Ramón Loaiza Medina.
Expediente 403/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ramón Loaiza Medina.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Visto el estado de los autos, se advierte como hecho notorio que en proveído de esta fecha, se ordenó archivar como asunto definitivamente concluido el juicio de amparo 403/2022 del cual deriva este incidente; en consecuencia, de conformidad con el artículo 8.1.2.3 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se negó la suspensión definitiva. En atención al vigésimo, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que deriva.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado, el cuatro de julio del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la autoridad responsable Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad del Ministerio Publico de lo Penal Especializada en Homicidios Dolosos, con sede en esta ciudad, fueron notificadas en primer y último orden, esto es, el cinco y seis de los cursantes, quedando comprendido dicho plazo de esta última fecha al veinte del presente mes y año, en el entendido de que el término para las demás partes queda contenido en el antes indicado. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, no es óbice a lo anterior que no obre en autos la constancia de notificación del fallo en comentario a las diversas autoridades responsables Comisario de la Policía de Investigación del Estado, con sede en la Ciudad de Culiacán, y Secretario de Gobernación, residente en la Ciudad de México, en razón de que el sentido la sentencia (sobreseimiento) no le causa agravio personal y directo, requisito indispensable para estar en aptitud de interponer recurso de revisión; lo anterior con fundamento por analogía en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Por otro lado, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en la fracción I, inciso a) del ordinal 18 del acuerdo invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en la referida incidencia para que se realice su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, de las constancias que integran el presente sumario, no se advierte la existencia de documentos originales ni tomo de pruebas que devolver a las partes.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ramón Loaiza Medina, contra los actos que reclama a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones dadas en el propio apartado. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando cuarto de la presente resolución.
- Principal
Visto el estado de los autos, se aprecia que el diecisiete de los cursantes, se proveyó el informe justificado rendido por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación, con sede en la Ciudad de México; en consecuencia para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del aludido informe de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, resuelta en contradicción de tesis número 29/98-PL, el día quince de febrero de 2000, Novena Época, página 5, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, que es de epígrafe y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Sin que el criterio invocado sea contrario al actual texto de la Ley de Amparo, por lo que puede ser aplicado al caso, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que ésta se expidió.
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