Ramón Gómez Andrade
Expediente 1749/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1749/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ramón Gómez Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del once al veintidós de enero del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo número 1749/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretaria encargada del Despacho del Juzgado con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en la que se negó al quejoso Ramón Gómez Andrade, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas de la averiguación previo 134/I/2013, que en su oportunidad remitió la Procuradora General de Justicia del Estado, como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1749/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de amparo. En escrito presentado el quince de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, RAMÓN GÓMEZ ANDRADE solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se precisan enseguida: Autoridades responsables: Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas. Con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público. En Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Actos reclamados: La determinación emitida el cinco de marzo del año en curso, que resolvió la consulta de no ejercicio de acción penal en la averiguación previa 134/I/2013; y su ejecución. Preceptos constitucionales que se consideran violados. La quejosa señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos16 y 21 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1749/2015; y en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil quince se ordenó su admisión; dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; emplazar al tercero interesado; y fijar día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados se hace consistir en la determinación emitida por la Procuradora General de Justicia del Estado, el cinco de marzo del año en curso, que resolvió la consulta de no ejercicio de acción penal en la averiguación previa 134/I/2013; así como la ejecución de esa resolución que se atribuye al Agente del Ministerio Público de Nochistlán, Zacatecas. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.3. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a la Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado (f. 18). Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las documentales que citada responsable remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas de las constancias deducidas de la averiguación previa 134/I/2013; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo, de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por su parte, el Agente del Ministerio Público, en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, en su informe justificado negó el acto que se le reclama [f. 38]; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en razón de que dadas las funciones que desempeña le compete ejecutar la determinación que autorizó el no ejercicio de la acción penal que emitió la Procuradora General de Justicia del Estado, por ser aquél quien tiene a su cargo la averiguación previa 134/I/2013, la cual en su momento será archivada. III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, tampoco este resolutor, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis constitucional. No se transcriben los conceptos de violación por no ser un requisito necesario, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.58/2010,sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado quedó en párrafos que preceden, que del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que RAMÓN GÓMEZ ANDRADE reclama la determinación emitida por la Procuradora General de Justicia del Estado, el cinco de marzo del año en curso, que resolvió la consulta de no ejercicio de acción penal en la averiguación previa 134/I/2013. Los conceptos violatorios que vierte el impetrante de garantías son en parte inoperantes, en otra infundados y en diverso aspecto inatendibles; en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, al confrontar las razones que sirven de base a la resolución que en esta instancia se reclama, con las alegaciones que vierte el promovente del amparo en su libelo constitucional, se pone de relieve que en esencia se constriñe a señalar que en la resolución reclamada la Procuradora General de Justicia del Estado estableció que con el análisis de las actuaciones que conforman la averiguación previa, no se logró demostrar el delito de robo denunciado, por considerar que si bien se comprobó que el indiciado Raúl Gómez Andrade ha usado los vehículos que se dice fueron objeto de apoderamiento; sin embargo, dicha conducta no quedó justificada, al haberse demostrado que existe una sociedad entre el denunciante -aquí quejoso- y el referido indiciado, como se constató con la póliza 3161 que data del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, en la que se asienta que el antes nombrado aportó un tractor de oruga Komatsu con valor de cuatrocientos mil pesos; un camión de volteo color azul con valor de trescientos veinticinco mil pesos y un tracto camión Famsa con valor de seiscientos cincuenta mil pesos; y al respecto, el promovente del amparo se concreta a manifestar reiteradamente que ni el Ministerio Público como tampoco la Procuradora General de Justicia advirtieron que las facturas que amparan la propiedad de todos y cada uno de los vehículos que se mencionan en la denuncia se encuentran expedidas a su nombre; y que el hecho de que en la indicada póliza se indique que el denunciado aportó a la sociedad los automotores que ahí se describen, éste no demostró con la documentación idónea que los mismos hubieren sido de su propiedad, o bien que se encuentren a nombre de la sociedad en comento, por lo que alega que contrario a lo que afirmó la autoridad citada en segundo término, sí están demostrados los elementos integradores del ilícito apuntado. Como se ve, es evidente que con las destacadas manifestaciones no se controvierten las consideraciones torales que sirvieron de sustento a la Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, para emitir la determinación en la que resolvió autorizar el no ejercicio de acción penal en la averiguación previa 134/I/2013 instruida en contra de Raúl Gómez Andrade, como probable responsable en la comisión del delito de robo; específicamente aquellos argumentos en los que enfatizó: Que en la averiguación previa 134/I/2013 no se demostraron los elementos conformadores del delito de robo, específicamente que el denunciado Raul Gómez Andrade hubiera ejecutado una conducta de apoderamiento de cosa mueble ajena, con ánimo de dominio y sin el consentimiento de la persona que podría disponer de la misma, ya que si bien se comprobó que ha usado diversos vehículos, como lo manifestó el denunciante; empero, no se acreditó que se haya apoderado de manera ilícita de los mismos, dado que quedó justificado que entre ellos dos existe una sociedad, como se constata con la póliza 3161, que data del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, en la que se asienta la existencia de dicha sociedad; y que en el apartado de cláusulas especiales se señala: " PRIMERA: Los socios SUSCRIBEN Y PAGAN el capital de la sociedad, o sea, la suma de TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N., y en la forma y proporción siguiente : A).- Aportado por RAÚL GÓMEZ ANDRADE 1.- Tractor de Oruga KOMATSU $400,000.00 M.N 2.- Camión de Volteo Azul $ 325,000.00 M.M., 3.- Tracto Camión FAMSA $650,00.00 M.N., B).- Aportado por RAMÓN GÓMEZ ANDRADE 1.- Un tractor de oruga CATERPILLAR $400,000.00 M.M., 2.- Cargador JHON DEERE $700,000.00 M.N., 3.- Camión de volteo de 15 M3 $350,000.00 M.N."; y que por tanto, no es dable considerar la existencia del ilícito de robo, ya que no se acreditó que el denunciado se haya apoderado de los vehículos de que se trata, sino que solo haberlos utilizado, al existir entre ellos una sociedad, por lo que tampoco se demostró que haya dispuesto de dichos bienes muebles. Aunado a lo anterior, en la resolución reclamada se precisa que además de la referida póliza 3161, la existencia de una sociedad mercantil celebrada entre el denunciante Ramón Gómez Andrade -aquí quejoso- y el denunciado Raúl Gómez Andrade, se demostró con las declaraciones recabadas en la fase indagatoria a cargo de Juan Aguirre Vélez, Juan Edmundo Guzmán Rosales, Jesús Muñoz Gómez, Eva Gómez Andrade, Rubén Gómez Andrade, María de los Ángeles Muñoz Muñoz, Juan Pedro Cigala Gómez, José Antonio Díaz Villalobos y Rosa Ma. Muñoz Muñoz, quienes en términos concordantes esencialmente coincidieron en señalar que Ramón y Raúl, ambos de apellidos Gómez Andrade formaron una sociedad dedicada a la construcción, por lo que contaban con varios vehículos y maquinaria pesada que se encontraban en una bodega cerca de Tlachichila, perteneciente al Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, y que los dos hacían uso de dichos vehículos para después regresarlos al mismo lugar; siendo por ello que la Procuradora General de Justicia, para resolver en el sentido de autorizar el no ejercicio de la acción penal consideró de manera fundamental, que al haberse demostrado la existencia de una sociedad con giro en la construcción, formada entre el denunciante Ramón Gómez Andrade y el denunciado Raúl Gómez Andrade, es por ello que concluyó que en la especie no quedó demostrado que el nombrado en segundo término hubiera llevado a cabo el apoderamiento de una cosa ajena mueble, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien podía disponer de ella con arreglo a la ley, dado que al formar parte de dicha sociedad, entonces no es posible hablar de que realizara un apoderamiento ilícito respecto de tales bienes. Conforme a lo hasta aquí expuesto, es evidente que las destacadas consideraciones fundamentales que sustentan la resolución reclamada, quedaron intocadas con las manifestaciones a que se contraen los conceptos violatorios destacados a propósito en parágrafos que anteceden; y en ese contexto, como aquella determinación constituye un todo integral que se apoya en los apuntados argumentos esenciales; de ello se sigue que, para demostrar su ilegalidad, resultaba necesario que el promovente del amparo los atacara frontalmente con razonamientos lógico-jurídicos idóneos, dado que vinculados y concatenados entre sí, constituyen la base del acto que en esta instancia constitucional se impugna. En efecto, para estar en aptitud legal de analizar los motivos de inconformidad que hace valer el garante, resulta indispensable que combatiera la totalidad de los argumentos torales que sustentan la determinación reclamada, explicando, verbigracia, el por qué a su entender, a pesar de la existencia de una sociedad mercantil conformada entre él y el denunciado Raúl Gómez Andrade, y de que con motivo de esa circunstancia éste tenía acceso a los vehículos y maquinaria, no podía disponer legalmente de los mismos, pues incluso, conviene destacar que el denunciante no niega la existencia de la referida sociedad como tampoco el hecho de que el antes nombrado tuviera acceso al inmueble en el cual se guardaban los vehículos que al parecer se utilizaban para desempeñar las actividades propias d la sociedad mercantil de que se trata; de ahí que, para poner de relieve que el indiciado se apoderó de manera ilícita de los automotores en cuestión, resulta indispensable que el denunciante aquí quejoso destruyera con argumentos lógico- jurídicos, las destacadas consideraciones en que se sustenta la resolución reclamada. En ese tenor, al dejar de controvertir el promovente del amparo los aspectos fundamentales antes precisados que sirven de sustento a la determinación reclamada, específicamente el aserto vertido por la responsable en el sentido de que al estar demostrado en la averiguación previa de la que emana el acto reclamado, que con las pruebas recabadas se demostró que tano el denunciante como el denunciado formaron una sociedad dedicada a la construcción; y que por tanto, no es dable considerar acreditado el elemento relativo al apoderamiento ilícito de los bienes muebles en comento; ello conduce a concluir que las alegaciones que expone el inconforme, resultan jurídicamente insuficientes para demostrar que la resolución que se tilda de ilegal es contraria a derecho y, consecuentemente, para concederle la protección constitucional que impetra, porque aun cuando se abordara el estudio de los planteamientos que formula el impetrante en su libelo constitucional, de cualquier manera subsistiría dicha determinación al no combatirse las razones cardinales que la sustentan, lo que impide efectuar su análisis en el presente juicio constitucional; máxime que en el caso concreto no se actualiza ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, para que este Tribunal Federal estuviera en aptitud de suplir la deficiencia de los conceptos de violación, pues siendo un caso no permitido por la ley, en el supuesto de que se realizara su estudio en las condiciones que propone el inconforme, se atentaría contra la técnica del juicio de garantías. En este orden de ideas, debe concluirse que en el caso concreto subyacen las razones medulares que sostuvo la Procuradora General de Justicia del Estado, para autorizar el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 134/I/2013, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Nochistlán, Zacatecas; por ello es que se tornan inoperantes los argumentos que a guisa de conceptos de violación se vierten en la demanda de garantías; y en consecuencia, las consideraciones que respaldan la determinación combatida deben permanecer incólumes para continuar rigiéndola. Es de puntual aplicación a este proceder la Jurisprudencia número 723, consultable en la página 486, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES SI NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando no se advierta la existencia de queja deficiente que suplir y el acto reclamado se sustente en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otras, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo de tal forma, la resolución subsistiría con apoyo en aquellas que no fueron impugnadas y por tanto, los conceptos de violación deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados.". Asimismo, las consideraciones expuestas encuentran apoyo en la jurisprudencia II.3o. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 48, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida.". Con independencia de las consideraciones que preceden, conviene acotar que carecen de consistencia jurídica los diversos argumentos que vierte el promovente del amparo en cuanto aduce que la resolución impugnada vulnera las garantías que tutelan los artículos 16 y 21 de la Constitución Federal, ya que la Procuradora General de Justicia omitió la motivación que exige el primer precepto al autorizar el no ejercicio de la acción penal, por no exponer razonamientos lógico-jurídicos para considerar como no demostrado el cuerpo del delito de robo; además de que no realizó un estudio meticuloso de todas y cada una de las diligencias que integran la averiguación previa de origen, pues contrario a ello, del análisis de la resolución reclamada se advierte que la Procuradora General de Justicia del Estado invocó los preceptos legales que estimó aplicables al caso concreto; como también expuso con nitidez los motivos que la condujeron a determinar que en la especie no se acreditó los elementos que integran el delito de robo, específicamente el apoderamiento de cosas muebles que fueran ajenas al indiciado Raúl Gómez Andrade; y en esa tesitura, ninguna lesión jurídica le genera la postura adoptada en ese sentido por la resolutora de origen. Y por cuanto hace a lo manifestado por el promovente del amparo en el sentido de que la responsable no realizó un estudio "meticuloso" de todas y cada una de las diligencias que integran la averiguación previa, tal alegato deviene inatendible, en razón de que no precisa cuáles son esas pruebas cuyo estudio omitió la Procuradora de Justicia, menos aún explica, cómo es que dichas pruebas pudieran influir en su favor para modificar el sentido de esta sentencia de amparo. Corolario de lo anterior, al haber resultado inoperantes, infundados e inatendibles los conceptos de violación formulados por el quejoso RAMÓN GÓMEZ ANDRADE, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido de que la negativa del amparo se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al Agente del Ministerio Público investigador en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, al no reclamársele por vicios propios de legalidad, sino como consecuencia del acto que se reclama a la autoridad señalada como responsable ordenadora. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Finalmente, conviene acotar que no obstante que la audiencia constitucional fue celebrada por quien en esa fecha fungía como titular de este Juzgado, toda vez que el suscrito Secretario fue autorizado con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para que desempeñe las funciones de juez de Distrito del dos de diciembre de dos mil quince hasta en tanto el Pleno referido designe otro titular en este órgano jurisdiccional; por tanto, se considera que este resolutor está facultado para resolver el presente asunto, dada la amplitud de las atribuciones que el citado artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, a fin de preservar la actividad normal de este Tribunal Federal. Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a RAMÓN GÓMEZ ANDRADE, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Procuradora General de Justicia del Estado y Agente del Ministerio Público investigador en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, por los motivos indicados el considerando IV de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza, hoy treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado . DOY FE. L´JJMT/jral"
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO RAÚL GÓMEZ ANDRADE, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1749/2015; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de amparo. En escrito presentado el quince de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, RAMÓN GÓMEZ ANDRADE solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se precisan enseguida: Autoridades responsables: Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas. Con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público. En Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Actos reclamados: La determinación emitida el cinco de marzo del año en curso, que resolvió la consulta de no ejercicio de acción penal en la averiguación previa 134/I/2013; y su ejecución. Preceptos constitucionales que se consideran violados. La quejosa señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos16 y 21 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1749/2015; y en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil quince se ordenó su admisión; dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; emplazar al tercero interesado; y fijar día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente; 48 y 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados se hace consistir en la determinación emitida por la Procuradora General de Justicia del Estado, el cinco de marzo del año en curso, que resolvió la consulta de no ejercicio de acción penal en la averiguación previa 134/I/2013; así como la ejecución de esa resolución que se atribuye al Agente del Ministerio Público de Nochistlán, Zacatecas. II.2. Inexistencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II.3. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a la Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado (f. 18). Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con las documentales que citada responsable remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas de las constancias deducidas de la averiguación previa 134/I/2013; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo, de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por su parte, el Agente del Ministerio Público, en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, en su informe justificado negó el acto que se le reclama [f. 38]; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en razón de que dadas las funciones que desempeña le compete ejecutar la determinación que autorizó el no ejercicio de la acción penal que emitió la Procuradora General de Justicia del Estado, por ser aquél quien tiene a su cargo la averiguación previa 134/I/2013, la cual en su momento será archivada. III. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, tampoco este resolutor, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis constitucional. No se transcriben los conceptos de violación por no ser un requisito necesario, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.58/2010,sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado quedó en párrafos que preceden, que del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que RAMÓN GÓMEZ ANDRADE reclama la determinación emitida por la Procuradora General de Justicia del Estado, el cinco de marzo del año en curso, que resolvió la consulta de no ejercicio de acción penal en la averiguación previa 134/I/2013. Los conceptos violatorios que vierte el impetrante de garantías son en parte inoperantes, en otra infundados y en diverso aspecto inatendibles; en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, al confrontar las razones que sirven de base a la resolución que en esta instancia se reclama, con las alegaciones que vierte el promovente del amparo en su libelo constitucional, se pone de relieve que en esencia se constriñe a señalar que en la resolución reclamada la Procuradora General de Justicia del Estado estableció que con el análisis de las actuaciones que conforman la averiguación previa, no se logró demostrar el delito de robo denunciado, por considerar que si bien se comprobó que el indiciado Raúl Gómez Andrade ha usado los vehículos que se dice fueron objeto de apoderamiento; sin embargo, dicha conducta no quedó justificada, al haberse demostrado que existe una sociedad entre el denunciante -aquí quejoso- y el referido indiciado, como se constató con la póliza 3161 que data del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, en la que se asienta que el antes nombrado aportó un tractor de oruga Komatsu con valor de cuatrocientos mil pesos; un camión de volteo color azul con valor de trescientos veinticinco mil pesos y un tracto camión Famsa con valor de seiscientos cincuenta mil pesos; y al respecto, el promovente del amparo se concreta a manifestar reiteradamente que ni el Ministerio Público como tampoco la Procuradora General de Justicia advirtieron que las facturas que amparan la propiedad de todos y cada uno de los vehículos que se mencionan en la denuncia se encuentran expedidas a su nombre; y que el hecho de que en la indicada póliza se indique que el denunciado aportó a la sociedad los automotores que ahí se describen, éste no demostró con la documentación idónea que los mismos hubieren sido de su propiedad, o bien que se encuentren a nombre de la sociedad en comento, por lo que alega que contrario a lo que afirmó la autoridad citada en segundo término, sí están demostrados los elementos integradores del ilícito apuntado. Como se ve, es evidente que con las destacadas manifestaciones no se controvierten las consideraciones torales que sirvieron de sustento a la Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, para emitir la determinación en la que resolvió autorizar el no ejercicio de acción penal en la averiguación previa 134/I/2013 instruida en contra de Raúl Gómez Andrade, como probable responsable en la comisión del delito de robo; específicamente aquellos argumentos en los que enfatizó: Que en la averiguación previa 134/I/2013 no se demostraron los elementos conformadores del delito de robo, específicamente que el denunciado Raul Gómez Andrade hubiera ejecutado una conducta de apoderamiento de cosa mueble ajena, con ánimo de dominio y sin el consentimiento de la persona que podría disponer de la misma, ya que si bien se comprobó que ha usado diversos vehículos, como lo manifestó el denunciante; empero, no se acreditó que se haya apoderado de manera ilícita de los mismos, dado que quedó justificado que entre ellos dos existe una sociedad, como se constata con la póliza 3161, que data del veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, en la que se asienta la existencia de dicha sociedad; y que en el apartado de cláusulas especiales se señala: " PRIMERA: Los socios SUSCRIBEN Y PAGAN el capital de la sociedad, o sea, la suma de TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N., y en la forma y proporción siguiente : A).- Aportado por RAÚL GÓMEZ ANDRADE 1.- Tractor de Oruga KOMATSU $400,000.00 M.N 2.- Camión de Volteo Azul $ 325,000.00 M.M., 3.- Tracto Camión FAMSA $650,00.00 M.N., B).- Aportado por RAMÓN GÓMEZ ANDRADE 1.- Un tractor de oruga CATERPILLAR $400,000.00 M.M., 2.- Cargador JHON DEERE $700,000.00 M.N., 3.- Camión de volteo de 15 M3 $350,000.00 M.N."; y que por tanto, no es dable considerar la existencia del ilícito de robo, ya que no se acreditó que el denunciado se haya apoderado de los vehículos de que se trata, sino que solo haberlos utilizado, al existir entre ellos una sociedad, por lo que tampoco se demostró que haya dispuesto de dichos bienes muebles. Aunado a lo anterior, en la resolución reclamada se precisa que además de la referida póliza 3161, la existencia de una sociedad mercantil celebrada entre el denunciante Ramón Gómez Andrade -aquí quejoso- y el denunciado Raúl Gómez Andrade, se demostró con las declaraciones recabadas en la fase indagatoria a cargo de Juan Aguirre Vélez, Juan Edmundo Guzmán Rosales, Jesús Muñoz Gómez, Eva Gómez Andrade, Rubén Gómez Andrade, María de los Ángeles Muñoz Muñoz, Juan Pedro Cigala Gómez, José Antonio Díaz Villalobos y Rosa Ma. Muñoz Muñoz, quienes en términos concordantes esencialmente coincidieron en señalar que Ramón y Raúl, ambos de apellidos Gómez Andrade formaron una sociedad dedicada a la construcción, por lo que contaban con varios vehículos y maquinaria pesada que se encontraban en una bodega cerca de Tlachichila, perteneciente al Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, y que los dos hacían uso de dichos vehículos para después regresarlos al mismo lugar; siendo por ello que la Procuradora General de Justicia, para resolver en el sentido de autorizar el no ejercicio de la acción penal consideró de manera fundamental, que al haberse demostrado la existencia de una sociedad con giro en la construcción, formada entre el denunciante Ramón Gómez Andrade y el denunciado Raúl Gómez Andrade, es por ello que concluyó que en la especie no quedó demostrado que el nombrado en segundo término hubiera llevado a cabo el apoderamiento de una cosa ajena mueble, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien podía disponer de ella con arreglo a la ley, dado que al formar parte de dicha sociedad, entonces no es posible hablar de que realizara un apoderamiento ilícito respecto de tales bienes. Conforme a lo hasta aquí expuesto, es evidente que las destacadas consideraciones fundamentales que sustentan la resolución reclamada, quedaron intocadas con las manifestaciones a que se contraen los conceptos violatorios destacados a propósito en parágrafos que anteceden; y en ese contexto, como aquella determinación constituye un todo integral que se apoya en los apuntados argumentos esenciales; de ello se sigue que, para demostrar su ilegalidad, resultaba necesario que el promovente del amparo los atacara frontalmente con razonamientos lógico-jurídicos idóneos, dado que vinculados y concatenados entre sí, constituyen la base del acto que en esta instancia constitucional se impugna. En efecto, para estar en aptitud legal de analizar los motivos de inconformidad que hace valer el garante, resulta indispensable que combatiera la totalidad de los argumentos torales que sustentan la determinación reclamada, explicando, verbigracia, el por qué a su entender, a pesar de la existencia de una sociedad mercantil conformada entre él y el denunciado Raúl Gómez Andrade, y de que con motivo de esa circunstancia éste tenía acceso a los vehículos y maquinaria, no podía disponer legalmente de los mismos, pues incluso, conviene destacar que el denunciante no niega la existencia de la referida sociedad como tampoco el hecho de que el antes nombrado tuviera acceso al inmueble en el cual se guardaban los vehículos que al parecer se utilizaban para desempeñar las actividades propias d la sociedad mercantil de que se trata; de ahí que, para poner de relieve que el indiciado se apoderó de manera ilícita de los automotores en cuestión, resulta indispensable que el denunciante aquí quejoso destruyera con argumentos lógico- jurídicos, las destacadas consideraciones en que se sustenta la resolución reclamada. En ese tenor, al dejar de controvertir el promovente del amparo los aspectos fundamentales antes precisados que sirven de sustento a la determinación reclamada, específicamente el aserto vertido por la responsable en el sentido de que al estar demostrado en la averiguación previa de la que emana el acto reclamado, que con las pruebas recabadas se demostró que tano el denunciante como el denunciado formaron una sociedad dedicada a la construcción; y que por tanto, no es dable considerar acreditado el elemento relativo al apoderamiento ilícito de los bienes muebles en comento; ello conduce a concluir que las alegaciones que expone el inconforme, resultan jurídicamente insuficientes para demostrar que la resolución que se tilda de ilegal es contraria a derecho y, consecuentemente, para concederle la protección constitucional que impetra, porque aun cuando se abordara el estudio de los planteamientos que formula el impetrante en su libelo constitucional, de cualquier manera subsistiría dicha determinación al no combatirse las razones cardinales que la sustentan, lo que impide efectuar su análisis en el presente juicio constitucional; máxime que en el caso concreto no se actualiza ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, para que este Tribunal Federal estuviera en aptitud de suplir la deficiencia de los conceptos de violación, pues siendo un caso no permitido por la ley, en el supuesto de que se realizara su estudio en las condiciones que propone el inconforme, se atentaría contra la técnica del juicio de garantías. En este orden de ideas, debe concluirse que en el caso concreto subyacen las razones medulares que sostuvo la Procuradora General de Justicia del Estado, para autorizar el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 134/I/2013, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Nochistlán, Zacatecas; por ello es que se tornan inoperantes los argumentos que a guisa de conceptos de violación se vierten en la demanda de garantías; y en consecuencia, las consideraciones que respaldan la determinación combatida deben permanecer incólumes para continuar rigiéndola. Es de puntual aplicación a este proceder la Jurisprudencia número 723, consultable en la página 486, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES SI NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando no se advierta la existencia de queja deficiente que suplir y el acto reclamado se sustente en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otras, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo de tal forma, la resolución subsistiría con apoyo en aquellas que no fueron impugnadas y por tanto, los conceptos de violación deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados.". Asimismo, las consideraciones expuestas encuentran apoyo en la jurisprudencia II.3o. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 48, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida.". Con independencia de las consideraciones que preceden, conviene acotar que carecen de consistencia jurídica los diversos argumentos que vierte el promovente del amparo en cuanto aduce que la resolución impugnada vulnera las garantías que tutelan los artículos 16 y 21 de la Constitución Federal, ya que la Procuradora General de Justicia omitió la motivación que exige el primer precepto al autorizar el no ejercicio de la acción penal, por no exponer razonamientos lógico-jurídicos para considerar como no demostrado el cuerpo del delito de robo; además de que no realizó un estudio meticuloso de todas y cada una de las diligencias que integran la averiguación previa de origen, pues contrario a ello, del análisis de la resolución reclamada se advierte que la Procuradora General de Justicia del Estado invocó los preceptos legales que estimó aplicables al caso concreto; como también expuso con nitidez los motivos que la condujeron a determinar que en la especie no se acreditó los elementos que integran el delito de robo, específicamente el apoderamiento de cosas muebles que fueran ajenas al indiciado Raúl Gómez Andrade; y en esa tesitura, ninguna lesión jurídica le genera la postura adoptada en ese sentido por la resolutora de origen. Y por cuanto hace a lo manifestado por el promovente del amparo en el sentido de que la responsable no realizó un estudio "meticuloso" de todas y cada una de las diligencias que integran la averiguación previa, tal alegato deviene inatendible, en razón de que no precisa cuáles son esas pruebas cuyo estudio omitió la Procuradora de Justicia, menos aún explica, cómo es que dichas pruebas pudieran influir en su favor para modificar el sentido de esta sentencia de amparo. Corolario de lo anterior, al haber resultado inoperantes, infundados e inatendibles los conceptos de violación formulados por el quejoso RAMÓN GÓMEZ ANDRADE, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido de que la negativa del amparo se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al Agente del Ministerio Público investigador en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, al no reclamársele por vicios propios de legalidad, sino como consecuencia del acto que se reclama a la autoridad señalada como responsable ordenadora. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Finalmente, conviene acotar que no obstante que la audiencia constitucional fue celebrada por quien en esa fecha fungía como titular de este Juzgado, toda vez que el suscrito Secretario fue autorizado con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para que desempeñe las funciones de juez de Distrito del dos de diciembre de dos mil quince hasta en tanto el Pleno referido designe otro titular en este órgano jurisdiccional; por tanto, se considera que este resolutor está facultado para resolver el presente asunto, dada la amplitud de las atribuciones que el citado artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, a fin de preservar la actividad normal de este Tribunal Federal. Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a RAMÓN GÓMEZ ANDRADE, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Procuradora General de Justicia del Estado y Agente del Ministerio Público investigador en Nochistlán de Mejía, Zacatecas, por los motivos indicados el considerando IV de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza, hoy treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado . DOY FE. L´JJMT/jral"
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En cuatro de noviembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte tercero interesada se imponga del contenido del informe justificado de la Procuradora General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y Agente del Ministerio Público Instructor de Averiguaciones Previas de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; luego, a fin de no dejarla en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABALES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PATES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
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- Ramón Escamilla Ávila959/2016
- Ramón Flores Campos940/2023
- Ramón González Saucedo164/2013
- Ramón Gutiérrez Barajas2185/2015
- Ramón Hernández Gómez1026/2014
- Ramón Horacio Sepúlveda Rodríguez57/2016
- Ramón Luevano Silva86/2019
- Ramón Montejano Cepeda951/2015