Ramón Camarillo Gamboa
Expediente 994/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ramón Camarillo Gamboa
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el EStado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Glósese el oficio que suscribe el director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que solicitó a las autoridades responsables, den cumplimiento a la sentencia de amparo; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de veintiséis de enero del año en curso, se ordenó el archivo de este expediente, por estar concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte, la parte quejosa, no interpuso el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de diciembre pasado, mediante el cual, este órgano jurisdiccional declaró la imposibilidad legal para cumplir con la sentencia pronunciada en autos; en tal virtud, es de estimarse que se consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, y al advertirse que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, y al estimarse que el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria: En su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico el original de este incidente y procédase a la digitalización de la resolución relativa a su otorgamiento. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual en contestación a lo requerido en proveído de seis de diciembre del año en curso, informa que el veintitrés de noviembre del año en curso, el quejoso Ramón Camarillo Gamboa, egresó de ese Centro Penitenciario, para ser trasladado al Centro de Readaptación Social Cadereyta, con residencia en Nuevo León, remitiendo al efecto copia certificada del acta administrativa de egreso por traslado 426/2017, para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, visto el estado de los autos, se desprende el acto que reclamó el quejoso Ramón Camarillo Gamboa, en el presente juicio de amparo, a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS Oaxaca, que señaló como responsables, es la falta de atención médica, en específico que el quejoso reciba consulta médica para atender la fractura en el antebrazo derecho que afirma presentar. En vista de lo asentado con anterioridad, existe imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, al haber sido trasladado el quejoso Ramón Camarillo Gamboa, en tales circunstancias las autoridades responsables se encuentran imposibilitadas para poder acatar la sentencia de amparo tocante al tema de falta de atención médica, al no tener aquél la calidad de preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis III/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XVII, Febrero de 2003, visible a página 216 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En ese sentido, este órgano jurisdiccional declara que existe imposibilidad legal para cumplir con la sentencia de amparo. Se ordena notificar al impetrante este auto por medio de lista, atento a lo determinado previamente. NOTIFÍQUESE.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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