Ramón Reyes Carreto y Otros.
Expediente 459/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ramón Reyes Carreto y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido electrónicamente signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, por medio del cual hace del conocimiento que ese tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, asignándole el número de recurso de queja administrativa ********************; lo que comunica en vía de notificación para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo signados por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco de Juárez, mediante el cual remite copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja administrativa ********************, interpuesto por las autoridades responsables Síndico Procurador y Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, por conducto de su delegada, en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Se desecha el recurso de queja." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, haciéndole saber a las partes lo determinado en supralíneas y se ordena reanudar el procedimiento del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a las autoridades responsables Síndico Procurador y representante legal ******************** y Tesorera Municipal ********************, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, con sede en Zumpango del Río, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, REMITAN LA CUANTIFICACIÓN CORRECTA CON SU DEBIDA ACTUALIZACIÓN del adeudo correspondiente a los meses de enero-febrero, febrero-marzo, marzo-abril, abril-mayo, mayo-junio, junio-julio, julio-agosto, agosto-septiembre, septiembre-octubre, octubre-noviembre y noviembre-diciembre; con el fin de estar en condiciones de dar el cumplimiento a la ejecutoria. Apercibidos ******************** y ******************** Síndico Procurador y representante legal y Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, con sede en Zumpango del Río, que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, se harán acreedores a una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 2381 , 258, 192 y 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese y personalmente a las partes.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ramón Reyes Carreto, por su propio derecho, contra actos del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Comisión Electoral de dicho Consejo, residente en esta ciudad y otras autoridades. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 459/2023 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Desechamiento. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad de la Jueza de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, de la demanda de amparo se conoce que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".IV. LEY O ACTOS RECLAMADOS: Los constituyen los siguientes de la: 1. Comisión Electoral del Honorable Consejo Universitario. De esta reclamo la convocatoria dirigida a los estudiantes, trabajadores académicos, administrativos, técnicos, de intendencia y de confianza, para la elección de Rectora o Rector (a) de la Universidad Autónoma de Guerrero, por el periodo del 27 de septiembre de 2023, al 27 de septiembre de 2027, cuyas bases tercera a quinta, octava y novena, décimo sexta, décima octava, décima novena, vigésima segunda a vigésima trigésima, cuyos contenidos son violatorias de los derechos humanos y garantías constituciones contenidas en los arábigos 1, 3 Fracción VII, 14, 16, 35, 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente la Base Tercera Fracción II inciso c), del Reglamento Electoral, de la mencionada Universidad, pero no aparecen, en la Ley Orgánica de dicho centro Universitario, violando con ello el principio de jerarquía de las leyes, así como los principios, de interpretación de favorecer la mayor y más amplia protección, progresividad y no discriminación, el derecho a participar en el proceso electoral para la elección de rector, las reglas constitucionales fundamentales en materia electoral y sus principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad, en dicha elección así como el principio de jerarquía de las leyes de supremacía de la Constitución Política Mexicana, que significa que las leyes inferiores no pueden tener más requisitos que las leyes superiores. II. Consejo Universitario. De este reclamo los siguientes: 1. El haber aprobado el contenido de la fracción VI del numeral 78, del Estatuto General, de la Universidad Autónoma de Guerrero, aprobado por el H. Consejo Universitario el día 3 de junio del año 2016 y publicado en el número 67 de la Gaceta Universitaria, el 14 de junio del mismo año y el inciso c) de la Fracción II, del artículo 10, del Reglamento Electoral, de la Universidad Autónoma de Guerrero, aprobada el día 15 de julio del mismo año 2016 y publicado en la Gaceta Universitaria número 69, el día 26 de agosto del referido año, reformados ambos el 9 de julio del año 2021, publicados en la Gaceta Universitaria número 10, de la referida fecha, que dicen: Estatuto General. Artículo 78. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Universidad, los requisitos para ser candidato a ocupar el cargo de rector, son los siguientes: Fracción VI. Contar con el reconocimiento académico y el aval de veinticinco consejeros universitarios, o los consejeros académicos de al menos 12 Unidades Académicas, o de noventa y tres consejeros académicos de unidades académicas. Reglamento Electoral. Artículo 10. Para ser candidato a Rector o Director, los aspirantes deberán reunir todos los requisitos que señalan la Ley Orgánica, el Estatuto General y el presente Reglamento. Para acreditar tales requisitos deberá presentar: Fracción II. Específicos para Rector: Inciso c), acreditar el reconocimiento y aval de veinticinco Consejeros Universitarios, o los Consejeros Académicos de al menos doce Unidades Académicas, o noventa y tres Consejeros Académicos de Unidades Académicas. Por ser, tanto la disposición mencionada del Estatuto General, como la del Reglamento Electoral, normas inferiores, respecto de la Ley Orgánica vigente, de la Universidad Autónoma de Guerrero, número 178, aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero el día 8 de marzo del año 2016, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el día 5 de abril del año 2016, y no estar dichos requisitos en el artículo 30 de dicha Ley Orgánica, que es la Ley de jerarquía superior. 2. De la Comisión Electoral del H. Consejo Universitario, como autoridad ejecutora, reclamo la emisión de la convocatoria para la elección de rector 2023 - 2027, en la que aparecen dichas disposiciones jurídicas, violatorias de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero. 3. Del Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, como autoridad ejecutora, reclamo la ejecución o cumplimiento de las disposiciones mencionadas, debido a que el artículo 36 fracciones VII de la Ley Orgánica de dicha Institución, establece que dicho funcionario tendrá las facultades y obligaciones de cuidar el exacto cumplimiento de las normas contenidas en dicha Ley, el Estatuto General y la reglamentación que de estos emanen. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, fracción II de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. En una interpretación en sentido contrario, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. En relación al tema, es menester señalar que actualmente el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo lo atiende la misma norma al señalar que autoridad es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse de manera fundamental, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Lo expuesto tiene relación con la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver la contradicción de tesis 253/2011, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde advirtió como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Argumentos que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, la parte quejosa en esencia reclama la "CONVOCATORIA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES, TRABAJADORES ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, DE INTENDENCIA Y DE CONFIANZA, PARA LA ELECCIÓN DE RECTORA O RECTOR (A) DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO, POR EL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2027", por el cual aduce no podrá participar en virtud que las bases de la tercera a quinta, octava y novena, décimo sexta, décima octava, décima novena, vigésima segunda a vigésima trigésima, son violatorias de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 35, 41, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior en virtud de que aduce que dichas bases establecen como requisito lo previsto en el artículo 78, fracción VI del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Guerrero, y el diverso artículo 10, inciso c), fracción II del Reglamento Electoral de dicha universidad, es decir, los participantes deberán contar con el reconocimiento académico y el aval de veinticinco consejeros universitarios o de al menos doce unidades académicas o de noventa y tres consejeros de unidades académicas. En ese sentido, conforme a la naturaleza del acto reclamado se advierte que las autoridades responsables Consejo Universitario, Comisión Electoral del Consejo Universitario y Rector todos dependientes de la Universidad Autónoma de Guerrero, no tienen el carácter de autoridad responsable dado que a través de la convocatoria reclamada no se crea, modifica o extingue por sí y ante sí alguna situación jurídica de las personas particulares. Lo anterior es así porque la convocatoria reclamada emitida por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, únicamente constituye un llamado para quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo, sin que con su emisión se modifique, extinga o cree alguna situación en concreto. Resultado de lo anterior, es incuestionable que el acto reclamado analizado, no es susceptible de impugnación a través del juicio de amparo, pues como ya se explicó no emana de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Tiene aplicación por las consideraciones que la forma la Tesis: 1a./J. 19/2010, con número de registro digital 164876, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada dentro de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 918, que establece: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR. Del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la autonomía de las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. En ese sentido, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía universitaria, consistente en el nombramiento del rector de la universidad, por lo que debe sobreseerse en el juicio al no estar sustentado en una relación de supra a subordinación respecto de los gobernados, ni apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica de éstos." Asimismo sirve de apoyo la Tesis (IV Región) 2o.7 A (10a.), con número de registro digital 2012044, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada dentro de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Libro 32, Julio de 2016, página 2255, que a la letra dice: "UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO. LA ELECCIÓN EFECTUADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROFESORES DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LOS DOCENTES QUE INTEGRARÁN SUS RESPECTIVOS CONSEJOS UNIVERSITARIO, TÉCNICO UNIVERSITARIO Y DIVISIONAL, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 918, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR.", estableció, entre otras premisas, que: i. En términos del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como una garantía institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; ii. Dentro de estos principios está el de autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas ad-intra (al interior del cuerpo universitario), con independencia de cualquier órgano exterior; iii. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios; y, iv. La garantía institucional de autonomía universitaria impide que algún órgano del Estado pueda vaciar la esfera de competencias de las autoridades de las universidades públicas, a través de una sustitución o suplantación, verbigracia, decidiendo quiénes deben ser designados funcionarios universitarios, amén de que esa determinación constituye un acto ad-intra. Ahora bien, con sujeción a las proposiciones descritas, se concluye que la elección efectuada por la Asamblea General de Profesores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de los docentes que integrarán sus respectivos Consejos Universitario, Técnico Universitario y Divisional, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional, por lo que, al impugnarse mediante esa vía, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que esa deliberación se inserta en el ejercicio de las atribuciones de autogobierno de la mencionada casa de estudios, que en virtud de su autonomía no admite que un órgano estatal la sustituya o suplante, resolviendo quiénes deben ser electos como integrantes de dichos órganos universitarios. Lo anterior es así, porque de los artículos 1, 6, 11, 12, 13 y 44 de la ley orgánica de la citada universidad, así como de los diversos 20, 25, 26 y 27 de su estatuto general, se colige que ésta es un organismo público descentralizado del Estado de Tabasco, con autonomía constitucional, que para el logro de sus fines tiene la facultad de gobernarse a sí misma, mediante la designación de sus respectivas autoridades universitarias, entre las cuales están los referidos cuerpos colegiados; incluso, el primero de éstos es el máximo órgano de discusión y decisión, que tiene por objeto expedir las normas y disposiciones reglamentarias para la mejor organización y funcionamiento académico y administrativo de dicha universidad pública. Luego, la designación de los docentes que fungirán como integrantes de esos órganos colegiados, constituye un acto decisorio ad-intra de la mencionada universidad, pues lo adopta autónomamente, al interior de su asamblea de profesores, en términos de la referida fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Federal, que establece que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y, desde esa óptica, existe un impedimento constitucional y legal para que un órgano judicial de amparo disuelva la esfera de competencias ejecutivas universitarias, pues se itera, la designación de sus funcionarios constituye un acto que tiene consecuencias, únicamente, al interior de la referida institución educativa, que emite bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección y de calificación de sus elecciones internas." En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Por otra parte, debe precisarse que no es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue publicada con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, debido a que por virtud de la solicitud sustitución de jurisprudencia 9/2015, se autorizó la adecuación el título de la tesis mencionada para quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". En el primero de los rubros de la jurisprudencia citada se establecía de manera genérica que el auto de inicio en el juicio de amparo no era la etapa procesal oportuna para determinar si un proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, por virtud de la sustitución autorizada, en el segundo de ello se aclaró que la falta de idoneidad para calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio se referiría al supuesto que menciona el cuerpo de la misma. La sustitución de rubro en la jurisprudencia mencionada cobra relevancia en el presente asunto, pues revela que no existe prohibición absoluta para determinar o calificar la improcedencia del juicio de amparo en el auto de inicio cuando se reclaman actos que no son de autoridad para efectos del juicio de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. Autorizados. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Brayan Hernández Durán, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que designa para ello, en razón de no contar con cédula profesional registrada en el sistema aludido. Juicio en línea. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de abril de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por ********************, Encargada de la Coordinación de Protocolo y Relaciones Públicas de la Secretaría Particular de la Gobernadora del Estado; en atención a su petición se autoriza a ******************** y/o ********************, a efecto de recibir las copias autorizadas en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
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