Ramón Eduardo Matías Hernández
Expediente 1723/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1723/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ramón Eduardo Matías Hernández
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el auto de dieciséis de diciembre pasado), haya recurrido el proveído por el que se sobreseyó en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgador estima que por sus particularidades, el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL ORDENADA POR LISTA PREVIO AVISO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, y anexa como prueba documental de su parte la que anexa a su oficio, la que se tiene por desahogada en razón de propia naturaleza, para ser tomada en cuenta en el momento procesal oportuno. Ahora bien, advirtiéndose de la demanda de garantías, que la parte quejosa reclama en esencia la falta de emisión del laudo dentro del juicio laboral número 1216/2014 (4), del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que tiene el carácter de actora. Asimismo, que de las constancias anexas al informe justificado de cuenta, a las que se concede pleno valor probatorio al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se evidencia que la Junta responsable, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, dictó el laudo dentro del expediente laboral 1216/2014 (4) de su índice, el que notificó a las partes el diez de diciembre en curso. En tal virtud, resulta evidente que desde el momento en que se dictó el laudo en el juicio laboral de origen, cesaron los efectos del acto reclamado, y por lo tanto, se concreta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo cual conlleva a sobreseer en el juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del día veintiuno de enero de dos mil dieciséis, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, toda vez que está corriendo el término de quince días que se le concedió a la responsable miembros de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que rinda su informe justificado; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por lo tanto, se difiere y se fijan nuevamente para su verificativo las NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Eduardo Matías Hernández, contra actos de los Miembros de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con registro de este Juzgado 1723/2015; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo por cantidades comprendidas en su orden, entre cien a mil días de salario, calculado éste sobre el mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acredite dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo señalado por los artículos 237, fracción I, y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental la que anexó a su demanda de garantías, misma que se tiene por desahogada en este acto, en razón de su propia naturaleza. Con igual fundamento, se admiten como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana, por lo que, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, este resolutor tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Apoya la consideración anterior, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Sin que haya lugar a tener como tercera interesada a la persona moral "Universidad Autónoma Benito Juárez Oaxaca" que indica, ya que dada la naturaleza del acto reclamado no lo amerita, tiene aplicación sobre el particular la tesis VI 2ª 27 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 1032 del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 1996 bajo el rubro: "TERCERO PERJUDICADO NO EXISTE CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8º Y 17 CONSTITUCIONALES" Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda, así como por autorizadas con todas las facultades a que se refiere el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, a las personas que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión publica de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.
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