Ramón Paul Flores García
Expediente 357/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 27/08/2021
Partes del expediente
- Ramón Paul Flores García
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
III.-...se advierte que ha transcurrido el término...sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo de diez de agosto de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo...se declara que esa determinación ha causado estado...archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido...
- Principal
III.- ...Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de veinte días concedido a la parte quejosa, ******************** en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, para que acreditara haber realizado los trámites respectivos para la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la tercero interesada ********************, o en su caso, demostrara su incapacidad económica para sufragar su pago, sin que hubiere hecho manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo. Ello, en virtud de que, ante la imposibilidad para emplazar a la parte tercero interesada, una vez agotado los medios de investigación a que se refiere la fracción III, inciso b), del artículo 27 Ley de Amparo, para su localización, por acuerdo de seis de julio de dos mil veintiuno, se ordenó emplazarla por medio de edictos, a su costa. No obstante que se le requirió para que dentro del término de veinte días, legalmente computados acreditara haber realizado los tramites respectivos para su publicación; o bien, demostrara que no cuenta con la capacidad económica para sufragar su pago; lo anterior, tomando en consideración que dicho término se concedió a partir del día siguiente al que surtió efectos la notificación del proveído de dos de marzo de dos mil veintiuno, en el que se dejó a su disposición en el local de este juzgado de Distrito dichos edictos, a través de sus autorizados; con el apercibimiento que de no acreditar los trámites respectivos, en el término indicado, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo; lo cual evidencia su desinterés para localizar a la tercero interesada. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público." Ahora bien, el derecho fundamental contenido en el segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí. Además, debe considerarse que la reserva de ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional; retardando o entorpeciendo indefinidamente la función de administrar justicia, lo que estará en contravención con el precepto constitucional aludido. Atento a lo expuesto, es dable sostener que la impartición de justicia para que sea expedita, no puede obstaculizarse como en el caso, con la falta de interés de la parte solicitante, pues ello denota su intención de paralizar el procedimiento, cuando debe prevalecer lo ordenado por la Constitución, la cual establece de manera expresa las limitantes a que están sujetas las garantías que ella otorga. Es decir, si en el juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa, ******************** no acreditó haber realizado los trámites respectivos para la publicación de los edictos a efecto de emplazar a juicio a la tercero interesada ********************, o en su caso, demostrara su incapacidad económica para sufragar su pago, resulta evidente la obstrucción o entorpecimiento de la función de administrar justicia pronta y expedita, lo cual, indefectiblemente contraviene el precepto constitucional en mención. Por otra parte, los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: .III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: ... b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Del precepto transcrito se colige que: a) El emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal; b) Cuando no conste en autos el domicilio del tercero interesado, el órgano dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable el que ante ella hubiera señalado; c) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. Atento a lo expuesto, resulta inconcuso que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe emplazarse a juicio a la tercero interesada, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. Al respecto, se debe tomar en consideración que los artículos 5º, fracción III y 63, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De estos preceptos legales se advierte claramente, por cuanto hace al precepto 63, en su fracción II, de la Ley de Amparo, que prevé como causa de sobreseimiento del juicio de amparo el hecho de que la parte quejosa, una vez requerida para el efecto, no comparezca a recoger los edictos o exhiba, en su caso, ante el juzgador de amparo la publicación de éstos para emplazar a juicio a la parte tercero interesada. En este sentido, se llega al convencimiento de que la omisión en que incurre la parte quejosa al no acreditar haber realizado los trámites respectivos para la publicación de los edictos a efecto de emplazar a la tercero interesada ********************, impide cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial del procedimiento, que de no observarse, imposibilita que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; de ahí, que se actualice la causa de sobreseimiento prevista. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27, de la Ley de Amparo dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a la parte tercero interesada; en esta hipótesis si se advierte, una vez admitida la demanda de amparo, que no se conoce el domicilio de la citada tercero interesada, ya sea porque la parte quejosa lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo, se insiste, dictará las medidas pertinentes para investigarlo como sucedió en el asunto y, cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento de la tercero interesada por medio de edictos, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa recoja y publique los edictos respectivos, pues el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional; por ello, en atención a la posición jurídica que guarda un tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, el emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un órgano resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio al gobernado cuya esfera jurídica se puede ver trasgredida con su resolución. En tales circunstancias, en virtud de que se agotaron los medios de investigación para obtener el domicilio de la tercero interesada ********************, sin éxito, y que, no obstante mediante proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se ordenó realizar su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales se dejaron a su entera disposición en el local de este juzgado, a través de sus autorizados, pero no fueron recogidos y por tanto, no se siguió el trámite respectivo, se concluye que, en el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haberse emplazado a la citada tercero interesada, se incumple el presupuesto procesal consistente en la garantía de audiencia, lo que a su vez, provoca que quien suscribe no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por tanto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por ********************. Resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA." De igual forma, es aplicable al caso, la tesis de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." Lo anterior, atendiendo al contenido de la jurisprudencia de título: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTOS DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno...
- Principal
III.- ...Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, encargado del despacho por licencia del titular del órgano jurisdiccional en términos del artículo 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de receso del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio CR./CJD./022/2758/2021, de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, únicamente está facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente en el periodo comprendido del dos al nueve de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy; y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo...
- Principal
III.- ...Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por medio del cual en atención al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de junio del año en curso, informa que no localizó registro alguno en su base de datos a nombre de la tercero interesada, Su Helen Edith Peña Pérez; sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento en virtud de que en auto de uno de julio de la anualidad la autoridad oficiante informó dicha circunstancia y se acordó lo conducente. Asimismo, en relación con el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, así como a los autorizados que indica la autoridad oficiante, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de uno de julio del año en curso...
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