Ramón Fabián Aguirre Cavazos

Expediente 966/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
966/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Ramón Fabián Aguirre Cavazos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el quejoso recurriera el auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia, dentro del término previsto por el artículo 202, de la Ley de Amparo, considerando que fue notificado personalmente el mismo día, quedando comprendido dicho plazo del trece de septiembre al cinco de octubre del año en curso; en consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es CONSERVABLE por este órgano jurisdiccional, al haberse concedido el amparo solicitado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de los cuales se advierte que transcurrió el término de tres días, que se concedió a la parte quejosa, mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, sin que a la fecha hubiese formulado manifestación alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde al suscrito determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo, con base en las constancias que obran en el sumario en que se actúa. I. Sentencia. En sentencia dictada el veinte de enero de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Ramón Fabián Aguirre Cavazos. II. Ejecutoria. La sentencia causó ejecutoria el veintiuno de abril del año en curso, requiriéndose a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento del fallo protector. III. Cumplimiento al fallo por la autoridad responsable. En proveídos de doce de mayo y cuatro de julio de dos mil veintitrés, se recibieron los oficios SATES DJ-DAAP-0490/2023 y SATES-DJ-DAAP 0682/2023, firmados autógrafamente por el Jefe del Departamento de Amparos y Asuntos Penales, en suplencia por ausencia del Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en representación de la oficina de Recaudación de Rentas de Mazatlán, mediante los cuales informó la manera en que dio cumplimiento al fallo protector. IV. Vista a la parte quejosa. En auto de veintiocho agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días formulara las manifestaciones pertinentes respecto de lo informado por la autoridad responsable, sin que hiciera uso de ese derecho. V. Análisis sobre el cumplimiento del fallo protector. Se aprecia que los efectos del fallo protector y la manera en que la responsable dio cumplimiento a éste, se realizó de la siguiente manera: EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR CUMPLIMIENTO DADO POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES "Efectos del fallo protector: A fin de restituir a la quejosa en el uso y goce de sus derechos constitucionales violados, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que la tasa que se aplicó al quejoso para obtener la cantidad a pagar por concepto de derechos registrales con motivo de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compra venta consignada en el recibo oficial 0000796196 de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, y el diez por ciento del impuesto adicional PRO-EDUC contenidos en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, específicamente, en sus artículos 50, fracción II, y 111, fracción II, inciso d), contravienen los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. En consecuencia, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la unión, la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, tendrá por efecto: a). Que el Jefe de la Oficina de Recaudación en Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria del Estado residente en esta Ciudad, cancele el recibo oficial 0000796196 de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, por concepto de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compra-venta ahí consignada y sus impuestos adicionales. Sin que ello implique, desde luego, que el promovente quede exento de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino que sólo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, de conformidad con lo establecido en el ordinal 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Carta Magna, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, prevista en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. b) Por consiguiente, se constriñe al Jefe de la Oficina de Recaudación en Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria del Estado residente en esta Ciudad, a fin de que devuelva al quejoso la cantidad que por concepto de derechos e impuestos adicionales indebidamente pagó con motivo de la inscripción de la operación de compra venta ahí consignada, esto es, $70,125.00 (setenta mil cinto veinticinco pesos 00/100 moneda nacional); descontando de dicha suma el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, así como el diez por ciento de la nueva cantidad que conste una vez hecho el ajuste de antecedente, por concepto del impuesto adicional PRO-EDUC. Cantidad esta última que deberá ser actualizada desde su entero y hasta la fecha en que sea devuelta al contribuyente, con apoyo en los criterios contenidos en la tesis 2a. XIV/9729 de la Segunda Sala y la jurisprudencia P./J. 14/2014 (10a.)30 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Mediante oficio SATES-DJ-DAAP 0490/2023, el Jefe del Departamento de Amparos y Asuntos Penales, en suplencia por ausencia del Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, quien a su vez actúa en representación del Jefe de la Oficina de Recaudación Mazatlán, acompañó copia certificada del diverso SATES DR-DCC-1154/2023, por medio del cual se dejó sin efectos el recibo de pago con número de folio 0000796196, de fecha de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, por la cantidad de $70,125.00 (setenta mil ciento veinticinco pesos 00/100 moneda nacional) a nombre del quejoso Ramón Fabián Aguirre Cavazos. Asimismo, mediante el diverso SATES-DJ-DAAP-0682/2023, el Jefe del Departamento de Amparos y Asuntos Penales, en suplencia por ausencia del Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, quien a su vez actúa en representación del Jefe de la Oficina de Recaudación Mazatlán, anexo copia certificada de la constancia de entrega del cheque de veintidós de abril del año en curso, recibido por el quejoso Ramón Fabián Aguirre Cavazos, por la cantidad de $70,125.00 (setenta mil ciento veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). En atención a lo anterior, se tiene que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Amparos y Asuntos Penales, en suplencia por ausencia del Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en representación de la oficina de Recaudación de Rentas de Mazatlán, en cumplimiento al fallo protector remitió a este juzgado, copia certificada de los oficios SATES-DR-DCC-1154/2023 y SATES-DJ-DAAP-0682/2023, mediante los cuales se dejó sin efectos el recibo de pago con número de folio 0000796196, de fecha de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, por la cantidad de $70,125.00 (setenta mil ciento veinticinco pesos 00/100 moneda nacional) a nombre del quejoso Ramón Fabián Aguirre Cavazos, así como, de la constancia de entrega del cheque de veintidós de abril del año en curso, recibido por el quejoso Ramón Fabián Aguirre Cavazos, por la cantidad de $70,125.00 (setenta mil ciento veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). VI. Conclusión. El análisis comparativo realizado entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional y la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a los mismos, lleva a determinar que SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA acorde a lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese a las partes el presente proveído, para los efectos a que se refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que mediante oficio SATES-DJ-DAAP0682/2023, remitido por el Jefe del Departamento de Amparos y Asuntos Penales, en suplencia por ausencia del Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en representación de la oficina de Recaudación de Rentas de Mazatlán, comunicó la manera en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo; sin embargo, la parte quejosa no fue notificada de manera personal del auto de cuatro de julio del presente año, en el que se le dio vista con el contenido de dicha comunicación. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la citada parte procesal, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese nuevamente vista a la quejosa con el citado comunicado y su anexo, para que en el término de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional declarará si la sentencia está cumplida o no, si las responsables incurrieron en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante.

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio SATES-DJ-DAAP-0682/2023, firmado autógrafamente por el Jefe del Departamento de Amparos y Asuntos Penales, en suplencia por ausencia del Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en representación de la oficina de Recaudación de Rentas de Mazatlán, a través del cual comunica la manera en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo y remite diversas documentales en copia certificada para acreditar dicha circunstancia; comunicado y anexos que se ordenan agregar en autos para los efectos legales conducentes. Por consiguiente, de con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el citado comunicado y su anexo, para que en el término de tres días contado legalmente, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional declarará si la sentencia está cumplida o no, si las responsables incurrieron en exceso o defecto para ello, o si existe imposibilidad para cumplirla, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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