Ramiro Trujillo Pérez

Expediente 32/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
32/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2019

Partes del expediente

  • Ramiro Trujillo Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, y toda vez que el quejoso Ramiro Trujillo Pérez, no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 68-70) dictado dentro de este expediente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración, por ubicarse en el supuesto de la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General citado, en virtud de que se concedió la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de llevar a cabo cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal en contra del quejoso; en el entendido, que deberán conservarse el escrito de demanda y el auto de diecinueve de enero de dos mil diecinueve, que concedió la suspensión de plano (fojas 5 a 8). Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, debe entrar a su estudio conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:. Pues bien, en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo cual provoca que deba de sobreseerse en el juicio constitucional en términos del artículo 63, fracción V del ordenamiento legal en cita. En efecto, el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, establece: . La determinación que aquí se adopta se justifica con base en el oficio sin número, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el comisario de Seguridad Pública Municipal de Salina Cruz, Oaxaca (foja 45), mediante el cual informa que en cumplimiento al oficio PE/DTSC/007/2019, signado por el encargado de la Delegación de la Policía Vial Estatal, con sede en esta ciudad, dejó en libertad al quejoso Ramiro Trujillo Pérez, y remite copia certificada del libro de novedades que se lleva en esa Comisaría, documental que adquiere eficacia probatoria plena en su calidad de instrumental de actuaciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que en la especie se surte la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad responsable dejó en libertad al quejoso; de ahí, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado, en razón de que ya desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del peticionario, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del amparista que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; lo que impone decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo expuesto se citan las jurisprudencias 2a./J. 59/99 y 2a./J. 9/98, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos IX (Junio de 1999) y VII (Febrero de 1998), visibles a fojas 38 y 210, correspondiente a la Novena Época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen:. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en este asunto, que se fijó por proveído de diecinueve de enero del año en curso (foja 6 vuelta), para las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve. Sin que el sobreseimiento dictado fuera de audiencia en el presente juicio, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, implique agravio o deje sin defensa al amparista, pues la hipótesis en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, de tal suerte, que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es exactamente aplicable por establecer criterio sobre el tema la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 10/2003, publicada en la página 386, tomo XVIII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: . Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Por otra parte, para los efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaria de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente en el que se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados que rinden el comisario de Seguridad Pública Municipal, director de la Policía Municipal y comandantes del Primer y Segundo Turno de la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca; con su contenido, dese vista a las partes para que dentro del plazo de ocho días manifiesten lo que a su interés convenga. Cobra aplicación la tesis publicada en la página 398, tomo III, segunda parte 1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, cuyo título dice: . Sin que haya lugar a dictar mayor determinación, respecto a lo manifestado por el comisario de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad, en cuanto que esa corporación no cuenta con un comandante de la Policía Municipal del tercer turno, toda vez que en proveído de veintidós de enero del año en curso (foja 21), se dejó de tener con el carácter de responsable a la autoridad que refiere. Por otra parte, en atención a que el referido comisario no informa respecto al cumplimiento que dio al oficio PE/DTSC/007/2019, de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por el encargado de la Delegación de la Policía Vial Estatal, con sede en Salina Cruz, Oaxaca (foja 19); requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a la notificación de este proveído, informe a este juzgado el cumplimiento que dio al referido oficio, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Apercíbase a la autoridad requerida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado, o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente; lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero siguiente.

  4. Principal

    Vista la razón de diecinueve de enero de dos mil diecinueve (foja 15), se advierte que al actuario judicial no le fue posible entregar el oficio 231, dirigido al comandante de la Policía Municipal del Tercer Turno de esta ciudad, toda vez que al constituirse en las oficinas de la Comisaría de la Policía Municipal, fue informado por Zoraida Reyes, policía municipal de dicha institución, que no le era posible recibir el oficio citado, toda vez que la autoridad a la que se encuentra dirigido no existe, ya que únicamente existen el primer y segundo turno; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 5-8), por lo que se deja de tener con el carácter de responsable a la autoridad que señaló como comandante de la Policía Municipal del Tercer Turno de esta ciudad, y se ordena suspender toda comunicación con la misma. Por otra parte, agréguese a los autos el informe que rinde el Encargado de la Policía Vial Estatal en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual en atención a la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo, manifiesta que ordenó la libertad de la cárcel pública municipal del quejoso Ramiro Trujillo Pérez, y remite copia simple del oficio PE/DTSC/007/2019, que dirigió al comisario de Seguridad Pública de esta ciudad. En atención a lo anterior, requiérase al Encargado de la Policía Vial Estatal en Salina Cruz, Oaxaca, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a la notificación de este proveído, remita copia certificada del oficio citado, así como el cumplimiento que el comisario de Seguridad Pública de esta ciudad, dio a su petición. Apercíbase a la autoridad requerida que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado, o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente; lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero siguiente.

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