Ramón Pineda Lozano
Expediente 115/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ramón Pineda Lozano
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio y anexo firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual se remiten copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja laboral 16/2019, interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 6 a 11), dictado en el presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió bajo el siguiente punto: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Ramón Pineda Lozano, en contra del auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 115/2019." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja laboral ********************, interpuesto por el quejoso ********************, contra el auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ******, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero y 100 de la Ley de Amparo, téngase a dicha parte interponiendo recurso de queja en contra del auto de treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 6 a 11), dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se desechó la demanda de amparo promovida por Ramón Pineda Lozano, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 115/2019, y fórmese el expediente respectivo. Analizada la demanda de amparo en su integridad, el suscrito juzgador advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de la autoridad que señala el quejoso como responsable, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." De la lectura armónica de los preceptos parcialmente transcritos, deriva que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Lo anterior dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, la parte quejosa señala el siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO: El acuerdo dictado con fecha 17 de enero del 2019." Asimismo, en el párrafo segundo del capítulo de antecedentes del acto reclamado, manifiesta: "Por escrito de fecha 16 de noviembre del 2017 promoví la ejecución del laudo, resolviendo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje con fecha 12 de marzo del 2018 que en vía de ejecución se llevara a cabo mi reinstalación en la fuente de trabajo ubicado en la calle Cristóbal Colón No. 100, Despacho 482 en la Colonia Costa Azul, en Acapulco, Guerrero y se requiera de pago la demandada del pago de la condena (sic), señalando las ONCE HORAS DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2018 para mi reinstalación. En la hora y fecha señalada, consta en la diligencia que no fui reinstalado al no haber persona alguna en el domicilio precisado, que entendiera dicha diligencia. Sin embargo, mediante escrito de fecha 27 de agosto del 2018 el representante legal de la demandada, solicitó que se señalara nueva fecha de reinstalación por la imposibilidad de la Actuaria de la responsable para reinstalarme, sin impugnar en modo alguno el acuerdo de ejecución omitido ni el acto de la reinstalación, ni opuso recurso alguno, no obstante, sin motivo ni justificación alguna el Tribunal de Conciliación y Arbitraje acordó dicha petición, sin haberme dado previamente vista alguna con dicho escrito y emitió su resolución revocado su propia determinación, dejando sin efecto la diligencia en la que no se me reinstaló, dejando también sin efecto la diligencia de requerimiento de pago, revocado los apercibimientos decretados en contra de la demandada, autos que fincaban la responsabilidad de los terceros interesados de indemnizar al actor y dejando sin efecto el importe y pago de la indemnización al quejoso ente (sic) su negativa tácita a reinstalarme" Sentado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados constituyen una determinación dictada en ejecución de laudo del expediente de origen; empero, no se trata de aquellas con las cuales se haya puesto fin a ese procedimiento o bien, una a través de la que declarara la imposibilidad jurídica o material para tenerlo por cumplido o, incluso, que obstaculice esa finalidad, porque en el auto impugnado se está dictando un auto a efecto de que se cumpla el laudo de origen; por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación en la esfera jurídica de una de las partes en la contienda que la legítima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo, por estimarlo violatorio de garantías individuales, en su perjuicio. Sin embargo, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de un gobernado que acuda a solicitar el amparo, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expeditez que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Proceder en sentido contrario redundaría en una franca contravención a la regla específica introducida por el legislador en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 107, fracción IV, segunda parte, de la ley de la materia. Ahora bien, de acuerdo con la redacción actual del numeral 107, fracción IV, de dicho ordenamiento, destaca el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia en el menor tiempo posible, lo que acentúa la idea acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, no debe ser entorpecido, limitándose así la posibilidad de acceder al juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para las partes. Ello es así, pues en la intención del constituyente, plasmada en ese precepto legal, subyace la idea de que la sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado, independientemente de quien sea la parte que intente el juicio de amparo. Así, de conformidad con lo establecido por la fracción IV del numeral 107 transcrito, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, de los administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio. No obstante, tratándose de actos de esa naturaleza, es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda relativa las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al gobernado y, si se trata de remates, sólo podrá instarse contra la resolución definitiva en que se otorgue la escritura y adjudicación de los bienes rematados. En relación con lo anterior, el Máximo Tribunal del País ha interpretado lo que debe entenderse por "última resolución" y, estableció, que constituye la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o, bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, conforme al actual artículo 214 de la ley de la materia. Así, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, dada la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culmina con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de acreditarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa al inconforme, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Pues bien, con la finalidad de sostener las razones por las cuales en el caso particular se surte la causal de improcedencia en comento, es necesario reiterar que el acto reclamado no constituye la última resolución que haya puesto fin de manera expresa o tácita al procedimiento de ejecución de laudo de origen, pues el auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, aquí reclamado, tiene como propósito precisamente lograr la ejecución del laudo de origen. Lo anterior se sostiene, pues basta imponerse de lo argumentado por la parte quejosa, para darse cuenta que se trata de un acto emitido en una fase de ejecución; por lo que dicha actuación no constituye la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, es decir, con la que se haya culminado o reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo. En ese contexto, como se ve la quejosa no se ostenta extraña, y lo requerido no es ajeno a la cosa juzgada; además, no se advierte que se le estén afectando de manera directa derechos sustantivos ajenos al asunto en el juicio de origen, pues lo que hizo la autoridad laboral en el auto impugnado, fue emitir un acuerdo como medida para lograr que se ejecute el laudo, dado que de manera voluntaria no lo ha realizado la parte demandada; por ende, con la admisión del amparo sólo se retardaría el procedimiento de ejecución, contrario a lo que trató de evitar el legislador. Es aplicable a lo expuesto la Jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en el tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto, siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En las relatadas condiciones, al quedar de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en la fracción V, del numeral 63 de la legislación citada, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia. En otro aspecto, la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito y toda vez que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia; téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control, constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Vigente. Es aplicable al caso, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067 del Tomo VIII, Diciembre de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el siguiente rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Finalmente, dado que se trata de un juicio de amparo en materia laboral, donde la parte quejosa no es la parte patronal, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Notifíquese a la parte quejosa como está indicado en autos.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Ramón Medellin Cano y Otros.1467/2022
- Ramon Medellin Cano338/2020
- Ramon Medellin Cano956/2019
- Ramón Medellin Cano605/2022
- Ramon Medellin Cano1713/2012
- Ramón Navarro Espinobarros1173/2012
- Ramón Quijano Mondragón1145/2022
- Ramon Ramos Piedra1129/2016
- Ramón Ramos Piedra180/2019
- Ramón Ramos Piedra278/2019
- Ramón Ramos Piedra613/2016
- Ramón Reyes Carreto y Otros.459/2023