Ramon Caro Bones

Expediente 968/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
968/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Ramon Caro Bones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 968/2022-VIII. Puebla, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. Juez responsable informa situación procesal de la causa penal. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla. A través de la enunciada comunicación, la autoridad judicial en mención comunica el acuerdo emitido el siete de octubre de este año, en la carpeta oficial administrativa relativa a la causa penal ******, por el cual en atención a la ejecutoria emitida en el toca penal ******, de seis de octubre del año que transcurre, realizó lo siguiente:  Revocó el auto de vinculación a proceso emitido en contra del aquí quejoso; y,  Decretó orden de aprehensión en contra del imputado (impetrante de amparo) por su probable participación en los hechos con apariencia de delito de sustracción de menores, para que una vez que aquél sea puesto a disposición, se señale fecha para llevar a cabo la audiencia inicial en los términos señalados en la indicada ejecutoria. A su oficio, el juez de control en mención remite el escaneo de las copias certificadas relativas al oficio 2363, signado por el Magistrado de la Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, y la ejecutoria dictada por ese tribunal de alzada, en el toca penal ******. De lo comunicado por la autoridad oficiante, esta operadora jurídica toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Se agrega informe justificado de una autoridad responsable sin mayor acuerdo. En otro orden de ideas, agréguense a los autos sin mayor acuerdo el oficio de cuenta signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, por el cual rinden su informe justificado, negando el acto reclamado. La decisión de agregar el citado oficio sin mayor acuerdo, obedece a que en proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se determinó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Por lo que sólo quedarán agregados a este juicio, el citado oficio para constancia de su recepción. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil veintidós. Autoridad no responsable comunica la resolución de un medio de impugnación. Se ordena agregar al expediente el oficio y anexo de cuenta (registrado con el número de control interno 12554) que remite el Magistrado de la Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el cual comunica que en ejecutoria de seis de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca ******, por el cual revoca el auto de vinculación de dieciocho de agosto de este año, emitido por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, que fue emitido en contra de ******, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho definido por la ley como delito de estupro, al que aluden los numerales 264 y 265, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la menor de identidad reservada e identificada con las iniciales ******. Estado de autos y sobreseimiento fuera de audiencia. Con motivo de lo informado por la autoridad oficiante y visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa reclamó los siguientes actos: Los actos reclamados por la parte quejosa, en términos de la demanda, comprenden: De las autoridades legislativas y administrativas señaladas como responsables (en relación a sus atribuciones): ? El decreto promulgatorio que expidió el artículo 265, fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla; ? La publicación del decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que promulgó el artículo 425, fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla; ? El refrendo publicado en el periódico oficial del Estado de Puebla, de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (relativo a la promulgación del artículo 265, fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla); ? La omisión de refrendo del decreto promulgatorio del artículo 417, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Puebla; y, ? La falta de atribución para refrendar el decreto relativo al artículo 417, fracción IV, del Código Penal para el Estado de Puebla, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. De la única autoridad judicial señalada como responsable: ? El auto de vinculación a proceso que fue emitido en contra del impetrante de amparo en audiencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la carpeta judicial administrativa relativa a la causa penal ******, por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de estupro, previsto y sancionado en el artículo 265, fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla. Luego, seguida la secuela procesal, el juez de control responsable, al rendir su informe justificado, en el mencionó que en contra de la determinación reclamada, a) el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso, b) la asesora jurídica de ******, y c) el aquí quejoso en su carácter de imputado, interpusieron recurso de apelación. Derivado de lo expuesto por la indicada autoridad judicial, en auto de veintiséis de septiembre de este año se requirió al magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (autoridad no responsable), que comunicara el número de toca de apelación con el cual radicó el citado medio de impugnación, así como la situación procesal que guardaba ese asunto. Así las cosas, por acuerdo de treinta de septiembre del año que transcurre, se recibió un oficio del titular del órgano jurisdiccional requerido, por el cual indicó, en lo que interesa, lo siguiente:  Que la apelación interpuesta por el imputado (aquí quejoso), por el Agente del Ministerio Público y por la asesora jurídica de la víctima, contra el auto de vinculación a proceso emitido por el juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se radicó en el órgano jurisdiccional a su cargo bajo el toca ******;  Por escrito de quince de septiembre de este año, el imputado se desistió de la apelación interpuesta, y por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se acordó de conformidad el mismo;  En el indicado toca de apelación, se fijaron las once horas del tres de octubre del año que transcurre para la celebración de la audiencia de aclaración de agravios. Para sustentar lo comunicado por el magistrado de la Sala Unitaria de Mérito, dicho titular remitió copia certificada de los registros que obran en el toca de apelación en comento. Acto seguido, tal como se desprende del oficio de cuenta, el magistrado de la Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolvió el medio de impugnación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y por la asesora jurídica de la víctima, determinando así, revocar el auto de vinculación de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, emitido en contra del aquí quejoso en la carpeta judicial administrativa relativa a la causa penal ******, por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de estupro, previsto y sancionado en el artículo 265, fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla. Dicho auto se revocó con el objeto de que se reponga el procedimiento a partir de la fase en que la fiscalía formule imputación en contra del hoy peticionario de amparo, para que desde ese momento procesal hasta su conclusión, se desarrolle con apego a los principios que rigen al sistema penal acusatorio, haciendo énfasis en el principio de oralidad, para que una vez desarrolladas las fases pertinentes, el juez de control, dentro del plazo constitucional, con libertad de jurisdicción, decida la situación jurídica del imputado. Lo expuesto en líneas previas, permite establecer que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es así, porque al margen de la certeza del acto combatido (cuya existencia o inexistencia se analizaría en sentencia), es evidente que de las constancias remitidas se advierte que cesó el acto reclamado por el quejoso; ello es así, ya que el auto de vinculación de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, reclamado por la parte quejosa, ha dejado de existir totalmente con motivo de la ejecutoria emitida en el toca de apelación ******, del índice de la Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de seis de octubre del año en curso, que sustituyó procesalmente la vinculación emitida por el juez de primer grado, ya que aquella resolución (la ejecutoria) revocó el auto materia de impugnación, y repuso el procedimiento para que aquel, desde la fase de imputación se desarrolle acorde a los principios y formalidades que establece en artículo 20 de la Constitución Federal, realizando en dicha ejecutoria el énfasis de que esas fases procesales contenidas en la audiencia inicial, se regirán con base en el principio de oralidad. Ello implica que la vinculación reclamada ha cesado en sus efectos al ser sustituida procesalmente por la resolución emitida por la alzada, razón por la aquella ya no puede ser materia de examen en el presente juicio de amparo. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J.59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por otro lado, no se tiene desapercibido que el quejoso, en suma a la vinculación a la que se ha hecho mención, reclamó la inconstitucionalidad del decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que promulgó el artículo 425, fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla, así como su procedimiento legislativo en su fase de publicación y refrendo. Sin embargo, dicho reclamo también se ubica en una hipótesis de improcedencia en términos de la fracción XII, del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" (el énfasis es añadido). "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)"(.)" (el énfasis es añadido). Del primero de los preceptos trascritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente si se reclama una norma de carácter general que requiera un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia y no se acredite la existencia de éste. Sobre el particular, resulta útil destacar que la fracción I, del artículo 107, de la ley de amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)" De dicho numeral se obtiene que el amparo indirecto procede contra normas generales por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, además refiere que dicho instrumento debe causar perjuicio al quejoso. Lo anterior implica que un ordenamiento legal es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, de acuerdo a la naturaleza de la norma general, esto es, si causa perjuicio al quejoso por su sola entrada en vigor (autoaplicativas), o bien, si requiere de un acto de aplicación (heteroaplicativas). Para la actualización del primer caso enunciado, el quejoso solo necesita ubicarse en los supuestos que establece un ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo, para que surja su derecho a solicitar el amparo, lo cual deberá realizar en el plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor (ello, de conformidad con el la fracción I, del artículo 17 de la Ley de Amparo), o bien, esperar a que se le aplique dicho ordenamiento legal (en ese supuesto, el término con el que cuenta el quejoso para solicitar el juicio de amparo, será de quince días conforme al artículo 17 de la ley de la materia). En el caso de normas heteroaplicativas, no basta que se demuestre la existencia de una norma para establecer su aplicabilidad al quejoso, sino que para acudir al juicio de amparo es necesario un acto concreto de aplicación que actualice la hipótesis normativa y que éste le cause un perjuicio (no reparable) al quejoso (para la oportunidad de amparo, en este caso, el plazo es de quince días conforme al reiterado artículo 17). Para distinguir sobre el tipo de norma que acontece en el juicio de amparo (autoaplicativa o heteroaplicativa), es necesario acudir al criterio de individualización condicionada e incondicionada. Dicho concepto de individualización constituye un elemento de referencia para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La individualización incondicionada consiste en la realización del acto necesario para que la norma adquiera esa individualización, que bien puede ser de carácter administrativo o jurisdiccional, que lo sitúa dentro de una hipótesis normativa. De ahí que las obligaciones de la norma nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará ante una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones de hacer o de no hacer que impone una norma, no surgen de forma automática por su sola entrada en vigor, sino que requiere de que se actualice un perjuicio que condicione su aplicación, se estará ante una norma de carácter heteroaplicativa o de individualización condicionada. Ello es así ya que la norma jurídica requiere que acontezca un caso concreto para que se considere que ha sido aplicada. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia P. /J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En este caso, como se dijo en párrafos previos, el quejoso se duele de la inconstitucionalidad del decreto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que promulgó el artículo 425, fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla, así como su procedimiento legislativo en su fase de publicación y refrendo, citando como acto de aplicación de ese numeral, el auto de vinculación a proceso de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, emitido por el juez de control responsable en la causa penal ******. Dicho artículo es de individualización condicionada. Lo anterior es así, ya que para que se materialice el perjuicio generado en la esfera jurídica del quejoso con motivo de su acto de aplicación, es necesario que subsista la determinación que generó ese acto de aplicación, esto es, que subsista en indicado auto por el cual el juez de control responsable lo vinculó a proceso al aquí quejoso por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de estupro, previsto y sancionado en el artículo 265, fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla. No obstante lo anterior, tal como se dijo en párrafos previos, dicho acto de aplicación (el auto de vinculación a proceso), quedó substituido procesalmente con la ejecutoria emitida por la Primera Sala en Materia Penal, en el toca de apelación ******, ya que a través de dicha resolución, revocó el auto de vinculación emitido por el juez de primer grado, y ordenó la reposición del procedimiento (audiencia inicial) hasta la fase de imputación. De ahí que al sustituirse procesalmente el auto de vinculación a proceso por la ejecutoria en mención, implica que los efectos de aquel auto han quedado destruidos en forma total, generando como consecuencia la cesación de efectos en cuanto a dicho acto, y como consecuencia, que de igual forma haya dejado de existir el acto concreto de aplicación o de individualización condicionada que pudiera afectar por ese hecho, los derechos sustantivos del quejoso de forma actual, real y directa. De lo anterior surge la necesidad de que para que este órgano jurisdiccional pueda avocarse al examen de los conceptos de violación relativos a la constitucionalidad a que hace referencia el quejoso en su demanda, debe existir materialmente el acto que le genera perjuicio a sus derechos sustantivos con motivo de su primer acto de aplicación, que en este caso, como se expuso, lo sería el auto de vinculación a proceso. En ese sentido, al haber sido destruido en forma total el auto que vinculó a proceso al impetrante de amparo, en el cual se aplicó el numeral que aquél tilda de inconstitucionalidad, es indudable que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 67/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 104, tomo X, julio de 1999, de contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." Así como la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 235, del tomo XII, agosto de 200, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Por lo tanto, en atención a la actualización indudable y manifiesta de las causales de improcedencia expuestas, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por virtud de la actualización de la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Con base en lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para las diez horas con ocho minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Conocimiento a las partes y anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de gobierno. Se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Se recibe despacho diligenciado sin mayor acuerdo. En otro orden de ideas, se ordena agregar a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio y anexo de cuenta que remite el Juez de lo Civil y lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho ****** con número de orden ****** del índice de este juzgado, que se remitió para emplazar a la ofendida ****** y a la víctima de identidad reservada con iniciales ******, en su carácter de terceras interesadas. La decisión de agregar el citado oficio sin mayor acuerdo, obedece a que en proveído de veintidós de septiembre último, se recibió la mencionada comunicación y se acordó lo conducente. Por lo que sólo quedarán agregados a este juicio, el citado oficio y su anexo, para constancia de su recepción. Notifíquese; de forma electrónica a la parte quejosa (a través del usuario ******) y a la Agente del Ministerio del Público de la Federación adscrita; por lista a las terceras interesadas; y a las demás partes por oficio, y cúmplase.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio signado por el Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. De igual modo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico, número telefónico y nombra delegados. La citada autoridad responsable niega los actos que se le reclaman. Luego, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y será relacionado el informe con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la responsable, el señalado en su oficio de cuenta y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas citadas en el mismo. Cabe precisar que también señaló un correo electrónico y número telefónico, los cuales podrán considerarse por los actuarios como medio para establecer contacto en los casos en que se estimen pertinentes; sin embargo, las actuaciones del expediente les serán notificadas en la forma y términos previstos por la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, tres de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese al expediente el oficio de cuenta que remite el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. A través de dicha comunicación, la autoridad oficiante rinde su informe justificado con la postura siguiente: Niegan los actos reclamados por la parte quejosa. Por tanto, se da a conocer a las partes la llegada de ese informe, para que en el plazo de ocho días contados a partir del siguiente a cuando les surta efectos la notificación de este acuerdo, las partes se manifiesten como a su derecho e interés convenga; y se relacionará con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En relación a las personas que designa como delegados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen por nombrados con ese carácter. Asimismo, se tiene por señalado el número telefónico y correo electrónico que proporciona, los cuales habrán de utilizarse como medios de contacto en caso de ser necesario. Sin embargo, las notificaciones que en derecho le correspondan, serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Diferimiento En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, se observa que se señalaron las diez horas con ocho minutos de este día para la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, se hace notar que en esta fecha se recibió el informe justificado del Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, con el cual se otorgó una vista a las partes en término del artículo 117, de la Ley de Amparo. También se observa del sumario constitucional que no se cuenta con los informes justificados del Secretario General de Gobierno y del Fiscal General, ambos de esta entidad federativa, ya que aún transcurre su plazo de quince días para rendirlo, el cual ha de fenecer el siete de octubre de este año; ello por haber sido notificadas por oficio el trece de septiembre de dos mil veintidós. Derivado de lo expuesto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.

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