Ramón Jorge Navarrate Ramos

Expediente 401/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
401/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/10/2017

Partes del expediente

  • Ramón Jorge Navarrate Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito firmado por Ramón Jorge Navarrete Ramos o Ramón J. Navarrete Ramos, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, devuélvasele las constancias que exhibió con el escrito inicial de demanda, previa foja de sustitución que se deje en autos, y téngasele por autorizadas para recibirlas a las personas que nombra, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que Ramón Jorge Navarrete Ramos, no impugnó el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 21 a 24), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse a este expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es destruible, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, y en consideración que de la misma se advierte que la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, hace constar que, no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de veintisiete de septiembre pasado, toda vez que al constituirse con las formalidades de ley en el domicilio, señalado en autos al preguntar por el quejoso y sus autorizados, con los vecinos del lugar le manifestaron no conocerlos. En consecuencia, ante <la imposibilidad de la Actuaria Judicial de practicar la notificación personalmente con la parte quejosa o con alguno de sus autorizados, en virtud de no haber encontrado el domicilio señalado para tal efecto, notifíquese a dicha parte, el presente acuerdo, el de veintisiete de septiembre pasado, y las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto cumpla con la carga procesal de señalar domicilio en esta ciudad, donde puedan practicársele notificaciones, de conformidad con dispuesto por el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve Ramón Jorge Navarrete Ramos, contra actos del juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 401/2017, que le corresponde. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo.1 Con esa base, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama la demora para resolver el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso el tres de agosto de dos mil diecisiete contra el auto de tres de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de alimentos 1/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca. Así, para determinar si el juicio de amparo es procedente o no, hay que acudir a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitúción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden disponen: ... Los primeros preceptos transcritos, interpretados en sentido contrario, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/20142, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. En ese sentido, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que el quejoso señaló como acto reclamado, la demora para resolver el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso el tres de agosto de dos mil diecisiete contra el auto de tres de julio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de alimentos 1/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, lo que indefectiblemente no depara un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa para los efectos del juicio de amparo, sino que, en su caso, sólo constituye una violación intraprocesal que afecta sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que se llegare a dictar en el juicio de origen, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de éste; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación y, en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que le será factible también impugnar los actos que aquí reclama, en caso de trascender al resultado del fallo. En efecto, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, mas no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme propiedades, posesiones o derechos; por tanto, no se encuentra en alguna de las hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la parte quejosa en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, pues la resolución que se emita respecto del recurso interpuesto por el aquí quejoso en los autos del juicio natural, incluso le puede resultar favorable, y aun en el caso de serle adversa, puede inconformarse contra dicha resolución a través de los medios de impugnación que la ley le otorga. Lo anterior, porque contra ese acto, el artículo 697 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, prevé expresamente el recurso queja,3 luego, tomando en cuenta que el quejoso tiene el carácter de demandado en el expediente 1/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, de donde emana la denegación de justicia reclamada, tiene a su alcance el recurso de queja que hacer valer. Los criterios invocados, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta4. Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su ocurso de cuenta, y por autorizado con la suma de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Enrique López Ramírez, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, se encontró registrada la cédula profesional correspondiente al profesionista que refiere la parte quejosa; asimismo, se tienen por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos a Olga Cortazar Ferrer y Ramón M. Navarrete Roca, de quienes no fue encontrada cédula profesional registrada en el citado sistema.

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