Ramón Luevano Silva
Expediente 86/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ramón Luevano Silva
Actuaciones
- Principal
El cinco de marzo de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veintiséis de febrero al cuatro de marzo del año en curso, con exclusión de los días dos y tres de marzo del presente año por ser inhábiles, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve se da cuenta con la promoción con folio 2367. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura con competencia Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa que dio inicio a la carpeta de investigación CUI:01421-UEI-TOR/2019-ZAC-I, instruida en contra de quien resulte responsable por el hecho que la ley señala como delito de tortura, cometido en perjuicio de Ramón Luévano Silva; de lo cual, este Juzgado toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el término de cinco días que le fue concedido al promovente para que aclarara su demanda de amparo, transcurrió del catorce al veinte de febrero del año en curso, con exclusión de los días dieciséis y diecisiete del presente mes y año, por ser inhábiles, lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el lapso concedido a la parte quejosa mediante proveído de once de febrero del presente año, para que diera cumplimiento a las prevenciones formuladas; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del mencionado numeral 114 de la ley de la materia en consulta, se tiene por no presentada la demanda de derechos promovida. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
CUENTA. El once de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Ramón Luévano Silva registrada con el folio 1658 y diez copias de ésta que se adjuntan. Zacatecas, Zacatecas, once de febrero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ramón Luévano Silva; contra actos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 21 y 22 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 86/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;" . IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; [ . ] De las fracciones transcritas del referido numeral 114 de la ley de la materia, se deduce que es motivo de prevención la existencia de alguna irregularidad en el escrito de demanda, o en el caso no se hubiere señalado con precisión el acto que se reclama y, en esos casos, se debe requerir al promovente para que éste aclare su demanda para así estar en condiciones de proveer lo que a derecho corresponda. Por otra parte, el artículo 108, fracción IV de la ley de la materia establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame ; Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisitos entre otros, que se precisen los actos que de cada autoridad se reclame y además que el promovente manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente en el capítulo de "autoridades responsables", señala las siguientes: 1) Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas. 2) Actuario judicial adscrito a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas. 3) Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital 4) Comunidad de Cieneguillas, Zacatecas del Centro de Readaptación Social de esta ciudad de Zacatecas. 5) Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad especializada investigación Mixta, licenciado Efraín Montalvo Márquez. 6) Juez de Garantía y Tribunal del Juicio Oral en el Distrito de Zacatecas. 7) Comandante de la Policía Ministerial del estado unidad Especializada en Investigación contra secuestro en esta ciudad de Zacatecas. Luego, en el capítulo de "acto reclamado" refiere: [.] IV.- ACTO RECLAMADO.- Violación a los artículos 9.2 del pacto internacional de los derechos civiles y políticos, 7.2 de la convención de los derechos humanos y violación de igual forma a las garantías jurídicas de mi persona contenidas en el artículo 8 de la convención americana de los derechos humanos en el que México es parte que se efectuaron por las autoridades responsable desde el momento de mi detención a la sentencia y revisión de la misma, por vicios propios con violación a mis derechos humanos, falta de prevenciones de todas y cada una de las autoridades responsables de dictar las medidas necesarias respecto a mis garantías individuales contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20, 21 y 22 constitucionales por no hacerme saber las causas motivos y justificación de mi detención que dejo en estado de indefensión, violentando mi derecho de defensa técnica con falta de comunicación hacia el exterior como lo establece la observación general número 21 del comité de los derechos humanos de la organización de las naciones por actos de lesiones inferidas a mi persona por las autoridades responsables quienes me han negado la asistencia médica a mi persona en todo momento, con una falta de trato igualitario de tener acceso a todas y cada una de las pruebas llevadas en mi contra que se fueron realizadas y prefabricadas por las citadas responsables, inconstitucionalidad del artículo 144 del Código procesal para el estado de Zacatecas aplicado a mi persona al inicio del procedimiento a sentencia y revisión de sentencia por violación (sic) los derechos humanos y tratados internacionales y derechos constitucionales, consecuencias de hecho y de derechos que deriven del procedimiento penal bajo la causa 52/2012, que se efectúo sin permitirme el derecho de asistencia inmediata, de calidad por abogados de mi confianza como lo establece el artículo 8.2 de la convención americana de derechos humanos y demás circunstancias que deriven de ella. [.] Mientras que en el capítulo de "hechos", en particular en el punto "6", el quejoso manifiesta que promovió recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juez de garantía y Tribunal de juicio oral el tres de junio de dos mil trece en el procedimiento abreviado, dentro de la causa penal 52/2012. Asimismo refiere que la autoridad responsable dictó resolución el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, de la cual tuvo conocimiento el diecisiete de marzo de ese mismo año. En tanto que del capítulo de "conceptos de violación", se advierte que los mismos se encuentran encaminados a combatir la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, a través de la cual se resolvió el recurso de revisión promovido por el ahora quejoso. De lo anterior, se advierte incertidumbre del acto o actos de los cuales se duele el quejoso. En consecuencia con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la legal notificación de este proveído cumpla con lo siguiente: Precise el acto o actos que reclama a cada una de las autoridades responsables, esto es, si lo constituye la resolución emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, a través de la cual resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el procedimiento abreviado dentro de la causa penal 52/2012, o en su caso, especifique cuál es el que combate. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento a las prevenciones indicadas, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de derechos, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso se tienen como autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ma. Concepción Silva Lozano, Martha Silva Lozano, Lucía Luévano Silva y Aarón Hernán Rivera Mendoza y señala como domicilio para oir y recibir notificaciones el lugar donde se encuentra recluido, que lo es el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. En otro sentido, del escrito de demanda se advierte que el quejoso refirió que durante su detención fue objeto de malos tratos, golpes y lesiones inferidas a su persona y tratos psicológicos; a fin de disipar cualquier probable afectación, dese vista al Fiscal General de Justicia del Estado, para que actúe en vía de consecuencia y ordene a quien corresponda realice la investigación de los posibles actos de tortura que aduce haber sufrido el quejoso quien se encuentra recluido en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, para lo cual, remítasele copia certificada de la demanda. Lo anterior, de conformidad en los artículos 1° párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1°, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 2, 4 y 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y 30 de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes. Notifíquese personalmente al quejoso en el centro de reclusión. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretario que autoriza. Doy fe.
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