Ramón González China

Expediente 1254/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 30 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1254/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
20/04/2018

Partes del expediente

  • Ramón González China
  • Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto en que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...III

  2. Principal

    Visto, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda la pieza postal devuelta relativa al oficio 5408/2018 dirigido al TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, sin que haya lugar a realizar mayor proveído, toda vez que en veintidós de marzo de dos mil dieciocho se sobreseyó fuera de audiencia en el presente Juicio de Amparo...III

  3. Principal

    Visto, agréguense a los presentes autos para que obren como legalmente correspondan las piezas postales devueltas relativas a los oficios 5406/2018 y 5412/2018 dirigidos al Juez de Control de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, y al Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Agencia de Investigación Criminal en la Delegación Miguel Hidalgo, con residencia en la Ciudad de México, respectivamente, sin que haya lugar a realizar mayor proveído, toda vez que en veintidós de marzo de dos mil dieciocho se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio...III

  4. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, únicamente para que obre como debida constancia la pieza postal devuelta, la cual contiene el oficio 26703 dirigido al Titular de la Unidad Administrativa que integra la Organización de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, toda vez que el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Por otro lado, de la constancia actuarial se advierte que no fue posible realizar la notificación personal al quejoso, ordenada en auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por los motivos ahí señalados; en tal virtud, con fundamento los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la quejosa el proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes....................................ACUERDO DE VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO........Visto; agréguense a los presentes autos el oficio (con anexos) de cuenta signado por el Asistente del Despacho Judicial del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Sur, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho (foja 396), para que obre como legalmente corresponda y acúsese recibo. Ahora bien, del oficio (con anexo) de cuenta, se advierte que mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, pronunció auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso Ramón González China, allá imputado, dentro de la causa penal número 120/2017 de su índice, por haberse acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad respecto del delito de secuestro exprés en su modalidad de privar de la libertad a alguien con fines de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso d) en relación con el artículo 10, fracción I, inciso a) y b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de Alfredo Tonatiuh Martínez Trejo, en relación a lo anterior, y tomando en consideración que el quejoso Ramón González China, señaló como acto reclamado: la orden de aprehensión, detención, localización, presentación, reaprehensión o de comparecencia y toda vez que la responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso Ramón González China, allá imputado, dentro de la causa penal número 120/2017 de su índice, por los hechos delictivos que se le atribuyen; en tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, respecto del acto reclamado el quejoso, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica, en el acto combatido se consideran consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento, sin poder decidirse en él, sin afectar la nueva resolución. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Ello es así, toda vez que de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; se corrobora que dentro de la causa penal número 120/2017, mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso Ramón González China, al haberse acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad respecto del delito de secuestro exprés en su modalidad de privar de la libertad a alguien con fines de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso d) en relación con el artículo 10, fracción I, inciso a) y b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en agravio de Alfredo Tonatiuh Martínez Trejo; razón por la cual, dicho auto tiene como consecuencia un cambio de situación jurídica evidente. Por lo que resulta a todas luces, como ya se dijo, un cambio de situación jurídica del demandante del amparo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el dictado del auto de vinculación a proceso en dicha causa. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2004, emitida en la Novena Época, con número de registro 181477, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, visible en la página 441, que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal." Así como, la tesis aislada XVII.23 P, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la Novena Época, con número de registro 165423, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Enero de 2010, visible en la página 2199, que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por otro lado, del estado procesal que guardan los presentes autos se desprende que el oficio de número 22776 (foja 225), dirigido al Director y/o Jefe de la Agencia de Investigación Criminal en la Ciudad de México, no fue recibido en virtud de que no existe dicha autoridad; razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio, teniéndose como inexistente a dicha autoridad, por lo que procédase a suspender toda comunicación con la misma, ello con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que el acto reclamado por el quejoso RAMÓN GONZÁLEZ CHINA, a las demás autoridades responsables, no existe; en esa virtud, y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que en el juicio de amparo se sobresee cuando aparece de autos que el acto reclamado es inexistente. Ahora, en el caso que nos ocupa la parte quejosa hizo consistir, como ya se dijo, el acto reclamado en la orden de aprehensión, detención, localización, presentación, reaprehensión o de comparecencia que se haya emitido en su contra, así como los actos tendientes a ejecutarla, a las autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME JUSTIFICADO FOJA (s) 1 JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN EL RECLUSORIO NORTE NIEGA (30, 33, 36, 39 y 42) 2 JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN EL RECLUSORIO ORIENTE NIEGA (30, 33, 36, 39 y 42) 3 JUEZ DE CONTROL DEL LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN EL RECLUSORIO NORTE NIEGA (36) 4 JUEZ DE CONTROL DEL LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN EL RECLUSORIO ORIENTE INEXISTENTE (68) 5 JUEZ DE CONTROL DEL LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN SANTA MARTA ACATITLA INEXISTENTE (68) 6 JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERETARO NIEGA (28) 7 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANZICACIÓN DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO NIEGA (45) 8 DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO NIEGA (143) 9 TITULAR DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO NIEGA (53) 10 COORDINADOR ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL DEN LA CIUDAD DE MÉXICO INEXISTENTE (68) 11 COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO NIEGA (86 y 92) 12 DIRECTOR Y/O JEFE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO INEXISTENTE (225, 226 y 368) 13 DIRECTOR GENERAL DE MANDAMIENTOS MINISTERIALES Y JUDICIALES DE LA AGENCUIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO NIEGA (56) En mérito de lo anterior, de los informes justificados, rendidos por las autoridades responsables, se advierte claramente que el acto reclamado es inexistente, asimismo, la parte quejosa no probó la existencia del mismo. De ahí que, el acto que en esta vía se combate, al día en que insto el juicio constitucional, no existe. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por parte de los quejosos, fue por existir simple sospecha de la existencia del acto reclamado, el cual, como se ve, no es cierto. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de las autoridades que negaron el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO....III|

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