Ramon Cabrera Duran

Expediente 12/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
12/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2017

Partes del expediente

  • Ramon Cabrera Duran

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional constitucional y admitió la demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, mismo que se considera SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de que se ordenó su archivo.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, mediante el cual acusa recibo del oficio *****, con el que se le remitió la demanda de amparo promovida el quejoso ******************** registrándola bajo el número ******; asimismo, de dicha comunicación se advierte que requirió al Juez responsable para que de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 178 fracciones I, II y III de la Ley de Amparo, a fin de efectuar el pronunciamiento a que se refiere el artículo 47 de la citada Ley.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al AVISO de ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA el proveído dictado el DIEZ DE LOS ACTUALES, en atención a que no compareció los días DOCE NI TRECE AMBOS DEL MES Y AÑO EN CURSO, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito de demanda suscrito por ****, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Segundo Civil de Partido con sede en esta ciudad; que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número ****; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, en atención a la naturaleza del acto reclamado en esta instancia, este Juzgado de Distrito estima que no es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, ello es así, pues el acto que en esta vía se combate, consistente en la resolución emitida dentro del toca de apelación 1/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, que confirmó el auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda ejecutiva civil promovida por el aquí quejoso, es competencia del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato capital; ello en virtud de que dicha resolución, es equiparable a aquellas resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Ello es así, pues, en relación con los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común [.]". Ahora bien, el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Mientras que el diverso 170, del mismo cuerpo de leyes, es del contenido siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido... Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Del primer y tercer numeral antes transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Cabe precisar que, al resolver la contradicción de tesis 152/2003-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que los actos que delimitan la procedencia del amparo directo tienen las siguientes características: 1. Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada; y, b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil, siempre que la ley así lo autorice. 2. Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que en contra de éstas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario; y, 3. Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral. Al respecto, es preciso mencionar que, en el texto de la Ley de Amparo vigente, el legislador ya no dotó a la sentencia definitiva reclamable en amparo directo, de la exigencia relativa a "respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", requisito que sí establecía la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46. Esto es, en la nueva Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin al juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común. Se afirma lo anterior, ya que el principio de definitividad, se encuentra en el tercer párrafo de la fracción I del precitado numeral 170 de la Ley de Amparo vigente, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales, la sentencia, laudo o resolución reclamada puede ser modificada o revocada; traduciéndose dicha exigencia en un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo y no como un elemento para poder establecer si la sentencia o resolución puede ser reclamada en el amparo uniinstancial. En ese contexto normativo, toda vez que la competencia del Tribunal Colegiado y la procedencia del amparo directo, ya no están estrechamente relacionadas en la nueva Ley de Amparo, pues la primera se surte por el solo hecho de que se reclame una sentencia que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo haya dado por concluido, al margen de que la ley conceda o no un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificada o revocada, habida cuenta que esto último incide únicamente en la procedencia o improcedencia del juicio. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, al reclamarse un auto que sin decidir el juicio de origen en lo principal, dio por con concluido el mismo, lo que compete conocer y resolver al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, de rubro y texto: **** Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia del Pleno del Trigésimo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis PC.XXX. J/8 K (10a.), visible en la página 3222, que dice: **** Así como la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tesis II.2o.C.4 K (10a.), visible en la página 3222, que dice: **** Motivo por el cual, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en Turno, con residencia en Guanajuato capital, para los efectos legales correspondientes. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo vigente, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el que indica en su ocurso de cuenta; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Asimismo, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Por otro lado, con fundamento en el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso al Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes, que con el fin de respetar su derecho a la intimidad dentro del presente juicio, al hacerse pública la sentencia y demás resoluciones, en correlación a lo dispuesto en los artículos 110, 113, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se suprimirán sus datos personales por constituir información confidencial, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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