Ramon Eugenio Sanchez Ritchi

Expediente 707/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
707/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Ramon Eugenio Sanchez Ritchi
  • RAMON EUGENIO SANCHEZ RITCHI y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha quedado firme, considerando que la parte legitimada para hacerlo no interpuso recurso de revisión en su contra. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que: 1. Destruible. El expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. 2. Destruible el cuaderno del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del artículo 20 del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el incidente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el inciso a), fracción II, del artículo 17 del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del CITATORIO de diez de octubre de dos mil veintitrés, dejado junto con copias del presente proveído, en el domicilio procesal de la parte QUEJOSA PROMOVENTE: *********E, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a recibir la notificación de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica publicada el día dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículo, 27, 28 y 29, de la Ley de Amparo, que dice. Ensenada, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, envía copia certificada del oficio 5429/2023, signado por el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que realizó la inscripción preventiva ordenada en el juicio agrario 7/2013, bajo la partida 5370368, sección civil, de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; así como del auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, donde se tuvo por recibido el referido oficio; y se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 119 y 123, de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la responsable al oficio de cuenta. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora, de las documentales de referencia, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que alega le fueron violados. Esto es, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equipararse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Al efecto, tiene aplicación el siguiente criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro Época: Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38. del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora, en el presente juicio, el quejoso Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, por conducto de sus apoderados Cynthia Karina Rubio Núñez; y Tomás Hurtado Godínez, promovió el presente juicio de amparo, en contra de las autoridades responsables; y acto que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad. 2. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "De la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45 con sede en Ensenada, Baja California: La omisión de hacer cumplir la providencia para la anotación marginal preventiva decretada mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de octubre de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio agrario número de toca 07/2013, que se radica ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45 con sede en la ciudad de Ensenada, Baja California. Del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en la ciudad de Ensenada, Baja California: La omisión de ejecutar la providencia para la anotación marginal preventiva decretada mediante acuerdo de fecha 18 dieciocho de octubre de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio agrario número de toca 07/2013, que se radica ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45 con sede en la ciudad de Ensenada, Baja California. Luego, de las constancias que obran en autos se advierte: Que en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, ordenó al Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Ensenada, Baja California, que llevará a cabo la anotación marginal preventiva de la demanda y su ampliación dentro del juicio agrario 07/2013. Que en cumplimiento a ello, en oficio 5429/2023, el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, informó que realizó la inscripción preventiva ordenada en el juicio agrario 7/2013, bajo la partida 5370368, sección civil, de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. ? Que en auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Documentales que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2262 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese sentido, si el acto reclamado lo era la omisión por parte de la responsable Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45, con sede en esta ciudad, de hacer cumplir la providencia para la anotación marginal preventiva decretada mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio agrario número 07/2013 de su índice. 2 Visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, registro 394182. Lo cual en la especie ya se realizó, pues la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45 con sede en esta ciudad, en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, ordenó al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, llevará a cabo la anotación marginal preventiva de la demanda y su ampliación dentro del juicio agrario 07/2013, de su índice. Luego, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Ensenada, Baja California, mediante oficio 5429/2023, informó que realizó la inscripción preventiva ordenada en el juicio agrario 7/2013, bajo la partida 5370368, sección civil, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, anexando las copias que así lo acreditan. Por lo que, al haber ordenado la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45 con sede en la ciudad de Ensenada, Baja California, en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad, que llevará a cabo la inscripción preventiva de la demanda y su ampliación dentro del juicio agrario 07/2013, en las partidas en las que están registradas las escrituras públicas que se demandan en nulidad, en el referido juicio natural; lo que así aconteció, pues el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad, realizó la inscripción preventiva ordenada en el juicio agrario 7/2013, bajo la partida 5370368, sección civil, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, anexando las copias que así lo acredita. De ahí que resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y, como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de derechos fundamentales, de acuerdo a lo establecido por la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". 3 Novena Época. Registro: 193758. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 59/99. Página: 38. Asimismo, se invoca por ser aplicable, la tesis 2ª./J.9/98, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente4 : "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que resulte necesario la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, queda sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA 4 Novena Época. Registro: 196820. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998. Página: 210. 5 Novena Época. Registro: 184572. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003. Página: 386. CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en atención al requerimiento efectuado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, envía en copia certificada de diversas constancias relativas al juicio agrario ********************, de su índice. Asimismo, hace del conocimiento que aún se encuentra transcurriendo el plazo otorgado el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, concedió el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, para que inscriba preventivamente la demanda al margen de las partidas ********************, sección civil, de siete de marzo de dos mil seis; ********************, sección civil, de siete de agosto de dos mil seis; ********************, sección civil, veintinueve de agosto de dos mil seis; ********************, sección civil, de veintitrés de enero de dos mil seis; ********************, sección civil, de dieciocho de noviembre de dos mil nueve; ********************, sección civil, de dieciséis de abril de dos mil ocho, bajo las cuales están registradas las escrituras públicas que se demandan en nulidad en el juicio natural. Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 119 y 123, de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la responsable al oficio de cuenta. Asimismo, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, envíe copia certificada de las constancias de las que se advierta que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, realizó la inscripción marginal preventiva de la demanda, ordenada por oficio ********************, de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del juicio agrario ********************; lo anterior, por ser necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa por cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de la materia. Notifíquese.

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