Ramón Ornelas Flores
Expediente 394/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ramón Ornelas Flores
Actuaciones
- Principal
En ocho de mayo de dos mil diecisiete, la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintisiete de abril al cuatro de mayo de dos mil diecisiete, sin contar los días veintinueve y treinta del citado mes de abril, por corresponder a sábado y domingo, y uno de mayo del año que transcurre, por ser inhábil de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de diecinueve de abril del año que transcurre, dentro del juicio de amparo 394/2017. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de diecinueve de abril de dos mil diecisiete (fojas 12-18), que desechó la demanda de garantías promovida por Ramón Ornelas Flores; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. *AMCI.
- Principal
-... Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ramón Ornelas Flores, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas y otra; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 394/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas. Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas. Acto reclamado: "I. La falta de emplazamiento a mi madre, María Flores Acosta (en la actualidad finada), en su carácter de coheredera directa dentro del juicio sucesorio intestamentario marcado con el número 123/1977 juicio promovido a bienes de los padres de mi madre, María del Refugio Acosta Flores y José Luz Flores Aguilar, mismo que fue denunciado por Emilia Flores Acosta, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zac; es pertinente mencionar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que a la fecha no se ha tramitado juicio sucesorio testamentario ni intestamentario a bienes de mi finada madre María Flores Acosta; acto que ahora reclamo y que atribuyo al C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zac., y al C. Actuario adscrito al mismo. II. La validación de la cesión de derechos hereditarios efectuados entre los ahora terceros interesados, Eduardo Flores Flores (cedente) y Josefina Flores Flores (cesionaria), ya que dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Marcelina Flores Acosta, marcado con el número 266/1997, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zac; el cedente realizó una Cesión de Derechos Hereditarios a Título Gratuito a favor de Josefina Flores Flores, el cedente efectuó dicha cesión de derechos hereditarios en calidad de Apoderado Legal de los coherederos Pedro, Petra y Julia de apellidos Flores Acosta dentro del juicio en mención, y dicha cesión de derechos fue validada por la responsable ordenadora; asimismo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que desconozco el estado procesal que guarda dicho procedimiento, pero se tiene la certeza de que tal juicio a la fecha no ha concluido; por último, es pertinente mencionar que la validez de la cesión de derechos hereditarios que ahora reclamo, es respecto a los derechos hereditarios que tenían reconocidos los CC. PEDRO, PETRA y JULIA todos de apellidos FLORES ACOSTA, que como coherederos les asistían dentro del precitado juicio." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la lectura integral del escrito de demanda y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ramón Ornelas Flores, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la falta de emplazamiento de su madre María Flores Acosta al juicio sucesorio intestamentario a bienes de María del Refugio Acosta Flores y José Luis Flores Aguilar, número 123/1977, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas; así como la validez de la cesión de derechos hereditarios efectuada entre Eduardo Flores Flores y Josefina Flores Flores dentro del diverso juicio sucesorio intestamentario a bienes de Marcelina Flores Acosta, marcado con el número 266/1997 del índice del citado juzgado. No obstante, de su escrito de demanda se advierte el peticionario del amparo precisa bajo protesta de decir verdad que el once de noviembre de dos mil dieciséis, presentó en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, diversa demanda de amparo, la cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, misma que fue registrada bajo el juicio de amparo 1197/2016. Ahora, como se desprende de la cuenta secretarial, ante este propio juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 1197/2016, promovido por Ramón Ornelas Flores contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, lo cual, es un hecho notorio para la suscrita juez federal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por tanto, se ordena agregar copia fotostática certificada de la copia de la demanda de amparo que dio origen al diverso juicio de garantías, para los efectos legales a que haya lugar. Del referido juicio de derechos se advierte se destacaron como actos reclamados: "De la autoridad señalada como responsable reclamo todas y cada una de las actuaciones efectuadas por su parte dentro del juicio sucesorio intestamentario marcado con el número 123/1977, juicio promovido por Emilia Flores Acosta a bienes de María del Refugio Acosta Flores y José Luz Flores Aguilar, quienes en vida fueron padres de mi madre María Flores Acosta, por motivo de que nunca fue llamada a juicio (mi madre), puesto que se omitió al momento de mencionar a los presuntos herederos de los de cujus; y como el suscrito me encontraba radicando fuera de este lugar, es por eso que tampoco me percaté de la apertura del juicio de referencia, y siendo que a la fecha mis padres se encuentran finados, y al suscrito me asisten derechos por estirpe de mi madre María Flores Acosta, es por ello que vengo a promover el presente juicio de garantías con la finalidad de que se anulen las actuaciones del juicio de referencia, puesto que me causan agravios las actuaciones y adjudicaciones dentro del juicio sucesorio ya mencionado, asimismo reclamo de la misma autoridad que ahora señalo como responsable la validez que le otorgó al poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio a favor de Eduardo Flores Rodríguez a favor de Josefina Flores Flores (esposa) misma que se efectuó ante el personal del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zac., puesto que el C. Eduardo Flores Rodríguez obtuvo un poder por parte de los CC: Pedro, Petra y Julia con engaños. Amenazas haciéndoles creer (a los ponderantes) que era para dar celeridad al trámite, y ya obtenido el poder, realizó una cesión de derechos hereditarios a favor de su esposa, la C. Josefina Flores Flores, todo esto dentro del expediente 266/1997, no ordenando la Autoridad ahora señalada como responsable ratificación alguna hacia los ponderantes, por medio de la cual manifestara cuál era la finalidad de los al otrogr el poder, puesto que si hubiese sido su intención (de los ponderantes) de ceder los derechos hereditarios que les correspondían, lo hubieren manifestado dentro del mismo poder, juicio radicado ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zac." Al recibirse la demanda se le previno al promovente para que diera cumplimiento a diversos requerimientos, al no haberlo hecho dentro del plazo concedido, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por no presentada la demanda, determinación que quedó firme el dos de enero del año que transcurre. Por tanto, es claro que al menos desde el once de noviembre de dos mil dieciséis, el quejoso tuvo conocimiento de los juicios sucesorios de los que emanan los actos que reclama. Se estima así, ya que la pretensión en una y otra determinación envuelve los mismos hechos que considera violatorios de los derechos de su finada madre, ya que en ambos amparos se duele de la falta de emplazamiento de su progenitora al juicio 123/1977, así como la cesión de derechos entre Eduardo Flores Flores y Josefina Flores Flores, aprobada dentro del diverso sucesorio intestamentario a bienes de Marcelina Flores Acosta, número 266/1997. De ahí que, se insiste, el quejoso conoció de los actos que reclama al menos desde la fecha de la promoción del anterior amparo. Entonces, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo comenzó a contar el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, al ser el día hábil siguiente a aquel en que se ostentó sabedor de los actos (once de noviembre de dos mil dieciséis); y concluyó el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, con exclusión de los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre y tres y cuatro de diciembre de dicha anualidad, por corresponder a sábados y domingos y veintiuno del citado mes de noviembre, por haberse declarado inhábil. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17 que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado en estudio es la falta de emplazamiento de su madre, María Flores Acosta dentro del juicio sucesorio intestamentario marcado con el número 123/1977 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, así como la validez de la cesión de derechos hereditarios efectuada entre Eduardo Flores Flores y Josefina Flores Flores dentro del juicio sucesorio intestamentario 266/1997, por lo que es claro que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tampoco es óbice para lo anterior lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que al promover el primer juicio de amparo no conocía de todos los datos por los que se le previno, ya que como se dijo, los actos reclamados y los hechos que se narran en ésta son los mismos que se expresan en la demanda de derechos que nos ocupa. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Ramón Ornelas Flores, en términos del artículo 113 de dicha legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa téngasele señalando como autorizados de su parte en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador García Herrera y Salvador García Rodríguez, que sí tienen registrada su cédula profesional número 2164819 y 7941452, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y no así, Elma Cristina García Rodríguez, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos por no tener su cédula registrada y como domicilio para tal fin el ubicado en la esquina que forman las calles Ventura Salazar y Arroyo de la Plata "Paletería La Michoacana", en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. ...--
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19 DE ABRIL DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. " Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ramón Ornelas Flores, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas y otra; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 394/2017, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas. Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas. Acto reclamado: "I. La falta de emplazamiento a mi madre, María Flores Acosta (en la actualidad finada), en su carácter de coheredera directa dentro del juicio sucesorio intestamentario marcado con el número 123/1977 juicio promovido a bienes de los padres de mi madre, María del Refugio Acosta Flores y José Luz Flores Aguilar, mismo que fue denunciado por Emilia Flores Acosta, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zac; es pertinente mencionar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que a la fecha no se ha tramitado juicio sucesorio testamentario ni intestamentario a bienes de mi finada madre María Flores Acosta; acto que ahora reclamo y que atribuyo al C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zac., y al C. Actuario adscrito al mismo. II. La validación de la cesión de derechos hereditarios efectuados entre los ahora terceros interesados, Eduardo Flores Flores (cedente) y Josefina Flores Flores (cesionaria), ya que dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Marcelina Flores Acosta, marcado con el número 266/1997, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zac; el cedente realizó una Cesión de Derechos Hereditarios a Título Gratuito a favor de Josefina Flores Flores, el cedente efectuó dicha cesión de derechos hereditarios en calidad de Apoderado Legal de los coherederos Pedro, Petra y Julia de apellidos Flores Acosta dentro del juicio en mención, y dicha cesión de derechos fue validada por la responsable ordenadora; asimismo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que desconozco el estado procesal que guarda dicho procedimiento, pero se tiene la certeza de que tal juicio a la fecha no ha concluido; por último, es pertinente mencionar que la validez de la cesión de derechos hereditarios que ahora reclamo, es respecto a los derechos hereditarios que tenían reconocidos los CC. PEDRO, PETRA y JULIA todos de apellidos FLORES ACOSTA, que como coherederos les asistían dentro del precitado juicio." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la lectura integral del escrito de demanda y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ramón Ornelas Flores, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XIV, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la falta de emplazamiento de su madre María Flores Acosta al juicio sucesorio intestamentario a bienes de María del Refugio Acosta Flores y José Luis Flores Aguilar, número 123/1977, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas; así como la validez de la cesión de derechos hereditarios efectuada entre Eduardo Flores Flores y Josefina Flores Flores dentro del diverso juicio sucesorio intestamentario a bienes de Marcelina Flores Acosta, marcado con el número 266/1997 del índice del citado juzgado. No obstante, de su escrito de demanda se advierte el peticionario del amparo precisa bajo protesta de decir verdad que el once de noviembre de dos mil dieciséis, presentó en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, diversa demanda de amparo, la cual correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, misma que fue registrada bajo el juicio de amparo 1197/2016. Ahora, como se desprende de la cuenta secretarial, ante este propio juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 1197/2016, promovido por Ramón Ornelas Flores contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, lo cual, es un hecho notorio para la suscrita juez federal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por tanto, se ordena agregar copia fotostática certificada de la copia de la demanda de amparo que dio origen al diverso juicio de garantías, para los efectos legales a que haya lugar. Del referido juicio de derechos se advierte se destacaron como actos reclamados: "De la autoridad señalada como responsable reclamo todas y cada una de las actuaciones efectuadas por su parte dentro del juicio sucesorio intestamentario marcado con el número 123/1977, juicio promovido por Emilia Flores Acosta a bienes de María del Refugio Acosta Flores y José Luz Flores Aguilar, quienes en vida fueron padres de mi madre María Flores Acosta, por motivo de que nunca fue llamada a juicio (mi madre), puesto que se omitió al momento de mencionar a los presuntos herederos de los de cujus; y como el suscrito me encontraba radicando fuera de este lugar, es por eso que tampoco me percaté de la apertura del juicio de referencia, y siendo que a la fecha mis padres se encuentran finados, y al suscrito me asisten derechos por estirpe de mi madre María Flores Acosta, es por ello que vengo a promover el presente juicio de garantías con la finalidad de que se anulen las actuaciones del juicio de referencia, puesto que me causan agravios las actuaciones y adjudicaciones dentro del juicio sucesorio ya mencionado, asimismo reclamo de la misma autoridad que ahora señalo como responsable la validez que le otorgó al poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio a favor de Eduardo Flores Rodríguez a favor de Josefina Flores Flores (esposa) misma que se efectuó ante el personal del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zac., puesto que el C. Eduardo Flores Rodríguez obtuvo un poder por parte de los CC: Pedro, Petra y Julia con engaños. Amenazas haciéndoles creer (a los ponderantes) que era para dar celeridad al trámite, y ya obtenido el poder, realizó una cesión de derechos hereditarios a favor de su esposa, la C. Josefina Flores Flores, todo esto dentro del expediente 266/1997, no ordenando la Autoridad ahora señalada como responsable ratificación alguna hacia los ponderantes, por medio de la cual manifestara cuál era la finalidad de los al otrogr el poder, puesto que si hubiese sido su intención (de los ponderantes) de ceder los derechos hereditarios que les correspondían, lo hubieren manifestado dentro del mismo poder, juicio radicado ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Ojocaliente, Zac." Al recibirse la demanda se le previno al promovente para que diera cumplimiento a diversos requerimientos, al no haberlo hecho dentro del plazo concedido, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por no presentada la demanda, determinación que quedó firme el dos de enero del año que transcurre. Por tanto, es claro que al menos desde el once de noviembre de dos mil dieciséis, el quejoso tuvo conocimiento de los juicios sucesorios de los que emanan los actos que reclama. Se estima así, ya que la pretensión en una y otra determinación envuelve los mismos hechos que considera violatorios de los derechos de su finada madre, ya que en ambos amparos se duele de la falta de emplazamiento de su progenitora al juicio 123/1977, así como la cesión de derechos entre Eduardo Flores Flores y Josefina Flores Flores, aprobada dentro del diverso sucesorio intestamentario a bienes de Marcelina Flores Acosta, número 266/1997. De ahí que, se insiste, el quejoso conoció de los actos que reclama al menos desde la fecha de la promoción del anterior amparo. Entonces, el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo comenzó a contar el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, al ser el día hábil siguiente a aquel en que se ostentó sabedor de los actos (once de noviembre de dos mil dieciséis); y concluyó el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, con exclusión de los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de noviembre y tres y cuatro de diciembre de dicha anualidad, por corresponder a sábados y domingos y veintiuno del citado mes de noviembre, por haberse declarado inhábil. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17 que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado en estudio es la falta de emplazamiento de su madre, María Flores Acosta dentro del juicio sucesorio intestamentario marcado con el número 123/1977 del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, así como la validez de la cesión de derechos hereditarios efectuada entre Eduardo Flores Flores y Josefina Flores Flores dentro del juicio sucesorio intestamentario 266/1997, por lo que es claro que no encuadra en alguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tampoco es óbice para lo anterior lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que al promover el primer juicio de amparo no conocía de todos los datos por los que se le previno, ya que como se dijo, los actos reclamados y los hechos que se narran en ésta son los mismos que se expresan en la demanda de derechos que nos ocupa. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Ramón Ornelas Flores, en términos del artículo 113 de dicha legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa téngasele señalando como autorizados de su parte en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador García Herrera y Salvador García Rodríguez, que sí tienen registrada su cédula profesional número 2164819 y 7941452, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y no así, Elma Cristina García Rodríguez, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos por no tener su cédula registrada y como domicilio para tal fin el ubicado en la esquina que forman las calles Ventura Salazar y Arroyo de la Plata "Paletería La Michoacana", en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. ...--
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