctima se fue del lugar de los hechos en compañía de dos sujetos y, unos minutos después, se pidió un rescate por su liberación, vía telefónica. Dicha denuncia se encuentra robustecida con la declaración de nueve de junio de dos mil catorce, rendida por el testigo Efrén Landeros Pérez, de la que se desprende que, con relación a los hechos que aquí interesan, manifestó que: 1. El cinco de mayo de dos mil catorce, siendo aproximadamente las diecisiete horas con quince o veinte minutos, se encontraba en su puesto de fruta que se ubica en el crucero que conduce a Chichimequillas y Bañón, en donde también se encontraban David y Raúl, de apellidos Cháirez Martínez, a quienes conocía desde hacía varios años y sabía que se dedicaban a la compra venta de ganado. 2. En ese momento se dio cuenta que dos sujetos del sexo masculino, de entre veinte y veinticinco años de edad, se acercaron a David y Raúl preguntando quién era la persona que vendía ganado, para después decirles que se les había descompuesto una camioneta en la que traían unos animales, que si los auxiliaban para arrastrarlos o que si se los compraban. 2.1. David se fue con dichos sujetos para ver los becerros y ver si llegaban a un arreglo sobre su compra. 3. Pasados unos veinte minutos, Raúl recibió una llamada y después de que colgó le dijo que habían secuestrado a David y que le pedían medio millón de pesos como rescate (foja 55 del tomo de pruebas). Declaración que adquiere valor probatorio de indicio conforme a lo dispuesto en los artículos 277 y 281 de la legislación procesal penal local aplicable, en razón de que fue rendida por persona que por su edad, capacidad e instrucción se presume tiene el criterio necesario para juzgar sobre los hechos narrados, además que se advierte se condujo con imparcialidad pues se limitó a proporcionar los hechos y datos que percibió y conoció a través de sus sentidos y fue claro en narrar los hechos sobre los que tuvo conocimiento, exponiendo para ello las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Asimismo, no se advierte elemento alguno que implique que el denunciante no tiene la capacidad para juzgar el acto o que hubiera sido obligado a declarar por fuerza o miedo, impulsado por error, engaño o soborno. Y resulta verosímil la presencia del ateste en el momento de los acontecimientos materia de la causa penal natural, en virtud de que, afirmó, es el lugar en el que labora ordinariamente como vendedor de fruta, por lo que resulta plausible que los presenciara, en particular, que pudiera conocer al denunciante y al sujeto pasivo, al referirse en la denuncia que en tal sitio desempeñaban actos de comercio de ganado. Por lo que, es posible considerar, en grado de probabilidad, que tal como lo adujo el denunciante, el cinco de mayo de dos mil catorce, cuando se encontraba en el entronque a Chichimequillas y Bañón, junto con los hermanos Raúl y David, de apellidos Cháirez Martínez, llegaron dos personas del sexo masculino quienes manifestaron que traían unos becerros para vender, por lo que David se fue con dichos sujetos al lugar donde supuestamente se encontraban los animales. Y que después de aproximadamente veinte minutos, Raúl le manifestó que había recibido una llamada telefónica en la que le informaban que tenían secuestrado a David y que querían medio millón de pesos para dejarlo en libertad. Así pues, la denuncia de origen se encuentra corroborada periféricamente con lo narrado por el ateste destacado, al ser congruentes en lo substancial. En consecuencia, los citados medios de prueba son suficientes, hasta este momento procesal, para tener por acreditado el primero de los elementos constitutivos del cuerpo del delito de secuestro, puesto que se trata de hechos que acontecieron en un entronque de carretera, lo que limita la probabilidad de que hubieran sido presenciados por más personas, en específico, tomando en cuenta que, se desprende, la víctima se fue voluntariamente del lugar, por lo que únicamente quien lo conocía pudo advertir concretamente las circunstancias por las cuales se retiró y, posteriormente, fue pedido rescate por su liberación. En suma, se advierte que la víctima fue privada de su libertad desde el momento en el que se retiró del lugar de los hechos; esto, porque, minutos después -veinte, aproximadamente-, se pidió rescate por su liberación, lo que hace altamente probable que la sustracción aconteció desde que se fue del sitio en comento. De igual forma se estima acreditado el segundo de los elementos consistente en que la privación de la libertad personal del pasivo sea con la finalidad de obtener un rescate o cualquier beneficio para sí o para un tercero, en razón de que tal como se desprende de la denuncia realizada por David Cháirez Martínez y la declaración ministerial de Efrén Landeros Pérez, los activos se comunicaron vía telefónica con el denunciante y le dijeron que tenían secuestrado a su hermano, pidiéndole para liberarlo un rescate inicial de medio millón de pesos, para después de negociar acordar que la cantidad que se pagaría a cambio de la liberación del pasivo sería la cantidad de cincuenta mil pesos. Lo que pone de manifiesto que la intención de los activos al privar de la libertad al ofendido fue obtener un beneficio económico. Hecho que se puede corroborar con el informe rendido por el apoderado legal de RADIOMOVIL DIPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el que proporcionó la relación de llamadas recibidas y realizadas del número celular 4939396353 a nombre de David Cháirez Martínez, del que se desprende que el cinco de mayo de dos mil catorce a partir de las diecisiete horas con treinta y nueve minutos, del citado número telefónico se realizaron diversas llamadas al diverso 4931127112, lo que acredita el dicho del denunciante en el sentido de que después de las diecisiete horas del cinco de mayo de dos mil catorce recibió llamadas del celular de su hermano David, mediante las cuales los sujetos activos le informaron que tenían secuestrado a su hermano y que querían un rescate por su liberación (fojas 61 a 65 del tomo de pruebas). Así como con el diverso informe proporcionado de igual forma por el apoderado de RADIOMOVIL DIPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, del que se desprende que proporcionó la relación de llamadas realizadas del número 8331117854 a nombre de Edson Geovany Reyes Salas, del que se desprende, en lo que aquí toma relevancia, que el cinco de mayo de dos mil catorce, a partir de las dieciocho horas con treinta y nueve minutos, de dicho número celular se realizaron diversas llamadas telefónicas al número 4931127112 correspondiente al denunciante Raúl Cháirez Martínez (fojas 115 a 133 del tomo de pruebas). Documentales que adquieren valor probatorio indiciario en conformidad con el artículo 277 de la legislación procesal penal local, en razón de que los datos que de éstas se obtienen ponen en relieve que tal como lo adujo el denunciante el día en que ocurrieron los hechos y al día siguiente en diversas horas, recibió varias llamadas del celular de su hermano David y del número 8331117854 y al contestar eran los sujetos activos quienes le decían que tenían secuestrado al pasivo y querían inicialmente la cantidad de medio millón como rescate para después aceptar la cantidad de cincuenta mil pesos. Asimismo, la naturaleza de los hechos en comento revela que únicamente el denunciante pudo haberlos percibido, al tratarse de llamadas telefónicas que recibió directamente, por lo que no es posible exigir que exista mayor corroboración periférica que los registros de llamadas destacados. Con todo, la solicitud de rescate en comento se encuentra corroborada indirectamente con la declaración de Efrén Landeros Pérez, en tanto, como se reseñó, manifestó que percibió que el denunciante recibió una llamada y después de que colgó le dijo que habían secuestrado a David y que le pedían medio millón de pesos como rescate; lo que revela que inmediatamente que se requirió el rescate vía telefónica, el denunciante le informó el contenido de la llamada, lo que resulta verosímil, dado que: (i) se trata de una persona que adujo conocer al sujeto pasivo y al hermano de éste (denunciante); y, (ii) dado el requerimiento realizado es plausible que se comunique a terceros, al tratarse de una situación de emergencia. De igual forma, se encuentra acreditado el nexo causal entre la conducta desplegada por los activos y el resultado obtenido, pues es patente que, dada la mecánica de los hechos que se encuentran acreditados, una vez que la víctima se retiró del lugar de los hechos ya no podía disponer de su libertad deambulatoria, porque minutos después fue pedido el rescate. Lo que establece un vínculo necesario entre el retiro de la víctima y la solicitud de rescate, se insiste, en virtud del poco tiempo que aconteció entre esos dos momentos y que, con posterioridad a ese momento, no se tuvo noticia de que el sujeto pasivo estuvo en libertad. Por tanto, la hipótesis más probable es que los sujetos con los que se fue la victima fueron quienes lo privaron de la libertad con la intención de obtener un rescate. En ese orden de ideas, también se estima actualizada la calificativa consistente en que la privación de la libertad personal se realice en un camino público o en un lugar protegido o solitario, pues para el efecto obra en autos la inspección ministerial del lugar de los hechos, de siete de mayo de dos mil catorce, realizada por la Agente del Ministerio Público Número Diez de Atención Permanente del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en la que hizo constar que se constituía en la carretera que conduce a la comunidad Estación San José con dirección a Chichimequillas, ambas pertenecientes a la cabecera municipal de Fresnillo (entronque en que, a dicho del denunciante del ateste referidos, ocurrieron los hechos delictivos), la cual se encontraba en despoblado, siendo de asfalto de aproximadamente seis metros con dos carriles de circulación de este a oeste y viceversa. Lugar en que se advirtieron señalamientos hacia sus costados, carentes de servicios de urbanización como luz eléctrica y agua potable, con poca afluencia vehicular, sin afluencia peatonal, teniendo a la vista hacia su viento sur un taller de soldadura sin denominación, así como tierras de cultivo. Actuación que cobra valor probatorio de conformidad a los artículos 3, 14, 107, 124 y 276, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas al haberse realizado por el agente investigador en cumplimiento de su función de indagar los hechos delictivos; además que de dicha inspección se puede observar que efectivamente existe el lugar en que el denunciante y el testigo presencial adujeron que los sujetos activos privaron de la libertad personal al pasivo -entronque carretero a Chichimequillas y Bañón-, en particular, que dicho lugar corresponde a un lugar desprotegido y solitario puesto que es un camino fuera de la ciudad, en el que únicamente se pudo observar un taller de soldadura y tierras de cultivo. De ahí que se estime actualizada la agravante de que el secuestro se cometió en un paraje solitario, puesto que como lo manifestó el denunciante y el testigo Efrén Landeros Pérez y de lo cual dio fe el representante social, la privación de la libertad personal del sujeto pasivo se llevó a cabo en el entronque a las comunidades de Chichimequillas y Bañón, pertenecientes al municipio de Fresnillo. En ese orden de ideas, tal como lo expuso la responsable, también se encuentra acreditada la calificativa consistente en que quienes lleven a cabo el secuestro obren en grupo de dos o más personas, puesto que dicha circunstancia se encuentra acreditada con la denuncia de hechos realizada por Raúl Cháirez Martínez y lo declarado por el testigo Efrén Landeros López, quienes, se reitera, fueron coincidentes en señalar que la víctima se fue del entronque referido con dos personas del sexo masculino, en virtud de que adujeron traer dos animales para venta. De lo anterior se desprende que fueron dos personas las que con engaños de que pretendían venderle ganado al pasivo, se lo llevaron a bordo de la camioneta del denunciante y lo privaron de su libertad corporal. Lo expuesto es así, se repite, dado el nexo causal directo que existe entre la retirada de la víctima del lugar de los hechos, en compañía de esas dos personas, y la privación de la libertad que se encuentra acreditada, pues existió certeza de ésta minutos después de aquélla, sin que en ese lapso se hubiera verificado que el pasivo estuvo en libertad. Por tanto, se encuentra probado que David Cháirez Martínez fue privado de su libertad personal por dos sujetos del sexo masculino. De igual forma se encuentra acreditada la agravante prevista en el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, consistente en que la víctima del delito sea privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, puesto que en autos consta la inspección ministerial del lugar de hallazgo de una osamenta humana, de tres de noviembre de dos mil catorce, realizada por el agente investigador, en la que se asentó que: ".constituidos en el interior del Rancho denominado Los Cuates, propiedad de Rogelio de la Torre Con, perteneciente a la comunidad Pardillo I de esta ciudad de Fresnillo. por lo que en este momento nos ubicamos sobre un camino de terracería dentro del mismo rancho, y avanzamos aproximadamente ciento cincuenta metros tomando como referencia una construcción que se encuentra al inicio de dicho predio hasta llegar al sitio donde nos esperan elementos de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio, quienes nos dirigen en este momento hacia el norte, siendo esta parte del predio de difícil acceso debido a que en todas las direcciones se encuentra abundante vegetación propia del lugar. y al avanzar aproximadamente cuarenta y siete metros con diez centímetros del borde de este camino localizamos debajo de un huizache seco una osamenta humana completa observando que se encuentra en posición decúbito ventral, su masa encefálica se orienta al viento poniente y su plano de sustentación al viento oriente, demostrándonos que sus extremidades superiores se encuentran atadas con un trozo de cinta para calzado de color azul y posicionadas por arriba de la parte posterior de tórax, asimismo, sus extremidades inferiores se encuentran atadas con un trozo de tela color negro, viste un pantalón al parecer de mezclilla marca WRANGLER, una camisa y un cinturón tipo vaquero piteado color negro, por lo que en este momento dicha osamenta es trasladada al departamento de medicina legal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses de este Distrito judicial, donde será descrita por personal de esta Representación Social en la respectiva inspección del reconocimiento de la misma." (foja 98 del tomo de pruebas). Así como la inspección ministerial de osamenta practicada el tres de noviembre de dos mil catorce, por la agente investigadora quien dio fe de que: ". en el interior del anfiteatro, lugar donde se tiene a la vista sobre una plancha metálica un cadáver del sexo masculino sin vida, hasta este momento no identificado, de cincuenta y nueve años de edad, dicho cadáver presenta los siguientes signos de muerte real y aparente, presenta fase de codificación y momificación en su totalidad: SE OBSERVA ATADO DE AMBOS PIES CON UN CALCETÍN COLOR NEGRO ATADO DE MANOS HACÍA ATRÁS CON UN CALCETÍN COLOR NEGRO; UNA CINTA (AL PARECER AGUJETA DE TENIS) COLOR AZÚL ATADA ALREDEDOR DE LAS MUÑECAS DE AMBAS MANOS HASTA EL CUELLO, ABARCÁNDOLO EN SU TOTALIDAD Y UNA CINTA COLOR BLANCA QUE ABARCA TODO EL CUELLO, cuenta con la siguiente filiación; complexión robusta, de estatura de un metro setenta centímetros, debido al estado de putrefacción en que se encuentra no es posible describir más datos de la filiación.: Porta la siguiente vestimenta:. en la bolsa de atrás del pantalón, lado izquierdo en su interior se localiza lo siguiente: un documento del banco BANAMEX, el cual contiene: "nombre DAVID CHÁIREZ MARTÍNEZ." (foja 99 del tomo de pruebas). Las actuaciones anteriores adquieren valor probatorio de conformidad con los artículos 3, 14, 107, 124 y 276, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, puesto que fueron realizados por el agente del Ministerio Público investigador de los hechos que dieron origen a la causa penal del que derivó el acto reclamado, aunado a que se realizaron con apego a lo dispuesto por el propio ordenamiento, puesto que el representante social fue claro en describir el lugar del hallazgo así como las características del cuerpo encontrado, lo que permitió determinar que el cuerpo encontrado sin vida correspondía a una persona del sexo masculino de cincuenta y nueve años de edad, a quien entre sus ropas se le encontró un documento expedido por una institución bancaria a nombre de David Cháirez Martínez. Además, para corroborar que el cadáver encontrado correspondía a la víctima del delito, tal como lo precisó el juez, se cuenta con las declaraciones de reconocimiento de identidad y cadáver, rendidas por Analy y Alejandro, ambos de apellidos Cháirez Sifuentes, quienes fueron coincidentes en referir que reconocían a la persona que tenían a la vista, como su padre, quien en vida respondiera al nombre de David Cháirez Martínez y quien antes de su muerte contaba con la edad de cincuenta y nueve años (fojas 104 a 107 del tomo de pruebas). Declaraciones que tienen valor probatorio de indicio de conformidad con el numeral 277 de la legislación procesal penal local, puesto que fueron rendidas por personas con capacidad para hacerlo pues manifestaron ser mayores de edad, en pleno uso de sus facultades, aunado a que de manera uniforme refirieron que efectivamente el cuerpo sin vida que se les ponía a la vista correspondía a su padre quien en vida respondiera al nombre de David Cháirez Martínez, así como que efectivamente antes del día de los hechos (cinco de mayo de dos mil catorce), éste se encontraba con vida. Aunado a lo anterior se cuenta con el certificado médico de necropsia elaborado por perito médico legista adscrito al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Zacatecas, en el que se concluyó: "CAUSAS DE MUERTE: DE LO ANTERIOR SE PUEDE CONCLUIR QUE EL CADAVER DEL SEXO MASCULINO NO IDENTIFICADO NÚMERO (1) DE CRIMINALÍSTICA DE CAMPO Y NÚMERO (51) DE FRESNILLO, ZACATECAS, FALLECIÓ DE ALTERACIONES VISCERALES Y TISULARES POLITRAUMATIZADO." (fojas 138 a 140 del tomo de pruebas). Pericial que cuenta con valor probatorio de conformidad con el artículo 280 del código procesal penal, pues se estima que fue emitido con la debida fundamentación y motivación para sostener la conclusión a la que el experto arribó, además que se advierte de forma clara las causas de la muerte, alteración visceral y tisulares politrauatizado. De ahí que se pueda concluir acertadamente que el pasivo del delito fue privado de la vida después de que fuera secuestrado por los sujetos activos, privación que se presume fue ejecutada por sus captores puesto que no se le volvió a ver después de su rapto hasta que fue encontrado muerto. De ahí que resulte correcta la apreciación de la responsable en cuanto a tener por acreditadas las calificativas del delito analizadas con antelación. En suma, con lo hasta aquí expuesto se acredita, como lo consideró la responsable, la materialidad del delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos a) y b), y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de David Cháirez Martínez. Esto, al estar acreditados, hasta este momento procesal, los hechos siguientes: El cinco de mayo de dos mil catorce, aproximadamente a las cinco de la tarde, la víctima se trasladó, junto con el denunciante, al entronque que se dirige a la comunidad de Chichimequillas, Zacatecas, (lugar en el que realizaban consuetudinariamente la compraventa de ganado); en ese sitio, se acercaron dos sujetos del sexo masculino, quienes manifestaron que tenían su vehículo descompuesto con dos becerros para vender, por lo que el sujeto pasivo se fue con ellos a efecto de auxiliar a dichas personas y, en su caso, adquirir esos animales. Posteriormente, aproximadamente veinte minutos después, el hermano de la víctima (denunciante) comenzó a recibir llamadas (primero del número de su hermano y después de uno diverso), relativas a que era necesario que se pagara quinientos mil pesos por la libertad del sujeto pasivo; sin que se hubiera podido concretar dicho rescate, por el contrario, es patente que la víctima fue privada de la vida. Probable responsabilidad En la causa penal natural obran datos suficientes para demostrar la probable responsabilidad de Ramón Rodríguez Acosta, en la comisión del delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos a) y b), y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de David Cháirez Martínez. Es así, pues para tal efecto se cuenta con la denuncia presentada por Raúl Cháirez Martínez, de la que en lo que aquí interesa fue claro en referir que fueron dos personas del sexo masculino con una edad aproximada entre veintitrés y veinticuatro años, quienes, con engaños, lograron que el pasivo los acompañara para después privarlo de la libertad y exigir un rescate. En particular, que antes de las veintitrés horas del día de los hechos (cinco de mayo dos mil catorce), recibió nuevamente una llamada del celular de su hermano David, y el sujeto que le habló le preguntó que si ya tenía la cantidad pactada, respondiéndole que sí, por lo que el activo lo citó a las once de la noche en la gasolinera que está en la entrada de la comunidad de la Estación San José, municipio de Fresnillo, Zacatecas. Al encontrarse en la gasolinera acordada, recibió nuevamente una llamada del celular de su hermano, y quien se comunicó le dijo que habían visto una camioneta de la Marina, por lo que ya no se haría en ese lugar el pago del rescate, que se trasladara a las afueras del rancho Los Torunos, ubicado entre "el pardillo tercero y el pardillo segundo", a unos cuatro kilómetros de la estación San José. Que siendo aproximadamente las cero horas con treinta minutos del seis de mayo de dos mil catorce, llegó al rancho acordado, junto con elementos de la Marina, en donde dejó una bolsa de plástico negra con los cincuenta mil pesos; en dicho lugar, esperó hasta las cuatro de la mañana sin que apareciera persona alguna por el rescate, por lo que se retiró del lugar llevándose el dinero. Que a las ocho horas aproximadamente, nuevamente recibió una llamada del celular de su hermano y una persona del sexo masculino le preguntó que si ya había dejado el dinero, a lo que respondió que sí, cortando la llamada, a los cinco minutos aproximadamente nuevamente se comunicó el sujeto activo quien le dijo que en el lugar no había nada, por lo que acordaron que el rescate sería entregado en el rancho La Herradura que se ubica a la salida a Valparaíso; se trasladó a dicho lugar, de donde se retiró a las ocho de la noche con el dinero, puesto que nadie había acudido al lugar. Sin que volviera a recibir alguna llamada de los sujetos que tenían a su hermano. De tal manera que existe certeza de que los sujetos activos correspondían a dos hombres, al parecer jóvenes -entre veintitrés y veinticuatro años de edad, aproximadamente-, pues, como se consideró, existe un vínculo directo entre el retiro de la víctima del lugar de los hechos, acompañado de aquéllos, y su privación de la libertad, al existir certeza de ésta minutos después de tal abandono (mediante la comunicación telefónica que en ese sentido recibió el denunciante). Lo que, se reitera, fue corroborado por lo declarado por el testigo presencial Efrén Landeros López. Además, de lo denunciado destaca que uno de los lugares en los que se pactó la entrega del rescate fue las afueras del rancho Los Torunos, ubicado entre "el pardillo tercero y el pardillo segundo", a unos cuatro kilómetros de la estación San José. En esa línea, obra la declaración ministerial y ratificación de ésta, rendidas el doce de mayo y veintiuno de octubre de dos mil catorce, por el testigo Pedro Luna López, quien en relación con los hechos, en lo que atañe al aspecto en estudio, manifestó que (fojas 20 y 94 del cuaderno de pruebas): 1. Desde hace aproximadamente veintiocho años es empleado del rancho Los Torunos ubicado en carretera Bañón, kilómetro siete, con un horario de lunes a sábado de nueve a diecinueve horas, y el domingo asiste a laborar un rato en la mañana. 2. El martes seis de mayo del dos mil catorce, siendo aproximadamente las ocho y media de la mañana, cuando llegó a laborar, fue alcanzado por una camioneta marca Chevrolet, color rojo, cabina y media, caja tipo california, con vidrios polarizados, percatándose que a bordo de ésta iban Gabino y Ramón, de apellidos Rodríguez Acosta, a quienes identificó en razón de que habían trabajado en el mismo rancho. 2.1. En ese momento, le dijeron que andaban buscando una camioneta que les habían robado y que después Gabino le preguntó que andaba buscando un encargo que le iban a dejar en la puerta del rancho. De lo declarado por el testigo Pedro Luna López se advierte que fue claro en referir que es trabajador del rancho Los Torunos y que por tal motivo se dio cuenta que el seis de mayo de dos mil catorce, siendo aproximadamente las ocho y media de la mañana cuando iba llegando a su lugar de trabajo fue interceptado por una camioneta en la que viajaban Ramón y Gabino, ambos de apellidos Rodríguez Acosta, (ex trabajadores en dicho predio), quienes le dijeron, primeramente, que andaban buscando una camioneta que les habían robado para después manifestar que iban por un encargo que les iban a dejar afuera del rancho. Deposición que cuenta con valor probatorio de indicio en términos de los numerales 277 y 281 del código adjetivo penal en mención, ya que fue realizada en términos claros y precisos, respecto de hechos conocidos directamente por el ateste en virtud del empleo que desempeña, por lo que es congruente que los haya presenciado e implica independencia en su posición. Asimismo, no se advierte elemento alguno que revele que el denunciante no tiene la capacidad para juzgar el acto o que hubiera sido obligado a declarar por fuerza o miedo, impulsado por error, engaño o soborno. Máxime que justificó la razón por la cual reconoció a los sujetos que se encontraban afuera de su lugar de trabajo, al identificarlos como ex compañeros de labores. Concatenando los hechos y circunstancias narradas por el denunciante y los atestes, queda evidenciado que efectivamente el cinco de mayo de dos mil catorce, David Cháirez Martínez probablemente fue secuestrado por Ramón y Gabino, de apellidos Rodríguez Acosta, quienes con la promesa de venderle ganado a buen precio se lo llevaron con ellos privándolo de la libertad para posteriormente pedir un rescate por su liberación, el cual pactaron con el hermano del pasivo que sería entregado en las afueras del rancho Los Torunos; lugar en el que de acuerdo al dicho del ateste Pedro Luna López, los inculpados acudieron el seis de mayo de dos mil catorce, siendo aproximadamente las ocho horas con treinta minutos y especificaron que andaban buscando un encargo que les iban a dejar a las afueras del referido rancho. Lo anterior es así, pues la presencia de los inculpados, en particular, del quejoso en el rancho en comento, en una hora que substancialmente corresponde con el momento en que el denunciante refirió que le llamó uno de los sujetos activos para informarle que no había encontrado precisamente en ese lugar el dinero solicitado por el secuestro (ocho de la mañana, aproximadamente) y buscando algo en las afueras de esa propiedad, lo vincula directamente con el secuestro en análisis. En efecto, se encuentra acreditado que dos sujetos activos del sexo masculino fueron los que sustrajeron a la víctima y, posterior a ese momento, existe certeza de que el quejoso junto con su hermano se encontraban en uno de los lugares en que se pactó la entrega del rescate a una hora coincidente con el momento en que uno de los sujetos activos llamó al denunciante para informarle que no habían encontrado el dinero requerido para la liberación y cambiar el lugar de entrega; en específico, que en el rancho en comento, mencionaron que buscaban un "mandado" que les iban a dejar en la puerta del rancho. Por tanto, la presencia del quejoso en los términos destacados hace probable su responsabilidad en los hechos ilícitos de que se trata, porque, hasta el momento, es la única hipótesis que explica de manera coherente los indicios. Lo expuesto, contrario a lo manifestado por el peticionario de amparo, pone de manifiesto de manera probable su responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado que se le atribuye, puesto que si bien el denunciante Raúl Cháirez Martínez refirió que los sujetos que se llevaron a su hermano con engaños eran de aproximadamente entre veintitrés y veinticuatro años de edad, mientras que el ateste Efrén Landeros Pérez refirió que el día de los hechos se encontraba en compañía de Raúl y David, de apellidos Cháirez Martínez, y aproximadamente a las diecisiete horas con quince o veinte minutos, llegaron dos personas del sexo masculino de entre veinte y veinticinco años de edad, haciendo el señalamiento de que "se veían morros" (foja 19 del cuaderno de amparo); lo cierto es que dichas manifestaciones no son suficientes para desvirtuar o poner en duda la acreditación de la probable responsabilidad del quejoso puesto que dicha circunstancia (edad de los activos) es una apreciación subjetiva de quienes presenciaron los hechos, aunado a que el denunciante refirió que los sujetos que se habían llevado a su hermano traían puesta la gorra de las sudaderas que vestían (foja 5, reverso, del cuaderno de pruebas I), respecto de lo que el testigo refirió que efectivamente se dio cuenta que uno de los sujetos traía puesta capucha por lo que no le pudo observar el rostro (foja 55, reverso, del tomo I de pruebas). Por lo que, aun cuando como lo aduce el amparista su fecha de nacimiento sea diecinueve de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, es decir, que a la fecha en que sucedieron los hechos contaba con la edad de cuarenta y seis años, tal como se puede advertir del oficio 659/204 de uno de octubre de dos mil catorce, signado por el Jefe de la Unidad de Análisis (UDAI), Plataforma México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, lo cierto es que dicha circunstancia no lo exime de responsabilidad, pues, se insiste, la apreciación sobre su edad por parte de los declarantes es una cuestión subjetiva, es decir, que puede variar según la percepción de quien aprecia los hechos. Incluso, es posible que alguien de la edad del quejoso aparente menos edad, máxime que de lo narrado se advierte que el contacto que tuvieron el denunciante y el testigo con los sujetos activos no fue prolongado. Por tanto, la sola discordancia en la edad referida de los sujetos activos constituye una circunstancia accesoria que no altera la substancia de los hechos imputados, tomando en cuenta que, se insiste, se trata de una apreciación subjetiva y, por ende, sobre la cual pueden existir errores. Además, contrario a lo afirmado por el peticionario de amparo en el sentido de que con la denuncia realizada por David Cháirez Martínez y la declaración de Efrén Landeros Pérez no se puede llegar a la determinación de que el quejoso fue uno de los sujetos que privó de la libertad y la vida al ofendido, lo cierto es que el juez responsable a fin de determinar la identidad de los sujetos activos y por tanto la probable responsabilidad del quejoso y su coinculpado, analizó dichas declaraciones en conjunto con lo expuesto por el diverso ateste Pedro Luna López, quien si bien no se encontraba presente al momento en que el pasivo fue privado de su libertad personal, lo cierto es que narró los hechos ocurridos al día siguiente, concretamente, el momento en que iba llegando al rancho Los Torunos, donde trabaja desde hace aproximadamente veintiocho años, sitio en el que se percató de la presencia del quejoso y su coinculpado, quienes le dijeron que andaban buscando una camioneta que les habían robado, para después manifestarle que si no había visto un paquete en la entrada del citado rancho, ya que les iban a dejar un mandado. Manifestaciones que, se insiste, concatenadas con lo manifestado por el denunciante en el sentido de que los captores de su hermano le indicaron que el lugar donde se haría entrega del rescate sería afuera del rancho Los Torunos, ponen en evidencia, al menos de manera probable, la identidad de los activos en razón de que, en primer lugar, Pedro Luna López fue claro en referir que reconoció a los dos sujetos que se encontraban a las afueras del rancho en que trabaja, puesto que también habían laborado en éste, y que éstos le manifestaron que andaban buscando un encargo que les dejarían en dicho lugar; y, en segundo lugar, la presencia aconteció en una hora congruente con el tiempo en que el denunciante refirió recibió una llamada de los captores para informar que en ese sitio no encontraron el dinero requerido para la libertad. Tampoco asiste razón al amparista cuando dice que no se tomó en cuenta que al momento en que se pusieron a la vista de Efrén Landeros Pérez dos fotografías correspondientes a él y su hermano, señaló que no correspondían a los sujetos que con engaños se habían llevado a David Cháirez Martínez, pues contrario a lo afirmado por el amparista (foja 20), si bien se advierte que en diligencia de nueve de junio de dos mil catorce, el testigo Landeros Pérez refirió: "en este momento el personal de la representación social me muestra dos fotografías de dos personas del sexo masculino, preguntándome si pertenecen a las personas que se presentaron el día de los hechos, mismos que se llevaron con engaños al señor DAVID CHAIREZ MARTÍNEZ, por lo cual manifiesto que dichas fotografías no corresponden a las personas que se llevaron al señor David, asimismo manifiesto que nunca antes los he visto en mi vida." (foja 55, reverso, del tomo I de pruebas); lo cierto es que de dicha diligencia no existe certeza de cuáles fueron las fotografías que se le pusieron a la vista, así como el orden y forma en que le fueron mostradas; es así, ya que al momento de desahogar el reconocimiento por fotografía, el agente investigador fue omiso en precisar cuáles eran las fotografías que se ponían a la vista, es decir, no se desprende de dicha diligencia cuáles fueron las imágenes que observó el ateste y sobre las que dijo que no correspondían a las personas que privaron de la libertad a la víctima. Aunado al hecho de que en su declaración inicial el declarante adujo que no le había visto la cara a uno de los sujetos que había secuestrado a David Cháirez Martínez; de ahí que el hecho de que no reconociera a las personas que en fotografía se le mostraron, resulte irrelevante, dado que lo declarado excluye que fuera posible ello con certeza y, por ende, resulta correcta la determinación del juez de no hacer mención ni tomar en cuenta la falta de reconocimiento en referencia. Tampoco es obstáculo para considerar que la orden de aprehensión reclamada es inconstitucional, lo aducido por el quejoso en el sentido de que el juez no debió tener en cuenta lo declarado por el ateste Pedro Luna López, en razón de que la hora en que dijo ver a los inculpados fuera del rancho Los Torunos no correspondía a la que el denunciante adujo que había recibido una llamada de los activos diciéndole que se encontraban fuera de dicho lugar, puesto que tanto en la denuncia como en la declaración en comento, se establecieron horas aproximadas en que ocurrió ese hecho en concreto, por lo que dicha discrepancia es razonable para estimar, al menos hasta este momento procesal, que la hora en que Luna López vio a los inculpados y le preguntaron sobre el mandado que les iban a dejar, corresponde substancialmente con el momento en que se comunicaron con el denunciante para decirle que estaban afuera del rancho y que en el lugar no se encontraba el dinero pactado por el rescate. Tampoco es cierto lo afirmado por el quejoso respecto a que la declaración de Pedro Luna López carece de valor probatorio al no encontrarse corroborada con diversos medios de prueba, puesto que precisamente, como se vio, la autoridad responsable a efecto de acreditar la probable responsabilidad del aquí quejoso analizó dicho medio convictivo en conjunto con la denuncia y declaración rendida por Efrén Landeros Pérez, para así de los hechos conocidos obtener datos desconocidos que permitieran llegar a la conclusión de tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso. Ahora, si bien el juez responsable al hacer referencia a la declaración del testigo Pedro Luna López, adujo que este había reconocido al aquí quejoso y al coinculpado como las personas que había visto a las afueras del rancho en que labora, lo cierto es que no fue la única circunstancia que tomó en cuenta para dar valor al dicho del referido ateste, pues contrario a ello, dicho reconocimiento únicamente lo tomó en cuenta para reafirmar el valor otorgado a dicho testimonio, pues se insiste, la identificación de las personas que vio afuera del lugar donde trabaja fue con motivo de que en algún momento habían trabajado en el mismo rancho. En ese sentido, dado que se trataba de un lugar ubicado en las afueras de un predio rústico (rancho), es plausible que únicamente se encontrara el ateste en comento y, en consecuencia, que se trate de un ateste único. Por otra parte, que contrario a lo manifestado por el peticionario de amparo, las fotografías que refirió el ateste identificar como de los hermanos Gabino y Ramón, ambos de apellidos Rodríguez Acosta, eran las que se encontraban anexas al oficio 108 de cuatro de junio de dos mil catorce, rendido por el Jefe de la Unidad de Análisis "PLATAFORMA MÉXICO", porque así se especificó en la diligencia de ratificación de declaración en la que fueron presentadas (foja 94); las cuales según se advierte de las constancias que obran en autos, no contienen el nombre o algún dato de las personas que en éstas aparecen (fojas 46 a 49 del tomo I de pruebas y). Por tanto, no existe elemento alguno para considerar que el reconocimiento en comento fue inducido. De ahí que resulte incorrecta la apreciación del quejoso en el sentido de que las fotografías que se pusieron a la vista de Pedro Luna López hayan correspondido a las que fueron anexadas a los informes rendidos por el Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Con todo, el reconocimiento del quejoso por parte de dicho ateste, como se expuso, deriva de que adujo fueron compañeros de trabajo en el rancho en el que ocurrieron los hechos, lo que fue declarado con anterioridad a que le fueran presentadas las fotografías en comento (doce de mayo de dos mil catorce), dado que la ratificación en la que se mostraron éstas ocurrió el veintisiete de octubre de dos mil catorce, siendo que, se reitera, desde la primera declaración realizó el señalamiento del nombre y apellidos del inculpado. Por tanto, no es cierto que dicha declaración sea una prueba obtenida ilícitamente, pues se insiste, el testigo fue claro en manifestar la razón por la que pudo identificar a los inculpados a las afueras del rancho en que trabaja, y ésta fue porque dichas personas también habían trabajado en Los Torunos. Finalmente, si bien es cierto que en el acto reclamado, una vez que se analizó el cuerpo del delito de secuestro calificado y la probable responsabilidad penal del quejoso en su comisión, la responsable asentó: "Virtud del estudio efectuado, se acredita la probable responsabilidad penal en la que incurrieron CARLOS ALFONSO y JOSÉ MANUEL, ambos de apellidos PALAFOX BRIONES y LUIS ANTONIO y NORMA PATRICIA, ambos de apellidos FLORES.", para después referir que: "En esa tesitura los citados medios de convicción. resultan aptos y suficientes para comprobar de manera plena, la responsabilidad penal de GABRIEL HERNÁNDEZ ALAMARAZ,. en la comisión del ilícito de SECUESTRO AGRAVADO, perpetrado en agravio de DAVID CHÁIREZ MARTÍNEZ." Lo anterior si bien refleja incongruencia interna, lo cierto es que dicha circunstancia resulta intrascendente, al no generar incertidumbre o duda sobre los medios de prueba analizados y la determinación tomada en el acto reclamado, dado que la materia fue la orden de aprehensión solicitada en contra de Ramón Rodríguez Acosta por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de secuestro agravado, en agravio de David Cháirez Martínez y durante todo el estudio para determinar la procedencia de la solicitud ministerial, se hizo alusión a los medios de prueba que obraban en la averiguación previa seguida en contra del aquí quejoso, por los hechos delictivos analizados en el acto reclamado. En consecuencia, tal como se dijo, fue correcta la afirmación de la responsable en el sentido de que concatenando el contenido de la denuncia de hechos realizada por Raúl Cháirez Martínez y las declaraciones rendidas por Efrén Landeros Pérez y Pedro Luna Pérez, se podía concluir que quienes habían perpetrado el hecho delictivo de secuestro agravado en contra de David Cháirez Martínez eran el peticionario de amparo junto con su hermano. De ahí que sea razonable tener por acreditado de manera probable que fue el aquí quejoso junto con su hermano quienes privaron de la libertad al pasivo, para posteriormente solicitar un rescate y acordar el lugar de su entrega, concretamente en el rancho Los Torunos; lo que conlleva la probable responsabilidad en la privación de la vida de la víctima, como agravante, dado que, con posterioridad a la privación ilegal de la libertad, fue que aconteció tal fallecimiento, sin que se hubiera acreditado que el sujeto pasivo recuperó su libertad en algún momento, a efecto de que pudiera atribuirse a una diversa causa el fenecimiento. En suma, los elementos de prueba analizados son suficientes para atribuir, en grado de probabilidad, la responsabilidad penal del quejoso en el cuerpo del delito acreditado, al estar justificado que, hasta el momento procesal de la causa penal natural, los elementos probatorios analizados son los únicos con los que se cuenta para esclarecer los hechos y derivarse de éstos la hipótesis fáctica referida, con mayor sustento que lo contrario (inocencia). Ahora bien, el inculpado refiere que desde el dos mil diez se encontraba radicando en los Estados Unidos de Norteamérica y hasta marzo del presente año fue cuando regresó al país (foja 11). No obstante, lo narrado por el inculpado no se encuentra corroborado periféricamente, ya que no encuentra sustento probatorio en algún medio de prueba adicional a su dicho. Esto, porque se trata de una hipótesis ad hoc, porque excluye la posibilidad de que hubiera participado en los hechos. Sin embargo, siempre es posible construir una historia coherente a efecto de derivar datos de prueba que excluyan la responsabilidad penal del indiciado. Por tanto, al tratarse de una narrativa de exculpación, es necesario que cuente con un sustento probatorio mayor al de la hipótesis de la culpabilidad, lo que no acontece en la especie. Luego, al no encontrarse corroborado el dicho del inculpado, hasta este momento procesal, éste es ineficaz para acreditar los hechos en que se sustenta. Así pues, en la causa penal natural, se encuentra acreditado el cuerpo del delito de secuestro calificado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos a) y b), y 11, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional; así como la probable responsabilidad de Ramón Rodríguez Acosta, en su comisión. Esto, pues está acreditado que el cinco de mayo de dos mil catorce, aproximadamente a las cinco de la tarde, la víctima se trasladó, junto con el denunciante, al entronque que se dirige a la comunidad de Chichimequillas, Zacatecas, (lugar en el que realizaban consuetudinariamente la compraventa de ganado); en ese sitio, se acercaron el quejoso y otro sujeto, quienes manifestaron que tenían su vehículo descompuesto con dos becerros para vender, por lo que el sujeto pasivo se fue con ellos a efecto de auxiliarlos y, en su caso, adquirir esos animales. Posteriormente, aproximadamente veinte minutos después, el hermano de la víctima (denunciante) comenzó a recibir llamadas (primero del número de su hermano y después de uno diverso), relativas a que era necesario que se pagara quinientos mil pesos por la libertad del sujeto pasivo; sin que se hubiera podido concretar dicho rescate, por el contrario, la víctima fue privada de la vida. Es así, porque, hasta el momento del dictado del acto reclamado, la hipótesis anterior es la única capaz de explicar los datos de prueba disponibles, integrándolos de forma coherente, lo que la torna probable, en un grado mayor que la hipótesis relativa a la inocencia del inculpado. Sin que existan otras hipótesis plausibles que expliquen los mismos datos de pruebas y que hagan improbable la responsabilidad del acusado, pues lo referido por el amparista en relación con su ausencia del país en el momento de los hechos no cuenta con sustento probatorio alguno. En efecto, si bien es cierto cada uno de los indicios analizados no son suficientes por sí solos para acreditar la probable responsabilidad del quejoso, como se consideró, en su conjunto, otorgan mayor sustento, hasta este momento, a tal hipótesis, al explicarla de manera coherente, aunque sea de manera indirecta; por lo que no se puede considerar que se trata de simples sospechas, ya que de los hechos secundarios que se encuentran demostrados (indicios), como se consideró, se infiere el elemento en comento. En particular, pese a que la presencia del inculpado en uno de los lugares en los que se pactó el rescate no implica un nexo necesario o directo que conlleve a la atribución de la responsabilidad penal; la coincidencia circunstancial con la mecánica en que se encuentra acreditado acontecieron los hechos ilícitos hace que, sin una hipótesis que justifique tal hecho, deba estimarse que favorece a la inculpación. Lo considerado, tomando en cuenta que el estándar de prueba aplicable para emitir una orden de aprehensión no es el de prueba plena, sino el de cuerpo del delito y probable responsabilidad, lo que implica que únicamente deben existir datos probatorios suficientes que hagan más probable la hipótesis de culpabilidad que la de inocencia; lo que, se insiste, acontece en la especie. Por último, debe precisarse que en la causa penal natural, hasta el momento procesal en que fue emitido el auto reclamado, no se encuentra demostrado un error invencible de tipo o un caso fortuito, que excluyan el dolo acreditado en la comisión del hecho delictivo; o una causa de justificación o inculpabilidad que impida que se siga el proceso a que fue vinculado el inculpado. Sobre la base de lo considerado, no se advierte que la resolución reclamada sea violatoria de los artículos 14 y 16 y constitucionales, porque, como ya se analizó, lejos de ello, en el acto reclamado se respetó y actuó con base en el contenido de esos preceptos fundamentales, sin irrogar perjuicio al peticionario de amparo. Es así, debido a que, en conformidad con los medios de prueba analizados, la autoridad responsable expresó las razones por las cuales consideró que los elementos de prueba existentes en la indagatoria tienen valor conforme a los preceptos legales que citó, destacó los datos e indicios que estimó demostrados y los adminiculó a fin de tenerlos como útiles y eficaces para tener por acreditado el cuerpo del delito del ilícito en comento y la probable responsabilidad del reo. Consecuentemente, desestimados los conceptos de violación, aun suplida la deficiencia en la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor, y toda vez que, hasta ese momento, sí se acreditaron los elementos que integran el cuerpo del delito imputado, así como la probable responsabilidad del indiciado, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo Ramón Rodríguez Acosta, contra los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público Especial para Homicidios Dolosos, Secuestro y Asociación Delictuosa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango y del Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Ministerial del Estado de Durango; consistentes en la integración de la averiguación previa penal 12/AEIV/2014 y la determinación del ejercicio de la acción penal en dicha indagatoria, así como la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, respectivamente. Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ramón Rodríguez Acosta, contra el acto reclamado del Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en la orden de aprehensión de veinte de abril de dos mil quince, dictada dentro de la causa penal 104/2014; conforme a los razonamientos expuestos en el considerando séptimo de la presente resolución de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hasta el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
En dos de octubre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal informó que la Comisión de Adscripción, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza.- DOY FE. Jessy*
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