Ramón Manuel Ruíz Ambriz
Expediente 25/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramón Manuel Ruíz Ambriz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del siete al dieciocho de marzo de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por medio de lista el tres de marzo del año en curso, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes, dentro del juicio de amparo indirecto número 25/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Constancia. Se desprende que obra copias certificadas del juicio sumario civil número 1539/2015, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, mismo que dicha autoridad adjuntó como justificante de su informe que rindió en autos; en consecuencia, y toda vez que resulta innecesaria su permanencia en autos, previa su digitalización, devuélvase las mencionadas constancias a su lugar de origen; recábese el acuse de estilo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce horas con veinticinco minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 25/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda, Informes justificados; y, Emplazamiento de la parte tercero interesada. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo; así como las que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil y el Coordinador Regional número cuatro Purépecha del Instituto Registral y Catastral de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, acompañaron a su informe de ley. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes, presentó alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por realizada la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 25/2022, promovido por Ramón Manuel Ruíz Ambriz, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado en línea, el catorce de enero de dos mil veintidós, Ramón Manuel Ruíz Ambriz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: "C. Autoridades responsables 21. En términos del primer párrafo de la fracción II del Artículo 5° de la LEY DE AMPARO, son autoridades responsables: C.1 Ordenadora 21.1 El Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Competente en Materia Civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, localizable en el número mil setenta y ocho 1078 de la Avenida Juárez en la Colonia Morelia (La Magdalena), Código Postal 60080 de esta ciudad. C.2 Ejecutora 21.2 El Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia competente en Materia Civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, localizable en el número mil setenta y ocho 1087 de la Avenida Juárez en la Colonia Morelia (La Magdalena), Código Postal 60080 de esta ciudad. D. Actos reclamados 22. Los actos que se reclaman, son: D.I De la ordenadora 22.1 El auto de fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por el que niega la autorización de la cancelación de la inscripción de la demanda en el sumario de origen. D.2 De las ejecutoras 22.2 Del actuario de la adscripción, Todos los actos de ejecución del auto impugnado se derivan, dejándolos sin efecto alguno. 22.3 Del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sede Uruapan. Todos los actos de ejecución que derivados del auto impugnado, correspondan a sus funciones, dejándolos sin efecto alguno". El quejoso expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia de la tercero interesada; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 25/2022, se admitió a trámite, se requirieron los informes justificados, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación. El proveído de ocho de febrero de la presente anualidad, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, mismo que se realizó el quince de febrero de dos mil veintidós. Se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad. El auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por el que niega la autorización de la cancelación de la inscripción de la demanda del juicio sumario familiar número 1539/2015, que sobre alimentos definitivos y otras prestaciones promovió Carla Berenice Sandoval Loya frente a Ramón Manuel Ruiz Ambriz. Del Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sede Uruapan. Los actos de ejecución del proveído reclamado; incluida la inscripción de la demanda natural. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal/, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad y Actuario de su adscripción; así como, al Coordinador Regional número Cuatro Purépecha del Instituto Registral y Catastral de Michoacán de Ocampo, todos con residencia en esta ciudad. Circunstancia que se acredita con las copias certificadas que remitió el Juez Primero de Primera Instancia Civil, residente en esta ciudad, de las que integran el expediente número 1539/2015; así como las que remitió el Coordinador Regional número cuatro Purépecha del Instituto Registral y Catastral de Michoacán, con sede en esta ciudad; documentales que detentan valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo prevé su numeral 2º. Así como, con lo establecido en la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y, lo dispuesto en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, tomo VI, Quinta época materia común, Apéndice correspondiente al año 2000, cuyo texto dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Este Órgano de Control Constitucional, de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Carta Magna. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Además, en concordancia, el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, aduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Además, el artículo 6° de la Ley de Amparo, precisa: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley.". El precepto constitucional citado en primer término, ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que al no existir firma en el escrito de demanda, no se evidencia la voluntad del que aparece como promovente; esto es, no hay instancia de parte agraviada, según se advierte en la tesis de jurisprudencia publicada con el número 156, páginas 128 y 129 del tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas; es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones de dicho numeral. Ahora bien, de los artículos 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y debe ser promovido por la persona a quien afecte el acto reclamado. Lo que significa que el juicio de amparo sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que considere transgrede los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna. Lo anterior, implica que en la demanda de amparo debe constar la manifestación de la voluntad de la persona que promueve; esto es, contar con su firma (expresión gráfica de la voluntad), pues sólo así podría cumplir con el requisito de que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte agraviada. En el arábigo 3° de la Ley de Amparo, se prevé que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. En ese precepto se establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual se estableció como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y es una opción para enviar y recibir promociones. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, en lo que interesa determinó: El legislador estableció en el artículo 3° de la Ley de Amparo, como una opción para el justiciable, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL), conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los acuerdos generales 1/2013 y 1/2015, sentaron las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica. De ahí que, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, conjuntamente con los acuerdos generales mencionados, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. La firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Las partes dentro de un juicio de amparo pueden acceder electrónicamente mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada a las Oficinas de Correspondencia común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones que se emitan en éstos, siendo estrictamente necesario e indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Con la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3° de la Ley de Amparo, únicamente se buscó simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales, modernizando el sistema de impartición de justicia a fin de otorgar validez a las promociones judiciales que se realicen a través de los medios digitales como el correo electrónico y firma electrónica, la cual tiene los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y la firma autógrafa. Resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito; es decir, que el juicio de amparo, se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón debe estar firmada electrónicamente con la FIREL del quejoso, pues la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de "instancia de parte agraviada". Si la demanda de amparo que fue presentada electrónicamente no está firmada con la FIREL del quejoso, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente; sin que dicha irregularidad de la demanda, dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo. En tanto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, específicamente de sus numerales 2°, fracción XVI, 14 y 16, se advierte que la forma en la que se presentan las demandas de amparo de manera electrónica es a través del sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, para acceder a sus servicios, se requiere que la persona interesada cuente con firma electrónica registrada (salvo que se reclamen actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, no se requiere firma electrónica). Así, al presentar una demanda de amparo de manera electrónica se emite un Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que permite asociar de manera segura y fiable la identidad del firmante, permitiendo con ello identificar a su autor. En el caso, del escrito de demanda se advierte que fue presentada vía electrónica, pero la misma no fue firmada de manera electrónica a través de la FIREL, por el directamente quejoso Ramón Manuel Ruiz Ambriz. No se inadvierten que en el libelo constitucional obra una impresión tipo firma autógrafa en el nombre del quejoso; empero, ello no es suficiente para tenerse por acreditado el principio de instancia de parte agraviada, ya que si el quejoso optó por utilizar el servicio en línea, resulta incuestionable que debió firmar su demanda de la misma manera; esto es, con su firma electrónica; máxime que la firma que aparece en el escrito de demanda no es en original sino la reproducción de la imagen del escrito de demanda. Po lo que en esas condiciones no se está en aptitud de determinar si la expresión gráfica que presenta el escrito de demanda fue de puño y letra del directamente quejoso. De no considerarlo así, se corre el riesgo que cualquier persona presentara a nombre de otro un escrito de demanda con una firma estampada, sin que fuera necesariamente la voluntad del interesado, para fines extralegales. Sin que en el caso, se esté en alguno de los supuestos contemplados en el último párrafo del artículo 3° y último párrafo del numeral 109, ambos de la Ley de Amparo, en los que no se requiere la firma electrónica, para presentar la demanda de amparo.. En esa tesitura, si la demanda de amparo, no fue firmada electrónicamente por el quejoso, no existe la posibilidad de identificar a su autor y como consecuencia de ello, no existe una manifestación de la voluntad que permita establecer la instancia de parte agraviada que se requiere para iniciar el juicio. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, Décima Época, con número de registro 2019715, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción V del precepto 63 de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, promovido por Ramón Manuel Ruíz Ambriz. No es óbice a lo anterior que se haya admitido la demanda de amparo, toda vez que dicha determinación no puede estimarse que causa estado para los efectos del presente fallo. Sirve de apoyo, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2307 del Tomo LXXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO, NO OBSTA PARA DICTARLO, EL QUE SE HAYA ADMITIDO LA DEMANDA. El juzgador debe decretar el sobreseimiento en un juicio, tan luego como aparezca alguna causa fundada de improcedencia, es decir, tan luego como se dé cuenta de ese motivo durante la tramitación, sin que para ello tenga influencia en contrario que se haya admitido la demanda de garantías, ya que este hecho no prejuzga ni puede prejuzgar sobre el fundamento mismo del juicio constitucional que va a dilucidarse en la sentencia respectiva." Consecuentemente, al haber operado el sobreseimiento en éste juicio de amparo, ello impide analizar las cuestiones de fondo que alega el peticionario de garantías. Es aplicable, la jurisprudencia, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento, que se hace extensivo a los actos de ejecución, atribuibles al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sede Uruapan, por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es ilustrativa, la jurisprudencia que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 25/2022, promovido por Ramón Manuel Ruíz Ambriz, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad, Actuario de su adscripción y del Coordinador Regional número Cuatro Purépecha del Instituto Registral y Catastral de Michoacán de Ocampo, todos con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe. La licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, HACE CONSTAR: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 25/2022, promovido por Ramón Manuel Ruíz Ambriz, en el que se sobreseyó en el juicio. Conste. La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que el contenido de la presente sentencia coincide íntegramente con el documento firmado electrónicamente en el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Conste. Secretaria, Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, se encuentra transcurriendo el término de ocho días, de que dispone la parte tercera interesada, a fin de que se imponga del contenido de los informes justificados rendidos en autos. 2. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, señalándose en su lugar las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
En ocho de febrero de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 1424, dentro del juicio de amparo indirecto número 25/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se rinde informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la siguiente autoridad rindiendo su INFORME JUSTIFICADO: Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Delegación Uruapan, Michoacán de Ocampo. Con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. 2. Tercero interesado. Ahora bien, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado a Carla Berenice Sandoval Loya, por sí, y en representación de las personas menores de edad con iniciales K.G.R.S., M.R.S. y C.R.S., por ser parte actora en el juicio de origen de donde emana el acto reclamado, quien tiene como domicilio procesal el ubicado en calle Atletismo número 27 esquina con Tenis, colonia Granjas de Bellavista, en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán, autorizados para tales efectos a Jeanett Andrade Pérez y Joan Sebastián Jiménez Fuerte. 2.1. Se ordena emplazamiento y se comisiona al actuario de la adscripción. En esa virtud, se faculta al fedatario judicial adscrito, a fin de que emplace a juicio a la referida tercera interesada, en el citado domicilio, corriéndole traslado con copia de la demanda, así como del presente proveído; asimismo, la requiera para que: a) Si lo estima necesario, comparezca al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos). 3. Diferimiento. Virtud de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional prevista para el presente asunto, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes
- Ramón Arceo Ríos652/2019
- Ramón Barajas García556/2023
- Ramón Bucio Reyna85/2022
- Ramón Bucio Reyna445/2023
- Ramón Estrada Santillán363/2023
- RAMÓN ISIDRO MARRUFO CALDERÓN y Otros.370/2021
- Ramón Noé Martínez Arroyo429/2017
- RAMÓN OLIVARES VALENCIA y Otros.227/2019
- Ramòn Sànchez Duque766/2022
- Ramón Solorio Andrade87/2018
- Ramón Solorio Andrade146/2020
- Ramón Valencia Garibay488/2017