Ramon Inzunza Ramos

Expediente 96/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
96/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
20/04/2016

Partes del expediente

  • Ramon Inzunza Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra de dicha resolución que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA RAMÓN INZUNZA RAMOS, publicada el uno de abril de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, que dice: "Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Civil Provisional, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis, remite copia certificada de diversas constancias que integran el incidente de liquidación de costas promovido dentro del juicio ejecutivo mercantil 799/2013 de su índice. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De la constancia que remite la autoridad responsable se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que con ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. Así es, de la interpretación al contenido de los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra los "autos de sobreseimiento", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El referido criterio, se contiene en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 10/2003, correspondiente a la Novena Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Marzo de 2003, página 386, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO En el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el impetrante señala como acto reclamado: "La omisión y negativa del juez responsable en acordar con prontitud, completa e imparcialmente el escrito inicial de demanda incidental que contiene el incidente de liquidación de sentencia respecto del resolutivo cuarto de la sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, y que sigue pendiente de acordarse en el procedimiento de origen, mismo que se sigue ante el juzgado segundo de lo civil de primera instancia del partido judicial de ensenada, baja california, y que se tramita bajo número de expediente 799/2013-A". Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que la autoridad responsable 1. Juez Segundo de lo Civil Provisional, con sede en esta ciudad, en proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del incidente de liquidación de costas promovido dentro del juicio ejecutivo mercantil 799/2013 del su índice, admitió el incidente de liquidación de costas promovida por la parte aquí quejosa Ramón Inzunza Ramos y otro, mismo proveído de fue notificado el diez de marzo de dos mil dieciséis, al autorizado del aquí quejoso de manera personal en la secretaría de ese juzgado civil, como se aprecia de la constancias de notificación personal que se acompañó al oficio de cuenta. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto materia de la litis constitucional, actualizándose en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues durante la tramitación del juicio de amparo, (cuatro de marzo de dos mil dieciséis), se acordó el incidente de liquidación de costas intentado por la parte quejosa, y el contenido de dicho proveído se notificó el diez de marzo de dos mil dieciséis. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con el numero 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 1999, página 38, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia aludida, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del juicio de garantías; por lo que es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con seis minutos del uno de abril de dos mil dieciséis."

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de marzo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la 1. Juez Segundo de lo Civil Provisional, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Igualmente, con fundamento con los artículos 119 y 123 del citado ordenamiento jurídico, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales ofertadas por la referida autoridad responsable. Ahora bien, toda vez que la referida responsable no anexó constancias necesarias para apoyar su informe justificado, mismas que son necesarias para resolver en el presente asunto; requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia debidamente certificada de las constancias de notificación al aquí quejoso Ramón Inzunza Ramos, del proveído de cuatro de marzo dictado dentro del incidente de liquidación de costas promovido dentro del juicio ejecutivo mercantil 799/2013 de su índice; apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve ****, por derecho propio, contra actos de: 1. Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 96/2016-II-B. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma y tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado el quejoso. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con seis minutos del uno de abril de dos mil dieciséis. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Se solicita a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se hará acreedora a una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se hará acreedora a una multa por el equivalente a la suma de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Calle del Puerto número 365 (planta baja) entre Avenida Adolfo López Mateos y Calle Tritones del Fraccionamiento Playa Ensenada, de esta ciudad. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Francisco Ismael Beltrán Rivera, Eduardo García Romero, Christopher Isaac Beltrán Rivera, Carlos Roberto González Castro, Rubén Alfonso Girón Aldama, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Adnan Joan Mouett Vázquez, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

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