Ramón Estrada Santillán
Expediente 363/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramón Estrada Santillán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En diez de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio el cual quedó registrado con el número de folio 10246. Doy fe.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, diez de agosto de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán; mediante el cual acusa la recepción del oficio ********************, a través del cual este órgano jurisdiccional informó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente asunto y, devolvió a dicha autoridad responsable los cuadernos de prueba, consistentes en los autos originales del juicio sumario civil ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, así como el toca de apelación ******************** del índice de dicha Sala. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veintiséis de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el amparo en el presente juicio, transcurrió del once al veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificada por lista el siete de julio pasado, sin que lo hubiere hecho; y, Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Lo que se asienta para el efecto legal conducente. Doy fe. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20 primer párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto al cuaderno incidental toda vez que no se aperturó. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, dado que a la fecha resulta innecesaria la permanencia en autos de los cuadernos de pruebas, consistentes en los autos originales del juicio sumario civil ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, así como del toca de apelación ********************, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, que remitió como justificante de su informe la referida sala, devuélvanse los tomos a la multicitada autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
seis de julio de dos mil veintitrésseis de julio de dos mil veintitrés********************AUDIENCIA CONSTITUCIONAL********************En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con veinticinco minutos del seis de julio de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************, sin la asistencia de las partes.********************La Secretaria hace constar la inasistencia de las *****S E N T E N C I A********************VISTOS, para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************en cuanto apoderada jurídica de ********************, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado, ante la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo el veintisiete de abril de dos mil veintitrés (foja 7(, ********************, en cuanto apoderada jurídica de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en la vía directa, contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben:********************"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES Única: Magistrado de la novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia Del Estado.********************IV.-ACTO RECLAMADO: Se reclama la Sentencia definitiva dictada con fecha 30 treinta de marzo del año en curso (2023), dentro del Toca Civil número ********************, relativo al Recurso de Apelación contra (sic) sentencia definitiva interpuesto por el señor ********************, Dentro de Juicio Sumario Civil número ********************, seguido ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán que sobre terminación y recisión de contrato escrito de arrendamiento promovió el quejoso ********************; cuyo (sic) sentencia de segunda instancia, aquí reclamado (sic), deja insubsistente la sentencia definitiva de primer grado."********************El promovente del amparo expone que se violan sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************SEGUNDO. INCOMPETENCIA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON RESIDENCIA EN MORELIA. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la demanda de amparo fue turnada al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia; y por acuerdo de veintinueve de mayo siguiente, el Magistrado Presidente de dicho tribunal, la registró como amparo directo número ********************, de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio, al estimar que el acto reclamado no era uno de los previstos en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo y ordenó remitir la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad.********************TERCERO. TRAMITE ANTE ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON RESIDENCIA EN URUAPAN. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a éste Juzgado Sexto de Distrito el dos de junio de dos mil veintitrés y por acuerdo de cinco de junio siguiente, se registró con el número ********************; se asumió la competencia declinada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia; se admitió a trámite; se consideró innecesario requerir los informes justificados a la autoridad responsable, toda vez que ya obraba en auto; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó notificar de manera personal la radicación del juicio ante este juzgado a la parte quejosa y tercera interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. ********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************Lo anterior, en virtud que en el caso se reclama un acto de un tribunal judicial, con ejecución en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción y competencia. ********************SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo.********************Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama:******************** Del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo:********************La sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el toca de apelación ********************, que declaró insubsistente la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento en el juicio sumario civil ********************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, para el efecto de que la Juez natural admita y dé trámite a la demanda en la vía que legalmente corresponda, por ser la vía un presupuesto procesal.********************Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo".********************TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que así lo aceptó al rendir su informe justificado.******************** En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto impugnado, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".********************Lo anterior se corrobora con las constancias del toca de apelación ********************, así como del juicio sumario civil ********************, que acompañó a su informe el Magistrado responsable, documentales que, por su naturaleza de pública, cuentan con valor probatorio, en términos de los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2.********************Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala:********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".********************También apoya, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto:********************"EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales".********************CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Este Juez Federal, a efecto de dar claridad al asunto, procede a narrar los antecedentes del acto reclamado.********************1. Mediante ocurso presentado el uno de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 1 a 78 del tomo dos de pruebas(, presentado ante la oficialía de partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán del Distrito Judicial de Sahuayo, ********************en cuanto apoderada jurídica de ********************, promovió en la vía sumaria civil, demanda sobre desahucio, en contra de ********************, a quien reclamó las prestaciones siguientes:********************a).- La recisión y terminación del contrato de arrendamiento de fecha 15 de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, celebrado entre mi poderdante ********************en cuanto arrendador, con el ahora demandado ******************** en cuanto arrendatario, contrato escrito de arrendamiento respecto de la casa habitación ubicada en calle ******************** número ********************, colonia ********************de esta ciudad de Sahuayo, Michoacán, por el impago de 49 cuarenta y nueve mensualidades correspondientes a los meses que comprenden el periodo del mes de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete al mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, más las que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio.****************************************b).- El pago de las rentas vencidas y no pagadas que adeuda a mi mandante el ahora demandado ********************, que lo son 49 cincuenta (sic) mensualidades por la cantidad de $400.00 cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional cada una, que lo son las correspondientes a los meses comprendidos de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete al mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno más las que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio, que arrojan la cantidad de $19,600.00 diecinueve mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional, (sic) Por lo cual solicito se le requiera del pago liso llano de dicha cantidad al momento del emplazamiento, o en caso de que no pague en el momento de la diligencia se decrete embargo precautorio en los bienes propiedad del demandado, para garantiza las rentas vencidas.****************************************c).- La desocupación y entrega o en su defecto el desahucio de la casa habitación ubicada en la calle ******************** número ********************, colonia ********************de esta ciudad de Sahuayo, Michoacán, inmueble materia del presente Juicio, de conformidad al artículo 22 de la ley inquilinaria para el estado de Michoacán, que textualmente señala: La sentencia definitiva que decrete el desahucio, señalará el plazo que para el efecto establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán..(sic).********************d).- El pago de los gastos y costas judiciales que se originen a raíz de la tramitación del presente juicio.********************2. De la referida demanda correspondió conocer a la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, quien en auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno (foja 79 del tomo dos de pruebas(, admitió a trámite la demanda, registrando el expediente bajo el número ********************; ordenó al actuario de ese tribunal que se constituyera en el domicilio del demandado, lo emplazará a juicio y lo requiriera del pago de $19,600.00 (diecinueve mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) y, le embargara bienes de su propiedad suficientes para garantizar tal obligación. ********************3. En proveídos de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, la Juez natural, tuvo a ********************, dando contestación a la demanda, acusando rebeldía a su contraparte y ofreciendo las pruebas que a su parte correspondieron. ********************4. En diversos proveídos de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós la Juez de origen, tuvo a la parte actora y demandada ofreciendo sus respectivas pruebas. ********************5. Seguido el juicio en su trámite legal, el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, la Juez Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, dicto sentencia definitiva (foja 261 del tomo dos de pruebas(, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:********************" PUNTOS RESOLUTIVOS:********************PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio.********************SEGUNDO. Resulto procedente la acción que, en la vía sumaria civil, sobre recisión de contrato de arrendamiento promovió ******************** frente a ********************, a quien no le prosperaron sus excepciones y defensas.********************TERCERO. En consecuencia, se declara la recisión del contrato accionario y se condena al reo a la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis; se le condena al pago de las rentas vencidas y no pagadas.********************CUARTO. Se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas del juicio.********************QUINTO. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE."********************6. Inconforme con lo anterior, mediante escrito de trece de febrero de dos mil veintitrés, la parte demanda promovió recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos efectos, y que por cuestión de turno correspondió conocer al Magistrado de la Novena Sala Civil del Estado de Michoacán de Ocampo.********************7. En auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, el Magistrado responsable se avoco al conocimiento del citado recurso bajo el toca ********************/2023, y el treinta de marzo de dos mil veintitrés ( foja 11 del tomo uno de pruebas(, dicha Sala emitió la resolución correspondiente, en la que determinó lo siguiente:********************"PUNTOS RESOLUTIVOS:********************PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación.********************SEGUNDO. Ante la falta de un presupuesto procesal, se deja insubsistente la sentencia definitiva impugnada, ordenándose la reposición del procedimiento para los efectos precisados en la parte final del Considerando Segundo de este fallo, haciéndose innecesario el análisis y decisión de los agravios vertidos por el inconforme.********************TERCERO. No se impone especial condena en costas de esta alzada.********************CUARTO. Notifíquese personalmente, anótese en el Libro de Registro que se lleva en esta Sala, remítanse los autos originales y testimonio autorizado de la presente resolución al juzgado de su procedencia; en su oportunidad, archívese el toca."********************Hasta aquí los antecedentes más relevantes relacionados con los actos reclamados.********************QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número?de registro 222780, que establece:********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.?Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".********************De oficio, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de tal legislación, en relación con el 107, fracción V, de dicho ordenamiento, interpretado a contrario sensu, toda vez que la resolución reclamada no es de imposible reparación.********************En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(...)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".********************La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en tal numeral.********************Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis.********************Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca.********************Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la ley en mención, establece: ********************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:********************(.)********************V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.".********************El precepto citado prevé la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de un juicio cuando éstos sean de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.********************En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicios de esa naturaleza tengan una ejecución reparable con el dictado del fallo definitivo que se dicte.********************La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales obtiene resolución favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados.********************Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara que fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto.********************Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del juicio deben ser combatidas al momento de impugnar la sentencia definitiva dictada en dicho sumario, siempre y cuando por virtud de ésta quede sin defensa el quejoso, trascendiendo tal violación al resultado de la resolución, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta.********************Lo anterior significa que las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impidan o afecten, en forma actual, el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva.********************Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, derivados del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: ********************La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo.********************Mientras que la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del sumario, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.********************Sobre esa base, los actos dictados dentro de un juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, no serán impugnables vía amparo indirecto.********************Es aplicable, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205651, que establece:********************"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio".********************Así como, la jurisprudencia 37/2014, del Pleno del Más Alto Tribunal de nuestro país, visible en la página 39, del libro 7, junio de 2014, del tomo I, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro y texto:********************"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios".********************Y, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, consultable en la página 1902, del libro 29, abril de 2016, del tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, que señala:********************"ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución".********************Así, los actos dictados dentro de un juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos sustantivos de las personas que tutela la Constitución Federal y los tratados aludidos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio.********************Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al impugnarse el fallo definitivo.********************En el caso, para demostrar la actualización de la causal de improcedencia debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la reposición del procedimiento ordenada en la resolución reclamada, son o no de imposible reparación, esto es, si vulneran un derecho sustantivo.********************Así se sostuvo en la jurisprudencia 17/91, del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 25, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205810, que prevé:********************"AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo".********************De lo anterior, se advierte que en el juicio de amparo indirecto, no se pueden combatir actos intraprocesales en forma destacada, como lo pretende hacer valer el impetrante, salvo que se tratara de un tercero extraño o de una violación procesal irreparable. Supuestos que en el caso no se actualizan, dado que el impetrante no es tercero extraño al juicio de origen, sino que a éste le asiste la calidad de actor.********************Asimismo, el acto reclamado no constituye una violación procesal irreparable, ello es así, dado que la reposición ordenada, no redunda en un derecho sustantivo, sino que recae en una cuestión netamente adjetiva, relativa a la vía procesal en que debe ejercitar su acción, por tanto, el juicio de amparo sólo es procedente en contra de la resolución definitiva, en la que se podrán reclamar tanto las violaciones de las que adolezca la propia resolución, como todas aquéllas que se hubiesen cometido durante el procedimiento y que hubiesen dejado sin defensa o privado de sus derechos al quejoso, al trascender en la resolución final.********************A efecto de dar claridad a la presente determinación es oportuno precisar que la autoridad responsable, en la resolución reclamada consideró, esencialmente, lo siguiente:********************Afirmó que, la vía es un presupuesto procesal, porque es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso, sin la cual no puede dictarse sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa, motivo por el cual debe ser analizada en forma oficiosa por el tribunal; y porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas.********************Que el análisis oficioso de la vía, por considerarse un presupuesto procesal y una cuestión de orden público, deriva de que la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio, pues no tienen la facultad legal de elegir el trámite que deben seguir los procedimientos jurisdiccionales -salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley-, ya que la prosecución de un juicio en la forma que establece se rige por el principio de indisponibilidad, mediante el cual aquélla no puede sustituirse, modificarse o variarse por las partes, ya que el trámite está previsto en la ley precisamente para garantizar la legalidad del mismo. Que el examen oficioso de la vía se robustece si se toma en cuenta que su improcedencia puede dar como resultado una sentencia nula, por tanto, ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en el que habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada.********************Que el juzgador no tiene la facultad de seguir un procedimiento que no es el que el legislador previó para el caso concreto y, antes de proceder al análisis de los elementos de las acciones y excepciones de las partes, tiene la obligación de cerciorarse de que el camino procesal elegido por la parte actora es el idóneo para ello, virtud a que los juzgadores, como órganos del Estado, no pueden hacer más de lo que la ley les faculta y, por ello, no tienen la posibilidad de hacer a un lado las disposiciones específicamente creadas por el legislador para el caso.********************Consecuentemente, consideró que en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, se debe verificar siempre que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente en cualquier momento de la contienda, incluso en el acto de dictar la sentencia definitiva, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente y, en caso de que advierta que la vía propuesta no es la que legalmente procede para el caso concreto, encauzar el procedimiento a la forma de juicio que le corresponde, en debido respeto del derecho humano de acceso a la justicia que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en favor de los gobernados.********************Que lo procedente, era admitir, substanciar y resolver la acción intentada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 887, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, que contemplan el principio de continencia de la causa, que está encaminado a lograr que en una sola sentencia se resuelvan todas las acciones o cuestiones jurídicas que se encuentran estrechamente vinculadas. ********************Así como de los numerales 595 y 602 del código adjetivo de referencia, de los que se desprende que los juicios de rescisión o terminación de contrato de arrendamiento que conste por escrito, se tramitarán en la vía sumarísima y que, cualquier otra cuestión sobre esa misma clase de contratos, se ventilará en la vía sumaria. Lo que se debe entender así, porque la regla contenida en el primero de tales preceptos es de carácter general, mientras que la prevista en el arábigo 602 es una norma específica para los casos de terminación o rescisión de arrendamientos por escrito (como en el que se actúa), de ahí que debe imperar el principio general de derecho de que la regla especial prevalece sobre la general.********************Lo anterior revela que, la resolución reclamada únicamente se refiere a cuestiones procesales, lo que implica que las violaciones que dicho acto pudiera irrogar a la parte quejosa, no son de imposible reparación, pues no son susceptibles de afectar de manera inmediata algún derecho sustantivo, ya que no tienen por objeto determinar en su contra la privación de sus bienes, posesiones, derechos o su libertad.********************Así, la resolución combatida aun cuando pudiera causarle, en mayor o menor grado, una molestia porque tendrá que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues se insiste, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento.********************Por lo que, aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, no pueden ser considerados como de imposible reparación, ya que sus efectos son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable.********************En las relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de dicho ordenamiento y, por tal motivo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo ********************En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide el estudio de fondo, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica:********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio".********************Finalmente, no es el caso de atender los alegatos formulados por la parte quejosa, por las razones que se dan en el criterio de rubro y texto:********************"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. Si la Junta responsable omite abrir el periodo de alegatos, tal conducta no causa perjuicio alguno a las partes, pues aquéllos son únicamente apreciaciones personales de los litigantes, sin que formen parte de la litis y, por ende, no trascienden al resultando del laudo."******************** SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.********************Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se:********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, contra el acto reclamado del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos vertidos en el considerando quinto de esta resolución.********************SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último.********************Notifíquese.*
- Principal
En diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 7731. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. DEVUELVE EXHORTO. Incorpórese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ********************/2023 (orden ********************/2023) del índice de este juzgado, del que se advierte que el pasado nueve de junio se notificó personalmente al tercero interesado, y el catorce de junio a la parte quejosa por medio de lista. Sin que haya lugar a acusar recibo del mismo, toda vez que el propio sistema lo genera y el oficiante no lo solicita expresamente. Dese de baja la citada comunicación oficial y hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
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