Ramón Chay y Dzip
Expediente 1411/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ramón Chay y Dzip
Actuaciones
- Principal
En diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado actual que guardan estos autos y con la certificación que antecede. Conste. La Secretaria. Lic. Blanca Rosa León Soberanis. Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en contra del acuerdo de cinco de diciembre del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión de plano, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el citado expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese la actuación levantada el día de ayer por la Secretaria del Juzgado, con motivo de la comparecencia del directo quejoso Ramón Chay y Dzib, en la que manifestó su voluntad de no ratificar la demanda de amparo relativa a este asunto e inclusive se desistió de la prosecución del presente juicio promovido a su favor por ***********. Al respecto, SE ACUERDA: con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo en cuestión, quedando sin efecto las providencias dictadas en autos. Por otra parte, para los efectos legales correspondientes agréguense a los presentes autos los informes rendidos por el Fiscal General del Estado de Yucatán, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, todos con residencia en esta ciudad, respecto de la suspensión de plano que se decretara de oficio en este asunto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil dieciocho. 1. Vista la demanda de amparo promovida por Fátima Patricia Chay Cimé a favor de Ramón Chay y Dzip (o) Ramón Chay y Dzib (o) Ramón Chay Dzib, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, Secretario de Seguridad Pública del Estado y Director de la Policía Estatal de Investigación (denominación correcta), con residencia en esta ciudad, las dos primeras en calidad de responsables ordenadoras y las últimas como ejecutoras, que hace consistir en: 2. La detención, ataques a la libertad personal, privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados, en contra del referido quejoso, por lo que señala violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 22 constitucionales, se acuerda: 3. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 15 y 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y anótese su ingreso bajo el número estadístico 1411/2018-VI-B, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. 4. Ahora bien, toda vez que la promovente del amparo señala como actos reclamados ataques a la libertad personal, privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados, en contra del hoy quejoso, con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, se decreta de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, así como los ataques a la libertad personal, privación ilegal de la libertad personal, si no fuere el caso de haber sido detenido el hoy quejoso con motivo de la comisión de un hecho delictuoso, y estar sujeto a un procedimiento, pues de ser así, el efecto de la suspensión, es para que sea puesto a disposición sin demora ante el Ministerio Público que corresponda; asimismo, de que cesen de inmediato todos aquellos actos que constituyan malos tratos, golpes, tormentos, tortura psicológica y/o física, o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, en el entendido de que las autoridades responsables señaladas en la demanda deben acatar la suspensión otorgada. 5. Por otra parte, también se concede la suspensión de plano respecto de la desaparición forzada; por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas al en que queden notificadas, informen si alguno de los elementos a su cargo procedió a la detención del directo quejoso Ramón Chay y Dzip (o) Ramón Chay y Dzib (o) Ramón Chay Dzib, y de ser así, remitan copia certificada de las actuaciones que lo sustenten. 6. Asimismo, hágase saber a la autoridad correspondiente, bajo su estricta responsabilidad, que en el caso de que la privación de la libertad del directo quejoso sea con motivo de alguna falta administrativa impuesta como sanción o arresto administrativo, la suspensión de plano otorgada tendrá el efecto de interrumpir su ejecución, mas no de extinguirla, por lo que podría reanudarse la misma, de negarse el amparo en el juicio que en su caso se tramite. 7. Sin que sea el caso pronunciarse sobre el diverso acto reclamado relativo a la detención, ya que el mismo no se encuentra dentro de los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni de los previstos en el 22 constitucional, por lo que será hasta que, en caso de ratificarse la demanda, se proveerá al respecto. 8. En otro orden de ideas, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que informen dentro del plazo de veinticuatro horas, acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a esta medida suspensional. 9. Hágase del conocimiento de las partes que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, ilícito que si se llegara a consumar, de inmediato serán consignados los responsables para el ejercicio penal que corresponda. 10. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 y 26 de la Ley de Amparo, se comisiona a uno de los actuarios judiciales de la adscripción, a efecto de que se presente en el domicilio de las autoridades responsables, así como en cualquier otro distinto en el que se pudiera encontrar el directo quejoso en caso de no hallarlo en los señalados de las autoridades responsables, con el fin de buscarlo y localizarlo, así como de notificar a las responsables y a Ramón Chay y Dzip (o) Ramón Chay y Dzib (o) Ramón Chay Dzib, el contenido del presente acuerdo. 11. Asimismo, requiérase al nombrado en el párrafo precedente, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días hábiles computados legalmente, manifieste si ratifica la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados relativos a los ataques a la libertad personal, privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, detención, incomunicación, actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión de la demanda; apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma y se dejarán sin efectos las providencias decretadas en este proveído; y en el supuesto de encontrarse en libertad, se haga la notificación relativa en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en la demanda. 12. Se autoriza al actuario judicial adscrito a este Juzgado, para que de fe del estado físico en que se encuentre el quejoso, así como también para que les pregunte si ha sido objeto de tortura psicológica o física, golpe o golpes por parte de la autoridad y asiente en su caso las manifestaciones que al respecto deseara realizar; lo anterior para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de las responsables. 13. En atención a lo anterior, prevéngase a las autoridades responsables para que otorguen las facilidades necesarias al actuario judicial de este Juzgado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído y pueda realizar la diligencia en forma privada con el directo quejoso, pero salvaguardando en todo momento la integridad de dicho funcionario judicial; apercibidas que de no cumplir, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 237, fracción I y 259, de la citada Ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. 14. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda, y por autorizado a quienes menciona en la misma en forma restringida, con las limitantes del artículo 12 de la ley de la materia, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 15. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. 16. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. 17. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.
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