Ramón Enrique de Fuentes Gris
Expediente 2000/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2000/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ramón Enrique de Fuentes Gris
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó el presente juicio de amparo, CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Además, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 2000/2022-I-A, promovido por Lisseth Ariana Alemán López, en favor del directo quejoso RAMÓN ENRIQUE DE FUENTES GRIS; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintidós de agosto de dos mil veintidós, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el día siguiente; y turnado el veintitrés de agosto siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Lisseth Ariana Alemán López, en favor del directo quejoso RAMÓN ENRIQUE DE FUENTES GRIS, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados del Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Pronunciamiento respecto de la demanda de amparo. Por auto de la misma fecha (veintitrés de agosto de dos mil veintidós), se concedió al impetrante la suspensión de plano de los actos reclamados y se mandó ratificar la demanda, la que se registró con el número 2000/2022-I-A. En diverso auto de la propia fecha (veintitrés de agosto de dos mil veintidós), se acordó la razón actuarial en la que fue informado que el directo quejoso RAMÓN ENRIQUE DE FUENTES GRIS, había sido trasladado a Tapachula, Chiapas, con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión por colaboración solicitada por el Director General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; motivo por el cual, se giró exhorto por la vía electrónica al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, para notificar de forma personal al directo quejoso. Seguidamente, por acuerdo de veintinueve de agosto del presente año, se tuvo por recibido del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, el exhorto debidamente diligenciado en el que se advirtió que el directo quejoso RAMÓN ENRIQUE DE FUENTES GRIS, ratificó la demanda de amparo que promovió a su favor Lisseth Ariana Alemán López; por una parte, se desechó parcialmente por el acto reclamado consistente en la orden de traslado fuera del Estado del citado quejoso, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, al haber ejecutado la orden de trasladado a Tapachula, Chiapas, con motivo de una orden de aprehensión librada en su contra, por el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02, con sede en Tapachula, Chiapas, derivado de la causa penal 48/2021 de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Fraude Genérico. Por otra parte, se admitió a trámite únicamente respecto a los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública y Fiscal General, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, consistente la privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención) e incomunicación; se solicitó sus respectivos informes justificados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nueva autoridad responsable al Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02, Tapachula, Jefatura de Control y Seguimiento de Causa, del Estado de Chiapas; lo anterior, ya que del informe de la suspensión de plano rendido en representación del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se advirtió su participación. CUARTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente tercero, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto; auto que causó estado el catorce de noviembre siguiente. Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, se hicieron consistir en: Privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención) e incomunicación del directo quejoso. TERCERO. Inexistencia de los actos. No es cierto el acto reclamado de incomunicación del directo quejoso, reclamado al Fiscal General del Estado de Yucatán (número de promoción 21241), Secretario de Seguridad Pública del Estado (número de promoción 19794), toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados, al negar categóricamente la existencia de dicho acto; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto del acto reclamado, procede decretar el sobreseimiento por falta de materia, en el presente juicio, por cuanto hace a dichos actos y autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el diverso acto reclamado a la responsable Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad, únicamente por cuanto hace a la detención, pues así se advierten de sus informes justificados. Certeza que se corrobora con la copia del oficio DGCP/DOC/893-E/2022, de fecha veintiuno de agosto de dos mil veintidós, suscrito por el Director General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que anexó la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Yucatán a su informes de la suspensión de plano (número de promoción 19317). Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" Como es de verse, el primero de los preceptos transcritos establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la misma ley, en tanto que el segundo establece como carga del quejoso, señalar la autoridad o autoridades responsables de los actos reclamados, teniendo tal carácter, conforme al artículo 5o, transcrito, quienes dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar los actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan los actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. En ese contexto, el juicio de amparo es improcedente cuando no se señalan como autoridades responsables a las que, entre otros casos, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar los actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan los actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas, ya que existe la imposibilidad jurídica para determinar su inconstitucionalidad, en tanto que las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de los actos que se les reclama. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia en materia común 108, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 69, registro 394064, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." De tal manera que, cuando en la demanda de amparo no se señala a alguna de las autoridades que, de conformidad con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, les revista el carácter de responsable, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio ni fueron oídas, a fin de que defiendan la constitucionalidad de aquéllos. En ese contexto, en el caso que nos ocupa, de los informes de la suspensión de plano y justificados rendidos por el Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se advierte que la detención del directo quejoso RAMÓN ENRIQUE DE FUENTES GRIS, obedece a una orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02, Tapachula, Jefatura de Control y Seguimiento de causa, derivado de la causa penal número 48/2021, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico. En efecto, del informe justificado rendido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, se advierte que si bien los elementos de esa corporación detuvieron a Ramón Enrique de Fuentes Gris, lo cierto es, que ello fue en estricto cumplimiento a la orden de colaboración solicitada mediante oficio número FGE/DJ/COLAB/5419-2022, mediante el cual, el Director General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, solicitó la colaboración para dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del directo quejoso, emitido por el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02, Tapachula, Jefatura de Control y Seguimiento de Causa, mediante oficio 1007/JCSC/2021, de fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, derivado de la causa penal 48/2021, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico. Sin embargo, a pesar de que por auto de fecha tres de octubre de dos mil veintidós, se previno al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la autoridad responsable Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región 02, Tapachula, Jefatura de Control y Seguimiento de Causa, quién es la autoridad que emitió el acto reclamado, como se ha hecho referencia, éste no hizo manifestación alguna al respecto, por lo que este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para efectuar el estudio de fondo del acto reclamado consistente en la detención reclamada en contra del directo quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye en que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°., fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo. Cobra estricta aplicación la tesis en materia común 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, página 113, registro 194684, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." De la misma forma es aplicable por las consideraciones que la rigen, la jurisprudencia en materia común VI.2o. J/205, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, octubre de 1995, página 468, registro 208065, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, debe sobreseerse en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que si bien las autoridades ejecutoras fueron señaladas como responsables, lo cierto es que los actos de ejecución no fueron reclamados por vicios propios sino como consecuencia de lo ordenado por la autoridad que no fue señalada como autoridad responsable, máxime que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número quinientos dieciséis, que aparece en la página trescientos treinta y nueve, séptima época, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por RAMÓN ENRIQUE DE FUENTES GRIS, contra actos del Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presen te juicio de amparo promovido por RAMÓN ENRIQUE DE FUENTES GRIS, contra actos del Fiscal General y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por no ampliada la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales que correspondan. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que aún no transcurre el término de cinco días a que se refiere el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 97 fracción I, inciso a), que tiene la parte quejosa para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de octubre último, en el que se tuvo por no ampliada la demanda de amparo. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y ÚN MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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