Ramón Huerta Chávez

Expediente 885/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
885/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Ramón Huerta Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO885/2021-V. Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso ni su asesora jurídica, interpusieron recurso de queja -ya fuera de manera física o con los requisitos del artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la firma electrónica-, contra el proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada la demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 885/2021-V. Puebla, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio de la Directora General de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, a través del cual informa que designa como asesora jurídica a , para que asista jurídicamente al aquí quejoso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, cítese a Guicela Ortiz Torres, asesor jurídico de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, a las OCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, para que acceda a la videoconferencia y realizar la diligencia a fin de protestar el cargo de asesora jurídica del quejoso, para el que fue designado. Para tal efecto, en la fecha y hora señaladas deberá ingresar a la plataforma Cisco Webex, con el*; en el entendido de que el hipervínculo correspondiente le será remitido, un día anterior, al correo electrónico proporcionado. Para ello deberá contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings". Lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Al respecto, es menester precisar que, con la finalidad de permitir prepararse para el desahogo de la diligencia de protesta de asesora jurídica, así como la implementación de la logística operacional, deberá ingresar a dicho enlace a las ocho horas con treinta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, quince minutos previos al inicio de la audiencia, para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá poner a la vista su cédula profesional, para corroborar su identidad, personalidad y capacidad procesal -conforme a lo previsto en la ley reglamentaria-. Por otro lado, se hace saber a la asesora jurídica que, durante el desarrollo de la diligencia no puede intervenir o interrumpir, hasta en tanto -de ser el casose le dé el uso de la voz, pues la diligencia que se llevara a cabo tiene como finalidad la exclusiva la protesta del cargo de asesora jurídica del quejoso. Además, en términos del artículo 28, último párrafo, del Acuerdo General 12/2020, el uso de videoconferencia -en virtud de las políticas de salud pública adoptadas por la presencia del virus COVID19- no faculta a las partes para emitir alegatos orales que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, ni para solicitar entrevistas con servidoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, con la finalidad de mantener el orden y la solemnidad de la referida audiencia, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe al defensor público, en caso incumplimiento a cualquiera de las indicaciones precisadas en este proveído o en el Acuerdo General 12/2020, a guisa de ejemplo: se interrumpa la diligencia o se traten de emitir alegatos de manera oral, se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Ello, con independencia de que, en la propia diligencia, se adopten las medidas que se estimen pertinentes para garantizar el correcto desarrollo de la diligencia. Asimismo, se deja establecido que se tienen como medios de contacto, el número telefónico y correo electrónico señalados en el oficio de cuenta. Por último, se ordena a la actuaria que el oficio generado de este proveído sea entregado de manera física, dado que la autoridad es local. Para ello, deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF" y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Notifíquese, por oficio a la asesora jurídica y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 885/2021-V. Puebla, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos firmada por , por propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Establecimiento de los actos reclamados De la lectura armónica e integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: ". .". Al argumentar el quejoso que el juez responsable debió recabar las constancias necesarias conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nacional de Ejecución. En esas circunstancias, respecto de la determinación reclamada al Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante en la Ciudad de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo1, porque el acto reclamado en la demanda de protección tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotarse antes de ejercer la acción de amparo. Porque como lo refiere el quejoso en la demanda de amparo, el incidente no especificado que promovió fue desechado por improcedente por el juez responsable; por ello el impetrante del amparo debe agotar en este caso el recurso de apelación previsto en el artículo 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior es así, pues los artículos 131, 132, fracción I, 134 y 135, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ; (.)". En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones". De preceptos legales transcritos se despende que el recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna. Asimismo, dicho medio ordinario de impugnación tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. El indicado recurso de apelación procede en contra de las resoluciones que se pronuncien en la que, como en este caso, se deseche la solicitud. Además, después de interponerse el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Ahora bien, el tribunal de alzada en el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. En esas circunstancias, la resolución reclamada al juez responsable en la que desechó por improcedente el incidente no especificado que promovió el quejoso para que se le reduzca la pena de prisión mediante el pago de la reparación del daño y la multa que le impuso el Juez Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla, dentro del proceso 232/1994 que se instruyó en su contra por el delito de robo y asalto; en donde se le impuso una pena de prisión de veinticuatro años. Es de las que pueden ser combatidas a través del recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al tener por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. haber sido agotado, previo a ser impugnada a través del ejercicio de la acción de amparo. Máxime que el aquí quejoso es parte en el incidente o carpeta de ejecución *-JESI del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de Puebla, y por ello estuvo en aptitud de interponer ese recurso de apelación, pero al haberlo omitido, se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. En tales condiciones, si el quejoso no agotó en contra del acto reclamado en esta vía el medio de impugnación a través del cual pudo lograr su revocación o modificación, el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, pues al estar vinculado al juicio natural por ser el imputado dentro de la causa generadora, sí estaba en aptitud de interponer dicho recurso en todo aquello que lo afectara al abordar dicho aspecto. En ese sentido, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación se puede modificar, revocar o nulificar el acto que ahora se reclama, el cual estaba obligada a agotar al no ser extraño al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni de los previstos en los incisos b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Desechamiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución reclamado al Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en virtud de que el mismo no se impugnó por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegalidad atribuida a la actuación reclamada de la autoridad ordenadora....". En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido por parte de la promovente del amparo, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la materia. Designación defensor público para el quejoso. Se requiere a la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, designe a un asesor jurídico o un defensor público que revise el presente juicio, y determine de acuerdo a la normativa de dicho instituto, la persona que deba asistir al quejoso *. Sobre todo porque el citado quejoso está interno en un centro penitenciario y carece de personas que lo asistan en su defensa -porque omitió nombrar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-. Se pide en forma atenta al director de dicho instituto, que atienda este requerimiento en un plazo de tres días contados a partir del siguiente a la legal notificación del mismo. Asimismo, se le apercibe a la citada autoridad que de ser omisa en cumplir con lo requerido en el plazo indicado y sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 237, fracción I, y sancionado con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio procesal del quejoso el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Notificación al quejoso por despacho Ahora, debido a que aparentemente el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se provee: Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción II, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, una vez que reciba la comunicación oficial en comento, se sirva notificar al quejoso * el presente acuerdo, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y para tal efecto se anexa copia autorizada del presente auto para su entrega. Se faculta al juez, para que haga uso de las medidas que estime pertinentes, a fin de lograr lo solicitado; incluida la facultad de habilitar días y horas inhábiles, lo anterior de conformidad con los dispositivos 282, párrafo primero y 298, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia. Notifíquese; de forma personal al quejoso por despacho.

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