Ramon Ernesto Martinez Ramirez

Expediente 1214/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1214/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2022

Partes del expediente

  • Ramon Ernesto Martinez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que, el acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte quejosa no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario y 21, inciso d), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, pues precisa el acto que reclama en esta instancia constitucional. Al respecto, se provee: ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Al efecto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (....) De los numerales transcritos, se advierte que las personas legitimadas por la Ley de Nacional de Ejecución Penal podrán formular petición administrativa ante la autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento y en caso de que la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de Ejecución o de Control para que se modifique, revoque o nulifique el actuar de la autoridad Penitenciaria. De ahí que sí el quejoso acude al presente juicio en su carácter de defensor privado y señala que se duele de la revisión que realiza el personal del Centro Penitenciario, que incluye el cacheo y la petición de retirarse prendas de ropa y/o calzado, para poder entrar al área de locutorios, previo acudir al juicio al amparo, debió agotar los medios ordinarios previstos por la ley que rige el acto reclamado, en atención a lo establecido en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues si el acto impugnado corresponde a la afectación de los derechos que se le vulneran al momento de ingresar el Centro de Prevención Social de esta ciudad, en su carácter de defensor público, podrán formular una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria y en caso de que no sea favorable podrá formular controversia judicial, de conformidad con lo previsto en los ordinales 107, 116, fracción III, en relación con el diverso 117, fracción IV, de la precitada legislación. En ese sentido, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento en contra de los hechos, actos u omisiones relacionadas con las cuestiones de internamiento como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con las determinaciones administrativas que vulneren los derechos de personas que ingresen o hayan ingresado al Centro Penitenciario como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil, por parte de las autoridades penitenciarias. En tal virtud, previo acudir al amparo, el quejoso debe agotar la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria y en caso de que no sea favorable, la controversia judicial, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con lo previsto en los ordinales 107, 116, fracción III, en relación con el diverso 117, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, pues se instituyen como medios de defensa ordinarios eficaces para combatir las determinaciones administrativas tomadas por las autoridades penitenciarias, a fin de analizar su legalidad y puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Máxime que las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos no significan que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Por tanto, se colige que la demanda de amparo es improcedente en virtud de que el promovente no agotó los medios ordinarios previstos por la Ley Nacional de Ejecución de Penal, en atención a lo establecido en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que una vez que se dicte la sentencia respectiva en el presente juicio, deberá reiterar su solicitud. Notifíquese

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Celaya, Guanajuato, con el que acusa recibo del diverso 32033/2022, por el cual se le notificó el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, donde se remitió la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de este juzgado, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, asimismo solicita una vez que cause ejecutoria le sean devueltos sus autos originales de su índice, para efecto de dar cumplimiento al fallo protector. Atento a lo anterior, una vez que fenezca el plazo otorgado a la parte quejosa en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se proveerá lo conducente. Notifíquese.

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