Ramón Malagon Silva
Expediente 988/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/01/2021
Partes del expediente
- Ramón Malagon Silva
- Juez del Sistema Penal Acusatorio Y Oral del Distrito Judicial de San Juan del Rio, Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables, pues es claro que dado el sentido de la sentencia definitiva que hoy adquiere firmeza, no les perjudica, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. No es obstáculo para llegar a la anterior determinación, que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables, pues es claro que dado el sentido de la sentencia definitiva que hoy adquiere firmeza, no les perjudica, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las diez horas del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, encontrándose en audiencia pública el licenciado Jorge Arturo Landaverde Landaverde, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, Encargado del Despacho por vacaciones de la Secretaria en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2661/2020, asistido de la Secretaria Alejandra Ceja Andrade, procede a celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda de amparo, y a las demás constancias que obran en el expediente. A lo anterior, el secretario encargado del despacho acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con la omisión de las partes en ofrecer algún medio de convicción. A lo que el secretario encargado del despacho provee: al no existir probanzas que desahogar, se da por concluido el presente periodo. En el periodo de alegatos. La Secretaria da cuenta con el pedimento del representante social federal adscrito, el cual fue agregado a autos, sin que el resto de las partes los hubieran formulado. A lo que el secretario encargado del despacho determina: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar y al Agente del Ministerio Público de la Federación realizando las manifestaciones en relación con el presente juicio, mismas que serán consideradas en su caso, al momento de emitir el fallo definitivo; así también, por perdido el derecho del resto de las partes para formularlos; en tal virtud se da por cerrado el presente periodo. Encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. Encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 988/2020 promovido por ****, contra actos del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones de Juez de Control en San Juan del Río, Querétaro; y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, **** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en funciones de Juez de Control en San Juan del Río, Querétaro y otras autoridades. SEGUNDO. Dicho peticionario narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales que consideró transgredidos; y expresó los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose el expediente con el progresivo correspondiente en el Libro de Gobierno; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la representación social de la adscripción; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 35, 37 y 107 fracción I de la Ley reglamentaria invocada: 48, 52 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste último en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior en virtud de que se reclaman actos que podrían tener ejecución donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: ( Orden de detención, aprehensión o presentación forzosa emitida contra el quejoso; así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. En este contexto, las autoridades señaladas como responsables, Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Querétaro, en funciones de Jueces de Control del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro; Inspector Jefe de Policía de Investigación del Delito, Unidad San Juan del Río, Querétaro; y Comandante de Investigación y de Ejecución de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Policía de Investigación del Delito, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman. Sin que la parte quejosa desvirtuara con prueba alguna dicha negativa; en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Máxime que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le dio con los informes de las responsables, en los que negaron el acto reclamado, ni ofreció prueba alguna que desvirtuara tales negativas, siendo que es a dicha parte, a quien corresponde la carga de la prueba, por tanto este órgano federal reitera, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa en cuanto a dichos actos y autoridades se refiere. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, sexta época, registro 917818, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tiene aplicación el criterio sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 186, tomo VI, primera parte, julio-diciembre de 1990, octava época, registro 207114, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizarla, el quejoso debe demostrar la existencia de esa conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la imposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógica ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones". En otro orden de ideas, no pasan por alto las manifestaciones que en vía de alegatos formula el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; sin embargo, éstos no forman parte de la litis y debido a ello, no existe obligación de quien aquí resuelve de entrar al estudio de los razonamientos expresados en el pedimento correspondiente. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 205449, de título y contenido que disponen: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio" Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, de conformidad con los razonamientos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mediante el cual hace diversas manifestaciones que podrán ser tomadas en consideración al resolver el presente asunto, debiéndose dar cuenta con el mismo durante la celebración de la audiencia constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto a la petición que realiza, en el sentido de que se le expidan copias de la resolución que se dicte en la audiencia constitucional, dígasele que le serán otorgadas una vez que se pronuncie la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, las cuales podrán entregarse previa generación de cita, en los términos establecidos en el citado Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. No obstante, se hace de su conocimiento que en términos del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consulta un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, ya que cuando estas incluyan la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente. Notifíquese.
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