Ramón Álvarez Mendoza

Expediente 909/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
909/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Ramón Álvarez Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado electrónicamente por el defensor particular del directo quejoso, mediante el cual solicita se informe al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, el auto con el que se desechó la demanda de amparo presentada por el provente y el diverso en el que causó estado dicha determinación, pues refiere que esa autoridad no tiene conocimiento de las referidas determinaciones y lo estima necesario para continuar con el procedimiento que dio origen al toca de apelación 336/2023 del índice de dicho Tribunal---hágasele del conocimiento del Primer Tribunal de Alzada e Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, los acuerdos dictados en este sumario el veintitrés de agosto y once de septiembre del año en curso0.

  2. Principal

    ...se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales---archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido

  3. Principal

    ...se advierte que no obra constancia de notificación a la parte quejosa del proveído de veintitrés de agosto pasado dictado en el presente juicio, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que lleve a cabo la notificación del referido auto vía electrónica, con el propósito de que conozca su contenido. LO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.--- Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Pena de Ecatepec, Estado de México, mediante el cual, en atención al requerimiento de diecisiete de agosto pasado, remite copia certificada de la diligencia de veintitrés de junio de este año relativa a la aceptación y protesta del cargo conferido a J****n, como defensor particular de R****a, con la que se acredita la personalidad con la que se ostentó el promovente del amparo en este sumario; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Escrito de desahogo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por J****n, defensor particular de R****a, mediante el cual desahoga en sus términos la prevención formulada en proveído de diecisiete de agosto pasado; por tanto, este juzgado federal se encuentra en aptitud de proveer respecto de la demanda de amparo; en consecuencia, se provee: Desechamiento. En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda y ocurso de desahogo, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de radicación de veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado en el toca penal 336/2023 por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del quejoso en la causa de juicio 39/2023 contra la sentencia definitiva condenatoria. Ahora bien, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: " "--- Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios en torno a que el quejoso, previo a acudir al amparo, debe agotar los medios de defensa legales que establezca la ley aplicable, para dar cumplimiento al principio de definitividad que rige a la acción constitucional, pues, de lo contrario, imperaría el arbitrio de la parte agraviada, quien por el solo hecho de señalar violaciones a sus derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley secundaria. Lo anterior, en atención a que el juicio de amparo es un medio de control constitucional al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos y previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo; caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En otras palabras, el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, provoca que éste únicamente proceda respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Este principio procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad; entonces, si lo pretendido por el agraviado puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos antes de promover el juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios. De ahí, que la parte quejosa debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, ya que, de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Ahora, pueden operar excepciones al principio de definitividad (agotar algún juicio, recurso o medio de defensa legal) cuando: a) Sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Se trate de persona extraña al procedimiento; d) Se trate del auto de vinculación a proceso; y, e) La procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso, el acto reclamado consistente en el auto de radicación de veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado en el toca penal 336/2023 por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del quejoso en la causa de juicio 39/2023 contra la sentencia definitiva condenatoria; por consiguiente, se estima que la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, es necesario citar los artículos 67, 465 y 467 del citado código, que prevén lo siguiente: "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este código prevea para cada caso. [...]". "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Atento a ello, se tiene que el ordinal 67 del código invocado, prevé que las resoluciones judiciales pueden ser sentencias o auto, las primeras resuelven un asunto en definitiva y los segundos en los demás casos; por su parte, el ordinal 465 de dicho ordenamiento, prevé la procedencia del recurso de revocación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, respecto de resoluciones que sean (i) de mero trámite; y, (ii) que se resuelvan sin sustanciación; por su parte el normativo 466 contempla que el recurso se hará valer en audiencia en contra de las resoluciones pronunciadas en ésta, o en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, contra resoluciones dictadas fuera de audiencia. Luego, las determinaciones sin sustanciación se refiere a aquellas que resoluciones emitidas de plano, esto es, no debe de llevarse a cabo un procedimiento específico para su dictado; motivo por el cual el recurso aludido procede contra este tipo de procedimientos. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la De lo hasta aquí expuesto, se colige que existe disposición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el sentido de que el recurso de revocación procederá contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. Por lo anterior, queda evidenciado que contra el acto reclamado emitido fuera audiencia, la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del citado código adjetivo ante la autoridad que lo dictó, antes de promover el juicio de amparo, dado que a través de dicho medio de impugnación podía ser revocado, nulificado o modificado tal determinación. Ello es así, pues, en el caso, el acto que pretende controvertir la parte quejosa fue dictado por autoridad judicial, esto es, por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el toca penal 336/2023. Por ello, se considera que se trata de una resolución "de mero trámite", porque su dictado no implicó una resolución o la decisión de un punto del proceso, sino que se trata únicamente de una simple determinación dictada en el aludido toca para proveer la admisión o no del recurso hecho valer; es decir, se resolvió sin sustanciación derivado de que fue emitida de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a la petición realizada por la parte quejosa en el juicio de origen. Por ende, se estima que la parte quejosa debió observar el principio de definitividad e interponer el recurso ordinario previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de que el acto reclamado fuera modificado, revocado o anulado. En tal virtud, debe concluirse que para la actualización de la regla consignada en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, basta que en la ley que rige el acto reclamado o en 4 Registro digital: 2021251 alguna ley aplicable en forma directa e inmediata al mismo, se establezca la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél. De ahí que, si la parte quejosa no recurrió el acto reclamado a través del recurso de revocación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando era su obligación, debe concluirse que no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, porque como ya se dijo, resultaba indispensable que la parte promovente de amparo elevara su inconformidad a la potestad jurisdiccional común a través del recurso referido. Además, la procedencia del citado recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, por lo que no es optativo para el demandante hacer valer el medio de defensa ordinario; aunado a que el acto reclamado no se encuentra dentro de las causas de excepción aludidas, porque no se trata de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tampoco órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; menos el amparo lo instó una persona extraña al procedimiento; tampoco el acto reclamado se contrae al auto de vinculación a proceso; y, finalmente, el citado recurso o medio de defensa no está sujeto a interpretación adicional para recurrirlo o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Por tales motivos, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XVIII, de la Ley de Amparo, resulta improcedente la demanda promovida por la parte quejosa, por propio derecho; por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia."

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Pena de Ecatepec, Estado de México, mediante el cual, en atención al requerimiento de diecisiete de agosto pasado, remite copia certificada de la diligencia de veintitrés de junio de este año relativa a la aceptación y protesta del cargo conferido a José Luis Conde Duran, como defensor particular de ****---Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por J****n, defensor particular de R*****a, mediante el cual desahoga en sus términos la prevención formulada en proveído de diecisiete de agosto pasado---En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia---del análisis íntegro de la demanda y ocurso de desahogo, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de radicación de veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado en el toca penal 336/2023 por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del quejoso en la causa de juicio 39/2023 contra la sentencia definitiva condenatoria---en atención a que el juicio de amparo es un medio de control constitucional al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos y previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo; caso contrario, la demanda pretendida será improcedente---el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, provoca que éste únicamente proceda respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno---De ahí, que la parte quejosa debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, ya que, de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad---el acto reclamado consistente en el auto de radicación de veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado en el toca penal 336/2023 por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el cual inadmitió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del quejoso en la causa de juicio 39/2023 contra la sentencia definitiva condenatoria; por consiguiente, se estima que la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales---se colige que existe disposición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el sentido de que el recurso de revocación procederá contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial---queda evidenciado que contra el acto reclamado emitido fuera audiencia, la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del citado código adjetivo ante la autoridad que lo dictó, antes de promover el juicio de amparo, dado que a través de dicho medio de impugnación podía ser revocado, nulificado o modificado tal determinación---el acto que pretende controvertir la parte quejosa fue dictado por autoridad judicial, esto es, por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el toca penal 336/2023---se considera que se trata de una resolución "de mero trámite", porque su dictado no implicó una resolución o la decisión de un punto del proceso, sino que se trata únicamente de una simple determinación dictada en el aludido toca para proveer la admisión o no del recurso hecho valer; es decir, se resolvió sin sustanciación derivado de que fue emitida de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a la petición realizada por la parte quejosa en el juicio de origen---si la parte quejosa no recurrió el acto reclamado a través del recurso de revocación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando era su obligación, debe concluirse que no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, porque como ya se dijo, resultaba indispensable que la parte promovente de amparo elevara su inconformidad a la potestad jurisdiccional común a través del recurso referido---al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XVIII, de la Ley de Amparo, resulta improcedente la demanda promovida por la parte quejosa, por propio derecho; por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia

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